El Juzgado 69 Penal Municipal de Bogotá negó, en primera instancia, la acción de tutela promovida por el brigadier general (r) José Luis Esparza Guerrero contra el general (r) Eduardo Zapateiro. El demandante alegaba la vulneración de sus derechos al buen nombre, la honra y la petición, luego de que la defensa de Zapateiro lo señalara de ser presuntamente estar presuntamente vinculado con el ELN.La decisión no validó las acusaciones formuladas contra Esparza: se concentró en establecer si hubo respuesta a su solicitud y si la tutela era el mecanismo adecuado para controvertir un escrito incorporado a una investigación penal.Según el fallo, los accionados respondieron de fondo el 14 de agosto de 2026, dentro del plazo legal de 15 días hábiles. Si bien el correo inicial rebotó por fallas técnicas en los servidores del demandante, los accionados demostraron el reenvío oportuno de la respuesta a otras cuentas.Con base en esa circunstancia, el juzgado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho fundamental de petición. En otras palabras, para el juez ya no existía una omisión actual que pudiera corregirse mediante una orden de tutela.“Verificado que los accionados dieron respuesta de fondo a la solicitud de retractación y rectificación dentro del término legal, con anterioridad a la presentación de la presente acción de tutela, y que la imposibilidad de recepción obedeció a circunstancias técnicas ajenas a su voluntad”, concluyó el fallo.De acuerdo con los antecedentes reseñados en el documento, el 8 de julio de 2026 el abogado Mercado incorporó un escrito ante la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de una investigación relacionada con un presunto caso de acoso sexual contra Zapateiro.En esa actuación conforme a lo descrito en el fallo se atribuyeron a Esparza supuestos nexos con el ELN y se lo relacionó con conductas de secuestro, tortura y homicidio. También se habría hecho referencia al alias 'Gilberto'. Esparza rechazó esos señalamientos y solicitó que se explicaran las bases fácticas y probatorias que los sustentaban.Ante la falta de una respuesta que hubiera llegado efectivamente a sus canales de contacto, el oficial en retiro acudió a la tutela.La determinación judicial resolvió que los escritos y elementos aportados dentro de una investigación penal, no requieren rectificación por vía de tutela si no han sido difundidos públicamente. Por tanto, la legalidad, pertinencia y fuerza probatoria de esos elementos deben discutirse ante la Fiscalía y, de ser el caso, ante el juez competente dentro del proceso penal.Es importante mencionar, que el juzgado no estableció si las afirmaciones formuladas contra Esparza eran verdaderas o falsas. Tampoco concluyó que existieran pruebas de sus supuestos nexos con el ELN ni de su participación en los delitos mencionados.El alcance del fallo es, por tanto, específico, consideró atendido el derecho de petición y dejó la controversia sobre las afirmaciones y los elementos probatorios para que fuera debatida dentro del proceso penal. No absolvió ni condenó a ninguna de las partes respecto de los hechos que dieron origen a la disputa.El debate sobre su veracidad continúa abierto en el escenario procesal correspondiente. Por esa razón, la negativa del amparo no puede interpretarse como una confirmación judicial de las acusaciones. La decisión no se encuentra en firme y podía ser impugnada dentro del término legal.
