Los exjefes paramilitares Diego Murillo, alias 'Don Berna' y Ramiro Vanoy, alias 'Cuco', se sumaron a la lista de los interesados en las posibles negociaciones que el Gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa como una solución al conflicto.Lo hicieron saber a través de una carta enviada, el mismo día de la posesión, a la corporación Compromiso Colombia, cuyo representante es el abogado Michel Pineda, quien ha acompañado a varios paramilitares en procesos judiciales.“El discurso de Gustavo Petro fue incluyente en relación a los temas de paz (...) Desde esa política, algunas personas extraditadas envían en respuesta a ese hecho, una comunicación en la cual se suman con la intención de aportar en la paz total. El contenido del documento tiene la intención de ayudar colaborando con la verdad, la reparación y será el Gobierno el que decida cuáles serían las formas de poder realizar esos aportes”, relató Pineda.Tanto Murillo como Vanoy están pagando penas desde 2008 en Estados Unidos. Mientras el primero es recordado por su antigüedad en el ámbito delictivo al ser parte del Clan Galeano, Los Pepes y La Oficina. Además, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara de las AUC, mientras que ‘Cuco’ Vanoy dirigió el bloque Mineros de dichas autodefensas.El hecho de que estén por fuera de Colombia no sería un impedimento o condicionante, pues el abogado plantea la posibilidad de aprovechar convenios ya existentes como el de Justicia y Paz para que esos aportes se hagan de manera virtual, por ejemplo.“El aporte de todos los que han sido actores de la violencia y que deciden volverse actores de la paz, es un hecho que debe valorarse por el Gobierno nacional. El conocimiento que tienen con relación a lo que ocurrió es importante, entre más tiempo, la verdad es más valiosa, dice el adagio popular”, argumentó Pineda.Y aunque no se detalló qué tipo de condiciones o requerimientos exigirán a cambio de dichos acercamientos, sobre la mesa está la posibilidad de una posible repatriación, lo que no solo dependería del Gobierno colombiano, sino también de Estados Unidos.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Guillermo León Acevedo, conocido como 'Memo Fantasma’, fue dejado en libertad por vencimiento de términos. La decisión la tomó la jueza 40 de control de garantías de Bogotá, quien determinó que han pasado 242 días desde que fue radicado el escrito de acusación contra el señalado narco colombiano, y hasta ahora no ha iniciado el juicio en su contra.La Fiscalía General radicó el escrito de acusación el 21 de octubre de 2021 contra ‘Memo Fantasma’ por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.Sin embargo, Guillermo León Acevedo continuará vinculado al proceso penal por presuntamente formar parte del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, de alias ‘Macaco’, a través de lavado de activos.Vale la pena recordar que alias 'Memo Fantasma' fue capturado el 25 de junio de 2021 en Bogotá, el supuesto narcoparamilitar que nunca fue judicializado en Colombia a pesar de ser uno de los supuestos financiadores del paramilitarismo y del narcotráfico.Su nombre era desconocido hasta que una investigación de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de organizaciones criminales en Latinoamérica, informó que alias ‘Memo Fantasma’ se había dedicado a borrar sus huellas y a lavar millones de dólares a través de finca raíz y ganadería. Según las fuentes de Blu Radio, su captura justamente fue para que respondiera como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.En los operativos, que se extendieron a los departamentos de Antioquia y Córdoba, fueron capturados tres personas más, entre ellos, dos familiares de ‘Memo Fantasma’.Según el periodista Jeremy McDermott, de InSight Crime , alias ‘Memo Fantasma’ “comenzó su vida en el cartel de Medellín, financió el sangriento ascenso de paramilitares y actualmente se da la gran vida en Madrid”.Según la investigación, ‘Memo Fantasma’ fue conocido en el pasado con el alias de ‘Sebastián Colmenares’, fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y financió al Bloque Central Bolívar (BCB), responsable de más de 10.000 asesinatos en el país. Incluso, habría iniciado su actuar criminal a principios de los 90 en Estados Unidos, donde trabajó con el clan Galeano y, supuestamente, recibía los cargamentos de droga del Cartel de Medellín.