El polémico evento del pasado 21 de junio en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con más de 20 cabecillas de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel de Itagüí, sigue generando controversias y decisiones en los estrados judiciales.Esto, por cuenta de la denuncia por injuria y calumnia que el año anterior interpuso el alcalde Federico Gutiérrez contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tras una serie de trinos que la parlamentaria hizo defendiendo el controversial acto público en La Alpujarra.Las publicaciones de Zuleta emitidas a través de su cuenta en X, entre el 21 y 25 de junio, señalaban, entre otras cosas, al mandatario de la capital antioqueña de tener “alianzas con criminales”. El alcalde Gutiérrez manifestó que el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón y la accionada debió retractarse. Sin embargo, aún no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de la red social, situación que se produjo en las últimas horas tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia."Estos son los espacios para que se haga justicia. Y yo lo he dicho, no voy a permitir que personas como ella, otras personas traten de lodar nuestro nombre. Si ha hecho justicia, y seguiremos nosotros adelante", manifestó el mandatario.Frente a la reciente decisión, la senadora Zuleta indicó que no tuvo problema en eliminar los mensajes que le incomodaban al alcalde, “sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada. "Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que, si se siente mal con mis expresiones, las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, escribió en su cuenta de X.
Varias demandas señalaban que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público en Medellín en junio de 2025, lo que, según los accionantes, constituía un uso indebido de su cargo.Sin embargo, Blu Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado determinó que no se acreditó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, estableció que la solicitud se realizó en calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.En ese sentido, el alto tribunal señaló que no hubo “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni prueba de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias.Tampoco encontró vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República”, señaló el Consejo de Estado.Por este episodio, Isabel Zuleta enfrenta una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Tras una semana de la resolución de la Fiscalía que le levantó las órdenes de captura a 23 cabecillas de la cárcel de Itagüí, no para la polémica, luego de que en las últimas horas la fiscal Luz Adriana Camargo le hiciera una modificación que dejó sin efecto ese beneficio para 16 de ellos, que están recluidos en este sitio, dejándolo en firme solo para los siete que ya estaban en libertad.Si bien esta nueva decisión se conoció luego de que se radicaran ante el Consejo de Estado dos acciones de nulidad que buscaban frenar sus efectos y de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara que llevaría al Congreso un texto para tumbar la ley de paz total, voceros del espacio socio jurídico aseguraron que esto no quiere decir que no puedan seguir con los eventos que incluyen la presencia de los cabecillas que tienen asiento en la mesa y que en ese caso, cómo ya ocurrió en cuatro ocasiones anteriores incluyendo el famoso tarimazo, seguirán el protocolo que es una solicitud por parte de los delegados al Inpec para que permita su asistencia."Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas", expuso.Mientras políticos incluso que fueron afines al gobierno, en este caso Roy Barreras, cuestionen si los cabecillas podrán incidir en las elecciones, estos se defendieron diciendo que es un discurso “anacrónico” en el que la gente ya no cree, cómo lo aseguró Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’."Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacóricos, punitivos", indicó.Quien también se pronunció fue José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ negando tener nexos con el narcotráfico e investigaciones en su contra por parte de los Estados Unidos, ante lo solicitado por el alcalde Federico Gutiérrez de que ese país solicite la extradición de los cabecillas con asiento en la mesa de paz urbana. Aseguró que todo el ruido sobre este proceso lo han promovido los enemigos del mismo porque negociaron con la izquierda, indicando que cuando estuvo en proceso de paz con las AUC en 2008 no hubo “tachones ni reproches”.Sobre Muñoz, por ejemplo, se había expedido una nueva orden de captura pese a llevar recluido 17 años y tener una condena por 32, lo que para la senadora aunque atípico es una muestra de lo que pueden ordenan los jueces del país y la necesidad de que se blinde este proceso de diálogo.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de la congresista Isabel Cristina Zuleta por considerar que la demanda en su contra no cumplió la exigencia para decretar la muerte política.Cabe recordar que ella fue demandada por haber adelantado el trámite como coordinadora de Mesas de Paz Urbanas para que salieran varios privados de la libertad de organizaciones de alto impacto a una manifestación pública en La Alpujarra, centro de Medellín.Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.Mientras tanto, la congresista Isabel Zuleta, en audiencia pública, defendió que ella hizo esta labor buscando gestiones de paz, como siempre lo ha hecho, y señala que no tenía ningún tipo de interés.“Esos traslados que se dan por parte del INPEC, que es la entidad competente hacia el Congreso de la República para hacer todo el control sobre el estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en las que se padece hoy en las cárceles de nuestro país, también es recurrente, yo misma he participado de varios de estos espacios sin haberlos yo gestionado. No es cierto que la única manera de que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es sola y únicamente porque su juez lo autorice, porque si no, nosotros no habríamos podido realizar tantas audiencias con privados de la libertad”, recordó.En esa línea, Zuleta contó que han sido varios los congresistas, como Iván Cepeda, Roy Barreras o David Racero, quienes han hecho solicitudes y trámites en el marco de otros procesos y que, en este caso de Medellín, obedeció a la petición del presidente Gustavo Petro de mostrar los avances en la conversación con las bandas que allí delinquen.“Para mí es muy importante que ustedes sepan que hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó la congresista.De esta manera, el Consejo de Estado estudiará si le decreta o no la muerte política a Isabel Cristina Zuleta por supuesto tráfico de influencias.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta respondió a las graves revelaciones hechas por la Revista SEMANA en su edición de este fin de semana en el que la relacionan con posibles interferencias en asuntos de seguridad y contactos para evitar la actuación de la fuerza pública.En su declaración antes de entrar a la Plenaria del Senado, la senadora criticó la nota periodística y aseguró que ella nunca ha interferido en la actuación de las Fuerzas Militares en contra de la criminalidad.Frente a los contactos con generales y militares, sostiene que siempre ha hecho ese tipo de contactos, pero que nunca ha buscado favorecer el actuar de grupos ilegales.“Yo me comunico hace más de 20 años directamente, no solamente con generales, lo hago con el Ministerio de Defensa, lo hago con el Ministerio del Interior, lo hago con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El Ministerio de Defensa tiene una dirección de derechos humanos, los líderes y defensores de derechos humanos acudimos a esa dirección siempre y sí lo hacemos directamente”.Negó haber interferido en operaciones militares y explicó que su actuación se limita a alertar a las autoridades sobre riesgos para la población civil, especialmente cuando hay comunidades o ciudadanos —incluidos menores— en medio de confrontaciones armadas, con el fin de que la Fuerza Pública cumpla su obligación de proteger la vida.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que “de acuerdo con la información suministrada por la cúpula, no hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el curso de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.Estas declaraciones se dan luego de una reunión entre la cúpula militar y policial y la senadora, convocada tras las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad por parte de la congresista del Pacto Histórico. Allí se revisó la información disponible y se contrastó con los reportes de los mandos activos.Según dicha revelación, al menos ocho uniformados —cinco activos y el resto retirados— dieron fe de presuntas injerencias de Zuleta para evitar operativos de las Fuerzas Militares que involucraban principalmente a mineros. Asesores de la congresista se habrían comunicado con uniformados para cuestionar su accionar, justificándose en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de Calarcá y bandas locales.Sin embargo, las declaraciones del ministro se contradicen con lo dicho este lunes por el general Juan Carlos Correa, quien aseguró que estaban revisando en qué operaciones habría intervenido la senadora.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
El tema de los homicidios de Medellín no solo se ha convertido en una preocupación para diferentes autoridades, sino que ahora se volvió en el centro de una discusión con la Delegación de Paz que dialoga en la cárcel de Itagüí con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, ya que las cifras no cuadran para ninguna de las partes.El reporte entregado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín indica que al 20 de noviembre son 305 muertes violentas, contra 285 homicidios que mostró la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, cifra entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá."No concuerda el SISC (Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia) con el de la MEVAL. Entonces no hemos llegado a los 300 homicidios porque según la MEVAL, el reporte que nos dio es de 285", detalló la congresista.Pero, ¿por qué la diferencia? Primero hay que mencionar que la Alcaldía de Medellín tiene en sus registros las muertes ocurridas durante intervenciones de la Fuerza Pública que en 2025 ya se