La jueza 104 Penal de Garantías de Villavicencio respaldó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc. La decisión se produjo luego de que Díaz Mendoza fuera declarado persona ausente y se realizara la imputación por ocho delitos.
La Fiscalía argumentó que la privación de la libertad resulta necesaria por los riesgos de obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y una eventual falta de comparecencia al proceso. La jueza acogió estos planteamientos y señaló “resulta necesaria, porque esas condiciones particulares establecidas en este caso no se advierte una medida que sea menos restrictiva y que ofrezca ese nivel equivalente de protección frente a esos riesgos que fueron acreditados, como lo es la obstrucción a la justicia, el peligro de la comunidad y la eventual no comparecencia del proceso al imputado”.
Durante la sustentación de la medida, la Fiscalía también expuso que la falta de comparecencia estaría relacionada con la actividad clandestina que se le atribuye, así como con la falta de arraigo y sus desplazamientos entre diferentes regiones. Estos elementos, según el ente investigador, quedaron establecidos durante la declaración de persona ausente y evidenciarían falta de voluntad para presentarse ante las autoridades.
La investigación relaciona a Díaz Mendoza con al menos 61 homicidios; seis de firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025. También lo vincula con la desaparición de un comerciante registrada el 17 de noviembre de 2023 en Castillo, Meta. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría sido retenido y sometido a tortura para obtener información, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Otro de los hechos investigados corresponde al reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, ocurrido el 20 de junio de 2023 en Garzón, Huila. La Fiscalía sostiene que la menor fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró huir.
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Además, la investigación relaciona al procesado con tres homicidios colectivos ocurridos en Guaviare, en el marco de una disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas. Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2025 y enero de 2026 en zonas rurales de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno. La Fiscalía señala que en estos hechos fueron asesinadas 54 personas, entre ellas 11 menores de edad y siete uniformados del Ejército Nacional.
A Díaz Mendoza le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; porte de armas de uso restringido; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.
Para sustentar la solicitud de aseguramiento, la Fiscalía también presentó una sentencia condenatoria vigente expedida en junio de 2024 y señaló un riesgo de continuidad de la actividad criminal. El ente investigador sostuvo además que la medida busca proteger a comunidades de Guaviare, Caquetá, Meta, Putumayo y Antioquia, evitar una eventual obstrucción a la justicia y garantizar la comparecencia de Díaz Mendoza al proceso.