El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que está siendo trasladado al país andino un sujeto identificado como 'el gerente', considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y quien había sido detenido a mediados de año en los Emiratos Árabes Unidos."Se acabó su libertad 'bajo fianza'. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación con Emiratos Árabes Unidos, alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino", escribió Noboa en X.A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo pasado en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, donde también murieron tres de los atacantes."Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera", agregó en referencia a la prisión de máxima seguridad del país, emblema de su lucha contra la delincuencia, adonde han sido trasladados -entre otros- los delincuentes más peligrosos del país.El ministro del Interior, John Reimberg, señaló este lunes que 'el Gerente' "huyó, se escondió, creyó que estaba a salvo. No lo estuvo. El Estado lo fue a buscar y lo trajo de vuelta"."Gran trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y de Policía Nacional. Aquí todos los criminales van a pagar por el daño causado al Ecuador. Vamos por todos", aseveró en X.En septiembre pasado, la Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes presuntamente de los Comandos de la Frontera.Además, la orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó entonces la Fiscalía.En el caso denominado "Comandos de la Frontera", las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, indicó el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente.Noboa aseguró entonces que se trataba del "mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador: más de trescientos millones de dólares en bienes incautados a los 'Comandos de la Frontera', disidentes de las FARC".Reimberg anotó que la organización delictiva se dedicaba presuntamente al lavado de activos, principalmente en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú, y que era liderada por el 'gerente', miembro "activo y presunto líder del grupo armado 'Comandos de la Frontera', quien es responsable de la muerte de policías, militares y civiles", dijo.
Tropas del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército, decomisaron más de 1.000 millones de pesos que, según las primeras investigaciones, pertenecerían a los Comandos de Frontera.El operativo se adelantó en la vereda El Cedro, en el municipio de Pitalito, Huila, donde un puesto de control detuvo un automóvil que se movilizaba en la zona. Tras una inspección, los soldados hallaron una caleta con 35 paquetes envueltos en papel vinipel, dentro de los cuales se encontraba la millonaria suma de dinero, transportada de manera oculta.En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres y una mujer. Durante la requisa, uno de los detenidos intentó sobornar a los soldados, ofreciéndoles el 10 % del dinero para evadir el control militar. El ofrecimiento fue rechazado de inmediato, dando paso a la judicialización de los tres ocupantes por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, quedando a disposición del CTI.Los capturados no pudieron justificar la procedencia del dinero, lo que refuerza la hipótesis de una operación destinada a fortalecer las finanzas criminales de los Comandos de Frontera en la región.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del jefe de los Comandos de Frontera, Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, solicitado por una corte del Distrito de California, en Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional. El alto tribunal consideró cumplidos los requisitos constitucionales y convencionales para entregar al exjefe guerrillero, capturado en medio del ciclo de negociaciones con el Gobierno colombiano.La Corte explicó que las pruebas enviadas por la justicia estadounidense demuestran que la organización dirigida por Rojas produjo cocaína en Colombia, la envió a México y la introdujo al mercado estadounidense, lo que configura un delito cometido parcialmente en ese país. “En consecuencia, los elementos de juicio aportados confirman que el cargo de «narcoterrorismo» cumple el principio de doble incriminación y produjo efectos en territorio de los Estados Unidos de América, lo que legitima la competencia del Estado requirente. La objeción defensiva carece de sustento, pues desconoce la naturaleza transnacional de los comportamientos y los compromisos internacionales de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.Alias ‘Araña’ fue detenido en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión de la mesa de diálogos de paz. Aunque en ese momento sus órdenes de captura estaban suspendidas por su condición de negociador, las autoridades estadounidenses presentaron un nuevo requerimiento tras comprobar que, pese a su papel en el proceso, continuaba enviando cocaína al exterior.La Corte fue enfática al señalar que los Comandos de Frontera, quienes tuvieron nexos con la Segunda Marquetalia, han perdido toda legitimidad política y operan como una estructura criminal. “Estos antecedentes evidencian que la organización perdió toda finalidad política legítima y opera como un grupo criminal de naturaleza terrorista, conforme con la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)”, advirtió el alto tribunal.