Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña' y cabecilla de los Comandos de Frontera, será extraditado en la madrugada de este viernes a Estados Unidos, donde es pedido por delitos relacionados con el narcotráfico.
El traslado se dará luego de que en agosto pasado, el presidente Abelardo De la Espriella firmara la resolución en medio de un paquete de decisiones con las que desmontó el llamado proyecto de la paz total del anterior gobierno.
Alias 'Araña', es uno de los principales jefes de esta facción de las disidencias, una estructura armada con presencia principalmente en el sur del país. Su historia criminal comenzó años antes de su participación en los diálogos de paz: en 2008 hizo parte de la banda Los Rastrojos y en 2010 fue condenado a cerca de 30 años de prisión por delitos que incluían homicidio y concierto para delinquir agravados, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.
Sin embargo, su situación cambió durante el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc. En 2017, Rojas fue designado como gestor de paz y salió de prisión para participar en actividades relacionadas con la implementación del acuerdo. Después de ese proceso, terminó vinculado nuevamente a estructuras armadas ilegales y llegó a ocupar una posición de mando dentro de los Comandos de Frontera.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, alias 'Araña' volvió a tener un papel oficial dentro de un proceso de negociación. Fue reconocido como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que participaba en la llamada paz total. Desde esa posición hizo parte de las conversaciones con delegados del Gobierno y participó en discusiones sobre el desescalamiento de la violencia, sustitución de cultivos ilícitos y transformaciones en los territorios donde opera esa organización.
Uno de los asuntos que se discutieron durante esas conversaciones fue la posibilidad de establecer zonas de ubicación temporal para integrantes de la organización y avanzar en procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca. El Gobierno también consideraba que Rojas tenía influencia suficiente sobre los Comandos de Frontera para ayudar a cumplir algunos de los compromisos alcanzados en la mesa.
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Pero mientras participaba en las negociaciones, Estados Unidos lo buscaba por una investigación relacionada con narcotráfico. De acuerdo con información de Interpol y con el expediente conocido por las autoridades colombianas, la justicia estadounidense lo señala de participar en una organización dedicada a producir y transportar cocaína desde Colombia hacia otros países, con destino final a Estados Unidos.
El 12 de febrero de 2025, después de terminar un ciclo de conversaciones de paz en Bogotá, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel de Bogotá. Su captura generó una controversia entre el Gobierno y la Fiscalía, pues mientras el Ejecutivo defendía su condición dentro del proceso de paz, las autoridades judiciales señalaban que la circular roja de Interpol permitía ejecutar la captura solicitada por Estados Unidos.
El 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Rojas hacia Estados Unidos. Posteriormente, el Gobierno de Petro concedió la extradición, pero en noviembre de ese año suspendió temporalmente su ejecución, argumentando que debía tenerse en cuenta su participación y los compromisos adquiridos dentro del proceso de paz.
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La situación cambió en agosto de 2026, cuando el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la extradición de Rojas a Estados Unidos. Esa decisión puso fin a la suspensión que había mantenido detenida su entrega y reactivó el procedimiento para que fuera puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.
A este expediente se sumaron nuevos señalamientos en Colombia. En septiembre de 2026, la Fiscalía imputó a Rojas por su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá. Según la investigación, habría ordenado ataques contra líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y otras personas señaladas por los Comandos de Frontera como colaboradoras de grupos rivales o de las autoridades.