Como lo anticipó Blu Radio, ya se encuentra en Colombia el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. ministro de Defensa, Jorge Mora y el general Erick Rodríguez.La visita se da en el marco de los ejercicios militares que se están llevando a cabo en la base de Tolemaida. De acuerdo con las Fuerzas Militares, el encuentro "reafirma la solidez de la cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio". La agenda estaría concentrada en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha contra los carteles.Uno de los temas centrales sería el llamado Escudo de las Américas, la estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Su visita coincidiría con los ejercicios militares que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, hasta el 11 de noviembre. Allí se trabaja en interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y amenazas con drones.Caine ya había visitado Caracas el pasado 3 de junio para abordar la estabilidad venezolana y la seguridad hemisférica.
Estados Unidos prepara una ofensiva diplomática, política y militar en Colombia durante noviembre, con tres visitas de alto nivel que podrían marcar una nueva etapa en las relaciones entre Bogotá y Washington.Se trata del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; el vicepresidente JD Vance; y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Tres visitas con objetivos diferentes, pero conectadas por una misma estrategia: combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad regional y ampliar la influencia estadounidense en América Latina.La primera visita sería la del general Dan Caine, durante la segunda semana de noviembreCaine es el principal asesor militar del presidente Donald Trump. Su agenda estaría concentrada en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha contra los carteles.Uno de los temas centrales sería el llamado Escudo de las Américas, la estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Su visita coincidiría con los ejercicios militares que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, hasta el 11 de noviembre. Allí se trabaja en interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y amenazas con drones.Caine ya había visitado Caracas el pasado 3 de junio para abordar la estabilidad venezolana y la seguridad hemisférica.¿Qué significa su llegada? Que Estados Unidos buscaría pasar de la cooperación tradicional a una coordinación militar más amplia, con especial atención a Venezuela, las rutas del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.La segunda visita sería la del vicepresidente JD Vance, prevista para la tercera o cuarta semana de noviembreAquí la agenda tendría un alcance mucho más político y económico. Vance se reuniría con el presidente Abelardo De La Espriella para discutir narcotráfico, seguridad, migración, comercio e inversión estadounidense.Uno de los asuntos sensibles serían los aranceles impuestos por Donald Trump. Colombia buscaría su suspensión, argumentando la emergencia provocada por el terremoto que afectó al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca.También se discutirían proyectos de infraestructura, energía y tecnología.La visita formaría parte de una gira regional que incluiría Argentina, donde Vance se reuniría con Javier Milei, y posiblemente Chile, para un encuentro con el presidente José Antonio Kast.¿Cuál es la importancia? Que Washington no solamente estaría buscando acuerdos militares, sino consolidar alianzas políticas y económicas con gobiernos latinoamericanos considerados estratégicos.Y la tercera visita sería la del secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya fecha todavía estaría por ajustarseHegseth ha buscado visitar Colombia desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia. Incluso se contempló su presencia en la posesión presidencial en Cali.Su agenda sería la más sensible en materia de seguridad.Estados Unidos buscaría fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y, especialmente, contra el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, una región estratégica por su frontera con Venezuela.La cooperación podría incluir inteligencia, vigilancia aérea y tecnología militar, como los drones MQ-9 Reaper, de los cuales Colombia tendría previsto disponer de tres unidades. En agosto, durante reuniones en Panamá, Hegseth anunció la incorporación de Colombia a una coalición contra los carteles y planteó la posibilidad de operaciones militares conjuntas.