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como un acto demencial el ataque del que fueron víctimas dos soldados profesionales en zona rural de Villagarzón, Putumayo, a quienes intentaron quemar vivos al rociarles gasolina y prenderles fuego luego de una operación contra laboratorios de coca. Otro militar resultó herido tras intentar ayudar a sus compañeros.“Es una infamia, es un ataque demencial que no lo cometieron unos campesinos o unas comunidades que dicen defender sus derechos, no. (...) Eso que lo perdone Dios, pero aquí la justicia no lo va a perdonar, no lo podemos permitir. Quien ataque a un militar o a un policía, ataca a un Estado, ataca a la institución”, aseveró Sánchez.Justamente, ambos soldados fueron trasladados este jueves desde Florencia, Caquetá, hasta el Hospital Militar Central de Bogotá. Sebastián Díaz Amaya está en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico y Daniel Fierro Rubiano, quien resultó herido tras intentar auxiliar a sus compañeros, fue valorado por el servicio de cirugía general y plástica.El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, otro de los atacados, permanece hospitalizado en la clínica Medilaser de Florencia, Caquetá.De acuerdo con la denuncia que han hecho entidades como la Defensoría del Pueblo, detrás de esta asonada estarían las disidencias denominadas 'Comandos de Frontera' que a su vez hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, hoy en conversaciones con el Gobierno.Ante esto, el ministro Sánchez, detalló que no habrá ningún beneficio jurídico y “se alejan más de alguna opción de que pudieran tener algún beneficio jurídico. Quien ataca a la población está inmerso en crímenes de lesa humanidad”.El general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército, enfatizó en que el ataque contra los soldados del Batallón de Infantería # 25 es un intento de homicidio.“Sin equivocación, la persona que lo hizo buscaba asesinarlos, pero de la manera más cruel posible. (...) Hemos estado al lado de sus padres, de los padres de nuestro soldado y de nuestro subteniente, y para ellos toda la fortaleza y todo el acompañamiento del Ejército”, agregó Rodríguez.En esa medida, ya iniciaron las medidas judiciales contra los responsables.“Tenemos identificadas las personas que estaban en el lugar y las personas que perpetraron el hecho. Y por los dos autores, el señor ministro de la Defensa Nacional ha ofrecido una recompensa hasta de $200 millones para lograr su ubicación que conduzca a la captura de los mismos y poder llevarlos a estrados judiciales”, puntualizó.
Un brutal ataque contra dos militares del Ejército Nacional conmocionó al país en las últimas horas. En la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón, un subteniente y un soldado fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego por un grupo de civiles instigados, según inteligencia militar, por los Comandos de Frontera, una facción de las disidencias de las FARC que controla las economías ilegales en la región.Los uniformados, identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, adelantaban la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando fueron rodeados por unas quince personas. El ataque dejó al oficial con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que obligó su evacuación de emergencia hacia Florencia, Caquetá, y su posterior traslado al Hospital Militar de Bogotá.El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló en sobre el ataque: “Nuestros hombres estaban cumpliendo la misión de golpear el narcotráfico en Putumayo cuando fueron sorprendidos por civiles instrumentalizados por estructuras armadas. Dos de ellos, criminales, decidieron rociar con gasolina a un subteniente y a un soldado y prenderles fuego”.Los autores están identificadosEl general Cotua confirmó que ya existen fotografías de los responsables directos del ataque, las cuales hacen parte del material entregado a la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los agresores. El alto funcionario enfatizó que se trata de acciones de narcotraficantes y no de campesinos: “A los militares les rociaron gasolina y les prendieron fuego para frenar un procedimiento legal. No fueron comunidades reclamando derechos, sino estructuras criminales”, sentenció.Tensión en los diálogos de pazEl hecho también golpeó el proceso de paz que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de Frontera. La delegación oficial rechazó categóricamente el ataque y advirtió que, de no recibir un rechazo firme por parte de la contraparte, podría suspenderse la mesa de negociación.“Guardar silencio frente a estos actos de barbarie pondría en grave riesgo los avances alcanzados en el proceso de paz”, indicó la delegación, subrayando que el crimen viola el Derecho Internacional Humanitario.Alias 'Popeye', el cabecilla detrás del narcotráficoEn la entrevista, el general Cotua señaló que los laboratorios de cocaína en Putumayo son construidos por civiles bajo la presión de las estructuras armadas. Explicó que la facción de los Comandos de Frontera está liderada por alias 'Popeye', cabecilla de la estructura 48, que cuenta con aproximadamente 600 hombres armados.“La población civil se mete a proteger los laboratorios porque hay una instigación a delinquir. Sin embargo, los verdaderos beneficiarios de estas economías ilegales son los grupos armados organizados”, recalcó el alto oficial.El estado de salud de los militaresA pesar de la gravedad del ataque, los dos uniformados se encuentran fuera de peligro. “Gracias a Dios, el teniente Mejía y el soldado Díaz ya están en recuperación. Fueron atendidos en Florencia y esperamos su traslado a Bogotá para recibir atención especializada en la unidad de quemados del Hospital Militar”, informó el general Cotua.Los demás soldados que participaron en la operación priorizaron apagar las llamas y evacuar a sus compañeros, mientras los agresores emprendían la huida. Gobierno exige a Comandos de Frontera rechazar ataque en Putumayo o se levantará de la mesa de pazEl jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con las disidencias de las FARC, Armando Novoa, habló en Blu Radio y advirtió que la paciencia del Ejecutivo llegó a su límite: “Si no hay un pronunciamiento claro de ellos al respecto, nos levantaremos de manera inmediata de la mesa y elevaremos la respectiva consulta al Consejero Comisionado de Paz y al Presidente de la República”.Novoa fue enfático en la condena al ataque: “Quiero manifestar nuestro vertical y contundente rechazo a esa acción criminal. Nuestra solidaridad es total con los dos integrantes de la Fuerza Pública que resultaron gravemente heridos, con sus familias y con toda la institución militar”.El jefe negociador explicó que ya se reunió en Pasto con una subcomisión de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), a la que se le exigió un pronunciamiento inmediato y público. Para el Gobierno, no basta con negar participación: “Sea lo uno o sea lo otro, es un acto de inhumanidad grave que debe ser rechazado”, recalcó.El Gobierno dice que no acepta evasivasAunque las disidencias han manifestado verbalmente no haber participado en el ataque, el Ejecutivo considera esa explicación insuficiente. “Tiene que haber una declaración de rechazo pública y contundente. Eso es lo que esperamos que suceda hoy. Si no ocurre, nos levantamos de la mesa”, señaló Novoa.El funcionario coincidió con la posición del ministro de Defensa, quien sostuvo que los responsables no son campesinos sino criminales vinculados al narcotráfico. “Nuestro comunicado va en la misma dirección de lo dicho por el ministro. Estamos totalmente de acuerdo”, añadió.Avances en la mesa de paz en riesgoEl Gobierno subrayó que los acuerdos alcanzados hasta ahora podrían colapsar si las disidencias no condenan el ataque. Entre los puntos en discusión están la destrucción de 14 toneladas de material de guerra, la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca y la ubicación de las estructuras en una zona temporal de transición hacia la dejación de armas.“Este hecho es incompatible con todo el esfuerzo que hemos hecho en el último año. No podemos seguir avanzando si no hay claridad y separación de estas conductas”, insistió Novoa.Justicia: sin impunidad para crímenes de lesa humanidadEl jefe de la delegación aclaró que un eventual rechazo de las disidencias no significa que los responsables del ataque queden impunes. “No, señor. Porque al lado del rechazo a esos hechos, demandamos que las autoridades judiciales inicien las investigaciones. Lo que defendemos con el proyecto de ley de justicia para estos procesos es que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad”.Sobre las eventuales objeciones de las disidencias frente a responder ante los tribunales, Novoa fue directo: “Esa es la oferta que está haciendo el Gobierno: desmovilizarse implica también rendir cuentas por horrores como este”.
El alto tribunal ya tiene la solicitud de extradición en contra de Giovanni Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’, que fue remitida en las últimas horas por el Ministerio de Justicia.El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, tendrá que redactar una ponencia que será presentada en Sala Plena en donde los magistrados deberán determinar si se avala o no para luego emitir un concepto.Sobre esto, la última palabra la tendrá el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre si aprueba la extradición de alias ‘Araña’ hacia los Estados Unidos para que responda por delitos asociados al narcotráfico.Su captura, ordenada por la Fiscalía General de la Nación y que generó una gran polémica, se dio atendiendo una circular roja de Interpol, ‘Araña’ era uno de los negociadores de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y fue retenido por agentes del CTI instantes después de terminar el tercer ciclo de conversaciones con el Gobierno en un hotel al norte de Bogotá.El pedido de extradición de una corte en California detalla que entre enero de 2017 y febrero de 2025, la organización comandada por alias 'Araña' habría coordinado el despacho de cargamentos de cocaína en la ruta que pasa por México y tiene destino en Estados Unidos.El magistrado Urbano trabajará en la ponencia que deberá ser debatida en sala sobre la extracción de alias ‘Araña’, cabecilla del grupo criminal Comandos de Frontera.
A través de un comunicado de cuatro puntos fechado el 21 de febrero en las selvas de Putumayo, la dirección general Comandos de la Frontera asegura “que a pesar de que el proceso de paz se encuentra en cuidados intensivos”, no van a interferir en las elecciones atípicas de este 23 de febrero en donde se va a elegir nuevo gobernador para el Putumayo.El grupo armado ilegal asegura que sigue comprometido en buscar la paz independientemente de los hechos ocurridos el pasado 12 de febrero donde fue capturado su máximo comandante Giovanni Andrés Rojas, alias 'Araña'.En el comunicado también desmienten versiones que indican que tras lo sucedido en Bogotá con la aprehensión y posterior captura del comandante conocido con el seudónimo de “Araña”, el grupo Comandos de la Frontera estaría planeando impedir las elecciones atípicas para la Gobernación del Putumayo este 23 de febrero y aclaran que nunca se ha dado una orden en ese sentido e insisten que la comunidad del departamento debe salir a votar libremente y pidieron de las autoridades se vigile el proceso democrático.Aseguran que en los municipios y departamentos donde ellos hacen presencia están comprometidos con el cumplimiento e implementación de los acuerdos hasta el momento pactados con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En el comunicado también hacen un reconocimiento de los habitantes de Putumayo, Cauca, Valle, y Nariño que el pasado 18 de febrero salieron a las calles a respaldar la continuidad de la mesa de diálogos y aseguran que "marcharon en la dirección correcta por la paz, en esa misma vía, vamos nosotros”, dice la misiva del grupo armado ilegal.
