El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las AUC.La decisión se produjo al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra un auto del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que había negado tanto la autorización para ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad impuesta en su contra.Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002 y permaneció en esa estructura hasta el 7 de mayo de 2004, cuando fue capturado. Posteriormente, se desmovilizó estando privado de la libertad y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 el 15 de enero de 2008.En primera instancia, el juzgado consideró que la sanción seguía vigente y que solo podría extinguirse cuando quedaran en firme todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones y del período de libertad a prueba. Según esa decisión, el ordenamiento jurídico no contempla una suspensión anticipada de la inhabilidad.La defensa sostuvo que esa interpretación era excesivamente restrictiva y desconocía los años de cumplimiento de compromisos asumidos por el postulado como muestra de su proceso de reintegración. También argumentó que mantener la inhabilidad afectaba su resocialización al impedirle participar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que “la pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”.La corporación explicó además que “el propósito de la pena alternativa no se limita a la restricción del derecho a la libertad, sino al inicio de una ruta de cumplimiento de compromisos que tienen como finalidad acercar al infractor a la reparación de los daños causados con su accionar”, diferenciándola de las penas ordinarias.Con base en ese análisis, el Tribunal decidió revocar el auto del 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas. La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa cumpliendo las obligaciones derivadas de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía adelantó extinción de dominio a bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que hicieron parte del bloque bananero de las extintas paramilitares.En un megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.Según la información que ha entregado el ente judicial, los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo en la zona de Urabá antioqueño.Se trata de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare. Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.
Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
Nuevos detalles se conocieron sobre el hombre capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y que deberá cumplir una condena de 40 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas su presunta participación en una masacre ocurrida en el departamento del Cesar.Se trata de José Willian Solano Hormiga, de 49 años, nacido en el municipio de Lebrija, Santander, quien fue detenido mediante orden judicial en la calle 105 con carrera 9, en el barrio Porvenir, en el sur de Bucaramanga.De acuerdo con las autoridades, Solano Hormiga era requerido por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y concierto para delinquir, dentro de un proceso adelantado por la Fiscalía Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos.Según la investigación judicial, el hoy capturado estaría vinculado con una incursión armada perpetrada entre el 4 y el 6 de diciembre de 2005 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar.Durante esos hechos, hombres armados ingresaron a las veredas Lamas Verdes y Bello Horizonte, en el corregimiento Santa Isabel, donde retuvieron de manera selectiva a varios habitantes del sector. Las víctimas fueron amarradas, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas.En la masacre fueron asesinadas ocho personas, identificadas como Héctor Julio Manzano Guerrero, Elides Ramírez Bayona, Deiber Parada Becerra, Carlos Julio Hernández Triana, Numael Ramírez Pineda y Rubén Ángel Pacheco Contreras, además de otras dos víctimas que no han sido plenamente identificadas.Las autoridades también establecieron que estos hechos provocaron el desplazamiento de varias familias campesinas, quienes abandonaron sus fincas y parcelas por temor a nuevas acciones violentas.Solano Hormiga, quien residía en el barrio El Poblado del municipio de Girón, deberá cumplir la condena impuesta por la justicia por su participación en estos crímenes.El detenido fue dejado a disposición del despacho judicial que lo requería para continuar con el proceso correspondiente y avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Este 14 de noviembre fue el día en el que el exsenador Julio Alberto Manzur Abdala estuvo en la sede principal de la JEP en Bogotá para rendir cuentas sobre su vínculo con hechos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento de Córdoba. Manzur estuvo acompañado por víctimas del conflicto armado en una sala espejo en la ciudad de Montería.Hay que recordar que Manzur se sometió de manera voluntaria como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública y fue vinculado de manera inmediata por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y por supuestos vínculos con las AUC.Lo que esperan las víctimas es que el exsenador aporte información que permita esclarecer el presunto control burocrático y la afectación de procesos electorales por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región del Urabá. Además, que entregue información sobre los fenómenos criminales ocurridos en el departamento de Córdoba en los que habría tenido participación Manzur.Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó que esta diligencia que se hace con el exsenador no es un trámite formal, sino que es un espacio para que Manzur explique su papel frente a los hechos del conflicto en la región de Urabá y las afectaciones causadas a comunidades y víctimas.Finalmente, mencionar que la audiencia es presidida por la magistrada Nadiezdha Henríquez, relatora del Caso 04, que investiga los hechos más graves del conflicto armado entre 1986 y 2016 en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Un juez penal especializado de Antioquia condenó a seis años de prisión a Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Juan Guillermo Hernández Truten, exdirectivos de la empresa Maderas del Darién, tras las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación que dan cuenta de que brindaron apoyo económico al bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Se trata de quienes, ejerciendo posiciones directivas y de responsabilidad técnica y administrativa, entre 1997 y 1999, permitieron que la compañía maderera realizara pagos mensuales que oscilaban entre los 20 y 30 millones de pesos a la estructura paramilitar y proporcionaron infraestructura de comunicaciones, como antenas repetidoras, para los componentes armados, según detalló el ente de acusador.Parte de las evidencias recaudadas en el curso de la investigación, liderada por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, se obtuvo en el operativo que realizó el CTI en el parqueadero Padilla de Medellín (Antioquia), el 30 de abril de 1998. Allí se encontraron informes contables de las AUC en los que la empresa de maderas aparecía relacionada con aportes a la ‘Finca Guamal’, nombre encriptado para el bloque Elmer Cárdenas.La sentencia indica que el vínculo entre la compañía maderera y el grupo armado ilegal no fue un hecho aislado, sino el resultado de un acuerdo económico y funcional que garantizó la continuidad de las operaciones empresariales con la protección de la estructura paramilitar, con una relación de beneficio recíproco entre el sector privado y el bloque Elmer Cárdenas en Chocó.La condena conocida en las últimas horas contra estos cuatro exdirectivos, por el delito de concierto delinquir agravado, es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), por su participación en 345 hechos delictivos cometidos entre 1994 y 2004 en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.Entre los condenados figuran Hebert Veloza García, alias 'HH'; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias 'Fino'; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias 'Robinson'; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes, entre otros.Las condenas responden a graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las masacres de Piedritas, Chorreras, San Pedro y San Lorenzo, así como múltiples casos de violencia de género, reclutamiento, desaparición forzada y desplazamiento forzado.Uno de los hechos más atroces fue la masacre de Piedritas, ocurrida en zona rural de Tuluá en septiembre de 1999. Hombres armados del Bloque incursionaron en varias veredas del corregimiento San Rafael, donde asesinaron a 13 campesinos, provocaron desplazamiento masivo y cometieron violencia y tortura contra dos mujeres, antes de asesinarlas.Por su parte, los exintegrantes del Bloque Bananero fueron hallados responsables de la masacre de Acandí ,Chocó, perpetrada el 3 de noviembre de 1995, en la que al menos seis personas fueron asesinadas, además de registrarse secuestros, torturas y el desplazamiento de más de 30 familias.El fallo también hace referencia a la colaboración de algunos empresarios y miembros de la fuerza pública en la llegada y consolidación de estos grupos paramilitares en varias regiones del país, lo que permitió su expansión y el establecimiento de un régimen que destruyó el tejido social y generó miedo en las comunidades.La Fiscalía logró demostrar patrones de macrocriminalidad caracterizados por homicidios, desapariciones forzadas, violencia basada en género, reclutamiento y desplazamiento forzado, con lo que se consolidaron estructuras criminales sistemáticas y organizadas.Los condenados deberán cumplir penas de entre 240 y 480 meses de prisión, pero, en el marco de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se les otorgaron penas alternativas de ocho años, siempre que contribuyan con la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición. Adicionalmente, deberán pagar multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos), combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.Premios secos de la Lotería de RisaraldaAdemás del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.Millonarios premios entregados en el sorteoCon la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadoresLos premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.
