La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.La JEP también llamó a juicio al coronel retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.Según la jurisdicción, González Sánchez habría apoyado a estructuras paramilitares comandadas por Ernesto Báez y Camilo Morantes, en hechos que ahora son objeto de juzgamiento dentro del proceso de justicia transicional.En total, son 12 comparecientes imputados por estos hechos. La JEP les otorgó un plazo de 15 días hábiles para que reconozcan por escrito los hechos y su responsabilidad.La toma paramilitar de Barrancabermeja marcó uno de los episodios más graves de violencia en la historia reciente del puerto petrolero. Entre finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, diferentes estructuras paramilitares disputaron el control territorial y social de la ciudad, particularmente en sectores donde existía una fuerte presencia sindical, comunitaria y de organizaciones defensoras de derechos humanos.La decisión de la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar las responsabilidades de quienes habrían participado o colaborado con los grupos paramilitares y contribuir al reconocimiento de las víctimas.El caso también pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios que, según la investigación, habrían facilitado o apoyado las acciones de las estructuras paramilitares que operaron en Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
Las autoridades en Medellín lograron la captura en Cañasgordas, Antioquia, de alias 'Dúber', conocido también como 'El Indio' o 'El Parcero', señalado como principal cabecilla de la estructura criminal La Libertad y que estaba prófugo de la justicia desde 2024.Hasta el lugar del operativo en el Occidente antioqueño llegaron más de 50 uniformados, entre ellos comandos especializados, quienes lograron superar los sistemas de vigilancia y los llamados 'campaneros' instalados por el delincuente.Según las autoridades, alias 'Dúber' permanecía escondido en una finca de más de cuatro pisos, con piscina, jacuzzi y amplias zonas de terreno. Desde allí continuaba recibiendo recursos provenientes de las actividades ilícitas en Medellín.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que el hombre era buscado desde 2024, cuando en una operación contra La Libertad fueron capturados varios coordinadores e integrantes de la estructura."Este tipo exigía pagos que le podían representar ganancias de más de 100 millones de pesos a las tiendas, a los locales comerciales, carnicerías, panaderías, chatarrerías, construcciones, a las rutas de los buses. En este sector", dijo el funcionario.Hay que mencionar que La Libertad tendría presencia en sectores como Villatina, Sol de Oriente, La Torre, Tinajas, Manzanares, La Virgen, La Estrecha, Nuevo México y Quintas de la Playa, además de ejercer control sobre zonas comerciales y la ruta de buses 091.De acuerdo con la investigación, las extorsiones podían representar ingresos superiores a mil millones de pesos y entre las víctimas estarían comerciantes, vendedores informales, carnicerías, panaderías, chatarrerías, establecimientos de comidas y empresas de construcción.Durante su fuga, presuntamente integrantes de La Libertad se desplazaban cada 15 o 20 días hasta su escondite para llevarle alimentos y entregarle el dinero recaudado mediante las rentas criminales.
La defensa del empresario Rafael Antonio Matera Lajud rechazó los señalamientos realizados por el excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con un supuesto vínculo entre el empresario y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Severini Caballero, quien fue condenado a 30 años de prisión por homicidio y ahora llega a la JEP, ha entregado declaraciones ante esa jurisdicción en las que se refiere a presuntos vínculos de empresarios y otras personas con estructuras paramilitares.En el caso de Matera Lajud, quien fue socio y representante legal de Camagüey, los señalamientos están relacionados con el supuesto ingreso al frigorífico de ganado que, según Severini, habría sido robado por integrantes de las AUC a finqueros y hacendados de la Costa. De acuerdo con esa versión, los animales eran sacrificados y comercializados para obtener recursos destinados a financiar a los grupos paramilitares.Estas afirmaciones hacen parte de las declaraciones que Severini está entregando ante la JEP y que son rechazadas por la defensa de Matera Lajud.El abogado Rubén Darío Henao, representante del empresario, cuestionó los señalamientos y aseguró en entrevista con Blu Radio que su cliente fue víctima de las estructuras paramilitares y no integrante o colaborador de estas.“Rafael Matera siempre fue un hombre, un empresario agroindustrial que, en su vida, lo único que supo hacer fue trabajar, proporcionar empleo y estar apoyando a la fuerza pública”, afirmó Henao.El abogado también sostuvo que las acusaciones contra Matera Lajud se han presentado desde diferentes momentos y que posteriormente llegaron a declaraciones de antiguos comandantes de las AUC.