El proceso judicial por las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional avanza hacia la etapa de acusación. La diligencia contra Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, y otras cinco personas quedó programada para el próximo 23 de septiembre a las 10:30 de la mañana.
La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la compañía estadounidense Vertol Systems por un valor de 32 millones de dólares. El objeto contractual contemplaba el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
La Fiscalía sostiene que en la adjudicación del contrato se habrían presentado actuaciones irregulares y señala que el exviceministro, Luis Edmundo Suárez Soto habría intervenido en el proceso. Dentro de la investigación también aparece el contratista Carlos Martín Uribe Forero, contra quien el ente acusador avanza en audiencias para la solicitud de medida de aseguramiento.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las audiencias, Uribe Forero se habría concertado con el entonces viceministro Suárez Soto para que Vertol Systems obtuviera el contrato, pese a que, según el ente acusador, la compañía no contaría con la idoneidad, experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para ejecutar las actividades contratadas.
La Fiscalía también ha señalado dentro de la investigación a Hugo Alejandro Mora Tamaño, entonces secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa , y el entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
En paralelo, continúa pendiente la decisión sobre la medida de aseguramiento solicitada contra Luis Edmundo Suárez Soto. La audiencia en la que se definiría esta solicitud fue aplazada el pasado viernes 4 de septiembre, por lo que todavía no existe una decisión sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía contra el exviceministro.
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El proceso también tendrá una nueva actuación relacionada con Diego Manrique, considerado testigo clave dentro de la investigación contra Suárez Soto. Se trata de una práctica de prueba anticipada que busca llevar nuevamente su testimonio ante un juez.
La prueba anticipada cobra relevancia debido a que Manrique cuenta con un principio de oportunidad dentro de las actuaciones relacionadas con el caso. En este tipo de situaciones, cuando existe el riesgo de que el principio de oportunidad pueda vencer antes de que se adelante el juicio, la práctica anticipada permite que el testimonio sea recibido formalmente ante un juez y pueda conservar valor probatorio para el proceso.
En este caso, el objetivo es que Manrique exponga ante un juez el contenido de la información entregada dentro de su matriz de colaboración, de manera que su declaración quede incorporada como una prueba practicada judicialmente.