La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntos sobrecostos en un contrato firmado para la alimentación de estudiantes de la ciudad durante la emergencia por coronavirus.
Se trata de un “proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 pesos” contra el alcalde, la Secretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo, la asesora jurídica de ese despacho María Patricia Ariza y la Corporación Colombia Avanza.
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La Contraloría los señala de “presuntamente generar o contribuir a la generación del daño patrimonial”.
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El contrato que tiene en apuros al alcalde Quintero es por un valor superior a los $7.000 millones, se había firmado entre la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza el 20 de marzo, cuando apenas iniciaba la pandemia, con el fin de suministrar alimentos a estudiantes durante el aislamiento.
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