Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. El procesado se acogió a sentencia anticipada ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.La aceptación de cargos comprende los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación hace parte de la estrategia para terminar anticipadamente procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal. Entre los hechos reconocidos se encuentran cinco homicidios colectivos. Uno ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde fueron asesinadas cinco personas. Otro se registró el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, y dejó seis víctimas.También están incluidos los ataques armados perpetrados el 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que causaron nueve muertes. A estos hechos se suman las incursiones armadas ocurridas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, donde fueron asesinadas 20 personas.La investigación también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. La Fiscalía señaló que, mediante un enfoque diferencial, se evidenciaron las graves afectaciones causadas a estas comunidades, sus territorios, sus formas de vida y sus prácticas culturales y espirituales. De acuerdo con la investigación, las conductas atribuidas a Tovar Pupo habrían respondido a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.La aceptación de responsabilidad será remitida a un juzgado especializado, que tendrá a su cargo determinar la pena correspondiente. Por ahora, el trámite de sentencia anticipada permite avanzar hacia la definición judicial de los hechos y las conductas reconocidas por el exjefe paramilitar.
Una hacienda de 1.154 hectáreas, avaluada en más de $21.300 millones, ubicada en Cimitarra, Santander, quedó bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.Se trata de la finca Piedra Linda, un predio que, de acuerdo con la investigación, habría estado relacionado con actividades de estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio durante el conflicto armado.La propiedad fue ocupada durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, como parte del proceso para determinar el origen y la relación del inmueble con actividades ilícitas.Según las labores de policía judicial y los testimonios recopilados por la Fiscalía, Piedra Linda habría sido utilizada como lugar de entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en esta zona de Santander.La investigación también señala que en el predio, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por estas organizaciones ilegales para adelantar procesos de formación militar."Aunque la finca aparece registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades habrían evidenciado una posible relación del inmueble con personas vinculadas a actividades de narcotráfico y a la conformación de estructuras armadas", dice el comunicado de la Fiscalía. Le puede interesar: Restituyen tierras despojadas por paramilitares a 12 familias de Tulapas, UrabáLa decisión hace parte de los procesos de extinción de dominio mediante los cuales el Estado busca afectar bienes que presuntamente estuvieron vinculados con actividades ilícitas y convertirlos, cuando corresponda, en instrumentos para la reparación de las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía anunció que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que genere recursos destinados a beneficiar a quienes fueron afectados por el conflicto armado.El caso cobra especial relevancia en Santander por la histórica presencia y accionar de estructuras paramilitares en municipios del Magdalena Medio, una región marcada durante décadas por hechos de violencia, desplazamientos, homicidios y despojo de tierras.La medida sobre la finca Piedra Linda representa así un nuevo capítulo en la recuperación de bienes que, según las investigaciones judiciales, habrían estado relacionados con las estructuras armadas que operaron en la región, para destinarlos ahora a fines de reparación de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Las autoridades en Medellín lograron la captura en Cañasgordas, Antioquia, de alias 'Dúber', conocido también como 'El Indio' o 'El Parcero', señalado como principal cabecilla de la estructura criminal La Libertad y que estaba prófugo de la justicia desde 2024.Hasta el lugar del operativo en el Occidente antioqueño llegaron más de 50 uniformados, entre ellos comandos especializados, quienes lograron superar los sistemas de vigilancia y los llamados 'campaneros' instalados por el delincuente.Según las autoridades, alias 'Dúber' permanecía escondido en una finca de más de cuatro pisos, con piscina, jacuzzi y amplias zonas de terreno. Desde allí continuaba recibiendo recursos provenientes de las actividades ilícitas en Medellín.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que el hombre era buscado desde 2024, cuando en una operación contra La Libertad fueron capturados varios coordinadores e integrantes de la estructura."Este tipo exigía pagos que le podían representar ganancias de más de 100 millones de pesos a las tiendas, a los locales comerciales, carnicerías, panaderías, chatarrerías, construcciones, a las rutas de los buses. En este sector", dijo el funcionario.Hay que mencionar que La Libertad tendría presencia en sectores como Villatina, Sol de Oriente, La Torre, Tinajas, Manzanares, La Virgen, La Estrecha, Nuevo México y Quintas de la Playa, además de ejercer control sobre zonas comerciales y la ruta de buses 091.De acuerdo con la investigación, las extorsiones podían representar ingresos superiores a mil millones de pesos y entre las víctimas estarían comerciantes, vendedores informales, carnicerías, panaderías, chatarrerías, establecimientos de comidas y empresas de construcción.Durante su fuga, presuntamente integrantes de La Libertad se desplazaban cada 15 o 20 días hasta su escondite para llevarle alimentos y entregarle el dinero recaudado mediante las rentas criminales.
