La Corte Suprema de Justicia mantuvo en la justicia penal ordinaria el proceso contra un integrante de la comunidad indígena arhuaca, señalado de torturar y causar graves lesiones a un niño de nueve años, quien era su propio sobrino. La decisión ratifica que la autonomía de las comunidades indígenas no puede desconocer la protección prevalente de los derechos de los menores de edad.
El presidente de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Juan Carlos Sosa, explicó que el caso llegó a la Corte mediante una tutela presentada por autoridades tradicionales arhuacas y el hombre procesado, quienes buscaban que la investigación regresara a la jurisdicción indígena, donde el señalado agresor había sido absuelto.
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En esa jurisdicción, las autoridades consideraron que las lesiones del menor habían sido ocasionadas accidentalmente por la mordedura de una mula.
Sin embargo, los dictámenes médicos y las pruebas de Medicina Legal establecieron que las heridas habían sido producidas con un arma cortopunzante, específicamente un machete, que le causó la mutilación de sus genitales.
Por estos hechos, la Corte Constitucional había determinado que el proceso debía ser conocido por la justicia penal ordinaria y dejó sin efectos la decisión de absolución de las autoridades indígenas. La investigación por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas continúa contra el tío del menor.
Al estudiar la nueva tutela, la Corte Suprema negó las pretensiones de las autoridades indígenas y del procesado. También descartó que existieran elementos suficientes para sustituir la medida de aseguramiento que pesa contra el señalado agresor.
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La Corte encontró que el menor ya estaba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y había sido declarado en situación de adoptabilidad, pero el procedimiento llevaba más de un año paralizado por un trámite de consulta previa con las autoridades indígenas.
Ante esta situación, ordenó al Ministerio del Interior agilizar la consulta previa y pidió a las autoridades tradicionales arhuacas colaborar para que el procedimiento avance.
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La Corte hizo un llamado a las autoridades indígenas para que, sin desconocer su autonomía y sus facultades constitucionales, tengan en cuenta los límites de su actuación cuando están comprometidos los derechos de los menores.
Pertenecer a una comunidad indígena no significa que se puedan desconocer o dejar en segundo plano los derechos de los niños, ni que la identidad cultural pueda convertirse en una barrera para garantizarles justicia y protección.