En una contundente decisión, la Procuraduría General de la Nación sancionó al cabo primero del Ejército Nacional, David Esteban Mallama Cadena. El órgano de control disciplinario decretó su separación absoluta de las fuerzas militares y le impuso una inhabilidad general de 10 años, luego de hallarlo responsable de cometer conductas de acoso sexual y actos sexuales violentos en contra de varios soldados bajo su mando.De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Calamar, Guaviare, en un periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2024. Durante este tiempo, quedó demostrado que el uniformado se valió deliberadamente de su cargo y de su posición de superior jerárquico dentro de la institución para asediar y someter a los soldados a conductas sexuales indebidas, vulnerando de forma grave su integridad y dignidad.Las conductas fueron catalogadas por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Con este fallo, el ente de control busca sentar un precedente estricto frente a los comportamientos que atentan contra los derechos humanos y la disciplina militar, apartando de manera definitiva al implicado de cualquier actividad relacionada con la fuerza pública.
Un juez condenó a siete años de prisión al patrullero del antiguo Esmad, Danilo José Núñez Zabaleta, por haber disparado un proyectil de bala de goma que le causó la pérdida de un ojo a la joven Leidy Natalia Cadena Torres, el 28 de abril de 2021.De acuerdo con la decisión judicial, el uniformado fue hallado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, luego de comprobarse que disparó en contravía de los protocolos establecidos sobre el uso de la fuerza. En el fallo, la jueza determinó que “a la pena principal de 84 meses legales mensuales vigente a título de autor penalmente responsable del título del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente con circunstancias de mayor punibilidad (...) el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión dentro del establecimiento carcelario, patio de servidores públicos que él asigne para tal fin, por lo que, una vez ejecutoriado el fallo, se librará la correspondiente orden de captura a través del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de esta ciudad”.La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven, provocándole una afectación permanente en su integridad física.En el mismo fallo, la jueza también resolvió absolver a otro funcionario, quien había sido vinculado previamente al proceso penal por los mismos hechos. Sobre este punto, la decisión judicial indicó: “Absolver a Álvaro Ramírez Castro por la totalidad de los cargos endilgados, esto es, lesiones personales con perturbación funcional permanente y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.El expediente relacionado con la agresión a Leidy Natalia Cadena Torres permaneció en la justicia ordinaria luego de que se determinara que el caso no debía trasladarse a la justicia penal militar. El alto tribunal descartó esa posibilidad al considerar que existían indicios de uso desproporcionado de la fuerza, lo que justificaba que el proceso continuara en la jurisdicción ordinaria.
Condenaron a más de 10 años de prisión a un expolicía que agredió sexualmente a una auxiliar de la misma institución en una estación del metro de Medellín. La víctima, de 19 años de edad, fue besada a la fuerza y tocada sexualmente sin su consentimiento.Luego de más de tres años de investigaciones la justicia falló en primera instancia frente a un caso de agresión sexual protagonizado por un expolicía en la ciudad de Medellín.Se trata de Kevis Marcelo Urango Romero, de 28 años de edad, que fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el delito de acto sexual violento tras agredir a una compañera de la misma institución en las instalaciones del metro de Medellín.Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2022 cuando Urango le solicitó a una auxiliar bachiller de 19 años de edad que fuera hasta el cuarto de seguridad de la estación Hospital, lugar de descanso de los uniformados que prestan sus servicios en esta parada de la Línea A del sistema de transporte masivo.Ya estando allí la mujer, el patrullero cerró la puerta con llave y la besó por la fuerza, además de realizarle tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.Tras la decisión de un juez de conocimiento en la capital antioqueña, la defensa del condenado apeló ante el Tribunal Superior de Medellín, quien deberá resolver el caso en segunda instancia.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza. De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial se pronunció frente a los hechos ocurridos en la madrugada del 10 de noviembre de 2025 en el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá, donde un ciudadano y dos policías resultaron heridos durante un operativo.De acuerdo con las autoridades, los uniformados atendían un llamado por exceso de ruido y consumo de licor en el espacio público, cuando los ciudadanos hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes. Uno de ellos, en aparente estado de embriaguez, empezó a insultar a los policías, lo que desencadenó una fuerte confrontación.Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los agentes agrede al ciudadano con un golpe, dejándolo inconsciente y obligando a su traslado inmediato a un centro asistencial. Dentro de los hechos también resultaron heridos dos agentes.A continuación el video de la agresión:Fueron ante estos hechos que la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la apertura de una investigación formal, que estará a cargo de la Fiscalía 2419 Penal Militar y Policial de Conocimiento en donde se adelantará todas las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia del proceso.“La Fiscalía reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, invitando a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y a colaborar con las autoridades en el desarrollo de la investigación”, menciona la entidad.
