No paran las reacciones en Medellín al anuncio de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación busca establecer si la congresista habría excedido las funciones que tenía asignadas por el Gobierno nacional.La investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, cuando Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.Recordemos que la senadora había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional de la mesa de paz urbana con los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá, en la cárcel de Itagüí. Según la información que ahora analiza la Corte, la ubicación del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.Frente a ello, el alcalde Federico Gutiérrez la calificó como “la madrina de los bandidos” y le pidió a la Corte Suprema que “investigue a fondo y que haya justicia”. “Colombia necesita recuperar el principio de autoridad. La ley es para todos. Los criminales se combaten, no se apadrinan. Nunca más el Estado del lado de los bandidos. De la que nos salvamos”, agregó en su cuenta de X."La madrina de la mafia, la madrina de los criminales, ella se volvió la defensora número uno de ellos y se metió en graves problemas. Ya la Corte la ha llamado y seguramente yo sé que hay otras investigaciones que también están en curso. No, no le puedo olvidar que ella fue la determinadora del tema también del tarimazo", manifestó el mandatario.Por su parte, el concejal Andrés Tobón, quien denunció a la congresista por otros hechos como el tarimazo en 2025, pidió que se le dé celeridad también a estos otros procesos que podrían derivar en nuevas investigaciones."Ella participó evidentemente de manera irregular. Un congresista no tiene funciones de allanamiento de ninguna manera. En el mismo se le hace un hallazgo, una pistola a 'Pipe Tuluá', y aparentemente esta señora, la madrina de los bandidos, habría hecho pasar ese hallazgo como un gesto de paz, una entrega, un arma de fuego. Es una cosa totalmente ridícula", indicó Tobón.Zuleta, a través de su cuenta en X, defendió su participación en un procedimiento que según ella fue de entrega de un arma dentro de una cárcel, asegurando que su presencia fue solicitada como garantía para facilitar un gesto de paz y prevenir hechos violentos. Rechazó haber interferido en la diligencia y afirmó que la investigación en su contra hace parte de una persecución judicial por su trabajo en favor de la paz urbana y carcelaria. Zuleta sostuvo que confía en que la Corte esclarezca los hechos y demuestre su inocencia.Por ahora, la Sala busca establecer cuál fue la participación de la senadora en ese procedimiento y si sus actuaciones se ajustaron a las funciones que tenía. La citación a indagatoria hace parte de este proceso de investigación y no significa que Zuleta haya sido declarada culpable del delito que se le atribuye, ahora la senadora deberá explicar su actuación ante la Corte.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública. La actuación busca establecer si la congresista habría excedido las funciones que tenía asignadas por el Gobierno nacional.La investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá. Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego.En este contexto, la senadora Zuleta había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Esta designación se hizo mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Según la información que ahora analiza la Corte, la ubicación del arma se produjo a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.Por lo que, la Sala busca establecer cuál fue la participación de la senadora en ese procedimiento y si sus actuaciones se ajustaron a las funciones que tenía. La citación a indagatoria hace parte de este proceso de investigación y no significa que Zuleta haya sido declarada culpable del delito que se le atribuye, ahora la senadora deberá explicar su actuación ante la Corte.
El polémico evento del pasado 21 de junio en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con más de 20 cabecillas de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel de Itagüí, sigue generando controversias y decisiones en los estrados judiciales.Esto, por cuenta de la denuncia por injuria y calumnia que el año anterior interpuso el alcalde Federico Gutiérrez contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tras una serie de trinos que la parlamentaria hizo defendiendo el controversial acto público en La Alpujarra.Las publicaciones de Zuleta emitidas a través de su cuenta en X, entre el 21 y 25 de junio, señalaban, entre otras cosas, al mandatario de la capital antioqueña de tener “alianzas con criminales”. El alcalde Gutiérrez manifestó que el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón y la accionada debió retractarse. Sin embargo, aún no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de la red social, situación que se produjo en las últimas horas tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia."Estos son los espacios para que se haga justicia. Y yo lo he dicho, no voy a permitir que personas como ella, otras personas traten de lodar nuestro nombre. Si ha hecho justicia, y seguiremos nosotros adelante", manifestó el mandatario.Frente a la reciente decisión, la senadora Zuleta indicó que no tuvo problema en eliminar los mensajes que le incomodaban al alcalde, “sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada. "Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que, si se siente mal con mis expresiones, las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, escribió en su cuenta de X.