“Los señalamientos empiezan con paramilitares rasos que buscaban extorsionar, y después esos señalamientos llegaron hasta el Mono Mancuso”, señaló Henao.Según el abogado, la Fiscalía 145 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Valledupar ”emitió el pasado 10 de junio una resolución inhibitoria a favor de Rafael Antonio Matera, por concierto para delinquir agravado, debido a que ya existen resoluciones de preclusión por los mismos hechos ante diferentes fiscalías de Valledupar”.La resolución destaca que “la sala encontró una posible vulneración al derecho y al principio del non bis in ídem (juzgado dos veces por un mismo hecho) que le asiste a Matera Lajud, con la existencia una investigación, pues, hubo otro proceso en su contra donde ya fueron investigados por la presunta financiación a las AUC, que terminó con la preclusión de ese expediente en 2020”.Henao también cuestionó el contenido de los nuevos señalamientos y aseguró que estos no establecen circunstancias concretas sobre una eventual financiación de las estructuras paramilitares por parte de su representado. “Los señalamientos no determinan ni el lugar ni el modo ni el tiempo en que se dice que Rafael Matera financió a los paramilitares”, sostuvo el abogado.Como parte de su defensa, Henao también hizo referencia a declaraciones entregadas por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC, estructura a la que perteneció Severini. En una declaración rendida por Tovar Pupo a la oficina de Investigación y Defensa Judicial contratada por la defensa de Matera, el exjefe paramilitar afirmó conocer al empresario, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con él.'Jorge 40' agregó que sabía que Matera era propietario de un matadero que compraba ganado en el norte del Cesar y explicó que este último habría sido víctima de extorsiones por parte de las AUC.Frente a la operación de Camagüey, Henao defendió los procedimientos que, según explicó, eran aplicados para el ingreso y recepción del ganado. “Llevaron los controles exigidos por las autoridades de Policía, las autoridades sanitarias y las mismas autoridades penales para el recibimiento de ganado, de reses de todo tipo en estos frigoríficos”, afirmó.La defensa anunció que continuará adelantando acciones para controvertir los señalamientos realizados contra Matera Lajud y buscar demostrar su versión sobre los hechos. “Demostrar una vez más la inocencia de Rafael y que fue una víctima de las autodefensas y nunca un auxiliar de ellas”, afirmó Henao al referirse a las actuaciones que prepara la defensa.
Las autoridades confirmaron que el hombre hallado sin vida al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Floridablanca fue identificado como Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de 'Gavilán', quien fue señalado como exjefe de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Magdalena Medio.El cuerpo fue encontrado dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Versalles, sobre el Anillo Vial, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la situación.Inicialmente, se desconocía la identidad de la víctima. Sin embargo, tras las labores de verificación e identificación adelantadas por las autoridades, se confirmó que se trataba de Martínez Giraldo.Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitirán avanzar en la investigación.Los investigadores esperan los resultados de Medicina Legal y demás actos urgentes para establecer si se trató de una muerte natural o si existen otras circunstancias que deban ser esclarecidas dentro del proceso judicial.Wilfred Martínez Giraldo, alias 'Gavilán', fue reconocido como uno de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en el Magdalena Medio durante el conflicto armado. Tras el hallazgo de su cuerpo en Floridablanca, la Fiscalía y la Policía Judicial asumieron la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y establecer si existe algún hecho delictivo relacionado con el caso. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, al considerar que estarían vinculados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Las medidas cautelares recaen sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima. En desarrollo de la decisión judicial, la Fiscalía y CTI realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, los cuales serán puestos en los próximos días a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el entonces jefe del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.El ente acusador explicó que para sustentar la solicitud de medidas cautelares adelantó diversas actuaciones investigativas, entre ellas inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, con las que reconstruyó la trazabilidad de los bienes.Según la Fiscalía, esas diligencias permitieron establecer que los inmuebles “harían parte del entramado ilegal identificado”, razón por la cual solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la imposición de las medidas cautelares sobre los activos.Con esta decisión, los bienes permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La actuación tiene como finalidad preservar los activos que, de acuerdo con la investigación, tendrían un origen relacionado con el patrimonio del extinto Bloque Tolima de las AUC y garantizar, de ser procedente, su destinación al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las AUC.La decisión se produjo al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra un auto del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, que había negado tanto la autorización para ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad impuesta en su contra.Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002 y permaneció en esa estructura hasta el 7 de mayo de 2004, cuando fue capturado. Posteriormente, se desmovilizó estando privado de la libertad y fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 el 15 de enero de 2008.En primera instancia, el juzgado consideró que la sanción seguía vigente y que solo podría extinguirse cuando quedaran en firme todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones y del período de libertad a prueba. Según esa decisión, el ordenamiento jurídico no contempla una suspensión anticipada de la inhabilidad.La defensa sostuvo que esa interpretación era excesivamente restrictiva y desconocía los años de cumplimiento de compromisos asumidos por el postulado como muestra de su proceso de reintegración. También argumentó que mantener la inhabilidad afectaba su resocialización al impedirle participar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que “la pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”.La corporación explicó además que “el propósito de la pena alternativa no se limita a la restricción del derecho a la libertad, sino al inicio de una ruta de cumplimiento de compromisos que tienen como finalidad acercar al infractor a la reparación de los daños causados con su accionar”, diferenciándola de las penas ordinarias.Con base en ese análisis, el Tribunal decidió revocar el auto del 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos o funciones públicas. La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa cumpliendo las obligaciones derivadas de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