La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 26 de junio de 2026, una jornada que generó expectativa entre miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor, con un valor de $6.500 millones, quedó en manos del billete con el número (en minutos).Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5074Además del máximo premio, la Lotería de Santander entregó una amplia variedad de premios secos, con montos que fueron desde los $5 millones hasta los $700 millones, beneficiando a varios participantes del tradicional juego de azar.Recomendaciones para verificar los resultadosLa Lotería de Santander recordó a los apostadores la importancia de revisar cuidadosamente sus billetes antes de adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.Para evitar errores o inconvenientes, los participantes deben:Confirmar que coincidan correctamente el número y la serie del billete.Acudir únicamente a puntos de pago autorizados.Consultar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.Revisar el acta oficial del sorteo para verificar la información definitiva.¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?El siguiente sorteo de la Lotería de Santander quedó programado para el viernes 3 de juliode 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos podrán participar por importantes premios económicos.Los interesados también podrán consultar y revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número (en minutos).Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.
La Policía Nacional de Ecuador capturó en el Aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson. El extranjero era buscado mediante una notificación roja de Interpol como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba Angarita.El crimen de la mujer, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta, ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento de rentas cortas en el norte de Bogotá. La detención se logró gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Interpol y las autoridades ecuatorianas.Las pruebas de la Fiscalía contra Foster MartinsonDe acuerdo con las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson ingresó al inmueble ubicado en el barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, donde la víctima se encontraba sola. El reporte oficial indica que el ciudadano británico la agredió físicamente hasta causarle la muerte.Posteriormente, el señalado agresor habría manipulado el cuerpo de la mujer para introducirlo en una maleta de color gris. Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre ejecutó diversas maniobras en el sitio para intentar alterar la escena de los hechos, ocultar el crimen y, finalmente, huir de Colombia.El hallazgo del cuerpo en ChapineroEl cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue encontrado al mediodía en el séptimo piso de un edificio de la calle 95 con carrera 21. El personal de limpieza del establecimiento ingresó al inmueble tras el vencimiento de la reserva y halló los restos de la modelo dentro del baño, donde la ducha permanecía abierta.La víctima se hospedaba en este apartamento rentado por días desde el pasado 3 de junio. Las investigaciones preliminares detallan que Villalba registraba varios viajes recientes a Europa, especialmente a España, según los pasaportes inspeccionados por los peritos en el lugar del hallazgo.La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya inició los trámites correspondientes para garantizar el traslado del extranjero a territorio colombiano.Una vez sea puesto a disposición de los jueces de control de garantías en Bogotá, la Fiscalía le imputará formalmente los siguientes delitos:Feminicidio agravado.Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Los investigadores del CTI continúan con el análisis de los rastros y huellas dactilares recolectados en la escena para determinar con exactitud el mecanismo de la muerte y consolidar el expediente probatorio contra Martinson.
Espacios de arte y fiestas en casi 10 municipios de distintas subregiones dan forma a la agenda cultural en el departamento para este fin de semana con puente festivo.El principal evento en Medellín será, hasta el próximo lunes, la edición 15 del Festival de Circos con más de 80 funciones que llenarán la ciudad de creatividad y asombro con malabares y más acrobacias.El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué podrán disfrutar los asistentes a este espacio: "El arte, la creatividad y la imaginación llegarán a diferentes territorios del distrito. Más de 20 agrupaciones artísticas participarán de esta edición, con funciones con 10 carpas en Medellín y sus corregimientos", indicó el funcionario.Fuera del Valle de Aburrá varios municipios tendrán fiestas. Uno de ellos será El Peñol, cuya programación incluye conciertos, eventos deportivos y más espacios para toda la familia, como cuenta la alcaldesa, Sandra Arelis Duque."El Peñol está de fiesta y queremos que hagas parte de esta gran celebración. Un encuentro al rededor de nuestra historia y tradición, que llenan de orgullo a nuestros peñolenses", señaló la mandataria.También estarán de celebración los municipios de Sopetrán, La Unión, San Francisco, San Luis, Urrao y Ciudad Bolívar, este último, con el Festival de La Piedra. Además, Sabaneta tendrá mañana concierto de Víctor Manuelle, Luis Alberto Posada y Jean Carlos Centeno, en el marco de las Fiestas del Plátano.
