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La Procuraduría formuló pliego de cargos y llamó a responder a los exmiembros de la junta directiva de Bioenergy Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; y a los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.
El ministerio público investiga un presunto detrimento patrimonial por más de 41.000 millones de pesos alrededor de varias irregularidades en la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’ de Puerto López, Meta.
Al parecer los funcionarios, quienes estuvieron entre 2012 y 2017, omitieron suspender o terminar un contrato de suministro con Río Paila Castilla, a pesar del retraso en la ejecución de la planta de producción. Además, los exgerentes pagaron unos cánones de arrendamiento de predios que no estaban siendo cultivados por Bioenergy.
También se investigan dos contratos suscritos con la empresa Tipel para la corrección de diseños, complementación de la ingeniería y apoyo técnico en campo. Las faltas tienen que ver con la autorización de un aumento salarial de los cargos de obrero de servicios generales de oficina civil, a pesar de que había quedado pendiente otorgar el contrato de obra, que, además, habría sido ubicado en medio de regularidades en el proceso de selección.
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