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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del jefe de los Comandos de Frontera, Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, solicitado por una corte del Distrito de California, en Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional.
El alto tribunal consideró cumplidos los requisitos constitucionales y convencionales para entregar al exjefe guerrillero, capturado en medio del ciclo de negociaciones con el Gobierno colombiano.
La Corte explicó que las pruebas enviadas por la justicia estadounidense demuestran que la organización dirigida por Rojas produjo cocaína en Colombia, la envió a México y la introdujo al mercado estadounidense, lo que configura un delito cometido parcialmente en ese país.
“En consecuencia, los elementos de juicio aportados confirman que el cargo de «narcoterrorismo» cumple el principio de doble incriminación y produjo efectos en territorio de los Estados Unidos de América, lo que legitima la competencia del Estado requirente. La objeción defensiva carece de sustento, pues desconoce la naturaleza transnacional de los comportamientos y los compromisos internacionales de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Alias ‘Araña’ fue detenido en un hotel de Bogotá mientras participaba en una reunión de la mesa de diálogos de paz. Aunque en ese momento sus órdenes de captura estaban suspendidas por su condición de negociador, las autoridades estadounidenses presentaron un nuevo requerimiento tras comprobar que, pese a su papel en el proceso, continuaba enviando cocaína al exterior.
La Corte fue enfática al señalar que los Comandos de Frontera, quienes tuvieron nexos con la Segunda Marquetalia, han perdido toda legitimidad política y operan como una estructura criminal. “Estos antecedentes evidencian que la organización perdió toda finalidad política legítima y opera como un grupo criminal de naturaleza terrorista, conforme con la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)”, advirtió el alto tribunal.
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