Luego de dos aplazamientos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al empresario de espectáculos Ricardo Leyva Páez por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada, por hechos que habrían ocurrido de manera continuada entre 2020 y 2025. La diligencia se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, bajo los parámetros del procedimiento penal especial abreviado.
Durante la audiencia, Leyva manifestó que era inocente y no aceptó los cargos, según informó María Camila Toro, abogada que representa a las víctimas. La acusación se relaciona con presuntos episodios de violencia física, verbal, psicológica y patrimonial contra Karen Santos, quien habría mantenido una relación con el empresario durante más de cinco años.
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“Esta audiencia es la lectura de los hechos del caso como tal, y se le dieron a contar los elementos y la evidencia con la que cuenta directamente la Fiscalía para llevar este caso a juicio. El señor Ricardo Leyva manifestó que era inocente y que no aceptaba los cargos. Esa fue la afirmación que realizó en la diligencia”, explicó Toro.
La representante de víctimas señaló que la Fiscalía ha recopilado declaraciones, videos, grabaciones, mensajes de texto y de audio, así como testimonios que, según sostuvo, respaldarían la versión de Santos. También se refirió a las lesiones que habría sufrido la mujer y rechazó los argumentos que, de acuerdo con su relato, ha planteado el empresario sobre la autenticidad de algunos registros audiovisuales.
“Este proceso tiene todo tipo de violencias en contra de la mujer, de manera física, verbal, psicológica, patrimonial”, afirmó la abogada. Añadió que las fracturas que habría presentado Santos también hacen parte de la evidencia que conoce la Fiscalía.
La acusación se formuló por violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo, es decir, por la presunta comisión reiterada de la misma conducta punible. Los hechos investigados abarcan el periodo comprendido entre 2020 y 2025 y deberán ser debatidos durante las siguientes etapas del proceso.
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Tras la acusación, el caso pasará a conocimiento de un juez de la República, ante quien se realizará una audiencia concentrada. En esa fase, la defensa podrá solicitar pruebas y formular las peticiones correspondientes antes de que avance el juicio.
Toro también explicó que, al tratarse de un procedimiento abreviado, el proceso continúa hacia la etapa judicial en la que las partes podrán presentar y controvertir los elementos probatorios.
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La abogada sostuvo que, hasta el momento, la defensa de Leyva no ha presentado una solicitud de preacuerdo ni de principio de oportunidad relacionada con Santos. Sobre esta última posibilidad, precisó que requeriría la participación de la víctima en los términos correspondientes.