La Fiscalía adelantó extinción de dominio a bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que hicieron parte del bloque bananero de las extintas paramilitares.En un megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.Según la información que ha entregado el ente judicial, los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo en la zona de Urabá antioqueño.Se trata de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare. Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.
Fueron condenados los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas ocurridos hace más de tres décadas, entre los años 2003 y 2004. Los casos se registraron en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, afectando a la comunidad del oriente colombiano.Entre los condenados se encuentran Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias ‘Solín’; y Héctor Gregorio Hernández León, alias ‘Pocholo’; quienes aceptaron su responsabilidad en los crímenes a través de la figura de sentencia anticipada, reconociendo su participación y el daño causado.Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los cabecillas de la ACC impartieron directrices a las diferentes estructuras armadas bajo su mando para identificar y atacar violentamente a cualquier persona que se opusiera a sus actividades, denunciara los delitos cometidos por el grupo o supuestamente colaborara con otros actores armados ilegales.En ese contexto, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron, entre ellas una joven de 16 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido.El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y 8 meses de prisión para los hermanos Buitrago y Orjuela Martínez, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.Por otra parte, Hernández León fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado. Además, la sentencia establece el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
Más de 30 carros eléctricos e híbridos recorrerán Bogotá este sábado 26 de septiembre en una caravana que tendrá a los perros como protagonistas y que terminará con una acción destinada a animales rescatados: la donación de una tonelada de alimento canino a una fundación de rescate.La iniciativa, denominada ALL ENGINE PETs, partirá a las 9:00 de la mañana desde el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, y reunirá vehículos de más de una veintena de marcas del sector automotor.Entre las marcas participantes estarán Mazda, Porsche, BMW, BYD, MINI, KIA, Geely, Chevrolet, Chery, JAC, Nissan, Honda, Changan, Suzuki, GWM, Citroën, Mercedes-Benz, Smart, Xpeng y Subaru.El elemento particular de esta edición será la presencia de los perros, pues los vehículos estarán personalizados con la misma mascota que viajará a bordo. La actividad busca relacionar la movilidad electrificada con el bienestar de los animales.¿Qué recorrido tendrá la caravana de carros eléctricos?La caravana saldrá de Unicentro y tomará algunas de las principales vías del norte de Bogotá. El recorrido incluirá la calle 116, la avenida Córdoba y la calle 127, antes de conectar con la avenida Boyacá.Desde allí, los vehículos continuarán hacia el norte para atravesar el puente de la Calle 153 y posteriormente tomar la Autopista Norte. El recorrido seguirá hasta el peaje de Los Andes y terminará aproximadamente a las 11:00 de la mañana en el restaurante Santa Costilla Campestre, en Sopó.En ese punto se realizará una exposición de vehículos electrificados, donde los asistentes podrán conocer los modelos participantes y recibir información de las diferentes marcas.¿Por qué los perros son protagonistas de la caravana?ALL ENGINE señaló que uno de los objetivos de la actividad es mostrar una relación entre la movilidad electrificada y el bienestar de los animales.La organización destaca que los vehículos eléctricos generan menos ruido y vibraciones mecánicas que los vehículos con motores de combustión. Según la información entregada para la actividad, estas características pueden contribuir a que los desplazamientos sean más tranquilos para los perros, cuyos sentidos del oído y el equilibrio son sensibles.Uno de los componentes de la jornada será una alianza entre ALL ENGINE y Laika, mediante la cual se realizará una donación de una tonelada de alimento para perros a una fundación de rescate.La acción busca llevar el propósito de la caravana más allá de la exhibición de vehículos y destinar parte de la actividad al apoyo de animales rescatados.“La protección del medio ambiente y el bienestar de los animales están en el corazón de todo lo que hacemos”, afirmó Claudia Guerrero, gerente general de ALL ENGINE, al referirse a la iniciativa.La jornada estará abierta a quienes quieran acercarse al punto de llegada en Sopó, donde además de la exposición de los vehículos electrificados habrá actividades y espacios relacionados con las marcas participantes.