Un video difundido en redes sociales ha generado rechazo en el municipio de Encino, Santander, al mostrar lo que sería un presunto abuso de la fuerza por parte de dos uniformados de la Policía Nacional durante un procedimiento en zona rural de la localidad.En las imágenes, uno de los policías aparece sujetando con fuerza a un hombre de avanzada, al parecer campesino del sector, mientras varias personas que se encontraban presentes pedían que lo soltara.El hecho, ocurrido el pasado fin de semana, desató preocupación entre los habitantes y llevó al alcalde de Encino a convocar de manera urgente un consejo de seguridad con las autoridades civiles y policiales del municipio.Según informó la Alcaldía, durante la reunión se escucharon las versiones tanto de los uniformados involucrados como del ciudadano afectado, con el objetivo de realizar un análisis responsable y determinar las recomendaciones necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan.“El señor alcalde emitió recomendaciones puntuales a la Policía, orientadas a mantener el orden, la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los habitantes del territorio, evitando actuaciones arbitrarias en los procedimientos”, señala el comunicado oficial.El mandatario local también pidió a la Policía defender su actuación dentro del marco legal, e invitó al ciudadano involucrado a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, en caso de considerar vulnerados sus derechos.La Alcaldía de Encino hizo además un llamado a la comunidad para conservar el respeto hacia la fuerza pública y acatar las indicaciones de los uniformados, privilegiando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.Finalmente, la Alcaldía aclaró que no interviene en los procedimientos operativos de la Policía Nacional, pero reiteró su “compromiso con la ley, la convivencia y el bienestar de todos los encineros, insistiendo en que los ciudadanos pueden acudir a la Personería Municipal para reportar cualquier vulneración de derechos”.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer es empujada con fuerza por un uniformado de la Policía en Bucaramanga, quien posteriormente la lanza al piso y se abalanza sobre ella para reducirla. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre en inmediaciones del Centro Cultural del Oriente, en el centro de la ciudad, y ha generado rechazo ciudadano por lo que la comunidad considera un posible abuso de la fuerza.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que ya se adelantan investigaciones internas para esclarecer lo sucedido.“Desde el momento que se tuvo conocimiento de esos hechos, ya hemos aperturado una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y también Justicia Militar abrió una investigación con el fin de determinar qué fue lo que ocurrió ahí y tomar las acciones necesarias”, indicó el oficial.El general Quintero agregó que el procedimiento se originó cuando una patrulla de policías en bicicleta intentó requisar a un grupo de personas que se encontraban en el sector.“Inicialmente, según lo que manifiestan los uniformados, fueron agredidos por un sujeto al que iban a requisar. Hubo necesidad de pedir apoyo a otras unidades del CAI Centenario, donde se genera toda la acción que quedó visibilizada por los medios de comunicación”, explicó.El comandante reiteró que la institución no tolerará conductas abusivas por parte de sus miembros.“La Policía Metropolitana no permitirá ningún abuso por parte de los uniformados ni situaciones que generen una mala imagen institucional”, concluyó.Entre tanto, la comunidad del sector pidió que el caso sea investigado a fondo y que se garantice transparencia en el proceso disciplinario. El video continúa circulando en plataformas digitales como evidencia de un nuevo hecho que reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial en Bucaramanga.