El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro negó haber afirmado que el también general retirado José Luis Esparza Guerrero y su esposa, Liliana Zambrano, hagan parte de una supuesta “empresa criminal”.Su abogado, Jhonny Mercado González, presentó un derecho de petición en el que solicita a Esparza una retractación pública, además de explicaciones sobre un documento que, según el general retirado, habría sido presentado ante la Fiscalía General de la Nación.En el documento, dirigido directamente a Esparza, el abogado sostiene que su representado “jamás ha afirmado, sostenido, insinuado ni expresado” que Esparza y su esposa hagan parte de una “empresa criminal”. Por ello, considera que cualquier afirmación que atribuya esas palabras a Zapateiro no corresponde con lo que este habría manifestado.La defensa señala que la controversia surgió a partir de unas declaraciones públicas de Esparza, en las que habría hecho referencia a un supuesto “documento terrible” presentado ante la Fiscalía y posteriormente relacionado su contenido con una afirmación sobre una presunta “empresa criminal” integrada por él y su esposa.Por esta razón, Mercado le solicita a Esparza precisar qué documento tiene en su poder, cuál es su contenido, qué expresión concreta atribuye a Zapateiro y cuál fue la fuente de esa información. El abogado también pide establecer si esa afirmación fue efectivamente pronunciada por Esparza, en qué contexto y ante quién.Uno de los puntos centrales del derecho de petición es conocer cómo el general retirado habría tenido acceso al memorial presentado por Zapateiro y su abogado ante la Fiscalía.La defensa pregunta quién le suministró el documento, cuándo y por qué medio lo recibió, quién lo tenía antes de entregárselo y si provino directamente de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios. También solicita establecer si Esparza conserva una copia y a qué otras personas habría sido suministrado.Piden retractación públicaEn el documento solicita que, si se establece que la expresión no corresponde a una manifestación realizada por Zapateiro, Esparza haga una “retractación expresa, inequívoca y pública” a través de los mismos medios o canales en los que se difundió la afirmación.El abogado sostiene que la solicitud busca proteger la honra, el buen nombre y la reputación profesional de su representado. Asimismo, recuerda que la Constitución garantiza la libertad de expresión e información, pero establece exigencias relacionadas con la veracidad e imparcialidad de la información y reconoce el derecho a la rectificación.La defensa también hace referencia a una publicación de Blu Radio del 21 de agosto de 2026, titulada “General Esparza arrecia contra Zapateiro: ‘Presidente De La Espriella no entiende quién es’”, en la que, según el documento, se difundió una entrevista con Esparza en la que se abordó la controversia entre los generales retirados y la existencia de documentación que, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido puesta a disposición de la Fiscalía.Según el documento, Zapateiro niega la afirmación que se le atribuye y pide que esta precisión también sea conocida por las personas o medios que hayan recibido esa información.
Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación y llamó a juicio al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo, por hechos que, según la investigación, habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación está relacionada con presuntas conductas reiteradas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos ejercidas contra dos mujeres que se encontraban en condiciones de subordinación dentro de la estructura militar.Según el ente acusador, el oficial retirado habría utilizado su posición de autoridad y jerarquía para realizar requerimientos de fotografías personales, enviar mensajes de contenido íntimo, formular insinuaciones de carácter sexual y proponer encuentros a solas, generando un ambiente de temor frente a posibles represalias laborales y contractuales en caso de que las víctimas rechazaran dichas conductas.La acusación se refiere a hechos que, según la Fiscalía, afectaron a la uniformada Lina Suárez Londoño y a la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, quienes mantenían una relación de subordinación frente al entonces comandante del Ejército Nacional.Durante la audiencia de imputación adelantada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal del caso sostuvo que el general retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía” dentro de la institución.El representante del ente acusador agregó que esas actuaciones habrían generado un entorno “intimidante, humillante y degradante”, con afectación a la libertad y la dignidad sexual de las dos mujeres que figuran como presuntas víctimas dentro del proceso.Con la presentación del escrito de acusación, la Fiscalía formalizó el llamado a juicio contra el excomandante del Ejército, etapa en la que buscará demostrar la responsabilidad penal que le atribuye por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.Paralelamente al avance del proceso, la defensa del general (r) Eduardo Zapateiro solicitó recientemente a la Fiscalía General de la Nación una reevaluación integral de la investigación.En un documento de 29 páginas, la defensa sostiene que existen nuevas pruebas que, a su juicio, desvirtúan la teoría del caso presentada por el ente acusador y hacen improcedente la radicación del escrito de acusación.
La Fiscalía imputó cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de presunto acoso sexual ante el Tribunal Superior de Bogotá, por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional. Según el ente acusador, las conductas investigadas habrían sido cometidas contra la uniformada Lina Suárez Londoño y la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, en medio de relaciones marcadas por la subordinación y la jerarquía institucional.Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que el General retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía”, y generando un entorno “intimidante, humillante y degradante” que habría afectado la libertad y dignidad sexual de las dos mujeres.En el caso de Lina Suárez Londoño, según la imputación, Zapateiro habría sostenido comunicaciones con expresiones de carácter personal e íntimo, manifestando que observaba reiteradamente el rostro de la uniformada y que deseaba continuar mirándola. Además, el ente acusador indicó que el entonces comandante del Ejército solicitó de manera expresa fotografías personales, incluso sugiriendo que fueran tomadas con el celular de la funcionaria.Para la Fiscalía, estas conductas “desbordaron el ámbito funcional propio de la relación institucional” y ocurrieron en un contexto de subordinación derivado de la relación vertical de poder existente dentro de la institución militar.El ente investigador también mencionó que, posteriormente, Lina Suárez Londoño fue contactada por un ayudante de Zapateiro para solicitar información relacionada con el proceso administrativo que adelantaba para escalafonarse. Tres días después de entregar los datos requeridos, fue excluida del proceso de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, pese a haber aprobado las pruebas físicas y académicas. Según la Fiscalía, recibió calificaciones desfavorables en las evaluaciones psicológicas “sin que mediara una explicación objetiva suficiente”.En cuanto a Liliana Zambrano Ruiz, la Fiscalía aseguró que el general retirado le habría enviado múltiples mensajes de índole sexual. Entre las expresiones mencionadas durante la audiencia están frases como “déjame verte de pies a cabeza”, “déjame verte en tus cucos o sin nada” y “cuidado, vas al baño”. De acuerdo con el ente acusador, las llamadas y mensajes insistentes evidenciarían un comportamiento persistente orientado a ejercer presión e intimidación en medio de la relación de subordinación existente.Durante la diligencia judicial, Zapateiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El oficial retirado fue comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y en los últimos meses había acompañado actividades políticas relacionadas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual. Los hechos investigados están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.La fecha de la imputación será definida por el Tribunal Superior de Bogotá.En general (r) Zapateiro Altamiranda, fue comandante del Ejército entre 2019 y 2022 y por su protagonismo tanto en operaciones militares clave como en controversias públicas y políticas.Zapateiro tuvo una trayectoria destacada dentro del Ejército, ocupando cargos de alto nivel:Fue comandante del Ejército Nacional designado por el entonces presidente Iván Duque en 2019.Lideró o participó en operaciones clave contra las Farc:Operación Fénix (2008): donde murió el jefe guerrillero alias 'Raúl Reyes'Apoyo a la Operación Jaque (2008): rescate de secuestrados como Íngrid Betancourt.Operación Camaleón (2010): rescate de militares secuestrados.También comandó unidades estratégicas como fuerzas especiales, brigadas y la Fuerza de Tarea Omega, clave en la lucha contrainsurgente.Escuche aquí el informe:
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol logró reconstruir un esquema que dejaría en evidencia un presunto vínculo entre jefes de las disidencias y un general del Ejército, así como con un alto funcionario de la Dirección General de Inteligencia.El oficial mencionado es el general Juan Miguel Huertas. En diálogo con un jefe de las disidencias, salió a la luz un presunto vínculo de Wilmar Mejía con ese grupo armado. Según Noticias Caracol, estas menciones incluyen una supuesta colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, de acuerdo con esa información, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto.El 23 de julio de 2024, una caravana con siete jefes de las disidencias, custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección, fue detenida en un retén del Ejército en Anorí. Los capturados portaban información y material que, según la investigaciòn, constituían delitos en flagrancia. Sin embargo, la Fiscalía ordenó su liberación, argumentando que se trataba de gestores de paz y que “no podían ser capturados”.Entre los liberados estaba el jefe del Estado Mayor de bloques y frentes de las Farc y otros seis jefes, como alias Ramiro. Aunque fueron dejados en libertad, los computadores, celulares y memorias USB incautados contenían información delicada. Según Noticias Caracol, esa información revela graves filtraciones provenientes de instituciones como la Fiscalía y organismos de inteligencia.Los correos encontrados mencionan a dos cargos. El primero es el del general Juan Manuel Huertas, jefe del Comando Personal del Ejército. En una carta presuntamente enviada el 8 de febrero de 2024, se lee: "CAMARADA CON EL MUCHACHO QUE FUO YO ALLÁ HACE 8 DIAS ESTUVIMOS EM BOGOTA HABLANDO CON UN GENERAL RETIRADO. EL HOMBRE ME DIO BUENA CONFIANZA Y NOS PROPUSO MONTAR UNA EMPRESA DE SEGURIDAD LEGAL".Según esa comunicación, el general habría propuesto una fórmula para movilizarse en vehículos blindados y acceder a armas de manera legal: "El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque, llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres; que él primero consigue los permisos para pistolas y, después de eso, consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles", dice la carta. De acuerdo con inteligencia, esta propuesta daba por hecho que los procesos con el Gobierno fracasarían. Además, la carta señala que el general habría ofrecido protección y apoyo en los desplazamientos de los integrantes del grupo:"También nos dijo que el vínculo de él con el presidente le daba para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado". En la carta también se hace referencia a su historial: "Dice que estos muchachos nos sirven para movilizar hombres, rutas donde se necesite beneficio. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del Ejército por no cumplir una orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla".Es importante recordar que Huertas fue retirado del cargo en 2022 por el general en retiro Enrique Zapateiro, comandante de las Fuerzas Militares de ese entonces, pero reintegrado al servicio activo por el gobierno Petro, en un área encargada de realizar y ordenar traslados dentro del Ejército.
