No paran las reacciones en Medellín al anuncio de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación busca establecer si la congresista habría excedido las funciones que tenía asignadas por el Gobierno nacional.La investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, cuando Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.Recordemos que la senadora había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional de la mesa de paz urbana con los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá, en la cárcel de Itagüí. Según la información que ahora analiza la Corte, la ubicación del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.Frente a ello, el alcalde Federico Gutiérrez la calificó como “la madrina de los bandidos” y le pidió a la Corte Suprema que “investigue a fondo y que haya justicia”. “Colombia necesita recuperar el principio de autoridad. La ley es para todos. Los criminales se combaten, no se apadrinan. Nunca más el Estado del lado de los bandidos. De la que nos salvamos”, agregó en su cuenta de X."La madrina de la mafia, la madrina de los criminales, ella se volvió la defensora número uno de ellos y se metió en graves problemas. Ya la Corte la ha llamado y seguramente yo sé que hay otras investigaciones que también están en curso. No, no le puedo olvidar que ella fue la determinadora del tema también del tarimazo", manifestó el mandatario.Por su parte, el concejal Andrés Tobón, quien denunció a la congresista por otros hechos como el tarimazo en 2025, pidió que se le dé celeridad también a estos otros procesos que podrían derivar en nuevas investigaciones."Ella participó evidentemente de manera irregular. Un congresista no tiene funciones de allanamiento de ninguna manera. En el mismo se le hace un hallazgo, una pistola a 'Pipe Tuluá', y aparentemente esta señora, la madrina de los bandidos, habría hecho pasar ese hallazgo como un gesto de paz, una entrega, un arma de fuego. Es una cosa totalmente ridícula", indicó Tobón.Zuleta, a través de su cuenta en X, defendió su participación en un procedimiento que según ella fue de entrega de un arma dentro de una cárcel, asegurando que su presencia fue solicitada como garantía para facilitar un gesto de paz y prevenir hechos violentos. Rechazó haber interferido en la diligencia y afirmó que la investigación en su contra hace parte de una persecución judicial por su trabajo en favor de la paz urbana y carcelaria. Zuleta sostuvo que confía en que la Corte esclarezca los hechos y demuestre su inocencia.Por ahora, la Sala busca establecer cuál fue la participación de la senadora en ese procedimiento y si sus actuaciones se ajustaron a las funciones que tenía. La citación a indagatoria hace parte de este proceso de investigación y no significa que Zuleta haya sido declarada culpable del delito que se le atribuye, ahora la senadora deberá explicar su actuación ante la Corte.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación busca establecer si la congresista habría excedido las funciones que tenía asignadas por el Gobierno nacional.La investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá. Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.En este contexto, la senadora Zuleta había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Esta designación se hizo mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Según la información que ahora analiza la Corte, la ubicación del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.Por lo que, la Sala busca establecer cuál fue la participación de la senadora en ese procedimiento y si sus actuaciones se ajustaron a las funciones que tenía. La citación a indagatoria hace parte de este proceso de investigación y no significa que Zuleta haya sido declarada culpable del delito que se le atribuye, ahora la senadora deberá explicar su actuación ante la Corte.
El polémico evento del pasado 21 de junio en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con más de 20 cabecillas de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel de Itagüí, sigue generando controversias y decisiones en los estrados judiciales.Esto, por cuenta de la denuncia por injuria y calumnia que el año anterior interpuso el alcalde Federico Gutiérrez contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tras una serie de trinos que la parlamentaria hizo defendiendo el controversial acto público en La Alpujarra.Las publicaciones de Zuleta emitidas a través de su cuenta en X, entre el 21 y 25 de junio, señalaban, entre otras cosas, al mandatario de la capital antioqueña de tener “alianzas con criminales”. El alcalde Gutiérrez manifestó que el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón y la accionada debió retractarse. Sin embargo, aún no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de la red social, situación que se produjo en las últimas horas tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia."Estos son los espacios para que se haga justicia. Y yo lo he dicho, no voy a permitir que personas como ella, otras personas traten de lodar nuestro nombre. Si ha hecho justicia, y seguiremos nosotros adelante", manifestó el mandatario.Frente a la reciente decisión, la senadora Zuleta indicó que no tuvo problema en eliminar los mensajes que le incomodaban al alcalde, “sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada. "Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que, si se siente mal con mis expresiones, las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, escribió en su cuenta de X.