Varias demandas señalaban que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público en Medellín en junio de 2025, lo que, según los accionantes, constituía un uso indebido de su cargo.Sin embargo, Blu Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado determinó que no se acreditó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, estableció que la solicitud se realizó en calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.En ese sentido, el alto tribunal señaló que no hubo “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni prueba de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el tráfico de influencias.Tampoco encontró vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec, servidor público a quien solicitó, mediante oficio, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República”, señaló el Consejo de Estado.Por este episodio, Isabel Zuleta enfrenta una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Tras una semana de la resolución de la Fiscalía que le levantó las órdenes de captura a 23 cabecillas de la cárcel de Itagüí, no para la polémica, luego de que en las últimas horas la fiscal Luz Adriana Camargo le hiciera una modificación que dejó sin efecto ese beneficio para 16 de ellos, que están recluidos en este sitio, dejándolo en firme solo para los siete que ya estaban en libertad.Si bien esta nueva decisión se conoció luego de que se radicaran ante el Consejo de Estado dos acciones de nulidad que buscaban frenar sus efectos y de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara que llevaría al Congreso un texto para tumbar la ley de paz total, voceros del espacio socio jurídico aseguraron que esto no quiere decir que no puedan seguir con los eventos que incluyen la presencia de los cabecillas que tienen asiento en la mesa y que en ese caso, cómo ya ocurrió en cuatro ocasiones anteriores incluyendo el famoso tarimazo, seguirán el protocolo que es una solicitud por parte de los delegados al Inpec para que permita su asistencia."Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas", expuso.Mientras políticos incluso que fueron afines al gobierno, en este caso Roy Barreras, cuestionen si los cabecillas podrán incidir en las elecciones, estos se defendieron diciendo que es un discurso “anacrónico” en el que la gente ya no cree, cómo lo aseguró Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’."Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacóricos, punitivos", indicó.Quien también se pronunció fue José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ negando tener nexos con el narcotráfico e investigaciones en su contra por parte de los Estados Unidos, ante lo solicitado por el alcalde Federico Gutiérrez de que ese país solicite la extradición de los cabecillas con asiento en la mesa de paz urbana. Aseguró que todo el ruido sobre este proceso lo han promovido los enemigos del mismo porque negociaron con la izquierda, indicando que cuando estuvo en proceso de paz con las AUC en 2008 no hubo “tachones ni reproches”.Sobre Muñoz, por ejemplo, se había expedido una nueva orden de captura pese a llevar recluido 17 años y tener una condena por 32, lo que para la senadora aunque atípico es una muestra de lo que pueden ordenan los jueces del país y la necesidad de que se blinde este proceso de diálogo.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura de la congresista Isabel Cristina Zuleta por considerar que la demanda en su contra no cumplió la exigencia para decretar la muerte política.Cabe recordar que ella fue demandada por haber adelantado el trámite como coordinadora de Mesas de Paz Urbanas para que salieran varios privados de la libertad de organizaciones de alto impacto a una manifestación pública en La Alpujarra, centro de Medellín.Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.Mientras tanto, la congresista Isabel Zuleta, en audiencia pública, defendió que ella hizo esta labor buscando gestiones de paz, como siempre lo ha hecho, y señala que no tenía ningún tipo de interés.“Esos traslados que se dan por parte del INPEC, que es la entidad competente hacia el Congreso de la República para hacer todo el control sobre el estado de cosas inconstitucional que se vive hoy en las que se padece hoy en las cárceles de nuestro país, también es recurrente, yo misma he participado de varios de estos espacios sin haberlos yo gestionado. No es cierto que la única manera de que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es sola y únicamente porque su juez lo autorice, porque si no, nosotros no habríamos podido realizar tantas audiencias con privados de la libertad”, recordó.En esa línea, Zuleta contó que han sido varios los congresistas, como Iván Cepeda, Roy Barreras o David Racero, quienes han hecho solicitudes y trámites en el marco de otros procesos y que, en este caso de Medellín, obedeció a la petición del presidente Gustavo Petro de mostrar los avances en la conversación con las bandas que allí delinquen.“Para mí es muy importante que ustedes sepan que hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”, puntualizó la congresista.De esta manera, el Consejo de Estado estudiará si le decreta o no la muerte política a Isabel Cristina Zuleta por supuesto tráfico de influencias.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta respondió a las graves revelaciones hechas por la Revista SEMANA en su edición de este fin de semana en el que la relacionan con posibles interferencias en asuntos de seguridad y contactos para evitar la actuación de la fuerza pública.En su declaración antes de entrar a la Plenaria del Senado, la senadora criticó la nota periodística y aseguró que ella nunca ha interferido en la actuación de las Fuerzas Militares en contra de la criminalidad.Frente a los contactos con generales y militares, sostiene que siempre ha hecho ese tipo de contactos, pero que nunca ha buscado favorecer el actuar de grupos ilegales.“Yo me comunico hace más de 20 años directamente, no solamente con generales, lo hago con el Ministerio de Defensa, lo hago con el Ministerio del Interior, lo hago con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El Ministerio de Defensa tiene una dirección de derechos humanos, los líderes y defensores de derechos humanos acudimos a esa dirección siempre y sí lo hacemos directamente”.Negó haber interferido en operaciones militares y explicó que su actuación se limita a alertar a las autoridades sobre riesgos para la población civil, especialmente cuando hay comunidades o ciudadanos —incluidos menores— en medio de confrontaciones armadas, con el fin de que la Fuerza Pública cumpla su obligación de proteger la vida.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que “de acuerdo con la información suministrada por la cúpula, no hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el curso de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.Estas declaraciones se dan luego de una reunión entre la cúpula militar y policial y la senadora, convocada tras las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad por parte de la congresista del Pacto Histórico. Allí se revisó la información disponible y se contrastó con los reportes de los mandos activos.Según dicha revelación, al menos ocho uniformados —cinco activos y el resto retirados— dieron fe de presuntas injerencias de Zuleta para evitar operativos de las Fuerzas Militares que involucraban principalmente a mineros. Asesores de la congresista se habrían comunicado con uniformados para cuestionar su accionar, justificándose en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de Calarcá y bandas locales.Sin embargo, las declaraciones del ministro se contradicen con lo dicho este lunes por el general Juan Carlos Correa, quien aseguró que estaban revisando en qué operaciones habría intervenido la senadora.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno Nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.
Entre un carro chino, uno europeo o uno japonés, Javier Sendín (reconocido como uno de los mejores mecánicos del mundo) tendría clara su elección si hoy tuviera que comprar un vehículo nuevo: un híbrido enchufable (PHEV) de origen japonés. El mecánico, ganador del premio al Mejor Mecánico de España en 2023, considera que esta tecnología permite utilizar la propulsión eléctrica en los recorridos urbanos y conservar el motor de combustión para los viajes largos.Sendín ni siquiera considera que comprar un carro nuevo sea una decisión que tomaría actualmente. El experto aseguró que, en su caso, preferiría no hacerlo debido al elevado precio de los vehículos y, especialmente, al costo que pueden alcanzar sus reparaciones.Y como ningún conductor está exento, un accidente puede afectar el bolsillo incluso cuando el vehículo no presenta un daño mecánico de gran magnitud. Sendín señaló que un golpe frontal que afecte los dos faros y los airbags puede llevar a que el carro sea declarado siniestro total por el costo de la reparación.¿Por qué escogería un híbrido enchufable?Si las circunstancias lo obligaran a cambiar de carro, la tecnología PHEV sería su alternativa. Sendín considera que estos vehículos reúnen dos posibilidades que normalmente están separadas: desplazamientos con propulsión completamente eléctrica y la autonomía adicional que proporciona un motor de combustión.En recorridos urbanos, el vehículo puede utilizar únicamente la energía almacenada en la batería, sin emisiones por el escape y con un costo de uso menor. Para trayectos largos, el motor de combustión permite continuar el recorrido sin depender exclusivamente de la autonomía eléctrica.La evolución de esta tecnología también ha permitido que algunos híbridos enchufables superen los 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Para un conductor que utilice el carro principalmente en ciudad, esa capacidad puede cubrir una parte importante de los desplazamientos habituales antes de recurrir al motor de gasolina.A esto se suman las ventajas asociadas en España a la etiqueta CERO, que puede facilitar la movilidad en determinadas zonas restringidas y ofrecer beneficios relacionados con estacionamiento y fiscalidad.¿Por qué preferiría una marca japonesa?La elección de Sendín no se limita al tipo de propulsión. Ante la posibilidad de comprar un PHEV, también dejó clara su preferencia por un fabricante japonés.El mecánico no plantea su elección como una descalificación de las marcas europeas o chinas. Su respuesta parte de lo que considera más conveniente para su propio caso, después de señalar que actualmente los carros nuevos tienen un costo elevado tanto de adquisición como de reparación.De hecho, Sendín reconoce que los vehículos modernos ofrecen avances importantes frente a generaciones anteriores. Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han aumentado y los carros son más cómodos y fáciles de conducir.El problema es que esa mayor cantidad de tecnología también puede encarecer las reparaciones. Por eso, su postura combina dos ideas: evitaría comprar un carro nuevo mientras no lo necesite, pero si tuviera que hacerlo, buscaría un PHEV japonés.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Ilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.