En un despliegue de seguridad ejecutado durante las primeras horas de la madrugada, las autoridades en Medellín desarrollaron una ofensiva coordinada contra las estructuras criminales que impactan la tranquilidad ciudadana. Las acciones operativas se centraron en la realización de más de 100 allanamientos simultáneos dirigidos a combatir a redes delictivas dedicadas a delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto a la ciudadanía y al menos 60 capturas.Intervención en la madrugada y despliegue territorialDesde las 3:20 de la mañana, los equipos interinstitucionales avanzaron en el desarrollo de las diligencias judiciales e intervenciones en puntos clave de la ciudad. Durante la jornada se coordinaron procedimientos de registro y control encaminados a ejecutar múltiples capturas e interceptar a miembros de organizaciones delictivas que se dedican a intimidar de forma cotidiana a la población.El desarrollo de este operativo busca neutralizar el accionar de grupos enfocados en el comercio ilícito de estupefacientes, así como frenar a las estructuras responsables de cobros extorsivos, robos y hechos de violencia homicida que afectan de manera directa el bienestar y la tranquilidad de la gente.Coordinación interinstitucional y fuerzas articuladasPara la realización de esta jornada de seguridad, se articuló un trabajo conjunto entre diversas instituciones de la fuerza pública y organismos del Estado. En los procedimientos participaron activamente la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, junto con la presencia y acompañamiento de autoridades gubernamentales como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, gobernador Andrés Julián y el presidente Abelardo de la Espriella.Esta convergencia de fuerzas operativas y judiciales permitió desplegar capacidad de control institucional en el terreno desde la madrugada, garantizando el respaldo legal y la efectividad en cada una de las inspecciones y registros llevados a cabo.Lucha contra la intimidación e impacto a la criminalidadLas autoridades presentes en el operativo enfatizaron el comportamiento de los integrantes de las bandas delictivas al momento de ser confrontados por la fuerza pública, haciendo notar el claro contraste entre la actitud intimidatoria con la que someten a las personas día a día y su reacción al verse acorralados por la ley.Asimismo, se reiteró la importancia de mantener de forma sostenida e ininterrumpida este tipo de operatividad en contra de las estructuras criminales, asegurando que las acciones contra las redes dedicadas al delito no sean un hecho aislado, sino una estrategia permanente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La exconsejera presidencial Eva Ferrer viajará a Estados Unidos el próximo miércoles 28 de octubre para entregar información a autoridades de ese país sobre los señalamientos que involucran a la exprimera dama Verónica Alcocer. El desplazamiento fue confirmado por el abogado Jhony Batalla, quien indicó que la exfuncionaria estará acompañada por la abogada María Soledad Morales.“El día de ayer, aproximadamente siendo las 2 de la tarde, hora colombiana, me comuniqué con mi colega Sol Morales, que estaba con la doctora Eva Ferrer, y me manifestó que ya tienen pasajes para viajar a los Estados Unidos, concretamente Washington.. Nosotros, como he dicho, estamos colocándole el pecho a la brisa, sobre todo la doctora Eva Ferrer, ya que ella es la que ha asumido de manera diligente, de manera disciplinada, de manera potente estas diligencias, y es algo que hay que rescatar. Cómo una ciudadana española, pues, quiere contar la verdad, quiere que se sepa qué fue lo que pasó en esta situación que ella ha narrado tan escabrosa.”De acuerdo con el abogado, Ferrer viajará desde España hasta Washington para sostener reuniones con dos agencias estadounidenses, el Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La visita se produce mientras avanzan las actuaciones judiciales en Colombia relacionadas con las declaraciones de la exfuncionaria y los señalamientos sobre presuntas irregularidades.En paralelo, Ferrer continúa rindiendo declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una indagación previa originada por una denuncia presentada por un senador del Centro Democrático y por la divulgación de audios que vincularían a Verónica Alcocer con posibles hechos de tráfico de influencias y corrupción en entidades estatales.La primera sesión de la declaración se realizó de manera virtual y concluyó con el anuncio de que la diligencia continuará este viernes a las 8:00 de la mañana. Según explicó Batalla, durante la primera jornada Ferrer se refirió a su llegada a Colombia, su paso por la Consejería Presidencial y otros aspectos sobre los cuales la Fiscalía solicitó aclaraciones.“Esta primera sesión de la declaración de Eva Ferrer concluye de manera eficiente, de manera eficaz. Eva cumplió la cita, declaró ante la Fiscalía”, sostuvo el abogado, quien explicó que el interrogatorio se desarrollará en varias sesiones debido a las diferentes líneas de investigación que adelanta el organismo.Sobre las pruebas, Batalla señaló que la Fiscalía deberá recopilar y examinar los elementos relacionados con los hechos investigados a medida que avance la declaración. “Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, afirmó.La defensa de Ferrer confirmó que la exfuncionaria permanece fuera de Colombia y aseguró que esta situación está relacionada con amenazas contra su integridad personal. Por esa razón, solicitó un estudio de riesgo y la asignación de un esquema de seguridad para ella y su núcleo familiar.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca. El anuncio lo hizo el mandatario tras un consejo de seguridad con autoridades del departamento. De La Espriella dijo que en Arauca hay dos problemas graves el narcoterrorismo y la corrupción y por eso dijo que enfrentará las dos problemáticas."He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes, uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo, se acabó. Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio en sus manos con la sangre de los colombianos y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo", dijo De La Espriella.Por otro lado, le pidió al INPEC que traslade a cárceles de máxima seguridad a los cabecillas de los grupos armados que están detenidos en Arauca y le hizo un llamado al ELN."Quiero aprovechar para exigir al ELN la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del CTI. Le he ordenado al Gaula intensificar las operaciones para rescatarlos, esos secuestrados no los vamos a olvidar y vamos a apoyarlos a través de sus familias. Con ayuda de Dios y el concurso de nuestra fuerza pública los vamos a rescatar, aquí no vamos a negociar con el terrorismo", agregó De La Espriella.