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó la libertad condicional a Francisco Javier Zuluaga, conocido como ‘Gordo Lindo’, narcotraficante que tuvo alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia. Este hombre se sometió a la JEP como tercero civil y había hecho una solicitud de libertad condicional después de presentar su plan de aporte de verdad.Sin embargo, la JEP consideró que el plan de verdad que entregó ante la jurisdicción no contiene todavía los detalles necesarios para acceder a los beneficios de la justicia transicional como la libertad condicionada, pues debe entregar más información sobre exactamente que contará sobre las alianzas de políticos del Valle con las AUC, yendo más allá de lo que ya se conoce en la justicia ordinaria.‘Gordo Lindo’ se sometió a la JEP como un tercero financiador de grupos paramilitares y fue extraditado en el año 2008 a Estados Unidos con otros paramilitares; sin embargo, cumplió su pena en dicho país y regresó a Colombia; fue excluido de justicia y paz después de que se confirmara que las AUC le crearon un bloque con el cual trató de evitar su extradición, asegurando que pertenecía al paramilitarismo.Las revelaciones que hará ‘Gordo Lindo’ tendrán que satisfacer los derechos de las víctimas y aportar información novedosa sobre alianzas entre las AUC y políticos y empresarios, datos que él dijo en su plan de aporte inicial tendría conocimiento, pues incluso habría participado en algunos de estos encuentros.‘Gordo Lindo’, actualmente, se encuentra detenido en la cárcel La Picota por un caso de lavado de activos de las AUC, pero, además, recientemente su firma apareció en una carta enviada al presidente electo, Gustavo Petro, en la cual grupos paramilitares y narcotraficantes manifestaban su voluntad para hacer parte de la paz total que ha anunciado el próximo gobierno y contar algunos detalles sobre el conflicto armado en Colombia.Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
El exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez habló en Mañanas Blu acerca de la medida cautelar que impuso la Fiscalía a cuatro bienes en los que aparece como propietario, los cuales supuestamente pertenecieron al jefe paramilitar Vicente Castaño. Según Pérez Gutiérrez, antes de hacer la transacción se consultó a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes para constatar la legalidad de la operación."A nosotros no nos han quitado ningún bien, Al fiscal le pedí que rectifique, porque todo lo que dijo está lleno de imprecisiones. Somos unos diez empresarios que compramos una tierra en el 2006, la cual avaluada comercialmente por la lonja. Esa tierra no tenía ningún tipo de pertenencia a los que dice el fiscal, los Castaño. Se hizo un estudio de títulos, fuimos a la Fiscalía antes de comprar. Tenemos los documentos donde dice que que no tenía ningún problema, que podíamos proceder. Igualmente llamamos al Consejo Nacional de Estupefacientes", sostuvo Pérez Gutiérrez.Según Pérez Gutiérrez, su actuar estuvo enmarcado en la legalidad y de los lotes solo había uno en entredicho, ante lo cual se buscó un concepto para eliminar cualquier suspicacia."No hemos sido informados de nada en la Fiscalía, solo que apareció una propiedad, por un bandido que está en la cárcel y que dijo que eso lo quería comprar Castaño o que le debían una plata. No se sabe, pero no aparece nada en los títulos de propiedad", complementó el exmandatario departamental.Le puede interesar:Según Luis Pérez, no sabe de dónde se saca que el avalúo de los bienes supera los 70.000 millones de pesos. "Mire el negocio, nosotros compramos tierras, las guardamos hasta que maduren para hacer parcelaciones con casas y construir etcétera. Lo compre con personas decentes, gente que ha estado en ese negocio toda la vida, me invitaron a participar en esa época. El negocio tiene tanta transparencia que yo entregué mi casa y solicité que me la alquilaran mientras construía", agregó.Pérez Gutiérrez, además, aclaró que la transacción la hizo antes de trabajar al frente de la Gobernación y que durante su tiempo como servidor público no hizo "ni un solo negocio". "Yo no era empleado público, o sea, en los últimos 25 años en esto yo he tenido dos cargos públicos únicamente tres años de alcalde y cuatro años de gobernador. Mientras he estado en esos dos cargos no he tenido ningún tipo de negociación, como se puede perfectamente certificar", complementó.
