La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, al considerar que estarían vinculados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Las medidas cautelares recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima. En desarrollo de la decisión judicial, la Fiscalía y CTI realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, los cuales serán puestos en los próximos días a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el entonces jefe del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.El ente acusador explicó que para sustentar la solicitud de medidas cautelares adelantó diversas actuaciones investigativas, entre ellas inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, con las que reconstruyó la trazabilidad de los bienes.Según la Fiscalía, esas diligencias permitieron establecer que los inmuebles “harían parte del entramado ilegal identificado”, razón por la cual solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de las medidas cautelares sobre los activos.Con esta decisión, los bienes permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La actuación tiene como finalidad preservar los activos que, de acuerdo con la investigación, tendrían un origen relacionado con el patrimonio del extinto Bloque Tolima de las AUC y garantizar, de ser procedente, su destinación al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las AUC.La decisión se produjo al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra un auto del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que había negado tanto la autorización para ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad impuesta en su contra.Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002 y permaneció en esa estructura hasta el 7 de mayo de 2004, cuando fue capturado. Posteriormente, se desmovilizó estando privado de la libertad y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 el 15 de enero de 2008.En primera instancia, el juzgado consideró que la sanción seguía vigente y que solo podría extinguirse cuando quedaran en firme todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones y del período de libertad a prueba. Según esa decisión, el ordenamiento jurídico no contempla una suspensión anticipada de la inhabilidad.La defensa sostuvo que esa interpretación era excesivamente restrictiva y desconocía los años de cumplimiento de compromisos asumidos por el postulado como muestra de su proceso de reintegración. También argumentó que mantener la inhabilidad afectaba su resocialización al impedirle participar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que “la pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”.La corporación explicó además que “el propósito de la pena alternativa no se limita a la restricción del derecho a la libertad, sino al inicio de una ruta de cumplimiento de compromisos que tienen como finalidad acercar al infractor a la reparación de los daños causados con su accionar”, diferenciándola de las penas ordinarias.Con base en ese análisis, el Tribunal decidió revocar el auto del 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas. La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa cumpliendo las obligaciones derivadas de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía adelantó extinción de dominio a bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que hicieron parte del bloque bananero de las extintas paramilitares.En un megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.Según la información que ha entregado el ente judicial, los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo en la zona de Urabá antioqueño.Se trata de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare. Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.
Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
Nuevos detalles se conocieron sobre el hombre capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y que deberá cumplir una condena de 40 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas su presunta participación en una masacre ocurrida en el departamento del Cesar.Se trata de José Willian Solano Hormiga, de 49 años, nacido en el municipio de Lebrija, Santander, quien fue detenido mediante orden judicial en la calle 105 con carrera 9, en el barrio Porvenir, en el sur de Bucaramanga.De acuerdo con las autoridades, Solano Hormiga era requerido por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y concierto para delinquir, dentro de un proceso adelantado por la Fiscalía Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos.Según la investigación judicial, el hoy capturado estaría vinculado con una incursión armada perpetrada entre el 4 y el 6 de diciembre de 2005 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar.Durante esos hechos, hombres armados ingresaron a las veredas Lamas Verdes y Bello Horizonte, en el corregimiento Santa Isabel, donde retuvieron de manera selectiva a varios habitantes del sector. Las víctimas fueron amarradas, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas.En la masacre fueron asesinadas ocho personas, identificadas como Héctor Julio Manzano Guerrero, Elides Ramírez Bayona, Deiber Parada Becerra, Carlos Julio Hernández Triana, Numael Ramírez Pineda y Rubén Ángel Pacheco Contreras, además de otras dos víctimas que no han sido plenamente identificadas.Las autoridades también establecieron que estos hechos provocaron el desplazamiento de varias familias campesinas, quienes abandonaron sus fincas y parcelas por temor a nuevas acciones violentas.Solano Hormiga, quien residía en el barrio El Poblado del municipio de Girón, deberá cumplir la condena impuesta por la justicia por su participación en estos crímenes.El detenido fue dejado a disposición del despacho judicial que lo requería para continuar con el proceso correspondiente y avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