El Ejército Nacional y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según información de inteligencia militar, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Las autoridades estiman que su destrucción representa una afectación de $8.600 millones a las finanzas del grupo armado.La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, mediante un trabajo coordinado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.En el lugar fue encontrada una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 859 kilogramos de esta sustancia, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión."Además, fueron encontrados más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides", dijo el teniente coronel Diego Mauricio León Osorio, comandante Grupo de Caballería Mediano N.°5 General Hermógenes MazaDe acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales. La inutilización de estas instalaciones representaría una afectación económica cercana a los $8.600 millones para las finanzas de esta estructura armada, según las valoraciones institucionales.Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las economías ilícitas del ELN y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico en Norte de Santander.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento oficial en el que confirmó estar al tanto de las informaciones y reportes que vinculan a la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntas actividades de narcotráfico.Señalamientos sobre vuelos oficiales y transporte de divisasDe acuerdo con lo expuesto por un portavoz del Departamento de Estado, la autoridad norteamericana conoce en detalle los reportes sobre las acusaciones formuladas por la catalana Eva Ferrer, las cuales por el momento se presentan sin la exhibición de pruebas. Dichos señalamientos sostienen que Alcocer habría utilizado una aeronave oficial para transportar sustancias ilícitas hacia territorio venezolano y posteriormente regresar con la suma de 2,5 millones de dólares.A pesar de confirmar que tiene conocimiento de estas versiones, el Departamento de Estado precisó de manera categórica que no confirma la veracidad de las denuncias sobre el traslado de narcóticos ni sobre la recepción del dinero.De igual forma, en su comunicación oficial se aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado la apertura de una nueva investigación judicial, así como tampoco imputaciones penales ni la imposición de nuevas sanciones en relación con este asunto.Inclusión en la lista OFAC y marco sancionatorioEn su declaración, la diplomacia estadounidense recordó los antecedentes restrictivos que pesan sobre Verónica Alcocer. En específico, la entidad señaló que el 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, tomó la determinación de incluir a Alcocer en su lista de personas sancionadas.Esta medida sancionatoria fue adoptada al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, la cual constituye el instrumento legal del gobierno estadounidense para imponer restricciones a ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico internacional de drogas.Alianza bilateral y acciones ante la FiscalíaPor último, el pronunciamiento del organismo internacional enfatizó la continuidad de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En el mensaje se destacó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump y la administración del presidente Abelardo De La Espriella se encuentran trabajando de manera coordinada para revitalizar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación formalizó el llamado a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La determinación del organismo disciplinario se adoptó a raíz de las informaciones divulgadas por la revista Semana en su edición del pasado sábado, las cuales hacen referencia a presuntos actos de corrupción y narcotrotráfico en los que habrían incurrido la ex primera dama Verónica Alcocer y diversos servidores públicos.Esta actuación procesal tiene como propósito recepcionar las declaraciones testimoniales bajo la gravedad de