Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, al considerar que estarían vinculados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Las medidas cautelares recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima. En desarrollo de la decisión judicial, la Fiscalía y CTI realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, los cuales serán puestos en los próximos días a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el entonces jefe del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.El ente acusador explicó que para sustentar la solicitud de medidas cautelares adelantó diversas actuaciones investigativas, entre ellas inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, con las que reconstruyó la trazabilidad de los bienes.Según la Fiscalía, esas diligencias permitieron establecer que los inmuebles “harían parte del entramado ilegal identificado”, razón por la cual solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de las medidas cautelares sobre los activos.Con esta decisión, los bienes permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La actuación tiene como finalidad preservar los activos que, de acuerdo con la investigación, tendrían un origen relacionado con el patrimonio del extinto Bloque Tolima de las AUC y garantizar, de ser procedente, su destinación al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las AUC.La decisión se produjo al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra un auto del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que había negado tanto la autorización para ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad impuesta en su contra.Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002 y permaneció en esa estructura hasta el 7 de mayo de 2004, cuando fue capturado. Posteriormente, se desmovilizó estando privado de la libertad y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 el 15 de enero de 2008.En primera instancia, el juzgado consideró que la sanción seguía vigente y que solo podría extinguirse cuando quedaran en firme todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones y del período de libertad a prueba. Según esa decisión, el ordenamiento jurídico no contempla una suspensión anticipada de la inhabilidad.La defensa sostuvo que esa interpretación era excesivamente restrictiva y desconocía los años de cumplimiento de compromisos asumidos por el postulado como muestra de su proceso de reintegración. También argumentó que mantener la inhabilidad afectaba su resocialización al impedirle participar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que “la pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”.La corporación explicó además que “el propósito de la pena alternativa no se limita a la restricción del derecho a la libertad, sino al inicio de una ruta de cumplimiento de compromisos que tienen como finalidad acercar al infractor a la reparación de los daños causados con su accionar”, diferenciándola de las penas ordinarias.Con base en ese análisis, el Tribunal decidió revocar el auto del 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas. La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa cumpliendo las obligaciones derivadas de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía adelantó extinción de dominio a bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que hicieron parte del bloque bananero de las extintas paramilitares.En un megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.Según la información que ha entregado el ente judicial, los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo en la zona de Urabá antioqueño.Se trata de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare. Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.
Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
Nuevos detalles se conocieron sobre el hombre capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y que deberá cumplir una condena de 40 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas su presunta participación en una masacre ocurrida en el departamento del Cesar.Se trata de José Willian Solano Hormiga, de 49 años, nacido en el municipio de Lebrija, Santander, quien fue detenido mediante orden judicial en la calle 105 con carrera 9, en el barrio Porvenir, en el sur de Bucaramanga.De acuerdo con las autoridades, Solano Hormiga era requerido por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y concierto para delinquir, dentro de un proceso adelantado por la Fiscalía Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos.Según la investigación judicial, el hoy capturado estaría vinculado con una incursión armada perpetrada entre el 4 y el 6 de diciembre de 2005 por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar.Durante esos hechos, hombres armados ingresaron a las veredas Lamas Verdes y Bello Horizonte, en el corregimiento Santa Isabel, donde retuvieron de manera selectiva a varios habitantes del sector. Las víctimas fueron amarradas, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas.En la masacre fueron asesinadas ocho personas, identificadas como Héctor Julio Manzano Guerrero, Elides Ramírez Bayona, Deiber Parada Becerra, Carlos Julio Hernández Triana, Numael Ramírez Pineda y Rubén Ángel Pacheco Contreras, además de otras dos víctimas que no han sido plenamente identificadas.Las autoridades también establecieron que estos hechos provocaron el desplazamiento de varias familias campesinas, quienes abandonaron sus fincas y parcelas por temor a nuevas acciones violentas.Solano Hormiga, quien residía en el barrio El Poblado del municipio de Girón, deberá cumplir la condena impuesta por la justicia por su participación en estos crímenes.El detenido fue dejado a disposición del despacho judicial que lo requería para continuar con el proceso correspondiente y avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
