La representación legal de la Alcaldía de Villa de Leyva, encabezada por el abogado Juan Felipe Criollo, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, priorizar la investigación penal relacionada con las obras ejecutadas en el predio San Cayetano, ubicado en la vereda Sabana, donde se desarrolla el proyecto denominado “Nuestra Señora del Buen Suceso – San Jacinto de Nelvic”.
El mismo predio está relacionado con la investigación por una solicitud de coimas por la cual la Fiscalía acusó formalmente al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
En esta nueva línea investigativa, la administración municipal solicitó la creación de un grupo de tareas para verificar las actuaciones relacionadas con las obras y una licencia de construcción expedida en 2022, mediante la cual se autorizó inicialmente una vivienda unifamiliar de un piso, con un área de 551,12 metros cuadrados.
Según el escrito presentado por la representación del municipio, posteriormente fueron identificadas obras que superaban el área autorizada. El documento señala que el trámite comenzó con la solicitud de una vivienda de un piso y terminó, cinco años después, con una orden de demolición.
“Dicho lo anterior, esa es la única licencia que ha existido sobre el proyecto, y ese es el único metraje que alguna vez fue autorizado. Todo lo que viene después son intentos fallidos de ampliar ese permiso”, señala el documento.
La Alcaldía también plantea que desde octubre de 2021, siete meses antes de la expedición de la licencia, los promotores del proyecto tenían conocimiento de la existencia de la quebrada El Roble y de un cuerpo hídrico en el predio, así como de las franjas de aislamiento que debían respetarse.
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“Dicho de otro modo, desde octubre de 2021 (siete meses antes de que se expidiera la licencia) los promotores del proyecto sabían que en el predio existían la quebrada El Roble y un cuerpo hídrico, que ambos exigían franjas de aislamiento, y que las pesebreras y la capilla no estaban autorizadas”, indica el escrito.
En otro apartado, la Alcaldía hace referencia a la magnitud de las obras ejecutadas frente al área inicialmente autorizada. “Es decir que, según la declaración del propio responsable de la obra, se construyó cerca de diez veces el área autorizada”, afirma el documento.
La representación legal también relaciona una serie de posibles afectaciones que, según señala, fueron documentadas por autoridades públicas y requieren verificación pericial. Entre ellas menciona el entubamiento y enterramiento de cuerpos hídricos, la modificación de las rondas de protección de cuerpos de agua y la conformación de un lago artificial sin permiso, sobre el cual, según el municipio, “jamás se tramitó solicitud”.
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Asimismo, el escrito refiere movimientos de tierra y excavaciones de gran magnitud, renivelaciones del terreno y modificaciones del relieve natural sin autorización, en un área que, según el documento, se califica con riesgo moderado por remoción en masa.
La Alcaldía también solicita verificar posibles alteraciones de las dinámicas de infiltración y regulación de las agua; además de posibles vertimientos de aguas residuales al suelo, al agua y a predios vecinos, disposición de material de excavación en la ronda de la quebrada El Roble, y remoción de cobertura vegetal asociados con la adecuación del terreno y la apertura de vías internas.
Otro de los puntos planteados es la continuidad de las obras pese a decisiones de la autoridad urbanística. El documento sostiene que “las obras continuaron y, al parecer, continúan ejecutándose pese a que la autoridad urbanística había negado expresamente su autorización, había confirmado esa negativa al resolver los recursos y había negado la revalidación”.
La Alcaldía también plantea la necesidad de realizar una inspección técnica con prontitud debido a las características de la evidencia. “La evidencia de este caso es, en lo esencial, física y topográfica”, señala el documento, que advierte que el paso del tiempo, la revegetalización, el relleno de excavaciones o adecuaciones posteriores podrían modificar las condiciones necesarias para reconstruir técnicamente lo ocurrido.
A esto se suma que la orden de demolición y la multa impuestas en abril de 2026 no pueden ejecutarse actualmente, según la Alcaldía, debido a que la apelación está en trámite.
Finalmente, la representación municipal advierte que la sociedad promotora del proyecto se encuentra actualmente en liquidación, situación que, según el documento, debe ser considerada frente a una eventual reparación de los daños.