Durante las audiencias de reconocimiento por falsos positivos que se llevan a cabo en Valledupar, donde 12 militares están reconociendo su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos, el mayor (r) Heber Hernán Gómez Naranjo reconoció haber participado en estos delitos, asegurando que las órdenes de presentar falsos positivos las habría dado el coronel (r) Hernán Mejía.Durante su relato explicó que se sentía avergonzado de haber hecho parte de esta práctica y que en el batallón La Popa operó una estructura criminal, según dijo, “encabezada y liderada” por el teniente coronel Hernán Mejía, algo que él habría apoyado mientras estuvo, entre 2002 y 2003, en el batallón.Explicó que las AUC retenían a las personas y después el Ejército las recogía y las presentaban como bajas. “Tanto el número de bajas como el sitio eran coordinados por Mejía y los paramilitares de ‘39’”.Su papel fue el de elaborar y autenticar los documentos para reportar que las bajas supuestamente se habían dado durante combates. En el mismo sentido aseguró que en el Ejército aún se siguen presentando las presiones que llevaron a que se cometieran los delitos.“Los subalternos vieron el ejemplo y esto se salió de las manos, el comando del batallón perdió autoridad moral. No tuve el carácter para decir que no hiciéramos eso. Hoy en día hay presiones todavía porque hay enemigos y hay que garantizar seguridad”, aseguró.Por último, manifestó que las órdenes venían desde el comando superior, pero que fue decisión del comandante del batallón realizar alianzas con las AUC para cometer dichos delitos.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El exjefe paramilitar Jairo Alegría Martínez, alias "Carlos Alegría", fue condenado por un juzgado colombiano a 30 años y 2 meses de prisión por el asesinato del profesor indígena kankuamo Rufino de Jesús Maestre Gutiérrez, informó este domingo la Fiscalía.El crimen sucedió el 25 de febrero de 2003 en un barrio de la ciudad de Valledupar, en el departamento de Cesar (noreste), cuando la víctima esperaba el transporte público y fue atacado por dos hombres armados que, como sicarios, actuaban para un frente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)."Carlos Alegría" era entonces, según la Fiscalía, el jefe urbano de este frente, el Mártires, y también ideólogo y coordinador logístico del crimen."En ese sentido, quedó en evidencia que los homicidas estaban a su cargo y respondían a las directrices que él y el grupo ilegal impartían, entre estas, amenazar y perseguir a algunos kankuamos, a quienes señalaban equivocadamente de ser colaboradores de otras organizaciones criminales que delinquían en la región", consideró la Fiscalía.Por ello, el exjefe paramilitar fue declarado responsable de homicidio en persona protegida y además de la prisión deberá pagar una multa monetaria "y cumplir con un acto de arrepentimiento y perdón hacia los familiares del docente asesinado y la comunidad indígena afectada".Este frente recibía el apoyo y respaldo de los principales líderes del Bloque Norte de las AUC, como Rodrigo Tovar, conocido como "Jorge 40", quien está condenado por innumerables crímenes graves.Las AUC, que llegaron a ser la mayor banda criminal del país, y el Ejecutivo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) mantuvieron un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la organización y la desmovilización de 31.000 combatientes, al amparo de la Ley de Justicia y Paz.Según el informe final de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 en el conflicto se cometieron más de 450.000 homicidios, de los cuales el 45 % los cometieron los paramilitares.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