La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, al considerar que estarían vinculados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Las medidas cautelares recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima. En desarrollo de la decisión judicial, la Fiscalía y CTI realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, los cuales serán puestos en los próximos días a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el entonces jefe del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.El ente acusador explicó que para sustentar la solicitud de medidas cautelares adelantó diversas actuaciones investigativas, entre ellas inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, con las que reconstruyó la trazabilidad de los bienes.Según la Fiscalía, esas diligencias permitieron establecer que los inmuebles “harían parte del entramado ilegal identificado”, razón por la cual solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de las medidas cautelares sobre los activos.Con esta decisión, los bienes permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La actuación tiene como finalidad preservar los activos que, de acuerdo con la investigación, tendrían un origen relacionado con el patrimonio del extinto Bloque Tolima de las AUC y garantizar, de ser procedente, su destinación al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las AUC.La decisión se produjo al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra un auto del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que había negado tanto la autorización para ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad impuesta en su contra.Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002 y permaneció en esa estructura hasta el 7 de mayo de 2004, cuando fue capturado. Posteriormente, se desmovilizó estando privado de la libertad y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 el 15 de enero de 2008.En primera instancia, el juzgado consideró que la sanción seguía vigente y que solo podría extinguirse cuando quedaran en firme todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones y del período de libertad a prueba. Según esa decisión, el ordenamiento jurídico no contempla una suspensión anticipada de la inhabilidad.La defensa sostuvo que esa interpretación era excesivamente restrictiva y desconocía los años de cumplimiento de compromisos asumidos por el postulado como muestra de su proceso de reintegración. También argumentó que mantener la inhabilidad afectaba su resocialización al impedirle participar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que “la pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”.La corporación explicó además que “el propósito de la pena alternativa no se limita a la restricción del derecho a la libertad, sino al inicio de una ruta de cumplimiento de compromisos que tienen como finalidad acercar al infractor a la reparación de los daños causados con su accionar”, diferenciándola de las penas ordinarias.Con base en ese análisis, el Tribunal decidió revocar el auto del 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas. La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa cumpliendo las obligaciones derivadas de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló de las denuncias sobre un supuesto plan de espionaje de la DNI.La abogada Lina Sandoval explicó la decisión judicial que ordenó a Angie Rodríguez rectificar sus declaraciones sobre Laura Sarabia.El senador Germán Rodríguez explicó que busca la revocatoria del permiso de salida del expresidente Petro ante los nuevos escándalos en su anterior Gobierno.Ministro de Justicia denuncia que recibió la entidad hackeada y que las alertas venían desde enero.Teresita Aya contó los detalles del escándalo en Nvidia con el director y la infidelidad con una espía china.Le proponen a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que su equipo juegue en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.
Creado en 2017 y sumando millones de jugadores años tras años, Fortnite, de Epic Games, se ha convertido en un fenómeno mundial reuniendo incluso competencia millonarias y grandes eventos en el planeta, sin embargo, este noviembre de 2026 ha vivido, tal vez, uno de los mejores momentos de toda su historia.Tras finalizado Halloween, el videojuego anunció una colaboración especial con One Piece, el reconocido anime de Eiichiro Oda, pero con esta llegó algo aún más grande: un tesoro denominado el ‘ticket dorado’ que quienes lo encuentren tendrán acceso gratis a todos los artículos del juego durante 14 días.Aunque parezca algo básico, la estrategia resultó ser un éxito y millones de personas buscan cada hora ese ticket, que, en redes sociales, se ha visto a cientos ya lograrlo, pero no es nada fácil debido a la baja tasa de posibilidad existente que hay para que salga.Esta es la probabilidad del ‘ticket dorado’ de FortniteConseguir el llamado ticket dorado de Fortnite, conocido oficialmente como Pirate Shop Access, es una tarea bastante difícil debido a sus bajas probabilidades de aparición.Según las cifras divulgadas por Epic Games el 7 de noviembre de 2026, cada cofre abierto en una partida normal tiene una posibilidad entre 137.500 de entregar este premio, lo que equivale aproximadamente a un 0,000727 % de probabilidad. Este objeto permite acceder durante 14 días a artículos seleccionados de la tienda del juego sin gastar paVos (V-Bucks), algo que tiene a más de 4 millones de personas al día entrando a jugar al menos una partida.En estas jornadas, la opción de conseguir el ticket puede mejorar 1,5 veces frente a la tasa habitual y, en una sesión especial del 7 de noviembre, llegó a duplicarse, pasando de una posibilidad entre 137.500 a una entre 68.750 cofres. Aun así, no existe una cantidad de cofres que garantice obtenerlo, pues cada apertura representa una nueva oportunidad aleatoria.