juramento para avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades reportadas. La citación busca acopiar elementos probatorios indispensables dentro de las actuaciones que adelanta el órgano de control.Listado de personas requeridas a declararSegún lo establecido en el auto emitido por el Ministerio Público, las personas requeridas deberán rendir su testimonio bajo la gravedad de juramento dentro de esta misma causa. El listado de citados, junto con Eva Ferrer, se encuentra conformado por los siguientes ciudadanos: Carmen CaballeroAngie RodríguezConcepción BaracaldoGuillermo ReyesIngrid Carolina Plata NavasCada una de estas citaciones testimoniales resulta fundamental para evaluar el alcance de los señalamientos presentados en el medio periodístico y determinar si existieron faltas disciplinarias por parte de los involucrados.Orden de pruebas e investigaciones preexistentesEl auto formalizado por la entidad no únicamente convoca a los declarantes, sino que ordena expresamente a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría la recolección y práctica de las pruebas pertinentes. Esta dependencia especializada tiene la tarea técnica de recopilar las evidencias necesarias para verificar o descartar los hechos denunciados en la reciente publicación.Adicionalmente, la diligencia se enmarca dentro de una investigación que la Procuraduría General de la Nación ya había abierto con anterioridad. Dicho proceso previo se fundamentó en publicaciones anteriores de la misma revista Semana, en las que la propia Eva Ferrer realizó señalamientos sobre supuestos actos de corrupción. De esta manera, el organismo disciplinario busca articular los nuevos testimonios con el expediente en curso para avanzar en la determinación de responsabilidades.Las denunciasEva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (de Verónica Alcocer), está involucrado Agmeth Escaf. Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó Ferrer.Este viaje, según dijo la ex consejera presidencial, habría sido en enero de 2023, según dijo en entrevista con la revista Semana. Por su parte, Manel Grau, es un empresario catalán-colombiano que tuvo cercanía con Verónica Alcocer durante el Gobierno Petro y que también estuvo en medio de controversias durante ese periodo. De hecho, recientemente enfrentó una denuncia ante la Fiscalía por parte del abogado Carlos Soler por una presunta estafa de $4.900 millones a varios empresarios del país.Según la versión de Eva Ferrer, habría fotografías de Alcocer bajando de su avión oficial con droga en algunos de esos viajes. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo en entrevista con Semana.
Una llamada de la comunidad a la línea 123 permitió la captura en flagrancia de un hombre de 50 años en el barrio Santa Lucía, en Tunja, señalado de estar relacionado con la venta de estupefacientes.Según la Policía, los uniformados llegaron al sector después de recibir información sobre una posible comercialización de drogas y realizaron un procedimiento de registro al sospechoso.Durante la inspección, las autoridades encontraron tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína y $60.000 en efectivo, dinero que, según la Policía, sería producto de la venta de estas sustancias.El capitán Héctor Espitia, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Tunja, explicó que la captura se produjo en flagrancia durante el procedimiento.“Durante el procedimiento de registro a personas fueron halladas tres papeletas de bazuco, cinco papeletas de cocaína, 60 mil pesos en efectivo producto de la venta”, señaló Espitia.El hombre fue trasladado posteriormente a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en su judicialización.El capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras las autoridades continúan adelantando controles en diferentes sectores de Tunja.La Policía reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte situaciones sospechosas a través de la línea 123, información que puede permitir la intervención de las autoridades en este tipo de casos.