La JEP aceptó el sometimiento de Trino Luna Correa, exgobernador de Magdalena entre 2004 y 2007, quien en la justicia ordinaria fue condenado durante ese último año por concierto para delinquir agravado, por alianzas con el paramilitarismo. El exgobernador fue aceptado debido al plan de verdad anticipado que entregó, en el cual vincula a diferentes políticos como Álvaro Uribe o el gobernador Carlos Caicedo, de presuntamente tener vínculos con paramilitares.Para empezar, esta jurisdicción tuvo en cuenta que el exgobernador reconoció haber recibido el apoyo de las AUC y, particularmente, de los comandantes Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna, en la campaña en la cual resultó elegido, detallando las reuniones que sostuvo, pues explicó que, en 2002, junto a su hermano Juan Carlos Luna, se reunieron con diferentes jefes paramilitares para pedir permiso de realizar campaña en sus zonas de influencia.“Quince días después concertó un encuentro con Carlos Mangones Lugo alias ‘Carlos Tijeras’, comandante del frente William Rivas de las AUC, en el corregimiento de Orihueca del municipio de Zona Bananera, quien les reiteró que ‘Jorge 40’ era la única persona que podía permitir[les] inclusive un desplazamiento", se lee en el documento.Esto lo llevó a reunirse con ‘Jorge 40’ y Vicente Castaño en una finca en la Sierra Nevada, en dicho encuentro los exjefes paramilitares le habían manifestado que estaban entablando reuniones con el Gobierno para un proceso de desmovilización, también discutieron sobre proyectos de ley que podrían presentarse en el Senado con candidatos apoyados por el paramilitarismo, mientras manifestaron la necesidad de apoyar candidatos que aspiraban a las alcaldías, incluso mencionó que las AUC tenían influencia en el sistema electoral."Para el año 2003, el tema de la Registraduría estaba manejado por Enrique Osorio con José Gelver (sic) Albarracín (alias ‘El Canoso’), los cuales habían sido funcionarios de esta. Enrique es una persona que trabajo (sic) 18 años en la registraduría (sic) y él (sic) conocía muchísimo sobre el tema. Lo que se hizo fue un programa de computador que cargaba el censo electoral. Ese programa cargaba los censos y mostraba mesa a mesa cada puesto de votación de los municipios que se quisieran manipular", dice el documento.Aceptó que las irregularidades en la contratación de la Gobernación del Magdalena se dieron con el fin de cumplir las obligaciones que adquirió con las AUC para llegar al cargo."Las AUC designaron a su hermano Juan Carlos Luna Correa alias ‘El Cóndor’, y a Manuel Gregorio Gutiérrez alias ‘Mane’, como las personas encargadas de coordinar con la Gobernación del Magdalena los procesos contractuales que resultaban de su interés, así como designar a los contratistas correspondientes y recoger los dineros de la contratación pública que eran desviados en favor de las AUC", puntualizó.De esta manera se apoyó y financió abiertamente a las AUC desde la Gobernación y fueron para proyectos relacionados con la salud, educación y obras del departamento, las cuales fueron adjudicados directamente al paramilitarismo. Además, citó a 19 directores de hospitales que habría nombrado por recomendación directa de los paramilitares."Mencionó a las personas que habrían sido designadas por él dentro de su gabinete con el fin de facilitar la celebración de contratos en los términos señalados por las AUC. Estos incluirían, particularmente, a la abogada Diana Arregocés, funcionaria de la Secretaría Jurídica del departamento; al secretario de Salud, Roberto Campo Severini y al secretario de Educación, Martín Castilla", dice el documento de la JEP.El nombramiento de los 19 directores de hospitales se habría acordado con Salvatore Mancuso y un grupo de congresistas que respondían, según el testimonio, a los intereses de los paramilitares."El senador miembro del PIN que consigue los recursos es Luis Vives Lacouture, y este designa al contratista Germán Villanueva. Previo visto bueno de las AUC, el departamento inicia el proceso de licitación pública y la adjudica. Esta obra se estructura para que las AUC puedan tener un corredor vial en la zona bananera y a la vez el contratista les dé el 10 %”, afirma el documento.Avanzando su relato, el exgobernador señaló a William Rizcala Muvdi y Germán Villanueva Calderón (quienes no tienen antecedentes penales) como los contratistas del parque Tayku y el puente sobre el río Tucurinca, tras haber sido designados para ello por las AUC. También mencionó al exsenador Luis Vives Lacouture y a Álvaro