La popular promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes irregulares del expresidente Donald Trump si regresa a la Casa Blanca resulta costosa y "muy difícil de cumplir", asegura a EFE Mario Agundez, quien trabajó durante 25 años en Inmigración y estuvo a cargo de estas repatriaciones."Remover o deportar a un extranjero no es cosa de un día", dijo a EFE Agundez que hasta el pasado enero fue el subcomandante de la Unidad de Deportaciones y Movimiento de Inmigrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).Tanto el expresidente Trump (2017-2021) como su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, han prometido realizar "deportaciones masivas" si llegan a la Casa Blanca.Vance dijo en agosto pasado que este plan debería comenzar con la deportación de un millón de extranjeros.En opinión de Agundez, expulsar tan solo esa cifra es algo "muy difícil de cumplir" ya que el hecho de que un extranjero sea detenido por las autoridades de inmigración no significa que "es deportable".Los obstáculosEl oficial en retiro explica que las leyes de inmigración de EE.UU. le otorgan vías a los extranjeros que ingresaron de forma irregular para defender sus casos."Los solicitantes de asilo tienen derecho a estar en EE.UU. hasta que un juez decida su caso, por lo que las autoridades de inmigración no pueden hacer nada antes de que no exista una orden de deportación", dijo Agundez.Para diciembre de 2023 las cortes de inmigración tenían una acumulación de más de dos millones de casos pendientes, según el centro TRAC, de la Universidad de Syracuse.Las promesas de Trump de deportaciones masivas están elevadas por su retórica de que los inmigrantes irregulares en su mayoría "son criminales". Pero, aquí la campaña republicana también enfrenta otro obstáculo, según advierte Agundez.Los agentes de ICE, agencia encargada de la detención de inmigrantes en el interior del país, dependen en su mayoría de las agencias policiales para poner en la mira a los indocumentados acusados o convictos de delitos.Una vez que el inmigrante llega a manos de ICE es puesto en un centro de detención en espera para ser enviado a su país, pero este proceso depende de los tratados que EE.UU. tiene con el país de origen del inmigrante."No es simplemente que llega el avión los deja y se va. Tiene que estar autorizado y tener todos los servicios requeridos por los tratados internacionales", ahonda Agundez. "Lograr enviar un avión con deportados a Venezuela o Cuba realmente es un dolor de cabeza", agrega.El multimillonario costoSi Trump logra evadir las trabas legales se encontrará con un multimillonario gasto para poder cumplir su palabra. "Muchísimo, le cuesta muchísimo al país deportar a una persona", advierte Agundez.Cuenta que un solo vuelo de repatriación de 120 personas a un país centroamericano costaba el año pasado en promedio 110.000 dólares. Pero a esta cifra se le debe sumar el coste de detención y manutención mientras los inmigrantes esperan la repatriación.Un reciente cálculo del Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC, en inglés) estima que EE.UU. gastaría 315.000 millones de dólares para deportar a unos 13 millones de indocumentados en más de una década. "Queremos enfatizar que esta cifra es una estimación muy conservadora", dijo la organización en su informe divulgado a principios de octubre.A pesar de todos estos obstáculos, Agundez proyecta que Trump tratará de cumplir su promesa a un gran costo para la comunidad indocumentada. "Puede que no sean repatriados inmediatamente, pero sí ser detenidos indefinidamente" puntualiza.Invocando la guerra, una idea extremaAl parecer Trump es consciente de los obstáculos de ejecutar su plan de deportación masiva. Un ejemplo es su más reciente propuesta de invocar la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que se ha usado solo en tiempo de guerra para expulsar a extranjeros sin el debido proceso legal.Grupos humanitarios y las mayores organizaciones latinas del país ha repudiado la medida, que coinciden parte de una "agenda extremista".Según el republicano, esta norma sería usada para llevar a cabo su 'Operación Aurora', dirigida en especial a detener y sacar del país miembros del Tren de Aragua, una banda criminal internacional nacida en una cárcel venezolana.
La Cancillería alista un extenso decreto para implementar, finalmente, los centros de atención fronteriza y los centros binacionales de atención con el fin de centralizar la tarea de las autoridades en esas zonas del país. Lo importante es que no solo se trata de instalaciones para trámites migratorios, sino, además, para coordinar acciones en materia de seguridad, control sanitario, inspección comercial y la construcción de infraestructura para facilitar los pasos.Y es que la Cancillería reconoce en el documento de justificación de la norma que: “Persisten los retos del país en cuanto a pasos de frontera, particularmente en lo relacionado con la provisión de infraestructura física, dotación de equipos de inspección y logística especializados y asignación de personal que respondan a los requerimientos del movimiento de personas, vehículos y mercancías con los países limítrofes”.“Para lo cual resulta de vital importancia el establecimiento de los Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF) y Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), encargados de promover la seguridad y eficiencia en los procesos de intercambio comercial de mercancías y el control migratorio”, sostiene el documento.De esa forma el decreto, que será firmado en los próximos días, establece que en esos nuevos centros de atención estarán integrados por la Policía, el Ministerio de Salud, el ICA, el Invima, la Dian, Migración Colombia, entre otros.En el tema de vías e infraestructura se señala que “el Gobierno nacional, las entidades territoriales o el sector privado, podrán financiar el diseño, construcción y optimización de la infraestructura de transporte de los cruces o pasos de frontera” para lo cual realizarán, según añade, el respectivo “acuerdo o convenio que será suscrito, entre otros, por el Ministerio de Transporte”.Además, tendrán como función ser “la primera línea de control y alerta en la salvaguarda de los intereses nacionales, respecto de posibles riesgos y/o amenazas” (epidemiológicos, sanitarios, entre otros) que pudieran presentarse en el respectivo paso de frontera.
En un puesto de control en la vía que conduce desde el municipio huilense Pitalito-Mocoa, Putumayo, a la altura de la vereda El Cedro, el Ejército decomisó 50 armas traumáticas que habían sido modificadas, además, proveedores y municiones.Estos elementos que eran transportados en un bus servicio público, que cubría la ruta Bogotá – Mocoa, iban camuflados en una caleta que había sido acondicionada en la parte de abajo del automotor.Gracias a la labor militar y el registro minucioso adelantado por los soldados permitió descubrir el depósito ilegal con 50 armas traumáticas, 3.900 cartuchos y 100 proveedores pertenecientes al parecer al grupo armado Comandos de Frontera que opera en el departamento de Putumayo.“En un bus, que se desplazaba desde la ciudad de Bogotá y que se dirigía hacia Mocoa, soldados adscritos al Batallón Magdalena hallaron una caleta que había sido acondicionada en la parte de atrás, en el motor. En esta fueron halladas 50 armas de fuego tipo pistola, 3.900 cartuchos para las mismas y 100 proveedores”¸ indicó el coronel Pedro Pablo León Silva, comandante de la Novena Brigada del Ejército.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAsimismo, fueron incautados 60 auriculares para celular, 120 cables auxiliar para celular y 1.590 vidrios para equipos móviles, mercancía que no contaba con el permiso para su transporte y comercialización.En el operativo se logró, además, la inmovilización del vehículo de servicio público y la captura de dos personas, entre ellos el conductor del bus y su ayudante, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.“El vehículo de servicio público fue inmovilizado y puesto a disposición de la autoridad competente, por lo que los pasajeros que se transportaban en el bus debieron ser acondicionados en otro vehículo para ser llevados a su destino final la ciudad de Mocoa”, señaló el comandante de la Novena Brigada.Esta acción permite contrarrestar las intimidaciones de esta estructura contra a la población civil.
