El general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades de espionaje, interceptaciones y seguimientos ilegales que, según señala, estarían relacionadas con el uso irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En el documento, radicado el 12 de noviembre de 2026, Zapateiro solicita investigar presuntas irregularidades que habrían ocurrido entre 2022 y 2026 y que, de acuerdo con una investigación periodística de la revista Semana, habrían incluido perfilamientos y consultas de información reservada sobre dirigentes políticos, opositores, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la fuerza pública.
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El excomandante del Ejército asegura que su nombre aparece entre las personas que presuntamente habrían sido objeto de estas actividades, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Por esta razón, pide establecer quién habría ordenado, autorizado y ejecutado los seguimientos, así como el propósito y destino de la información obtenida.
En la denuncia, Zapateiro también plantea que se investigue si desde la UIAF se habrían utilizado sus capacidades de inteligencia financiera para obtener información personal, patrimonial, telefónica, notarial y migratoria de personas consideradas incómodas para el Gobierno.
Además, solicita establecer si la información presuntamente obtenida de manera irregular pudo tener alguna relación con las investigaciones penales y disciplinarias que actualmente enfrenta por presuntos hechos de acoso sexual contra una militar y una contratista del Ejército. El general retirado pide verificar el origen, la legalidad y el eventual uso de esa información en dichas actuaciones.
La denuncia menciona, entre otros funcionarios y exfuncionarios que solicita investigar, a Jorge Arturo Lemus, Luis Eduardo Llinás Chica, René Guarín, Wilmar de Jesús Mejía, Carlos Ramón González y Manuel Casanova. No obstante, la solicitud está dirigida contra personas indeterminadas y pide a la Fiscalía establecer las posibles responsabilidades individuales.
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Entre las peticiones presentadas por Zapateiro está preservar los resultados de la auditoría forense practicada a la DNI, incluidos los 147 terabytes de información, equipos y dispositivos sometidos a cadena de custodia.
También pidió revisar las operaciones de la UIAF, sus órdenes de trabajo, consultas en bases de datos, comunicaciones institucionales y posibles intercambios de información con la DNI, la DIAN y organismos de la Policía y las Fuerzas Militares.
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El documento plantea que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad, violación ilícita de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos, violación de datos personales, revelación de secreto y peculado, entre otras conductas que determine la Fiscalía.