La Fiscalía enunció ante el juez 25 de conocimiento de Bogotá los 31 testigos que presentará en el juicio contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.
El testigo que encabeza el listado es el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. La Fiscalía quiere que el fiscal cuente en los estrados judiciales lo que supo sobre la adjudicación de Ruta del Sol II tramo Ocaña - Gamarra, otrosí # 6 y si supone de la participación de Andrade en la presunta adjudicación irregular de los contratos.
Por otro lado, los testigos más importantes que aparecen son Yezid Arocha y Eleuberto Martorelli, exdirectivos de Odebrecht. Así como los contratistas Federico Gaviria, Gabriel Dumar y Eduardo Zambrano; los excongresistas Bernando ‘Ñoño’ Elías y Otto Bula y los funcionarios Carlos Alberto Rosado Zúñiga, director del Invias, Álvaro José Soto García, gerente nacional del entonces Inco y Alejandro Gutiérrez Ramírez, defensa jurídica de la ANI. Y, finalmente, el testigo Juan Sebastián Correa, exasesor de Andrade en la ANI y quien hoy es testigo de cargo contra el mismo.
Además de estos, la Fiscalía citará a varios investigadores para que narren los informes sobre el caso. Por ejemplo, sobre las inspecciones en el Invias y la ANI y la copia de convenios. También presentarán los chats entre el senador Elías y Otto Bula, Elías y Juan Sebastián Correa, y finalmente, entre Andrade y Martorelli.
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La defensa de Andrade
Sin embargo, según la defensa de Andrade, el abogado Jesús Albeiro Yepes, esta petición deberá ser derogada por el juez, pues no solo ese testimonio lo pidieron primero ellos, sino que son pruebas y testimonios que la Fiscalía añadió con posterioridad a la acusación.
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Y es que en la audiencia pasada, justamente uno de los testimonios que pidió Andrade fue el del fiscal Martínez. Según la versión que presentarán en juicio, el fiscal “fue el que dio en concepto jurídico en el 2012 para avanzar en la decisión Ocaña Gamarra; dos años más tarde, como ministro de Presidencia, aprobó la adición en el Conpes que permitió las adiciones y, finalmente, fue el que redactó el contrato de transacción entre el grupo Aval y Odebrecht "con la intención aparente de ocultar pagos irregulares”.
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