Un doble homicidio seguido del suicidio del presunto agresor conmocionó al municipio de Ponce, en Puerto Rico. Los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de noviembre en una residencia donde Rey Torres Roche, de 39 años, habría disparado contra su expareja, Yasmín Rivera Roca, de 47 años, y su amigo Gerardo Santiago Santiago, de 49. Después de los asesinatos, el hombre se atrincheró en la vivienda y posteriormente se quitó la vida.De acuerdo con Noticentro, de Wapa Puerto Rico, las dos víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas. La secuencia habría comenzado luego de que los tres compartieran durante la tarde en un negocio cercano, como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, al llegar a la residencia se habría producido una discusión que terminó en el ataque armado, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.La situación también derivó en un intercambio de disparos que puso en riesgo a otros familiares presentes en el lugar. Bryan Santiago, sobrino de una de las víctimas, contó que tuvo que lanzarse al suelo junto con sus allegados cuando el agresor comenzó a disparar.“Me comenzó a disparar a mí también y a ciertos familiares que también estaban”, relató. El testimonio de los allegados también describió la relación que existía entre las víctimas y el presunto agresor. Según contaron a Noticentro, los involucrados se conocían desde hacía años y solían compartir en un ambiente de amistad y familiaridad. En cuanto a sus antecedentes, el reporte señaló que Torres Roche tenía expediente criminal, incluyendo una caso por agresión sexual, mientras que Santiago Santiago registraba antecedentes relacionados con sustancias controladas.Tras el episodio, las autoridades encontraron cerca de doce casquillos de bala. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y el posterior suicidio.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio la razón a Barranquilla en una demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que alegaba que la entidad seguía mostrando, en sus mapas oficiales, un límite entre Barranquilla y Puerto Colombia basado en una norma que ya había sido declarada nula por la justicia.Es decir que dentro de la plataforma llamada “Colombia en Mapas” se apreciaban los límites expedidos en la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico, cuando, según los argumentos del Distrito, esa norma fue dejada sin efectos legales por el mismo Tribunal y el Consejo de Estado.Así las cosas, el Tribunal ordenó corregirla en un plazo de 30 días. A partir de ahora, el mapa deberá mostrar, con el mismo peso, tanto la línea que reclama Barranquilla como la que reclama Puerto Colombia, y deberá quedar claro que ese límite todavía no está definido legalmente.Además, en el fallo también se ordena al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega provisional al Distrito de una copia completa y organizada de la base catastral de los predios que están en la zona en disputa. Lo que significa que la Alcaldía de Barranquilla tendrá acceso, por primera vez de manera estructurada, a toda la información física, jurídica, económica y de avalúos de esos predios, así como al historial de trámites que se han hecho sobre ellos.Una de las condiciones para esa decisión es que tanto el Distrito como Puerto Colombia deberán si hay terrenos a los que les están cobrando impuestos dos veces por esta confusión de límites.Para el cumplimiento y vigilancia de estas disposiciones, fue creado un comité de seguimiento por parte de la autoridad conformado por el IGAC, Barranquilla, Puerto Colombia, el Área Metropolitana, la Procuraduría, la Contraloría y una organización no gubernamental con actividades relacionadas con la defensa del patrimonio público.Finalmente, el Tribunal aclaró que en ningún momento pidió devolver a Barranquilla los predios ni los impuestos que hoy recibe Puerto Colombia, pues el límite definitivo entre los dos municipios solo lo puede fijar el Congreso de la República, donde ya cursa ese trámite.
Ha pasado más de un año de la trágica muerte de Valeria Márquez, reconocida influencer, durante una transmisión en vivo cuando se encontraba en una peluquería haciéndose un tratamiento en las uñas y fue atacada a tiras por dos personas que llegaron a una moto.En agosto capturaron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', quien estuvo detrás de su muerte por petición de su hijo, identificado como Francisco Ricardo Ruiz Velasco, conocido dentro de la organización criminal como 'El Doble R'. Sin embargo, capturaron al que habría sido el autor intelectual de toda la operación: Rafael Álvarez Ayala, conocido en la organización como ‘R2’, otro peligroso cabecilla.“La importancia de las detenciones de 'R1' y ahora de 'R2' radica en que se está avanzando contra los principales mandos de una organización criminal sumamente violenta que afectaba a la población con extorsiones y generando violencia, resaltó el secretario”, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.La captura se logró tras un intercambio de disparos en Zapopá, zona metropolitana de Guadalajara, en donde se pudo dar todo el operativo en contra de este criminal que, inicialmente, estaba herido y fue atendido por médicos y luego llevado con custodia a un centro hospitalario para iniciar el proceso por los delitos de delincuencia organizada y homicidio.“Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial para consolidar la reducción de la violencia, fortalecer la seguridad y avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Michoacán”, expresaron desde la SSPC sobre este operativo.La muerte de Valeria Márquez se dio el 13 de mayo de 2025 y todo por haber terminado una relación sentimental con el hijo de ‘R1’, que buscando venganza ordenó quitarle la vida y abrió todo un operativo contra esta banda delincuenial.