cuentan 14 casos. Es decir, la cifra real de homicidios es de 291 hechos, una diferencia de 6 casos en comparación de los datos entregados por la congresista.Según se ha conocido, las cifras que tiene el Distrito son conforme a los reportes entregados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, por lo que no se descarta que en el cruce de información esté la diferencia. No obstante, Zuleta advirtió otra situación: un incremento de información esté día a otro de muertes relacionadas con estructuras delincuenciales.La preocupación de la senadora del Pacto Histórico es que el 9 de octubre la muerte por estructuras estaba en -18 %, pero el 10 de octubre se clasificaron 24 casos y el rubro quedó en un aumento del 15 % en comparación con el 2024. Zuleta manifestó que necesitan de la conversación con la Alcaldía de Medellín porque independiente de las cifras de la MEVAL o del Distrito, hay un incremento con relación al año anterior."Pero necesitamos conversar porque la Alcaldía no asiste a ningún evento del gobierno y nosotros tenemos que conversar para poder dirimir esas situaciones. Hoy lo que podemos decir es que la estrategia que haya hecho la Alcaldía de Medellín fracasó", aseguró Zuleta.Sobre la categorización de los homicidios, Blu Radio consultó y pudo constatar que el proceso se realiza en una comisión que reúne cada cierto tiempo a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, quienes son quienes determinan las causas de los homicidios, por lo que no sería responsabilidad completa de la Alcaldía de Medellín lo denunciado por la senadora, Isabel Zuleta.
El Consejo de Estado ordenó recaudar nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura o “muerte política” contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por el episodio del “tarimazo” en Medellín, donde participaron cabecillas criminales durante un acto oficial. Entre ellas, pedirle al Inpec la copia del oficio enviado por Zuleta sobre la resolución que autorizó la salida de los internos de la cárcel.Ahora, si bien el Consejo de Estado pidió nuevas pruebas dentro de este proceso, también tendrá en cuenta las que aporte la senadora Zuleta, como por ejemplo los comunicados oficiales sobre el Espacio de Paz Urbana y documentos remitidos por la Delegación del Gobierno Nacional en Medellín.En este documento de 7 páginas, el Consejo de Estado también es claro en señalar que se negaron otras solicitudes por considerarlas innecesarias, inoficiosas o porque los documentos podían ser obtenidos directamente por los solicitantes mediante derecho de petición.Fue en agosto de este año cuando el Consejo de Estado admitió para su estudio esta demanda de que el presidente Gustavo Petro se subiera a una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín en conjunto con cabecillas de bandas delincuenciales que están presos en la cárcel de Itagüí.Una vez el alto tribunal termine de recaudar las pruebas dentro de este proceso, lo que sigue es fijar la fecha y hora de una audiencia pública de pérdida de investidura, donde las partes tendrán la oportunidad de intervenir y exponer sus argumentos.
Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
Un sismo de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo como epicentro un punto ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Según el reporte actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas aproximadas de 5,04 grados de latitud y -76,34 grados de longitud.UNGRD activa protocolos tras el fuerte sismo en ColombiaTras el movimiento telúrico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y verificación en las diferentes zonas del país donde fue percibido.La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades territoriales y con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para establecer si se presentaron daños o afectaciones.“Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones”, informó la entidad.Por ahora, el proceso se concentra en recopilar reportes de las regiones donde la intensidad del movimiento fue mayor y determinar si existen afectaciones en viviendas, infraestructura, vías o servicios públicos.Sismo se sintió en varias ciudades de ColombiaLa magnitud del evento hizo que el temblor fuera percibido en diferentes departamentos del país.Los reportes ciudadanos señalaron que el movimiento se sintió en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, entre otras zonas del occidente y centro de Colombia.La profundidad del sismo, establecida en 96 kilómetros, también es un factor relevante para explicar que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable del epicentro.¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?El epicentro del sismo de este lunes 10 de agosto de 2026 fue localizado por el Servicio Geológico Colombiano a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.El boletín actualizado establece:Hora: 7:34 a. m.Magnitud: 7,4Epicentro: 20 km de San José del Palmar, ChocóProfundidad: 96 kmLatitud: 5,04Longitud: -76,34El SGC advierte que la información de sus boletines sísmicos está sujeta a cambios mientras avanzan los procesos de revisión y procesamiento de los datos.
En desarrollo
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".