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La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.
Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza.
De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.
Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.
El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.
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En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.
La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.