Ya fue extraditado a Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Para concretar la extradición fue utilizado un Falcón 2.000 chárter. La aeronave había realizado inicialmente el trayecto desde CATAM, en Bogotá, hasta Barranquilla, donde se completaron los procedimientos judiciales, migratorios y de seguridad antes de autorizar su salida definitiva del país.El operativo había comenzado sobre las 8:30 de la noche del jueves, cuando un grupo especializado de la Policía Antiterrorista e Interpol asumió la custodia de Rojas en la cárcel La Picota. Desde allí fue trasladado hasta la base militar de CATAM bajo un amplio dispositivo de seguridad.Posteriormente fue embarcado en la aeronave con destino al Atlántico. Una vez en Malambo, se desarrolló el protocolo de entrega entre los dos países y ‘Araña’ quedó oficialmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Finalmente, a las 10:39 de la mañana, el Falcón 2.000 despegó de Malambo rumbo a Estados Unidos, concretando la extradición del señalado máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.Geovany Andrés Rojas es requerido por una corte federal estadounidense para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Su salida del país se produjo después de que el Gobierno colombiano autorizara formalmente su extradición y se completaran los trámites judiciales correspondientes.
El máximo despliegue de las fuerzas armadas en carreteras, zonas comerciales y áreas turísticas ha sido clave para el regreso paulatino de las actividades en Magdalena y La Guajira, después de la zozobra que generó el paro armado.En la terminal de transporte de Barranquilla se reporta una mejora en la movilización de pasajeros y el restablecimiento de la ruta directa entre Barranquilla y Riohacha, cuyo viaje se estaba extendiendo hasta por 10 horas, debido a los desvíos que debían tomar los buses por el Cesar.La Guajira ya tiene listo un plan de reactivación económica para atraer visitantes nacionales e internacionales y evitar la cancelación de reservas por los ataques recientes. La estrategia contempla desde el despliegue permanente del Ejército Nacional, hasta actividades para los turistas como rumbaterapia en playas y paseos en embarcaciones de etnoturismo.Le puede interesar: ¿Habrá Feria de Manizales? La estrategia para reactivar la economía y el turismo por terremoto"Más de tres pelotones hoy están recorriendo las vías y las zonas principales del distrito capital, hay un despliegue tanto en la Troncal del Caribe como en las otras arterias viales del departamento de La Guajira. También se han hecho caravanas en distintos horarios y están presentes las unidades de inteligencia que se han desplegado por parte del Gobierno Nacional en Magdalena, Cesar y La Guajira", informó el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar.El mandatario indicó que este jueves el 70% del comercio en Riohacha se animó a reabrir sus puertas y que a la fecha se reportan 10 capturas de criminales implicados en los ataques a bala, cometidos contra los negocios de esta ciudad.Concluyó así con un parte de tranquilidad y adelantó que para la próxima semana se lanzarán nuevas ofertas para recuperar el turismo.