Todo listo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ante su gente, los cardenales esperan conseguir un resultado positivo para avanzar a la próxima ronda de la competencia.Lo cierto es que el arranque del segundo semestre del 2026 no ha sido el mejor para el cuadro capitalino, a excepción de los partidos que ha tenido a nivel internacional y, por eso, Pablo Repetto espera seguir por el mismo camino para darle una alegría a la afición, en medio de una racha negativa de River bajo el mando del ‘Chacho’ Coudet.Vea EN VIVO Santa Fe vs. River Plate HOY por Copa SudamericanaDe la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, podrá seguir EN VIVO, online y gratis las emociones de este duelo internacional por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Solo necesitará tener acceso a internet en celular para seguir la señal 89.9 FM o en el siguiente link:¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. River Plate?El choque entre colombianos y argentinos se encuentra programado a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De igual forma, este es el listado en otros países:Argentina: 9:30 p. m.Uruguay: 9:30 p. m.Chile: 9:30 p. m.Paraguay: 9:30 p. m.Bolivia: 8:30 p. m.Perú: 7:30 p. m.Ecuador: 7:30 p. m.Venezuela: 8:30 p. m.México: 6:30 p. m.Estados Unidos (Miami): 8:30 p. m.Taquilla ayudará a damnificados por el terremotoIndependiente Santa Fe anunció que destinará un porcentaje de la taquilla del partido contra River Plate a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia. Además, el club habilitó una cuenta de ahorros de AV Villas para recibir donaciones económicas e invitó a sus hinchas y ciudadanos a sumarse a la iniciativa.El conjunto cardenal también recibirá alimentos no perecederos y agua en su sede Casa Cardenal, en Bogotá, para posteriormente canalizarlos hacia las comunidades damnificadas. La campaña se desarrollará durante la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante River, cuyo partido de ida se jugará el 19 de agosto en El Campín y la vuelta el 26 de agosto en Buenos Aires.Posibles alineaciones Santa Fe vs. River PlateSanta Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.
El Consejo Nacional Electoral reconoció cerca de $5.000 millones por reposición de votos a la campaña de la excandidata presidencial Claudia López, correspondientes a su participación en la Consulta de las Soluciones, realizada el pasado 8 de marzo de 2026.De acuerdo con el documento del CNE, López obtuvo 573.104 votos en esa consulta. Para esa jornada electoral, el organismo había establecido un valor de $8.710 por cada voto válido, lo que llevó a una liquidación de $4.991.735.840 por concepto de reposición.Aunque la campaña reportó gastos netos por más de $5.758 millones, la normativa establece que la reposición no puede superar el valor que corresponda por los votos obtenidos. Por esta razón, el CNE reconoció cerca de $4.992 millones derivados de la votación alcanzada por la entonces precandidata presidencial.A ese monto se le descontará el 1 % destinado a la contratación de la auditoría externa, equivalente a $49.917.358.Durante la revisión de las cuentas de campaña, el Fondo Nacional de Financiación Política identificó, además, $304.200 en gastos que, según la certificación contable, no tenían relación de causalidad con la campaña, por lo que no fueron tenidos en cuenta para efectos de la reposición.
Una operación en Soacha dio con el paradero de una fábrica clandestina dedicada a manipular y reenvasar cerveza para llevarla nuevamente al mercado. El hallazgo generó una alerta porque, según lo revelado por las autoridades, este tipo de adulteración no es común en este tipo de productos.La intervención tuvo lugar en un predio donde fueron encontrados envases, tapas y maquinaria artesanal utilizada para lavar y volver a sellar botellas. En el lugar también había otros productos que no cumplían con las condiciones legales para su comercialización.¿Qué se encontró en la fábrica de cerveza adulterada?Durante el operativo fueron incautadas 3.300 botellas de cerveza alteradas de diferentes marcas. Adicionalmente, las autoridades encontraron 250 unidades de licor adulterado y otras 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando.También se encontraron elementos que, de acuerdo con la información revelada por las autoridades, hacían parte del proceso para recuperar los envases y volver a ponerlos en circulación. Además, el procedimiento contó con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, el Invima y peritos especializados de Bavaria. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por el delito de alteración de bebidas alcohólicas.El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, llamó la atención sobre esta modalidad y señaló que la adulteración de cerveza no era una práctica que se hubiera identificado anteriormente en el departamento. “Queremos alertar a toda la comunidad, ya que la cerveza también está siendo materia de adulteración”, afirmó el mandatario.