El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano Martínez, envió una carta al presidente de esa sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito, en la que solicitó pedir a la Dirección de Protección de la Policía Nacional un incremento urgente en las medidas de seguridad para los magistrados y sus familias, ante posibles riesgos por la condena dictada contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko' Gómez.
De acuerdo con el oficio, el 1 de septiembre de 2026 el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, informó que la semana anterior apareció una bala disparada dentro de su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación.
El procurador delegado, quien intervino en el proceso para solicitar la condena ante la Corte, reportó además que esta semana encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil en su despacho.
A este hecho se sumó la alerta manifestada el 26 de agosto por la procuradora judicial II, Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación, tras la circulación en plataformas virtuales de información sobre un supuesto plan de un "poderoso asesino guajiro" para ordenar atentados contra tres personas.
El proceso contra 'Kiko' Gómez
Según lo expuesto en la carta, la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Urbano Martínez, decidió el 29 de abril de 2026 el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
El tribunal de primera instancia había dejado prescribir la acción penal por dos homicidios, absuelto por un tercero y condenado únicamente por concierto para delinquir.
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La Corte Suprema revocó por unanimidad esa absolución y condenó a Gómez Cerchar por el delito de homicidio agravado a una pena de 31 años y 8 meses de prisión, decisión que se encuentra firme, aunque el magistrado señaló que podría quedar sin efectos por cuenta de una acción de tutela.
El magistrado Urbano Martínez concluyó en el oficio que los hechos registrados evidencian la posibilidad de que los integrantes de la Sala de Casación Penal estén en riesgo por la condena impuesta.
Por esta razón, solicitó remitir la información a la Policía Nacional para que incremente de manera urgente las medidas de protección necesarias.