Araujo Noguera.Las relaciones de las AUC, según narró, serían con la Drummond. Pero el exfiscal Mario Iguarán y Jorge Pretelt, también fueron mencionados."Respecto a la elección del señor Mario Iguarán como fiscal general de la Nación, el solicitante afirmó que esta campaña habría sido financiada por las AUC y, particularmente, por alias ‘Macaco’ y alias ‘Jorge 40’. Adicionalmente, señaló que ‘Macaco’ le ganó la partida a Salvatore Mancuso, quien quería a Jorge Pretelt", dice el documento de la JEP.Por otro lado, entregó los nombres de personas que decidieron apoyar para la campaña a la Asamblea del Magdalena, quienes serían los candidatos de las AUC, en este sentido, entregó los nombres de Uldis Pérez Maestre, Virgilio Torres Cuello, Eparquio Antonio Carey, Margarita Vives Lacouture, Luz Estella Durán, Guillermo Delgado, Joaquín Guerra Bernal y Adolfo Larios.Mencionó que algunos miembros del partido Liberal sabían que él aspiraba a la gobernación con el apoyo del paramilitarismo y en este sentido la JEP le pidió que entregue los nombres y amplíe la presunta participación de la senadora Piedad Córdoba, quien era en dicho momento presidenta del partido. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe fue señalado, así como algunas empresas."Explicar claramente las razones por las que afirmó que las AUC le ayudaron al expresidente Álvaro Uribe a ser presidente y si tiene algún conocimiento directo de tal situación. Indicar qué empresarios de los sectores palmero, ganadero y cafetero, tuvieron vínculos con las AUC en el departamento del Magdalena", puntualiza la JEP.Por otro lado, mencionó una supuesta cumbre de Santa Marta, esto habría sido una reunión en la cual se escogió, según dijo, a José Rafael Zúñiga como candidato de las AUC a la Alcaldía de Santa Marta, el encuentro habría contado con la asistencia de 200 personas entre senadores, como Luis Vives, supuestamente, y miembros de las AUC."Acerca de los presuntos vínculos entre las AUC y el señor Jean Claude Bessudo, el solicitante informó que las personas directamente involucradas en este asunto habrían sido tres sobrinos del señor Hernán Giraldo. Adicionalmente, manifestó creer que el nombre de uno de ellos era “Rubén Giraldo”, y explicó que “en el momento en que pueda esclarecer quiénes eran las dos personas, solicitaré ampliación en la JEP y se los haré llegar””, dice la JEP.Por último, manifestó que hubo homicidios de sindicalistas al interior de la universidad de Magdalena que cometieron las AUC, y señaló al actual gobernador de Magdalena de vínculos con las AUC."El solicitante aludió a una serie de acuerdos que se habrían fraguado entre el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador del departamento del Magdalena, y las AUC, con el fin de permitir la elección de aquel como rector de la Universidad del Magdalena, así como para la comisión de crímenes en contra de estudiantes de esa universidad", finaliza el documento de la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP llamó a rendir versión a la actual senadora de Cambio Radical Daira de Jesús Galvis, quien solicitó en 2019 someterse a esta jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública.En esta versión la actual senadora deberá hacer "un relato preciso de los hechos del conflicto que pretende revelar a cambio del beneficio de acceso a esta jurisdicción especial".A la senadora, quien aspiró nuevamente al Senado con el número 4 de la lista de ese partido, pero no logró la curul pues obtuvo 49.619 votos, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por parapolítica, pues se le señala de haber tenido vínculos con las AUC que habrían influenciado en su campaña política.La diligencia se llevará a cabo el viernes 22 de julio y de su testimonio dependerá que la JEP decida aceptar o rechazar su sometimiento. Si logra ingresar a esta jurisdicción podrá acceder a algunos beneficios mientras aporte verdad, de lo contrario, su proceso continuará el trámite en la justicia ordinaria.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