En palabras del técnico Néstor Lorenzo, la Selección Colombia se ha visto beneficiadas por clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior, Envigado, entre otros, con el talento que sale de su cantera y suman en su once titular en cada semestre; sin embargo, la situación no es igual por la capital con Santa Fe y Millonarios, que, según ranking, pasa todo lo contrario.De acuerdo con el reciente ranking del Cies Football Observatory, Santa Fe y Millonarios se encuentran entre los clubes sudamericanos más viejos del continente, es decir, que la media de edad de su plantel supera los 30 años de edad, demostrando que, desde hace tiempo, ambos clubes no potencian talento desde la cantera.Si bien Millonarios formó futbolistas como Carlos Andrés Gómez o Oscar Cortés, el plantel embajador se ha mantenido casi con los mismos nombres en los últimos años, sumando poco jugador de la cantera, mismo caso de Santa Fe, que, si bien son jugadores que por su experiencia permiten al equipo competir al más alto nivel, no se da casi oportunidades a las fuerzas básicas del equipo.El ranking lo lidera el Huancayo de Perú, que tiene un promedio de 31.3 años, seguido de Santa Fe con 31.0, Fluminense es tercero con 30.9 y Millonarios cuarto con 30.7 años.Esta es la media de edad del FPC, según TransferMarktIndependiente Santa Fe: 30,1 añosMillonarios FC: 30.7 añosJaguares de Córdoba: 29,7 añosAsociación Deportivo Pasto: 28,7 añosJunior de Barranquilla: 28,6 añosAtlético Bucaramanga: 28,6 añosAtlético Nacional: 28,5 añosDeportivo Cali: 28,3 añosOnce Caldas: 27,5 añosIndependiente Medellín: 27,3 añosÁguilas Doradas: 27,1 añosLlaneros FC: 26,9 añosCD América de Cali: 26,6 añosAlianza FC: 26,6 añosCúcuta Deportivo: 26,4 añosDeportes Tolima: 25,6 añosInternacional de Bogotá: 25,5 añosBoyacá Chicó FC: 25,4 añosDeportivo Pereira: 24,9 añosFortaleza CEIF: 24,6 años
El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que solicitará ante la plenaria del Senado la revocatoria del permiso que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país durante un año. La iniciativa busca que el Congreso revise la autorización concedida el pasado 12 de agosto, luego de los nuevos escándalos y denuncias que han surgido alrededor de la anterior administración. En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió su propuesta y aseguró que el exmandatario debe permanecer en Colombia mientras se esclarecen los señalamientos. "Si no tiene nada que temer, pues que se quede y entregue los soportes", manifestó el senador.Rodríguez explicó que su solicitud está relacionada con las recientes declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como con las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y posibles hechos de corrupción en diferentes entidades del Estado. También mencionó las investigaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente la captura de un funcionario señalado de participar en posibles interceptaciones y seguimientos a expresidentes de la República mediante dispositivos GPS instalados en sus vehículos blindados. Para el senador, estos hechos representan nuevos elementos que, a su juicio, justifican revisar el permiso otorgado a Petro.El congresista también anunció que solicitará a la Secretaría del Senado información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para las salidas del expresidente. Según explicó, aunque la autorización tiene una vigencia de un año, Petro debe presentar informes cada vez que salga y regrese al territorio nacional, con el propósito de informar sobre sus desplazamientos. Rodríguez cuestionó si ese procedimiento se ha cumplido y pidió verificar los antecedentes documentales antes de discutir la posible revocatoria.Sobre la posibilidad de que el Senado respalde la iniciativa, Rodríguez aseguró que ha sostenido conversaciones con diferentes congresistas para conseguir apoyo a la proposición. Aunque no dio nombres, afirmó que ha encontrado disposición entre algunos sectores políticos, incluido el Centro Democrático."Hay que hacerles caer en cuenta que en esos tres meses hay nuevas pruebas. Es diferente el Gustavo Petro de hace tres meses. Pero vuelvo y repito, Eva Ferrer hace unas declaraciones demasiado graves donde habla de narcotráfico, armamento y de dinero", agregó.Finalmente, Rodríguez insistió en que el objetivo de su propuesta es que el Congreso ejerza sus facultades y revise una autorización que, según su postura, debe responder a las circunstancias actuales."Nadie está por encima de la ley", afirmó, al señalar que Gustavo Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por tanto, debe someterse a las decisiones de las instituciones.
MiLoto realiza este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes, 9 de noviembre de 2026 es: MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $600 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