La riqueza musical del Caribe y la sofisticación del jazz se dan cita en la ciudad Heroica con la realización del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe. Durante cuatro jornadas consecutivas, del 23 al 26 de septiembre, la capital de Bolívar se transformará en el epicentro cultural de la región con una variada programación de conciertos, encuentros artísticos y espacios de formación académica.El evento abarcará dos escenarios icónicos de la ciudad: los días 23 y 24 de septiembre las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Comercial Caribe Plaza, mientras que las noches del 25 y 26 de septiembre la música se trasladará al histórico Teatro Adolfo Mejía."Los Diez del Jazz": homenaje a la memoria sonora cartageneraEl eje central de esta décimo tercera edición estará dedicado a rendir un tributo especial a "Los Diez del Jazz en Cartagena", un selecto grupo de músicos de distintas generaciones que han dejado una huella imborrable en el desarrollo y la evolución de este género y los ritmos afrocaribeños en la ciudad.Le puede interesar: Colombia presente en el Festival de Jazz de New Orleans, EEUUEntre los homenajeados destacan referentes fundamentales como Juan Álvarez Altafulla, saxofonista y leyenda viva de la música local; Cristhian Salazar Rivera, bajista, compositor y director musical; Edgar Avilán Díaz, pianista, educador y autor del himno del festival; Tiko Tambor, percusionista enfocado en las tradiciones afrocaribeñas; y Pacho Madariaga, baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria artística.La nómina de exaltados se completa con la formadora y directora Patricia Ojeda; el trompetista y maestro en música Onix Bello; el saxofonista e investigador Federico Ochoa; el destacado graduado de Berklee College of Music, Leonardo Tatis Serrano; y el pianista Sergio Girado Llamas, una de las figuras más activas del jazz y el latin jazz cartagenero.Invitados internacionales y la nueva generaciónLa cartelera internacional contará con el regreso del virtuoso organista y compositor neoyorquino Greg Lewis, quien presentará su aclamado proyecto Organ Monk, una reinterpretación de la obra de Thelonious Monk a través del clásico sonido del órgano Hammond B-3. Desde Canadá llegará la agrupación Wesli Band, liderada por el músico haitiano Wesli, con una propuesta festiva que fusiona el konpa con las diversas sonoridades del Caribe.El festival también abrirá espacio a las nuevas generaciones a través de las presentaciones del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y la agrupación infantil Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro musical de la ciudad.Inteligencia artificial y culturaJunto a la oferta musical, el festival ofrecerá una agenda académica enfocada en la inteligencia artificial aplicada a la música, desarrollada en alianza entre EMAT Berkeley y la Cámara de Comercio de Cartagena.Esta edición cuenta con el respaldo de entidades públicas y culturales como la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Universidad de Cartagena y UdeC Radio. La imagen oficial del festival combina la fotografía del maestro Antonio Alcalá con la propuesta gráfica de Martha Isabel Henao Lovera. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de su sitio web oficial (www.vocesdeljazz.com).
Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacudió al municipio de Ábrego, Norte de Santander, dejando un saldo trágico de dos miembros de la Policía Nacional asesinados en el lugar de los hechos.El atentado se produjo en una zona de desarrollo urbano comprendida entre los sectores de El Tirol y La Curva, en las inmediaciones del colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda.Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde municipal, Húber Darío Sánchez Ortega, manifestó su consternación señalando que es una "lamentable esta situación, nos preocupa". El mandatario recordó que este es el segundo evento de gravedad registrado en la zona en lo que va del año, tras un hecho previo donde un soldado resultó afectado y otros cinco quedaron heridos. Actos urgentes y presuntos responsables del ataqueTras la acción armada, las autoridades locales iniciaron las coordinaciones correspondientes para el despliegue del personal de la Policía y del CTI de la Fiscalía con el fin de adelantar la inspección técnica a los cadáveres y los actos urgentes.Con respecto a los autores materiales del crimen, el alcalde Sánchez aclaró que "hasta el momento no se tiene claridad qué grupo" ejecutó el atentado.No obstante, el funcionario reconoció la presencia activa del ELN y disidencias de las Farc en la jurisdicción. Sánchez enfatizó además que Ábrego es geográficamente "la puerta del Catatumbo", condición por la cual la población habita en un escenario permanente de alerta e inestabilidad en materia de seguridad.Evaluación de toque de queda y llamados al Gobierno nacionalFrente al deterioro del orden público, la administración municipal programó un Consejo Extraordinario de Seguridad para horas de la tarde, donde se evaluará la implementación de medidas restrictivas.Entre las alternativas sobre la mesa está la posible adopción del toque de queda, sobre lo cual el alcalde afirmó: "Eso es un tema que hay que contemplarlo y la decisión se toma en conjunto en el Consejo de Seguridad". De igual forma, en la sesión se debatirá la veracidad de informaciones sobre un presunto "plan pistola" contra los uniformados de la subregión.Escuche aquí la entrevista:
