Este caso está relacionado con decisiones tomadas por el exfiscal Hernández en un expediente de extinción de dominio ligado a bienes de Ivonne Escaf de Saldarriaga, condenada en Estados Unidos por narcotráfico y extraditada hacia los Estados Unidos en el año 2000.
Según la acusación de la Fiscal, el exfiscal revocó parcialmente en 2005 una decisión de primera instancia que había decretado la extinción de dominio sobre varios bienes vinculados a la familia Saldarriaga Escaf. Además, ordenó la devolución inmediata de algunos activos. Para el ente acusador, esas decisiones habrían sido “manifiestamente contrarias a la ley" por desconocer las normas sobre la extinción de dominio.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia autorizó a la Fiscalía presentar resoluciones, sentencias, estudios contables y documentos provenientes del proceso de extinción de dominio, con los que busca demostrar que el entonces fiscal conocía la información sobre el origen ilícito de los bienes y, aun así, favoreció a familiares de Ivonne Escaf de Saldarriaga.
Entre las pruebas aceptadas están las resoluciones emitidas por el propio exfiscal en mayo y junio de 2005, además de decisiones posteriores de jueces y tribunales que, según la Fiscalía evidencian las consecuencias jurídicas de esas actuaciones y el impacto que habrían tenido sobre el proceso de extinción de dominio. La Corte Suprema también admitió testimonios de investigadores del CTI encargados de inspeccionar el expediente original y recopilar evidencia documental.
Sin embargo, la Sala de Primera Instancia rechazó varias solicitudes defensivas, incluido el intento de incorporar una orden de archivo emitida en 2007 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema sobre los mismos hechos.
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