La Comisión de la Verdad de Colombia realizó un reconocimiento a la dignidad de las cuatro mujeres trabajadoras sexuales, dos de ellas menores, asesinadas en 2003 en la Torre del Reloj de la turística y patrimonial ciudad de Cartagena de Indias.La coordinadora de la territorial Atlántico, norte de Bolívar y San Andrés de la Comisión de la Verdad, Audes Jiménez, explicó a Efe que lo que se "pretende es colocar en la opinión pública que ser trabajadora sexual no te hace ciudadana de cuarta, de quinta categoría y que tú no puedes tomar decisión sobre ellas".Por eso, la Comisión de la Verdad hizo hoy un acto de "reconocimiento a estas cuatro mujeres que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado durante una supuesta campaña de limpieza social a manos de paramilitares", agregó.A medianoche del 13 de febrero de 2003 en la Torre del Reloj, que es el lugar más visitado por los turistas en Cartagena, dos sicarios masacraron a las cuatro mujeres mientras departían sentadas.Ofelia Correa y Heidy Smith, de 17 años de edad; Lourdes Lara, de 20 años y madre de dos menores, y Betsabit Espitia, de 27, fueron asesinadas con disparos en la cabeza.A las trabajadoras sexuales "se les debe respeto y se les debe respetar sobre todo su vida", dijo Jiménez, quien pidió a la sociedad que entienda eso.Actualmente la Torre del Reloj, colindante con la Plaza de la Paz y la de los Coches, sigue siendo el lugar de encuentro de trabajadoras sexuales que todas las noches se pasean por el lugar en busca de turistas.La analista de diálogo social de la territorial Atlántico, norte de Bolívar y San Andrés de la Comisión de la Verdad, Luisa Fernanda Guerra, dijo a Efe que actualmente en ese lugar "se da un escenario en las noches de Cartagena asociado a estas mujeres trabajadoras sexuales", y de ahí la decisión de hacer el homenaje en ese lugar."Nos interesa reconocer la dignidad de las mujeres y todos los procesos que alrededor de ese acontecimiento se han gestado", agregó.CATORCE ESTACIONESLa Comisión de la Verdad, que acaba en agosto su mandato después de tres años y medio de trabajo, comenzó el pasado 28 de junio la presentación de su informe final, en el que "el arte juega un papel fundamental como instrumento pedagógico para comprender la realidad", justificó Jiménez.Por ello, en Cartagena se instalaron 14 estaciones en las que se "pueden encontrar los 13 temas del mandato y al mismo tiempo tienen los 10 capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad; es un principio de la socialización del informe", agregó.El pasado 28 de junio, el director de la Comisión de la Verdad, el jesuita Francisco de Roux, entregó el informe final con el que se buscó esclarecer la verdad de un conflicto armado que todavía continúa, pese a haberse firmado la paz con la guerrilla de las FARC en 2016. Le puede interesar. Escuche el podcast Fragmentos:
En el 2020 la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio de El Salado, en Bolívar, con el fin de proteger la zona de inhumación del cementerio y las bóvedas que allí se encuentran, debido a que algunas de ellas habían sido alteradas. También se buscaba investigar posible vandalismo a las bóvedas y si la exposición de los cuerpos que evidenció la JEP podría tener alguna relación con una alteración de algún grupo armado presente en la zona.Es importante recordar que entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, las AUC perpetraron una masacre presuntamente con la aquiescencia de la fuerza pública en la zona, dejando 66 víctimas de las cuales se presume algunas podrían estar en dicho cementerio, por lo que la orden decidió buscar su protección.“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”, se lee en la decisión.Sin embargo, la JEP analizó la orden y consideró que se realizaron acciones para lograr el sellamiento y reparación de las bóvedas que presentaban daños y exhibición de estructuras óseas. También se hizo un mantenimiento y la Alcaldía ha cumplido las órdenes con el fin de proteger el cementerio y los cuerpos, por lo que se tomó la decisión de levantar las medidas cautelares, no sin antes advertir que podría reabrirse este trámite si se considera que hay riesgo para los cuerpos.