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Familia de Javier Ordóñez contrató investigador para que su muerte no quede impune

Los uniformados podrían enfrentar delitos de homicidio intencional agravado con una pena de hasta 25 años de cárcel, según expertos.

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BLU Radio conocido los detalles del proceso penal que piensa iniciar la familia de Javier Humberto Ordóñez, asesinado en la madrugada de este miércoles a manos de policías.

"Hemos contratado un investigador para iniciar la recolección de los elementos materiales probatorios a efectos de qué este infame homicidio no quede impune. En las próximas horas, espero poderme reunir con el fiscal del caso para poder aportar información de vital importancia para la investigación, y de esa manera la Fiscalía tome las decisiones que correspondan en el menor tiempo posible”, dijo el abogado que manejará este proceso, Vadith Gómez.

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Varios abogados analizaron esta situación y llegaron a una conclusión en cuanto al posible destino de los uniformados involucrados en el caso.

“Preliminarmente hay una hipótesis de homicidio intencional agravado que acarrea hasta 25 años de prisión. En segundo lugar, el hecho debe ser conocido por la justicia penal militar, dado que se trata de un hecho cometido por un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones”, dijo Francisco Bernate.

También podrían ser juzgados por otros delitos, según comentó el penalista Ricardo Burgos: “El primero de ellos es abuso de autoridad, que tiene una pena de multa y la destitución del cargo en la Policía Nacional, el segundo que es mucho más gravoso, es homicidio agravado. Disciplinariamente considero que la Policía Nacional debe suspenderlos mientras se realiza la investigación, evitando la obstrucción de la misma o que puedan variar los hechos que se presentaron esta madrugada”.

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“Es una clara muestra de un mal procedimiento, de un excesivo uso de la fuerza, incluso yo estaría inclinado hacia un trato cruel inhumano, referido en la tortura, porque la persona ya estaba en el piso la estaban sometiendo, y sin embargo, la seguían electrocutando, algo que ha sido completamente rechazado por las normas básicas de los derechos humanos”, opinó, por su parte, el jurista Ruben Dario Acosta.

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