A oscuras pasaron la noche al menos unos 20 mil usuarios de Air-e, residentes entre Barranquilla y Galapa, luego de que un daño en unos cables subterráneos de alta potencia dejara fuera de operación a la subestación Cordialidad, la más grande del suroccidente de la ciudad.A pesar de que decenas de técnicos han trabajado sin descanso en la zona del daño, las reparaciones ya completan 16 horas de trabajo, siendo que hasta el momento solo ha podido ser restablecido el servicio para unas zonas de Galapa y del corredor industrial de la zona.El resto de usuarios está bajo una espera que podría extenderse por muchas más horas, siendo que los técnicos están revisando uno a uno, miles de cables trenzados, entre los que deben detectar cuáles están dañados y cuáles pueden seguir operando.Aunque aún no establecen una causa directa del daño, no se descarta que todo haya obedecido a una sobrecarga en el circuito por un posible aumento en la demanda de energía, lo que derivó en un corto circuito. Lo anterior, teniendo en cuenta la ola de calor que actualmente enfrenta la región Caribe, con sensaciones térmicas que alcanzan hasta los 42 grados Celsius.Ante el desespero de quienes ya pasaron una primera noche a oscuras, bajo 29 grados y sin posibilidad de prender ni un abanico, no se descarta que la situación derive durante esta noche en bloqueos de vías nacionales como la Circunvalar por parte de los residentes de zonas afectadas."No soportábamos el calor en la noche, por ejemplo, a mí me tocó coger un cartón y echarme fresco. Me levantaba a cada rato a echarme fresco, entonces nos desvelamos, no dormimos porque el calor es bastante insoportable. La comunidad acá dice que si no hay luz de aquí a las 6:00 de la tarde, van a bloquear la Circunvalar, porque no van a aguantar una noche más sin luz", expresó David Oñoro, habitante de Caribe Verde.Por la situación ya hubo protestas y bloqueos en La Cordialidad, a la altura de Galapa, durante la noche de este miércoles donde estuvieron sin energía hasta las 2 de la madrugada de este jueves. Los afectados dicen que la situación es repetitiva.
La eliminación de Atlético Bucaramanga de la Copa dejó un ambiente de frustración en el estadio Estadio Américo Montanini, luego de la derrota frente a Boca Juniors de Cali. Tras el compromiso, el mediocampista argentino Fabián Sambueza dio la cara y asumió parte de la responsabilidad por el fracaso deportivo del equipo santandereano durante este semestre.El jugador reconoció errores personales que terminaron influyendo en el resultado del partido y aseguró que uno de los goles del rival llegó tras una equivocación en salida. “El partido creo que un 50 % lo perdemos por errores míos. Me equivoqué en una salida y nos hicieron un gol”, expresó el futbolista al finalizar el encuentro.Sambueza también salió en defensa del plantel y aseguró que asume la responsabilidad para evitar señalamientos contra sus compañeros. “Hoy respaldo a todos mis compañeros, me hago cargo de la situación, no tengo ningún problema”, afirmó.El experimentado volante lamentó que el equipo quedara eliminado de un torneo en el que, según dijo, tenían condiciones para avanzar. Sin embargo, reconoció que la crisis deportiva va más allá de lo ocurrido en la cancha y mencionó dificultades internas dentro de la institución.“Esto es un cúmulo de cosas que vienen pasando internamente y esa mala comunicación, esa mala energía, te lleva a estas cosas”, manifestó el jugador, dejando entrever problemas en el ambiente del club durante las últimas semanas.La eliminación representa un duro golpe para Atlético Bucaramanga, que comenzó la temporada con altas expectativas tras las recientes campañas que lo consolidaron como protagonista del fútbol colombiano. La afición esperaba que el equipo tuviera una participación destacada en el torneo, especialmente jugando como local en el Américo Montanini.Ahora, el conjunto ‘leopardo’ deberá afrontar el último compromiso del certamen sin posibilidades de clasificación ante Alianza Valledupar. Fabián Sambueza reconoció que será difícil disputar un partido sin opciones matemáticas, pero insistió en que el plantel debe cerrar el semestre con dignidad y empezar a pensar en la reestructuración deportiva para lo que viene en la segunda mitad del año.