Varias demandas señalaban que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público en Medellín en junio de 2025, lo que, según los accionantes, constituía un uso indebido de su cargo.Sin embargo, Blu Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado determinó que no se acreditó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, estableció que la solicitud se realizó en calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.En ese sentido, el alto tribunal señaló que no hubo “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni prueba de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias.Tampoco encontró vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República”, señaló el Consejo de Estado.Por este episodio, Isabel Zuleta enfrenta una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Tras una semana de la resolución de la Fiscalía que le levantó las órdenes de captura a 23 cabecillas de la cárcel de Itagüí, no para la polémica, luego de que en las últimas horas la fiscal Luz Adriana Camargo le hiciera una modificación que dejó sin efecto ese beneficio para 16 de ellos, que están recluidos en este sitio, dejándolo en firme solo para los siete que ya estaban en libertad.Si bien esta nueva decisión se conoció luego de que se radicaran ante el Consejo de Estado dos acciones de nulidad que buscaban frenar sus efectos y de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara que llevaría al Congreso un texto para tumbar la ley de paz total, voceros del espacio socio jurídico aseguraron que esto no quiere decir que no puedan seguir con los eventos que incluyen la presencia de los cabecillas que tienen asiento en la mesa y que en ese caso, cómo ya ocurrió en cuatro ocasiones anteriores incluyendo el famoso tarimazo, seguirán el protocolo que es una solicitud por parte de los delegados al Inpec para que permita su asistencia."Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas", expuso.Mientras políticos incluso que fueron afines al gobierno, en este caso Roy Barreras, cuestionen si los cabecillas podrán incidir en las elecciones, estos se defendieron diciendo que es un discurso “anacrónico” en el que la gente ya no cree, cómo lo aseguró Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’."Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacóricos, punitivos", indicó.Quien también se pronunció fue José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ negando tener nexos con el narcotráfico e investigaciones en su contra por parte de los Estados Unidos, ante lo solicitado por el alcalde Federico Gutiérrez de que ese país solicite la extradición de los cabecillas con asiento en la mesa de paz urbana. Aseguró que todo el ruido sobre este proceso lo han promovido los enemigos del mismo porque negociaron con la izquierda, indicando que cuando estuvo en proceso de paz con las AUC en 2008 no hubo “tachones ni reproches”.Sobre Muñoz, por ejemplo, se había expedido una nueva orden de captura pese a llevar recluido 17 años y tener una condena por 32, lo que para la senadora aunque atípico es una muestra de lo que pueden ordenan los jueces del país y la necesidad de que se blinde este proceso de diálogo.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de la congresista Isabel Cristina Zuleta por considerar que la demanda en su contra no cumplió la exigencia para decretar la muerte política.Cabe recordar que ella fue demandada por haber adelantado el trámite como coordinadora de Mesas de Paz Urbanas para que salieran varios privados de la libertad de organizaciones de alto impacto a una manifestación pública en La Alpujarra, centro de Medellín.Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.Mientras tanto, la congresista Isabel Zuleta, en audiencia pública, defendió que ella hizo esta labor buscando gestiones de paz, como siempre lo ha hecho, y señala que no tenía ningún tipo de interés.“Esos traslados que se dan por parte del INPEC, que es la entidad competente hacia el Congreso de la República para hacer todo el control sobre el estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en las que se padece hoy en las cárceles de nuestro país, también es recurrente, yo misma he participado de varios de estos espacios sin haberlos yo gestionado. No es cierto que la única manera de que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es sola y únicamente porque su juez lo autorice, porque si no, nosotros no habríamos podido realizar tantas audiencias con privados de la libertad”, recordó.En esa línea, Zuleta contó que han sido varios los congresistas, como Iván Cepeda, Roy Barreras o David Racero, quienes han hecho solicitudes y trámites en el marco de otros procesos y que, en este caso de Medellín, obedeció a la petición del presidente Gustavo Petro de mostrar los avances en la conversación con las bandas que allí delinquen.