En una ajustada votación de 5 a 4, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. La medida se mantendrá hasta que la propia Corte resuelva de fondo una tutela presentada por el mandatario contra el Consejo de Estado.
La decisión solo cobija al jefe de Estado y no a los otros involucrados en el proceso, como Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol. La suspensión se mantendrá mientras la Sala Plena del alto tribunal estudia una tutela interpuesta por el propio presidente Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
La solicitud fue hecha por el magistrado Vladimir Fernández —quien fue secretario jurídico del presidente Petro— a sus colegas de la Corte, con el fin de suspender las actuaciones del CNE en la investigación por las supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente.
La tutela fue presentada por el presidente tras considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero constitucional especial.
El origen del proceso se remonta a una decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que avaló la competencia del CNE para adelantar investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Petro, tanto en calidad de precandidato como de candidato.
La decisión de la Corte Constitucional no fue unánime. Los magistrados Natalia Ángel, Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y José Fernando Reyes manifestaron su desacuerdo mediante salvamento de voto.
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La medida fue adoptada mediante el Auto 554 de 2025, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, y se enmarca en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el presidente.
Entre las determinaciones de la Corte, se incluye la suspensión provisional de la decisión del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024, así como de las actuaciones administrativas del CNE contra el presidente Petro, mientras se resuelve de fondo la tutela.
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Asimismo, se ordenó la suspensión de términos, lo que implica que también se congelan los plazos de prescripción del proceso administrativo en curso. Estos se reanudarán una vez se notifique la decisión definitiva del alto tribunal y se resuelva el fondo de la acción de tutela.
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