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El caso se centra en Paola, una trabajadora que, junto a su pareja, tuvo un hijo mediante reproducción asistida. Aunque no fue la madre gestante, aportó los óvulos, indujo la lactancia y asumió el cuidado del bebé prematuro, mientras su compañera enfrentaba complicaciones de salud tras el parto.
Pese a ese contexto, la EPS le negó la licencia de maternidad y le otorgó únicamente una licencia de paternidad, bajo el argumento de que ya existía una licencia de maternidad asignada a la madre gestante. Ante esta decisión, la mujer acudió a la tutela.
La Corte Constitucional determinó que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al cuidado y a la seguridad social, tanto de la madre como del bebé, al aplicar un criterio rígido y estandarizado que desconoció la realidad del núcleo familiar.
En su decisión, el alto tribunal le ordenó al hospital empleador garantizar a ‘Paola’ todas las condiciones de protección como madre lactante, mientras continúe amamantando a su hijo, hasta los dos años.
Además, lanzó un fuerte llamado al Congreso de la República para que diseñe un sistema de licencias parentales más flexible e incluyente, que reconozca la pluralidad de familias y promueva la corresponsabilidad en el cuidado.
Tras este pronunciamiento, la Corte Constitucional reiteró que las licencias parentales no deben entenderse solo como un beneficio laboral, sino como una expresión del derecho fundamental al cuidado, que debe garantizar el bienestar de los niños y la igualdad en las responsabilidades familiares.
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