“Para mí es muy importante que ustedes sepan que hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó la congresista.De esta manera, el Consejo de Estado estudiará si le decreta o no la muerte política a Isabel Cristina Zuleta por supuesto tráfico de influencias.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta respondió a las graves revelaciones hechas por la Revista SEMANA en su edición de este fin de semana en el que la relacionan con posibles interferencias en asuntos de seguridad y contactos para evitar la actuación de la fuerza pública.En su declaración antes de entrar a la Plenaria del Senado, la senadora criticó la nota periodística y aseguró que ella nunca ha interferido en la actuación de las Fuerzas Militares en contra de la criminalidad.Frente a los contactos con generales y militares, sostiene que siempre ha hecho ese tipo de contactos, pero que nunca ha buscado favorecer el actuar de grupos ilegales.“Yo me comunico hace más de 20 años directamente, no solamente con generales, lo hago con el Ministerio de Defensa, lo hago con el Ministerio del Interior, lo hago con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El Ministerio de Defensa tiene una dirección de derechos humanos, los líderes y defensores de derechos humanos acudimos a esa dirección siempre y sí lo hacemos directamente”.Negó haber interferido en operaciones militares y explicó que su actuación se limita a alertar a las autoridades sobre riesgos para la población civil, especialmente cuando hay comunidades o ciudadanos —incluidos menores— en medio de confrontaciones armadas, con el fin de que la Fuerza Pública cumpla su obligación de proteger la vida.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que “de acuerdo con la información suministrada por la cúpula, no hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el curso de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.Estas declaraciones se dan luego de una reunión entre la cúpula militar y policial y la senadora, convocada tras las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad por parte de la congresista del Pacto Histórico. Allí se revisó la información disponible y se contrastó con los reportes de los mandos activos.Según dicha revelación, al menos ocho uniformados —cinco activos y el resto retirados— dieron fe de presuntas injerencias de Zuleta para evitar operativos de las Fuerzas Militares que involucraban principalmente a mineros. Asesores de la congresista se habrían comunicado con uniformados para cuestionar su accionar, justificándose en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de Calarcá y bandas locales.Sin embargo, las declaraciones del ministro se contradicen con lo dicho este lunes por el general Juan Carlos Correa, quien aseguró que estaban revisando en qué operaciones habría intervenido la senadora.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 600 frascos de ketamina y 60 ampolletas de fentanilo, sustancias avaluadas en aproximadamente $51,6 millones, durante un procedimiento realizado en una de las principales vías del Magdalena Medio.El operativo se desarrolló en la vía La Lizama–San Alberto, en el sector La Báscula, jurisdicción de Barrancabermeja, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Policía Magdalena Medio adelantaban controles a los vehículos que transitaban por este corredor.Durante la inspección a un bus de servicio público, los policías revisaron la bodega de equipaje y encontraron dos cajas en cuyo interior estaban ocultas las sustancias controladas.Por estos hechos fueron capturados en flagrancia dos hombres de 41 y 50 años, quienes se movilizaban como conductor y ayudante del vehículo. El bus fue inmovilizado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Según las primeras indagaciones de las autoridades, la sustancia habría sido transportada desde Lebrija, Santander, con destino a Cisneros, Antioquia, y presuntamente estaría relacionada con procesos de elaboración de drogas sintéticas y sus derivados.De acuerdo con la tabla de precios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los elementos incautados tienen un valor aproximado de $51,6 millones: $45 millones correspondientes a los 600 frascos de ketamina y $6,6 millones a las 60 ampolletas de fentanilo.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y deberán responder ante un juez de control de garantías.
Una menor de aproximadamente dos años estuvo en riesgo de llegar a una avenida en la ciudad de Puebla, México, después de salir corriendo de manera inesperada mientras se encontraba con sus padres.El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, en la avenida conocida como la Once Sur. Una cámara de seguridad registró la escena y permitió observar cómo la niña se dirigió hacia la calle.En ese momento, sus padres reaccionaron y corrieron detrás de ella al percatarse de lo ocurrido. Sin embargo, un trabajador que se encontraba en la zona también advirtió el peligro.¿Cómo logró el trabajador evitar el accidente?El hombre estaba cumpliendo su jornada laboral y operaba un montacargas cuando observó que la menor corría en dirección a la vialidad. Ante la situación, reaccionó rápidamente y se lanzó hacia ella.La intervención permitió detener a la niña antes de que llegara a la avenida y ponerla a salvo. De esta manera, el trabajador evitó que la menor fuera arrollada. Después del momento de tensión, la pequeña fue reunida nuevamente con sus familiares.Las imágenes de la cámara de seguridad registraron tanto la reacción de los padres como la intervención del trabajador, quien actuó en cuestión de segundos al notar que la niña se dirigía hacia la calle y terminó evitando una tragedia.
Michael Stiven Alfonso Sánchez, de 28 años, conocido como ‘Michael Rap’ o ‘El Mechas’, fue asesinado a tiros durante la noche del domingo 6 de septiembre en el sector de Tres Canchas, barrio Coaviconsa, al sur de Bucaramanga.El joven era reconocido en distintos sectores de la ciudad por su trabajo como tatuador y también por su pasión por el Atlético Bucaramanga, equipo del que era hincha. Su muerte generó conmoción entre personas que lo conocían y compartían con él en el sector.El homicidio ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la noche, cuando Michael Stiven se encontraba en inmediaciones de una cancha de fútbol en el sector conocido como Tres Canchas.Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, un hombre armado se acercó hasta donde estaba la víctima y le disparó en repetidas ocasiones. El agresor huyó inmediatamente después del ataque. Testigos señalaron que el atacante llevaba una chaqueta negra y un casco gris.Michael recibió al menos seis impactos de arma de fuego. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica Foscal, pero debido a la gravedad de las heridas falleció poco después.Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y recolectaron elementos materiales probatorios tanto en el lugar del ataque como en el centro asistencial.Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del homicidio ni han confirmado capturas por este crimen. La investigación busca determinar quién fue el responsable del ataque y qué motivó el asesinato de Michael Stiven.El homicidio se suma a una jornada violenta registrada el domingo en Bucaramanga, donde las autoridades reportaron otros hechos con víctimas mortales.La muerte de ‘Michael Rap’ deja nuevamente en el centro de la discusión la violencia que golpea a Bucaramanga y su área metropolitana, mientras familiares, amigos y conocidos esperan que las autoridades esclarezcan el crimen.
A través de un decreto expedido en las últimas horas, la Alcaldía de Barranquilla adoptó medidas temporales para la conservación del orden público durante el encuentro del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Marco Rubio.Entre las medidas está ley seca temporal, es decir, se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sectores definidos en el decreto, y alerta amarilla en la red hospitalaria y de atención de emergencias del Distrito.Las restricciones, según el decreto, empezaron a regir desde las 6:00 a.m. de este 8 de septiembre hasta las 12:59 p.m. del 9 de septiembre, como medida preventiva para garantizar capacidad de respuesta.Detalla el documento que los sectores específicos donde rigen las medidas especiales de ley seca y movilidad son las inmediaciones del Batallón Paraíso, sobre la vía 40 entre calles 77 a 80 en sentido norte a sur, los días 8 y 9 de septiembre de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. (con 4 unidades de tránsito).También rige las inmediaciones de las oficinas de la firma De La Espriella Lawyers, en el barrio El Prado, sobre la calle 75 entre carreras 54 y 57 y sobre la carrera 55 y 56 entre calles 76 y 74, el 8 de septiembre desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. (con 6 unidades de tránsito).Las medidas especiales también cobijan el Museo del Carnaval, ubicado en el tradicional Barrio Abajo, una de las zonas con mayor riqueza histórica y cultural de Barranquilla.El objetivo de las medidas es garantizar la seguridad de la comitiva presidencial, preservar la convivencia ciudadana, facilitar la movilidad, prevenir riesgos y coordinar la actuación de las autoridades distritales, la Fuerza Pública, los organismos de socorro y la red de salud.
