En una contundente decisión, la Procuraduría General de la Nación sancionó al cabo primero del Ejército Nacional, David Esteban Mallama Cadena. El órgano de control disciplinario decretó su separación absoluta de las fuerzas militares y le impuso una inhabilidad general de 10 años, luego de hallarlo responsable de cometer conductas de acoso sexual y actos sexuales violentos en contra de varios soldados bajo su mando.De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Calamar, Guaviare, en un periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2024. Durante este tiempo, quedó demostrado que el uniformado se valió deliberadamente de su cargo y de su posición de superior jerárquico dentro de la institución para asediar y someter a los soldados a conductas sexuales indebidas, vulnerando de forma grave su integridad y dignidad.Las conductas fueron catalogadas por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Con este fallo, el ente de control busca sentar un precedente estricto frente a los comportamientos que atentan contra los derechos humanos y la disciplina militar, apartando de manera definitiva al implicado de cualquier actividad relacionada con la fuerza pública.
Un juez condenó a siete años de prisión al patrullero del antiguo Esmad, Danilo José Núñez Zabaleta, por haber disparado un proyectil de bala de goma que le causó la pérdida de un ojo a la joven Leidy Natalia Cadena Torres, el 28 de abril de 2021.De acuerdo con la decisión judicial, el uniformado fue hallado responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, luego de comprobarse que disparó en contravía de los protocolos establecidos sobre el uso de la fuerza. En el fallo, la jueza determinó que “a la pena principal de 84 meses legales mensuales vigente a título de autor penalmente responsable del título del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente con circunstancias de mayor punibilidad (...) el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión dentro del establecimiento carcelario, patio de servidores públicos que él asigne para tal fin, por lo que, una vez ejecutoriado el fallo, se librará la correspondiente orden de captura a través del centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de esta ciudad”.La decisión reconoce que el uniformado incurrió en lesiones personales con perturbación funcional al accionar un arma menos letal de forma directa contra la joven, provocándole una afectación permanente en su integridad física.En el mismo fallo, la jueza también resolvió absolver a otro funcionario, quien había sido vinculado previamente al proceso penal por los mismos hechos. Sobre este punto, la decisión judicial indicó: “Absolver a Álvaro Ramírez Castro por la totalidad de los cargos endilgados, esto es, lesiones personales con perturbación funcional permanente y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.El expediente relacionado con la agresión a Leidy Natalia Cadena Torres permaneció en la justicia ordinaria luego de que se determinara que el caso no debía trasladarse a la justicia penal militar. El alto tribunal descartó esa posibilidad al considerar que existían indicios de uso desproporcionado de la fuerza, lo que justificaba que el proceso continuara en la jurisdicción ordinaria.
Condenaron a más de 10 años de prisión a un expolicía que agredió sexualmente a una auxiliar de la misma institución en una estación del metro de Medellín. La víctima, de 19 años de edad, fue besada a la fuerza y tocada sexualmente sin su consentimiento.Luego de más de tres años de investigaciones la justicia falló en primera instancia frente a un caso de agresión sexual protagonizado por un expolicía en la ciudad de Medellín.Se trata de Kevis Marcelo Urango Romero, de 28 años de edad, que fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el delito de acto sexual violento tras agredir a una compañera de la misma institución en las instalaciones del metro de Medellín.Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2022 cuando Urango le solicitó a una auxiliar bachiller de 19 años de edad que fuera hasta el cuarto de seguridad de la estación Hospital, lugar de descanso de los uniformados que prestan sus servicios en esta parada de la Línea A del sistema de transporte masivo.Ya estando allí la mujer, el patrullero cerró la puerta con llave y la besó por la fuerza, además de realizarle tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.Tras la decisión de un juez de conocimiento en la capital antioqueña, la defensa del condenado apeló ante el Tribunal Superior de Medellín, quien deberá resolver el caso en segunda instancia.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza. De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial se pronunció frente a los hechos ocurridos en la madrugada del 10 de noviembre de 2025 en el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá, donde un ciudadano y dos policías resultaron heridos durante un operativo.De acuerdo con las autoridades, los uniformados atendían un llamado por exceso de ruido y consumo de licor en el espacio público, cuando los ciudadanos hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes. Uno de ellos, en aparente estado de embriaguez, empezó a insultar a los policías, lo que desencadenó una fuerte confrontación.Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que uno de los agentes agrede al ciudadano con un golpe, dejándolo inconsciente y obligando a su traslado inmediato a un centro asistencial. Dentro de los hechos también resultaron heridos dos agentes.A continuación el video de la agresión:Fueron ante estos hechos que la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la apertura de una investigación formal, que estará a cargo de la Fiscalía 2419 Penal Militar y Policial de Conocimiento en donde se adelantará todas las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia del proceso.“La Fiscalía reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, invitando a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y a colaborar con las autoridades en el desarrollo de la investigación”, menciona la entidad.
Un video difundido en redes sociales ha generado rechazo en el municipio de Encino, Santander, al mostrar lo que sería un presunto abuso de la fuerza por parte de dos uniformados de la Policía Nacional durante un procedimiento en zona rural de la localidad.En las imágenes, uno de los policías aparece sujetando con fuerza a un hombre de avanzada, al parecer campesino del sector, mientras varias personas que se encontraban presentes pedían que lo soltara.El hecho, ocurrido el pasado fin de semana, desató preocupación entre los habitantes y llevó al alcalde de Encino a convocar de manera urgente un consejo de seguridad con las autoridades civiles y policiales del municipio.Según informó la Alcaldía, durante la reunión se escucharon las versiones tanto de los uniformados involucrados como del ciudadano afectado, con el objetivo de realizar un análisis responsable y determinar las recomendaciones necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan.“El señor alcalde emitió recomendaciones puntuales a la Policía, orientadas a mantener el orden, la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los habitantes del territorio, evitando actuaciones arbitrarias en los procedimientos”, señala el comunicado oficial.El mandatario local también pidió a la Policía defender su actuación dentro del marco legal, e invitó al ciudadano involucrado a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, en caso de considerar vulnerados sus derechos.La Alcaldía de Encino hizo además un llamado a la comunidad para conservar el respeto hacia la fuerza pública y acatar las indicaciones de los uniformados, privilegiando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.Finalmente, la Alcaldía aclaró que no interviene en los procedimientos operativos de la Policía Nacional, pero reiteró su “compromiso con la ley, la convivencia y el bienestar de todos los encineros, insistiendo en que los ciudadanos pueden acudir a la Personería Municipal para reportar cualquier vulneración de derechos”.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer es empujada con fuerza por un uniformado de la Policía en Bucaramanga, quien posteriormente la lanza al piso y se abalanza sobre ella para reducirla. El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre en inmediaciones del Centro Cultural del Oriente, en el centro de la ciudad, y ha generado rechazo ciudadano por lo que la comunidad considera un posible abuso de la fuerza.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que ya se adelantan investigaciones internas para esclarecer lo sucedido.“Desde el momento que se tuvo conocimiento de esos hechos, ya hemos aperturado una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y también Justicia Militar abrió una investigación con el fin de determinar qué fue lo que ocurrió ahí y tomar las acciones necesarias”, indicó el oficial.El general Quintero agregó que el procedimiento se originó cuando una patrulla de policías en bicicleta intentó requisar a un grupo de personas que se encontraban en el sector.“Inicialmente, según lo que manifiestan los uniformados, fueron agredidos por un sujeto al que iban a requisar. Hubo necesidad de pedir apoyo a otras unidades del CAI Centenario, donde se genera toda la acción que quedó visibilizada por los medios de comunicación”, explicó.El comandante reiteró que la institución no tolerará conductas abusivas por parte de sus miembros.“La Policía Metropolitana no permitirá ningún abuso por parte de los uniformados ni situaciones que generen una mala imagen institucional”, concluyó.Entre tanto, la comunidad del sector pidió que el caso sea investigado a fondo y que se garantice transparencia en el proceso disciplinario. El video continúa circulando en plataformas digitales como evidencia de un nuevo hecho que reabre el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial en Bucaramanga.
La muerte de Juan Camilo Oliver Navarro, un barbero de 22 años, en medio de un procedimiento de requisa realizado la madrugada del martes en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, tiene consternados a sus familiares y amigos, quienes denuncian presuntas irregularidades por parte de patrulleros de la Policía que atendieron el caso.A Juan Camilo un patrullero de la Policía le quitó la vida al dispararle a un costado de su abdomen cuando lo perseguían para solicitarle una requisa. La institución señala que el joven que se movilizaba en una moto no acató la orden de pare de los uniformados y que incluso intentó desarmar a uno de ellos mientras seguía condiciendo, lo que llevó a que hicieran uso de su arma de dotación.Esta versión fue rechazada por allegados a Juan Camilo quienes afirman que los hechos ocurrieron poco después de que salieran de una fiesta y se dirigieran a sus casas en el barrio La Luz.“Todos íbamos en una moto, él iba solo manejando y en la 17, en Simón Bolívar nos detuvo una patrulla paró una de las motos, pero a él no lo detuvieron y siguió adelante. Él iba rápido y no se percató. Cuando los policías se le van acercando él reduce un poco la velocidad, pero le disparan y todos cayeron al suelo. No hubo forcejeo, él no podía porque estaba manejando”, contó uno de los amigos del joven.De acuerdo con esta persona, presuntamente los policías no permitieron que una ambulancia que llegó al sitio le brindara los primeros auxilios a Juan Camilo, quien murió en el pavimento.“Eso ocurre mientras él va manejando la moto y él iba solo en el vehículo. Por lógica no se da ese forcejeo. Como vecino nos tiene consternado lo que ocurrió. Somos conscientes de que debió parar y atender el llamado al policía, pero lo que nosotros juzgamos es el procedimiento como tal, no debían dispararle”, señaló otro vecino del barbero.Por la muerte del joven, familiares y amigos realizaron una protesta a las afueras del CAI Coolechera, cerca del lugar donde inició la persecución del joven asesinado. La comunidad llegó con un video en mano en el que se observa que no hubo forcejeo y que presuntamente el joven ya iba herido cuando su moto se juntó con la de los policía y cayó al suelo. Piden que se aclaren los hechos.
En un relato conmovedor, Leila Rodríguez, una colombiana radicada en Valencia España, narró cómo su familia vivió un episodio de abuso policial. La situación comenzó cuando Leila y su familia se percataron de un operativo de la policía que estaba deteniendo a unos jóvenes en la calle. Inmediatamente, Leila se acercó para indagar sobre la situación de su hija, quien fue agredida por los agentes. "Ellos estaban golpeando a mi hija, y al reclamarles, comenzaron a agredirnos a nosotros también", comenta Leila, quien se encontraba con su familia al intentar ayudar a su hija en el momento de la intervención policial. La familia Rodríguez Colorado, que reside en España desde el año 2000, se ha nacionalizado y nunca ha tenido problemas legales, pero este episodio ha planteado serias dudas sobre el trato que reciben los colombianos en el país.En el relato, Leila hace hincapié en el racismo que sufrió durante el incidente, donde los agentes utilizaron insultos despectivos hacia ellos. La situación se agravó cuando la familia fue llevada al calabozo, donde continuaron siendo maltratados. Leila expresa su deseo de justicia y cómo la comunidad colombiana se ha solidarizado con ellos, mientras que la embajada colombiana se ha puesto en contacto para ofrecer apoyo consular. Las denuncias y las pruebas audiovisuales recabadas por la familia han comenzado a circular, mostrando la urgente necesidad de visibilizar estos casos que afectan la dignidad y derechos de los inmigrantes en España. Escuche la entrevista completa aquí:
Tanto la Policía Metropolitana de Barranquilla, de manera interna, como la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones contra dos uniformados de la institución armada luego de una denuncia realizada por una barranquillera de 28 años, quien alega que fue víctima de supuestos tocamientos mientras le realizaban una requisa en la conocida urbanización Alameda del Río, en la localidad Norte Centro Histórico de la capital del Atlántico.Las indagaciones fueron abiertas apenas este viernes 11 de abril, pese a que el caso habría ocurrido cerca de las 9:00 de la noche del miércoles 9 de abril, cercanías al conjunto Brisas del Caribe del sector mencionado.De acuerdo a los reportes conocidos por Blu Radio, la presunta víctima se acercó al Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla para denunciar lo sucedido, recibiendo la atención inmediata de la patrulla púrpura.En su testimonio, aseguró que se encontraba a las afueras de su conjunto residencial con un amigo cuando los agentes les solicitaron una requisa. Al parecer, ella se alteró argumentando que la misma no tenía justificación y fue allí cuando la esposaron y le habrían, supuestamente, tocado sus partes íntimas.Tras la escena, la mujer fue conducida hasta la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia, UCJ, para luego ser dejada en libertad, aunque manifestó que le quitaron una cadena que para ella tenía mucho valor.La víctima impuso una queja formal ante la oficina de atención al ciudadano, así como se activó una ruta de atención para ayudarla con la radicación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Además, se le adelantaron estudios médicos en las instalaciones de Medicina Legal.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.