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Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que direccionó de manera irregular la contratación en la UNGRD.
De acuerdo con la investigación, el condenado intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría número 185 del 11 de octubre de 2023, cuyo valor ascendía a 29.000 millones de pesos. Este contrato tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.
Según lo establecido en el proceso judicial, Francisco Javier Estupiñán Bravo presentó documentación falsa con el propósito de acreditar la disponibilidad inmediata de los vehículos requeridos en el contrato. Esta información, de acuerdo con las autoridades, estaba sustentada en una supuesta alianza comercial entre la corporación y un concesionario automotor, la cual resultó ser inexistente.
Dichas irregularidades habrían permitido avanzar en la adjudicación del contrato bajo condiciones que no correspondían con la realidad operativa del proveedor. La investigación también determinó que el exgerente participó en la gestión de desembolsos por un valor de 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles en el momento en que se realizaron los pagos, debido a que los vehículos se encontraban en proceso de ensamblaje.
Las pruebas recopiladas dentro del proceso evidenciaron además la existencia de un sobrecosto por 11.114 millones de pesos en el contrato. De ese monto, según lo establecido en la sentencia, el hoy condenado, junto con el representante legal de la Corporación Yapurutú, se habría apropiado de 4.330 millones de pesos, mientras que permitió que terceros se quedaran con otros 6.784 millones de pesos, lo que evidenció la magnitud del impacto económico generado por el esquema de corrupción.
Este caso de corrupción ya ha dejado a dos exministros del gobierno del presidente con medida de aseguramiento y a varios exfuncionarios del alto gobierno en condición de prófugos de la justicia.
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