“El Salado era un hecho de absoluta gravedad, en tanto la posible pérdida de estructuras óseas, que podrían ser de víctimas de la masacre, generaría un impacto en el desarrollo o resultados del proceso transicional, luego se conjuró el riesgo con la reparación de las bóvedas, y se estableció que los restos corresponden al cuerpo de una persona que a la postre resultó ser pariente del alcalde de El Carmen de Bolívar. Asimismo, se consideró que era urgente intervenir por la inminencia del riesgo y en ese orden la finalidad de la medida cautelar se agotó de tiempo atrás”, puntualizó la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Hasta hoy las empresas extranjeras solamente pagaban impuestos en Colombia por sus actividades físicas en el territorio colombiano. Por ejemplo, cuando explotan un campo petrolero o tienen un centro comercial. Sin embargo, el gobierno quiere que también paguen las que ganan dinero con los colombianos en el mundo virtual.La medida pondría a pagar, o por lo menos a declarar impuestos en el país, a compañías como Mercado Libre, Netflix, Google, TikTok y un sin fin de aplicaciones.Para hacer esto posible en el proyecto de ley se está creando un nuevo ‘disparador’ para el pago de impuestos: la presencia económica significativa.Esa presencia se adquiere, por ejemplo, cuando una empresa tiene una página web que termina en ‘.co’ o tiene más de 300 mil suscriptores en el país y también cuando gana más de 1.189 millones de pesos anuales con esas actividades.Estas empresas declararían y pagarían impuestos por sus actividades en Colombia y algunas probablemente podrán acogerse a los tratados que impiden la doble tributación con otros países.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
El próximo 11 de agosto, la Secretaría de Movilidad subastará un lote de 353 vehículos declarados en abandono, que estaría valorizado desde un precio inicial de 85 millones de pesos: automóviles, camionetas, camperos y motocicletas.“Con el propósito de garantizar un ambiente sano y libre de contaminación, y en el cumplimiento de la Ley 1730 y de la necesidad que tenemos de descongestión de patios, hemos abierto una nueva subasta de vehículos en la Secretaría Distrital de Movilidad”, confirmó la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía, Adriana Iza Certuche.A su vez, el dueño del vehículo podrá cancelar lo adeudado con el fin de evitar que se vehículo sea subastado, y así lograr recuperar su bien lo más pronto posible.¿Cómo se puede participar en la subasta?La persona interesada deberá ingresar al portal www.superbid.com.co y hacer el registro. Una vez hecho tendrá que aceptar los términos y condiciones, enviando la fotocopia de su cédula y el RUT. 24 horas después tendrá la activación de su registro.La Secretaría de Movilidad hace un énfasis especial en “leer el contrato dispuesto por Superbid para participar en las subastas, marcar la declaración de aceptación de términos y hacer clic en aceptar”, que evitará que en el proceso se presente alguna causal que genere la suspensión de la compra, en caso dado.El objetivo del Distrito es mitigar el impacto que puede generar el deterioro de estos vehículos con el medio ambiente de la ciudad, pues es que a la fecha en los patios se encuentran 37.510 vehículos inmovilizados, adeudando cerca de 137 mil millones de pesos.Le puede interesar: Al pelo con Tata
El sindicato del Inpec contestó a los señalamientos que hizo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sobre la corrupción al interior del instituto penitenciario que está favoreciendo a los delincuentes para que sigan ordenando asesinatos y extorsiones desde las cárceles.Los guardias respondieron que el Distrito no puede desconocer que hace tiempo están pidiendo en vano el mantenimiento de los equipos tecnológicos que fueron instalados tanto en la Cárcel Modelo como en la Penitenciaría El Bosque para evitar que los reclusos utilicen celulares. "Hemos pedido ayuda de la Alcaldía para que le hagan mantenimiento a los bloqueadores y no haya señal de celulares en los establecimientos y eso no se ha podido. Estos equipos dejaron de funcionar hace