Varias demandas señalaban que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público en Medellín en junio de 2025, lo que, según los accionantes, constituía un uso indebido de su cargo.
Sin embargo, Blu Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado determinó que no se acreditó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, estableció que la solicitud se realizó en calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.
En ese sentido, el alto tribunal señaló que no hubo “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni prueba de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias.
Tampoco encontró vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.
“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República”, señaló el Consejo de Estado.
Por este episodio, Isabel Zuleta enfrenta una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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