
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó nuevas decisiones respecto a la campaña del Presidente Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de 2022. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada emitieron un auto en el que notifican oficialmente que la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro entra en su etapa final.
Según el documento, se investiga una posible violación de topes financieros que podrían superar los $5000 millones en la financiación tanto de la primera como de la segunda vuelta electoral.
El CNE dio un plazo de 15 días hábiles a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro, auditora; Juan Carlos Lemus Gómez, auditor de Colombia Humana; y al partido político Unión Patriótica (UP), para presentar alegatos de conclusión. Este período también incluye a la Procuraduría General de la Nación.
El auto del CNE suspende provisionalmente la investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro Urrego, pendiente de la decisión de la Corte Constitucional sobre el expediente T 18 71254. Esta medida implica que no se aplicará la caducidad de la facultad sancionatoria mientras la Corte resuelve la tutela presentada por el presidente Petro.
El presidente Petro interpuso una tutela ante la Corte Constitucional solicitando la revocación del concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, que autorizó al CNE a realizar la investigación administrativa. Esta solicitud será analizada por la Corte, lo que mantiene suspendidos los términos de la investigación administrativa hasta nuevo aviso.


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Próximos pasos
- Los notificados tienen 15 días hábiles para presentar sus argumentos finales.
- La Procuraduría General de la Nación también podrá intervenir.
- Una vez evaluados los alegatos, el CNE decidirá si impone sanciones administrativas.
La investigación se originó por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de campaña, con denuncias de superar los topes legales en más de $5.000 millones. La tutela interpuesta por Petro busca anular un concepto del Consejo de Estado que avaló la competencia del CNE para investigarlo, alegando que corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
¿Qué sigue?
- La Corte Constitucional debe resolver la tutela, lo que definirá si el CNE puede continuar investigando a Petro.
- Mientras tanto, el proceso avanza contra los demás implicados, en un caso que podría marcar un precedente en la regulación de financiamiento electoral en Colombia.