La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación con el que busca llevar a juicio al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y a otras cinco personas, por su presunta intervención en la adjudicación del contrato destinado al mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.
El proceso se relaciona con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares. El objeto contractual contemplaba el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
En paralelo al escrito de acusación, se encuentra en definición la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía contra el exviceministro.
Según la investigación, Carlos Martín Uribe Forero, en calidad de particular, y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con Luis Edmundo Suárez Soto, quien para entonces se desempeñaba como viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, con el propósito de que la compañía extranjera obtuviera el contrato.
La Fiscalía sostiene que Vertol Systems no habría contado con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera necesarias para ejecutar las actividades previstas en el contrato.
De acuerdo con la acusación, para desarrollar la actuación investigada también habrían intervenido Hugo Alejandro Mora Tamaño, entonces secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y el entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
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La Fiscalía señala que los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto para seleccionar al contratista y recurrieron a una contratación directa. Dentro de las actuaciones cuestionadas se encuentra la convocatoria directa, así como la presunta flexibilización de requisitos habilitantes y la ampliación de los plazos establecidos para la presentación de cotizaciones.
La investigación también señala que se habrían realizado reuniones durante la estructuración del proceso contractual con el propósito de beneficiar al oferente. Según la Fiscalía, en esas actuaciones se habría permitido que la empresa entregará información financiera y técnica que no correspondía a la realidad.
Otro de los aspectos que hace parte de la acusación está relacionado con la forma de pago pactada para la ejecución del contrato. La Fiscalía señala que esta habría sido modificada para permitir un primer desembolso de 16 millones de dólares, correspondiente al 50 % del valor total del contrato, con el primer corte de ejecución.