El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para el próximo año ha tomado un rumbo definitivo en el Congreso de la República. El representante Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, confirmó que la propuesta presupuestal, fijada en un monto total de 634.9 billones de pesos, no se financiará con una reforma tributaria o nuevos gravámenes para los ciudadanos, sino mediante una profunda dependencia del crédito nacional e internacional.Según explicó Cuello, esta decisión marca una diferencia sustancial frente a discusiones de años anteriores. "El gobierno ha dicho reiteradamente que no hará que no creará nuevos impuestos. El Congreso tampoco quiere crear nuevos impuestos. El gobierno propone una dependencia muy fuerte de la deuda externa e interna para financiar este presupuesto", afirmó el legislador, señalando que el monto representa un reto fiscal histórico para el país. El reto de pagar deuda con más deudaUna de las principales preocupaciones en el legislativo radica en la estructura de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Cuello reveló que la nación tendrá que asumir "un reto de más de 230 billones de pesos en crédito, incluido aquellos que van para el pago de intereses, o sea, crédito, créditos para pagar intereses de crédito".Para viabilizar este modelo de financiación, el parlamentario advirtió que será indispensable tramitar un nuevo cupo de endeudamiento en el Congreso de la República, dado que las autorizaciones previas de la Ley 2382 de 2024 (que facultaba créditos hasta el año 2026) están próximas a agotarse antes de que finalice el año en curso."Este presupuesto está equilibrado porque no crea nuevos impuestos, sino que acude a la deuda" , defendió el congresista. Aclaró que, a diferencia de los presupuestos del pasado que dependían de reformas tributarias para crear nuevos gravámenes a los colombianos, esta propuesta cuenta con un ambiente político favorable para su aprobación, prevista para definirse en su techo el próximo lunes.A pesar del optimismo gubernamental sobre el trámite legislativo, Cuello no ocultó los riesgos que acarrea vivir "al debe" a mediano y largo plazo. El incremento del presupuesto es de 59.25 billones de pesos respecto al año anterior, y la totalidad de ese aumento se respaldará con créditos. Esta situación implicará presiones significativas para las futuras generaciones de colombianos"Indudablemente nosotros vamos a pagar muchísimo más intereses deuda y capital deuda hacia futuro. Es lógico, nos estamos endeudando mucho más y el país necesita responder con crecimiento económico para poder absorber en el futuro esa mayor cantidad de deuda", advirtió el presidente de la Comisión Tercera.El desbalance en las cuentas es evidente: del presupuesto total, 393 billones de pesos se destinarán al funcionamiento del Estado, mientras que para el pago de deudas, intereses y amortizaciones se irán 155.4 billones de pesos, una cifra que prácticamente duplica los cerca de 87 billones de pesos disponibles para inversión pública.Cuentas claras y debates "sobre la mesa"En respuesta a las tensiones políticas de las últimas semanas y a la intención del Gobierno de mantener relaciones transparentes con el Congreso, Cuello destacó un cambio sin precedentes en la metodología de concertación. Las tradicionales reuniones a puerta cerrada en las salas de juntas del Ministerio de Hacienda han sido abolidas. "Ya la discusión de ponentes no se hace a partir de ayer en una sala del Ministerio de Hacienda, sino que la estamos haciendo públicamente. Ayer la hicimos en el salón de la plenaria, todos los colombianos la pueden escuchar y a partir de hoy nos trasladaremos al salón Boyacá", puntualizó Cuello. El representante insistió en que "el que tenga un proyecto de interés regional debe proponérselo a Colombia para que no haya misterios", ratificando el compromiso del Congreso con una discusión abierta de cara al país antes del límite del primer debate programado para el próximo 25 de septiembre. Escuche aquí la entrevista: