La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por primera vez estableció que un hecho de corrupción, como el denominado cartel de la toga, tiene una relación indirecta con el conflicto armado y puede ser estudiado por la Jurisdicción Especial de Paz.
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El concepto en este caso en particular, sobre el cartel de la toga, advierte que si el soborno fue para frenar un proceso que se relaciona, por ejemplo, con ‘parapolítica’, tuvo conexidad indirecta con el conflicto armado.
Para el alto tribunal, procesos de parapolítica que fueron objeto de irregularidades por parte de los implicados y de al parecer funcionarios judiciales, han guardado relación con el conflicto al advertir que “el propósito del ofrecimiento de dinerario era el de obtener decisiones favorables u obtener beneficios procesales”.
La decisión consignada en el fallo que envió el proceso del excongresista Musa Besaile a la JEP, argumentó que, en su caso, dio coimas para evitar una orden de captura en una investigación que se adelantaba por sus presuntos vínculos con paramilitares.
La Corte, amparada en lo establecido en la normatividad de los acuerdos de paz, consideró que un acto de corrupción como lo que se ha presentado con el cartel de la toga “no comporta necesariamente desconexión con el conflicto armado”.
Y en el caso particular del excongresista Musa Besaile, procesado también por presuntos vínculos con paramilitares, adicionalmente tiene delitos que guardan relación con el conflicto armado y por lo tanto será potestad de la Jurisdicción Especial de Paz de ratificar los conceptos.
La Corte Suprema de Justicia aplicó varios precedentes como el del excongresista Álvaro Ashton, quien fue aceptado por la JEP y quien también está implicado con presuntos vínculos con paramilitares y con el cartel de la toga.
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