La muerte de Juan Camilo Oliver Navarro, un barbero de 22 años, en medio de un procedimiento de requisa realizado la madrugada del martes en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, tiene consternados a sus familiares y amigos, quienes denuncian presuntas irregularidades por parte de patrulleros de la Policía que atendieron el caso.A Juan Camilo un patrullero de la Policía le quitó la vida al dispararle a un costado de su abdomen cuando lo perseguían para solicitarle una requisa. La institución señala que el joven que se movilizaba en una moto no acató la orden de pare de los uniformados y que incluso intentó desarmar a uno de ellos mientras seguía condiciendo, lo que llevó a que hicieran uso de su arma de dotación.Esta versión fue rechazada por allegados a Juan Camilo quienes afirman que los hechos ocurrieron poco después de que salieran de una fiesta y se dirigieran a sus casas en el barrio La Luz.“Todos íbamos en una moto, él iba solo manejando y en la 17, en Simón Bolívar nos detuvo una patrulla paró una de las motos, pero a él no lo detuvieron y siguió adelante. Él iba rápido y no se percató. Cuando los policías se le van acercando él reduce un poco la velocidad, pero le disparan y todos cayeron al suelo. No hubo forcejeo, él no podía porque estaba manejando”, contó uno de los amigos del joven.De acuerdo con esta persona, presuntamente los policías no permitieron que una ambulancia que llegó al sitio le brindara los primeros auxilios a Juan Camilo, quien murió en el pavimento.“Eso ocurre mientras él va manejando la moto y él iba solo en el vehículo. Por lógica no se da ese forcejeo. Como vecino nos tiene consternado lo que ocurrió. Somos conscientes de que debió parar y atender el llamado al policía, pero lo que nosotros juzgamos es el procedimiento como tal, no debían dispararle”, señaló otro vecino del barbero.Por la muerte del joven, familiares y amigos realizaron una protesta a las afueras del CAI Coolechera, cerca del lugar donde inició la persecución del joven asesinado. La comunidad llegó con un video en mano en el que se observa que no hubo forcejeo y que presuntamente el joven ya iba herido cuando su moto se juntó con la de los policía y cayó al suelo. Piden que se aclaren los hechos.
En un relato conmovedor, Leila Rodríguez, una colombiana radicada en Valencia España, narró cómo su familia vivió un episodio de abuso policial. La situación comenzó cuando Leila y su familia se percataron de un operativo de la policía que estaba deteniendo a unos jóvenes en la calle. Inmediatamente, Leila se acercó para indagar sobre la situación de su hija, quien fue agredida por los agentes. "Ellos estaban golpeando a mi hija, y al reclamarles, comenzaron a agredirnos a nosotros también", comenta Leila, quien se encontraba con su familia al intentar ayudar a su hija en el momento de la intervención policial. La familia Rodríguez Colorado, que reside en España desde el año 2000, se ha nacionalizado y nunca ha tenido problemas legales, pero este episodio ha planteado serias dudas sobre el trato que reciben los colombianos en el país.En el relato, Leila hace hincapié en el racismo que sufrió durante el incidente, donde los agentes utilizaron insultos despectivos hacia ellos. La situación se agravó cuando la familia fue llevada al calabozo, donde continuaron siendo maltratados. Leila expresa su deseo de justicia y cómo la comunidad colombiana se ha solidarizado con ellos, mientras que la embajada colombiana se ha puesto en contacto para ofrecer apoyo consular. Las denuncias y las pruebas audiovisuales recabadas por la familia han comenzado a circular, mostrando la urgente necesidad de visibilizar estos casos que afectan la dignidad y derechos de los inmigrantes en España. Escuche la entrevista completa aquí:
Tanto la Policía Metropolitana de Barranquilla, de manera interna, como la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones contra dos uniformados de la institución armada luego de una denuncia realizada por una barranquillera de 28 años, quien alega que fue víctima de supuestos tocamientos mientras le realizaban una requisa en la conocida urbanización Alameda del Río, en la localidad Norte Centro Histórico de la capital del Atlántico.Las indagaciones fueron abiertas apenas este viernes 11 de abril, pese a que el caso habría ocurrido cerca de las 9:00 de la noche del miércoles 9 de abril, cercanías al conjunto Brisas del Caribe del sector mencionado.De acuerdo a los reportes conocidos por Blu Radio, la presunta víctima se acercó al Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla para denunciar lo sucedido, recibiendo la atención inmediata de la patrulla púrpura.En su testimonio, aseguró que se encontraba a las afueras de su conjunto residencial con un amigo cuando los agentes les solicitaron una requisa. Al parecer, ella se alteró argumentando que la misma no tenía justificación y fue allí cuando la esposaron y le habrían, supuestamente, tocado sus partes íntimas.Tras la escena, la mujer fue conducida hasta la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia, UCJ, para luego ser dejada en libertad, aunque manifestó que le quitaron una cadena que para ella tenía mucho valor.La víctima impuso una queja formal ante la oficina de atención al ciudadano, así como se activó una ruta de atención para ayudarla con la radicación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Además, se le adelantaron estudios médicos en las instalaciones de Medicina Legal.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista: