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La defensa del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso pidió este martes a la justicia estadounidense medidas cautelares para intentar frenar su extradición a Colombia.
Mancuso -uno de los máximos líderes del grupo desmovilizado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos y estaba a la espera de ser deportado a Italia, cuando el gobierno estadounidense cambió de opinión y anunció su traslado a Colombia.
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Su defensa pidió el lunes una audiencia inmediata y una "suspensión de cualquier acción migratoria" y este martes pidió "medidas cautelares" para frenar el proceso.
Tras cumplir su condena, no tenía deudas penales en Estados Unidos y estaba detenido en una prisión migratoria a la espera de ser trasladado a Italia, ya que tiene doble nacionalidad y expresó a sus abogados que está "aterrado" de volver a Colombia.
Mancuso está solicitado por Bogotá y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país para esclarecer los múltiples y atroces delitos de los paramilitares.
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Los abogados también pidieron una orden que obligue al Departamento de Seguridad Interior (DHS) a cumplir con su deber de trasladar a Mancuso a Italia sin demora o que sea liberado y que él organice su propio viaje.
Su defensa también pidió resarcirlo con los costos de los abogados y con cualquier otra compensación que el tribunal estime apropiado.
Tras cumplir su condena penal por narcotráfico, cargo por el cual fue llevado a Estados Unidos, sus abogados entraron en un litigio migratorio para conseguir que fuera deportado a Italia.
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En una audiencia el 24 de agosto, los abogados del gobierno estadounidense habían fijado el 4 de septiembre como fecha límite para su deportación a Italia, antes de cambiar de opinión.
Según la notificación que recibieron sus abogados este fin de semana, a última hora las autoridades le comunicaron que su traslado a Italia en estos momentos es "perjudicial para Estados Unidos".
Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Mancuso colaboró con los jueces, por lo que organizaciones de derechos humanos y víctimas exigen su regreso a Colombia para esclarecer los crímenes de los paramilitares.
Un tema clave de su testimonio son los vínculos de grupos paramilitares con políticos y empresarios.
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