¿Cómo funcionaba la fábrica clandestina de Soacha?De acuerdo con lo encontrado en el lugar, este contaba con una logística destinada a recolectar botellas vacías para someterlas a un proceso de lavado, rellenado y posterior sellado. La presencia de maquinaria, tapas y envases permitió identificar parte de la operación que se desarrollaba en el lugar. El material fue incautado en medio de la intervención.De hecho, el hallazgo también permitió encontrar otros productos que eran comercializados de manera ilegal, lo que amplió el alcance del procedimiento realizado en Soacha.Ojo, tenga cuidado con la cerveza adulterada: así puede evitarloLas autoridades recomendaron a los consumidores tener especial cuidado al momento de comprar bebidas alcohólicas y verificar que los productos cumplan con condiciones adecuadas.Entre las principales recomendaciones están:Comprar bebidas únicamente en establecimientos comerciales reconocidos.Revisar cuidadosamente las tapas, etiquetas y empaques.Desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales.Rey advirtió que una bebida manipulada de manera clandestina puede representar un riesgo para la salud y llamó a los consumidores a verificar el origen de los productos antes de adquirirlos.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que este miércoles, 19 de agosto, durante el consejo de ministros, será firmado el decreto madre que formaliza la emergencia económica decretada por el Gobierno para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario explicó que esta medida busca generar el espacio fiscal necesario para responder a la magnitud de la tragedia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.Durante su intervención, el jefe de Estado justificó la decisión en la situación fiscal que atraviesa el país. Según explicó, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina actualmente al pago de la deuda pública, mientras que la deuda bruta supera el 60 % del Producto Interno Bruto. En ese contexto, aseguró que el Gobierno necesita mecanismos excepcionales para disponer de recursos de manera rápida frente a la emergencia.De La Espriella señaló que la administración también revisará el gasto público para encontrar recursos que puedan ser destinados a la atención de las víctimas y la reconstrucción."Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país", afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que no se afectarán los recursos destinados a los colombianos más necesitados."Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco", enfatizó De La Espriella, quien aseguró que cada peso movilizado deberá estar relacionado con las necesidades derivadas del terremoto.El mandatario también se comprometió a vigilar personalmente la destinación de esos recursos y advirtió que no habrá espacio para hechos de corrupción."Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia. Y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor (...) Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción", agregó.La emergencia económica se suma a las medidas que el Gobierno adelanta para atender a las personas damnificadas. En su intervención, De La Espriella informó que el país registra 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas, además de afectaciones en 15 departamentos y 471 municipios. El presidente indicó que la prioridad continúa siendo encontrar con vida a quienes permanecen desaparecidos, atender a los heridos y acompañar a las familias afectadas.Finalmente, el mandatario destacó la participación del sector privado, los organismos de socorro, las Fuerzas Militares, la Policía, los bomberos, la Defensa Civil y los equipos internacionales de rescate en la respuesta a la tragedia. "La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto", concluyó el mandatario.
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan cada día los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidos. Su amplia variedad de modalidades de apuesta y las opciones adicionales de juego han contribuido a consolidar su éxito entre los aficionados al chance.Resultado ganador sorteo hoy 19 de agosto de 2026:Número: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: ¿A qué hora juega el chance Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para ganar el premio principal es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?Una de las principales fortalezas del Paisita Noche es la diversidad de opciones que ofrece a sus jugadores.Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras aunque aparezcan en diferente orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra o uña: solo exige acertar la última cifra sorteada.¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de obtener premios complementarios.Esta alternativa añade una cifra extra al sorteo tradicional y brinda nuevas oportunidades de ganar mediante combinaciones asociadas al resultado principal. Su llegada ha despertado un mayor interés entre los apostadores habituales, quienes la utilizan para diversificar sus opciones de juego.¿Cómo reclamar un premio del chance Paisita Noche?El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica requerida.Documentos obligatorios:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVTSolo se requiere presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido por la normativa vigente para procesos de verificación.Premios superiores a 182 UVTDeben presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días.El pago se realiza mediante transferencia bancaria.El proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el chance Paisita Noche continúa siendo una de las opciones favoritas de miles de colombianos. La diversidad de premios y alternativas de participación mantiene el interés de quienes siguen de cerca los resultados oficiales cada día
