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Condenados cabecillas de las Autodefensas Campesinas por crímenes en cuatro municipios de Casanare

La Fiscalía General de la Nación señalaron que estos líderes ordenaron atacar a personas que se oponían a sus actividades, denunciaban sus delitos o presuntamente colaboraban con otros grupos armados.

Condena, justicia
Imagen de referencia
Foto creada con ImageFX

Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.

Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.

En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.

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