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Un brutal ataque contra dos militares del Ejército Nacional conmocionó al país en las últimas horas. En la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón, un subteniente y un soldado fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego por un grupo de civiles instigados, según inteligencia militar, por los Comandos de Frontera, una facción de las disidencias de las FARC que controla las economías ilegales en la región.
Los uniformados, identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, adelantaban la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando fueron rodeados por unas quince personas. El ataque dejó al oficial con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que obligó su evacuación de emergencia hacia Florencia, Caquetá, y su posterior traslado al Hospital Militar de Bogotá.
El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló en sobre el ataque: “Nuestros hombres estaban cumpliendo la misión de golpear el narcotráfico en Putumayo cuando fueron sorprendidos por civiles instrumentalizados por estructuras armadas. Dos de ellos, criminales, decidieron rociar con gasolina a un subteniente y a un soldado y prenderles fuego”.
El general Cotua confirmó que ya existen fotografías de los responsables directos del ataque, las cuales hacen parte del material entregado a la Fiscalía General de la Nación.
Tenemos las imágenes de las dos personas que ejecutaron esta acción criminal y avanzamos en su plena identificación. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía
Por su parte, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los agresores. El alto funcionario enfatizó que se trata de acciones de narcotraficantes y no de campesinos: “A los militares les rociaron gasolina y les prendieron fuego para frenar un procedimiento legal. No fueron comunidades reclamando derechos, sino estructuras criminales”, sentenció.
El hecho también golpeó el proceso de paz que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de Frontera. La delegación oficial rechazó categóricamente el ataque y advirtió que, de no recibir un rechazo firme por parte de la contraparte, podría suspenderse la mesa de negociación.
“Guardar silencio frente a estos actos de barbarie pondría en grave riesgo los avances alcanzados en el proceso de paz”, indicó la delegación, subrayando que el crimen viola el Derecho Internacional Humanitario.
En la entrevista, el general Cotua señaló que los laboratorios de cocaína en Putumayo son construidos por civiles bajo la presión de las estructuras armadas. Explicó que la facción de los Comandos de Frontera está liderada por alias 'Popeye', cabecilla de la estructura 48, que cuenta con aproximadamente 600 hombres armados.
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“La población civil se mete a proteger los laboratorios porque hay una instigación a delinquir. Sin embargo, los verdaderos beneficiarios de estas economías ilegales son los grupos armados organizados”, recalcó el alto oficial.
A pesar de la gravedad del ataque, los dos uniformados se encuentran fuera de peligro. “Gracias a Dios, el teniente Mejía y el soldado Díaz ya están en recuperación. Fueron atendidos en Florencia y esperamos su traslado a Bogotá para recibir atención especializada en la unidad de quemados del Hospital Militar”, informó el general Cotua.
Los demás soldados que participaron en la operación priorizaron apagar las llamas y evacuar a sus compañeros, mientras los agresores emprendían la huida.
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Nuestros hombres reaccionaron protegiendo a los heridos y lograron salvarles la vida
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con las disidencias de las FARC, Armando Novoa, habló en Blu Radio y advirtió que la paciencia del Ejecutivo llegó a su límite: “Si no hay un pronunciamiento claro de ellos al respecto, nos levantaremos de manera inmediata de la mesa y elevaremos la respectiva consulta al Consejero Comisionado de Paz y al Presidente de la República”.
Novoa fue enfático en la condena al ataque: “Quiero manifestar nuestro vertical y contundente rechazo a esa acción criminal. Nuestra solidaridad es total con los dos integrantes de la Fuerza Pública que resultaron gravemente heridos, con sus familias y con toda la institución militar”.
El jefe negociador explicó que ya se reunió en Pasto con una subcomisión de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), a la que se le exigió un pronunciamiento inmediato y público. Para el Gobierno, no basta con negar participación: “Sea lo uno o sea lo otro, es un acto de inhumanidad grave que debe ser rechazado”, recalcó.
Aunque las disidencias han manifestado verbalmente no haber participado en el ataque, el Ejecutivo considera esa explicación insuficiente. “Tiene que haber una declaración de rechazo pública y contundente. Eso es lo que esperamos que suceda hoy. Si no ocurre, nos levantamos de la mesa”, señaló Novoa.
El funcionario coincidió con la posición del ministro de Defensa, quien sostuvo que los responsables no son campesinos sino criminales vinculados al narcotráfico.
“Nuestro comunicado va en la misma dirección de lo dicho por el ministro. Estamos totalmente de acuerdo”, añadió.
El Gobierno subrayó que los acuerdos alcanzados hasta ahora podrían colapsar si las disidencias no condenan el ataque. Entre los puntos en discusión están la destrucción de 14 toneladas de material de guerra, la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca y la ubicación de las estructuras en una zona temporal de transición hacia la dejación de armas.
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“Este hecho es incompatible con todo el esfuerzo que hemos hecho en el último año. No podemos seguir avanzando si no hay claridad y separación de estas conductas”, insistió Novoa.
El jefe de la delegación aclaró que un eventual rechazo de las disidencias no significa que los responsables del ataque queden impunes. “No, señor. Porque al lado del rechazo a esos hechos, demandamos que las autoridades judiciales inicien las investigaciones. Lo que defendemos con el proyecto de ley de justicia para estos procesos es que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad”.
Sobre las eventuales objeciones de las disidencias frente a responder ante los tribunales, Novoa fue directo: “Esa es la oferta que está haciendo el Gobierno: desmovilizarse implica también rendir cuentas por horrores como este”.
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