El veterano defensa central brasileño Thiago Silva se marcha del Oporto tras haber pasado media temporada en el club, donde fue una pieza clave en la conquista del título de la Liga Portugal, según anunció este jueves el club.Silva, de 41 años, llegó al Oporto el pasado mes de enero tras dejar el Fluminense, y disputó 14 partidos en todas las competiciones.La experiencia del internacional brasileño en la zaga ayudó a los 'dragones' a proclamarse campeones por primera vez en cuatro años y a terminar la Liga Portugal como la mejor defensa, con sólo 18 goles en contra.En declaraciones compartidas por el club portugués, Silva dijo que "fue increíble y un enorme placer" representar a los blanquiazules, donde vivió "momentos de gran felicidad"."Quiero agradecer todo el cariño, la admiración y el respeto que me han brindado en los últimos meses. Fueron tiempos interesantes para mí, de crecimiento personal y profesional, de aprendizaje en el fútbol", afirmó.Esta fue la segunda etapa de Silva en el Oporto, su primer club en Europa, tras una breve paso por el filial en 2004.A lo largo de su larga y exitosa carrera, Silva jugó en clubes como el Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea.En su extenso palmarés, además de la reciente Liga Portugal, figuran un 'Scudetto', siete Ligas francesas y una Liga de Campeones conquistada con el Chelsea, entre otros trofeos.Fue 113 veces internacional con Brasil, con el que ganó la Copa América y la Copa de Confederaciones.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó una contundente advertencia a los transportadores que mantienen bloqueos en distintos puntos de la ciudad y aseguró que no permitirá vías de hecho que afecten la movilidad. El mandatario reiteró que la administración distrital mantiene disposición al diálogo, pero condicionó cualquier negociación al levantamiento inmediato de los cierres viales.“Levanten los vehículos o enfrenten las consecuencias”, afirmó el alcalde de Cali en diálogo con Mañanas Blu, de Blu Radio, en el que explicó que ya ordenó a la Policía y a la Secretaría de Seguridad restablecer la movilidad en los sectores afectados. Éder sostuvo que las protestas no pueden convertirse en una amenaza para la ciudadanía ni para el funcionamiento normal de la capital del Valle del Cauca.El mandatario aseguró que desde el inicio de su Gobierno se han mantenido mesas de trabajo con los transportadores y recordó que su administración ha impulsado medidas para fortalecer el transporte público formal. Según explicó, el Distrito ha adelantado procesos de integración del Transporte Público Colectivo y fases de chatarrización que buscan modernizar el sistema de movilidad en Cali.Sobre el proceso de chatarrización, Alejandro Éder indicó que la ciudad ya ejecutó una primera fase, calificada por él como la más grande en más de una década, y confirmó que recientemente comenzó una nueva etapa. Además, señaló que las tradicionales “gualas” seguirán siendo parte importante del sistema de transporte, especialmente en las zonas de ladera de Cali.El alcalde también desmintió rumores sobre una supuesta salida de circulación de buses a partir del mes de junio. “Es falso y no tienen que bloquear la ciudad para eso. Pueden levantar el teléfono y llamarme”, expresó Éder, quien insistió en que cualquier debate sobre el futuro del transporte público debe darse mediante el diálogo y no mediante bloqueos en las vías de la ciudad.
La Fiscalía judicializó a cuatro personas señaladas de integrar una red dedicada a expedir documentos de identidad colombianos fraudulentos a ciudadanos venezolanos y dominicanos en la sede de la Registraduría de Fundación, Magdalena. Entre los procesados está la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco, los exservidores Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, además del guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno.De acuerdo con la investigación, los implicados habrían participado en al menos 20 eventos delictivos relacionados con la expedición irregular de registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. Según la Fiscalía, por cada trámite cobraban entre 1.200 y 1.500 dólares, utilizando información falsa en los sistemas oficiales, formularios con datos adulterados y hasta cartas de respaldo asociadas, en algunos casos, a personas fallecidas.Las autoridades señalaron que los documentos permitían a los migrantes movilizarse libremente por Colombia y tramitar pasaportes como supuestos ciudadanos colombianos, con el fin de viajar hacia Estados Unidos, México y varios países de Europa. La estructura habría aprovechado sus funciones y acceso a los sistemas de identificación para facilitar el tránsito irregular de extranjeros hacia otros destinos internacionales.Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado, cargos que no fueron aceptados por los procesados.Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras avanza el proceso judicial. Los demás investigados continuarán vinculados a la investigación penal.