tres años", aseguró Milton Aníbal, miembro del sindicato del Inpec."También llevamos mucho tiempo pidiendo los equipos necesarios para requisar a las personas que llegan de visita y tampoco se ha podido", sostuvo.Aníbal agregó que en la cárcel Modelo, por ejemplo, no hay ni siquiera circuito de cámaras de seguridad para evitar que desde la calle lancen hacia los patios objetos prohibidos, como los celulares."Todos saben que aquí se acercan las motos a los muros, tiran los elementos hacia adentro y nosotros no tenemos el personal suficiente para custodiar los alrededores", dijo.Los guardias insistieron en que quienes están bajo la responsabilidad del Inpec son los condenados y no los sindicados, como aquellos que están detrás de las extorsiones y asesinatos de conductores de transporte público.Escuche el podcast Sin Tabú:
En una audiencia que se hizo de manera virtual durante tres horas ante el juzgado 12 de garantías de Medellín, la Fiscalía imputó al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; y el exgerente EPM, Federico Restrepo, y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, mientras que al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se le hizo esta audiencia de manera individual en la Corte Suprema.La Fiscalía imputó a los cuatro exfuncionarios por el cargo de interés indebido en la celebración de contratos porque supuestamente se entregó a dedo el contrato principal de construcción y operación de Hidroituango a EPM.Aunque escucharon los argumentos de la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos imputados pues consideran que “la Fiscalía les imputa haberse interesado en favor de EPM, como empresa 100% pública, descartando a otras empresas extranjeras como Odebrecht, China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras”, como señala un comunicado de los abogados de Salazar y Restrepo quienes demostrarán que sus actuaciones han sido transparentes.Según Alonso Salazar, básicamente le están acusando por haber sido alcalde de Medellín y cumplir con sus funciones: "Luego de escuchar a la Fiscalía las razones son infundadas porque la acusación son más o menos de que usted fue alcalde, usted cumplió con defender los intereses de EPM. usted cumplió con el deber de que Hidroituango saliera como proyecto adelante, pero supuestamente eso estuvo lleno de irregularidades", indicó.El exalcalde añadió que se buscó proteger el proyecto de empresas cuestionadas: "Nada debajo de la mesa, nada para beneficio de privados. Incluso lo que pasó fue que se contuvo de otras empresas internacionales, no muy bien reputadas, como Odebretch, que querían hacer la construcción", indicó Alonso SalazarEn este proceso no se pidió ningún tipo de medida de aseguramiento pues es un delito de años atrás que apenas se está investigando.Escuche la noticia en Voz Populi:
Faustino Asprilla pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de diferentes temas, pero siempre hay momento para hechos curiosos, como el que se presentó en el Mundial de Atletismo Sub-20 que tuvo como sede la ciudad de Cali.El italiano Alberto Nonino protagonizó una situación que se convirtió viral en redes sociales. En la última serie de los 400 metros de decatlón al deportista se le salieron las partes intimas.Mientas Nonino corría, en repetidas ocasiones tuvo que acercar su mano para acomodar sus partes íntimas. Sin embargo, esa situación afecto su rendimiento y terminó último en la serie.El hecho no pasó inadvertido para los usuarios en redes sociales, quienes recordaron al exfutbolista Faustino Asprilla. Específicamente por el partido entre la Selección Colombia y Chile en junio de 1993.Es ese encuentro amistoso, al Tino Asprilla no usó ropa interior y sus partes íntimas fueron captadas por la cámara, imágenes que recorrieron el mundo y todavía se recuerdan.Al ser cuestionado sobre el suceso del atleta italiano y lo que le sucedió al Tino con la 'Tricolor', en medio de risas, el exjugador del Parma cuestionó: "¿Pero me ganó o no?".Luego uno de los periodistas le comentó que Nonino no había ganado, a lo que el Tino respondió con humor: "Entonces no corre tanto".