Los operativos en contra de las bandas criminales de la región Caribe no se detienen. Recientemente, fue capturado en Barranquilla alias ‘Danielito’, un presunto integrante de los grupos armados ‘Los JJ’, de La Guajira, y ‘La Nueva Generación del Freseo’, cuya injerencia delincuencial está en el Atlántico.La noticia fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó por sus redes sociales que esta persona es señalada de “sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y establecimientos comerciales para intimidar a sus víctimas”.De acuerdo con el reporte de las autoridades, alias ‘Danielito’ intentaba evadir la justicia desde Barranquilla mientras, presuntamente, ejercía el control de las redes de microtráfico y extorsión en Riohacha, La Guajira. Al parecer, su expansión criminal la logró desde la muerte de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, abatido por las Fuerzas Militares. De hecho, también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un tendero el pasado 16 de junio en esa jurisdicción.Para el profesor Alejandro Blanco, miembro del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, estas alianzas criminales deben alertar a la Policía y al Gobierno Nacional de un aumento en las confrontaciones territoriales de estos grupos.“Las organizaciones criminales buscan mecanismos para sobrevivir, mucho más en tiempos de represión dura por parte del Estado. Las alianzas no son nuevas, es una manera de establecer jerarquías y órdenes criminales. El reto del Estado frente a estas alianzas básicamente está en salvaguardar la vida de los civiles porque tienden a incrementar la competencia criminal por el control territorial”, declaró a Blu Radio.En Barranquilla, particularmente, hay una ofensiva contra los integrantes de la estructura ‘Nueva Generación del Freseo’. Por ejemplo, en las últimas horas se dio la captura de otros dos de sus presuntos miembros.El primer operativo fue en Soledad, donde se allanaron varios inmuebles presuntamente utilizados como punto de venta y acopio de estupefacientes y armas de fuego. Allí fue detenido alias 'El Chino', con dos anotaciones judiciales, sería uno de los encargados de los homicidios y la venta de drogas en los barrios Villa Rosa y Antonio Nariño.Allí se incautaron también una pistola marca Glock calibre 9 mm, un proveedor, siete cartuchos calibre 9 mm, cuatro mil gramos de marihuana y 136 gramos de cocaína. En otro caso, fue interceptado un joven de 18 años con vínculos a esta banda. Él tenía en su poder un revólver marca Llama Martial, calibre 38, con tres cartuchos sin percutir, así como un chaleco balístico.
La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales que sumaban cerca de $110.000 millones, luego de identificar posibles deficiencias en su estructuración y planeación. La revisión también permitió detectar 72 contratos con baja ejecución y siete que no registraban ningún avance, pese a que sus honorarios superaban los $12 millones mensuales.La nueva administración de la entidad, encabezada por Joaquín José Méndez Llach, adelantó una revisión de los procesos de contratación con el propósito de identificar irregularidades, corregir fallas y optimizar el uso de los recursos públicos.De acuerdo con el balance presentado por la Superintendencia, entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026 se suscribieron 351 contratos por un valor aproximado de $8.000 millones. De ese total, 91 fueron firmados el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.Durante la revisión, la entidad encontró 72 contratos con baja ejecución, en los que los soportes disponibles no permitían demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Ante estos hallazgos, se adelantaron las actuaciones correspondientes y se tomó la decisión de terminar anticipadamente esos contratos.Además, fueron identificados siete contratos de prestación de servicios que no registraban ejecución alguna y cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. Entre los casos detectados, la entidad señaló el de una persona que no reside en Colombia.Otro de los principales resultados de la revisión fue la revocatoria de seis procesos de contratación relacionados con servicios de vigilancia, gestión documental y de archivo, licencias y seguros. En conjunto, estas contrataciones representaban compromisos estimados en cerca de $110.000 millones.Según explicó la Superintendencia, la decisión se tomó para revisar las condiciones de los procesos y corregir problemas en su planeación antes de iniciar nuevamente las convocatorias.La entidad además aseguró que en el caso del soporte de licencias, el presupuesto pasó de $8.300 millones a $6.900 millones, mientras se adelanta una nueva convocatoria con condiciones ajustadas.En cuanto a la contratación además reporta que, con corte al 30 de octubre, logró reducir en 620 el número de contratos de prestación de servicios, lo que representa una disminución cercana a los $23.000 millones.