La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de conciliación al sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, luego de la denuncia interpuesta por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lo acusa de falsedad en documento privado, falsa denuncia y una querella por injuria y calumnia.La controversia se originó tras la publicación que hizo el sargento (r) Chalá en su cuenta de X, de supuestos chats de WhatsApp en los que el ministro Sánchez y el general (r) Eduardo Zapateiro habrían discutido la firma de un contrato en Indumil, presuntamente a espaldas del presidente Gustavo Petro. Según el denunciante, en las conversaciones se mencionan “acuerdos, negociaciones, favores y visitas al comando general e Indumil”, considerándolo como una traición política y militar de alto nivel.En su denuncia, el sargento retirado resaltó que las imágenes divulgadas muestran los números de teléfono de los participantes, lo que, en su criterio, prueba la veracidad de los mensajes.Sin embargo, el ministro de Defensa rechazó categóricamente estos señalamientos, calificando las conversaciones como un “montaje” y negó cualquier participación en maniobras de corrupción o conspiración institucional. Además, Sánchez respondió interponiendo una denuncia formal ante la Fiscalía contra Chalá por afectar su honra y buen nombre.Con estos hechos, la Fiscalía abrió una noticia criminal en contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.
La decisión fue adoptada al considerar que la Fiscalía no logró demostrar con suficiencia la ausencia de intervención del excomandante del Ejército en los hechos materia de investigación, como lo exige el numeral 5 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal.El proceso se originó tras una denuncia del que afirmó haber tenido acceso a memorias de almacenamiento pertenecientes a Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', jefe del Clan del Golfo. Según Riaño, dichos dispositivos contendrían evidencia de una supuesta relación entre el general Zapateiro y dicha estructura criminal.La denuncia se basó en contenidos publicados en plataformas digitales, incluyendo coordenadas geográficas y alias que aludían al exoficial.Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que no existen elementos materiales probatorios que vinculen al general Zapateiro con el Clan del Golfo, uno de los argumentos es que La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que en las declaraciones de alias 'Otoniel' no hay menciones contra Zapateiro.Pese a estos argumentos, la Corte concluyó que la Fiscalía no agotó todas las posibilidades investigativas, lo que impide decretar la preclusión.
Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, declaró ante las autoridades sobre los supuestos mensajes de acoso sexual que habría recibido por parte del general (r) Eduardo Zapateiro, quien en 2022 se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.En su testimonio, Zambrano detalló que conoció al coronel Esparza en enero de 2021 y que actualmente trabaja como asesora del Comando General de las Fuerzas Militares. Aunque confirmó que tienen un hijo en común, negó haber mantenido una relación con él antes de su retiro de la institución.Los chats del general ZapateiroSegún su relato, entre agosto de 2021 y mayo de 2022, el entonces comandante del Ejército le escribió reiteradamente a su número personal "sin motivo laboral", solicitándole fotografías. Zambrano aseguró que Esparza le advirtió que Zapateiro "tenía algunos problemas con el tema de las mujeres" y la instó a denunciarlo.En enero de 2022, el general (r) volvió a contactarla para preguntarle si había hablado con Esparza, afirmando, según ella, que "él (Esparza) estaba buscando que ella lo denunciara por acoso sexual". Además, reveló que el coronel le habría comentado que una expareja suya había vivido una situación similar con Zapateiro.La videollamada de ZapateiroTras el retiro de Esparza, Zambrano recibió una videollamada de Zapateiro en la que, al preguntarle sobre el coronel, el militar respondió: "A mí nadie me pasa por encima". En junio de 2023, el general (r) volvió a escribirle para "saber cómo estaba", pero ella le pidió que no lo hiciera, argumentando que apoyaba a Esparza por las "irregularidades" en su retiro. Zapateiro habría justificado que la decisión "fue del presidente".Zambrano también declaró que el 8 de septiembre de 2021 escuchó a la entonces mayor general María Paulina Leguizamón Zárate mencionar que Zapateiro "solicitó al ministro el retiro de un CAEM", el cual fue aprobado. Además, el brigadier general Luis Villegas Muñoz le habría confesado que, aunque no estaba en el acta, fue convocado a la Junta Asesora y que "lo de Esparza, a ninguno nos dijeron, y yo lo elegí".
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal determinó precluir las investigaciones adelantadas contra Diego Molano, exministro de Defensa y Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, por los delitos de intervención en política y prevaricato por acción. La decisión de la Corte se fundamenta en la ausencia de un querellante legítimo y en la atipicidad de los hechos investigados.La investigación surgió de denuncias presentadas por ciudadanos que acusaron a los indiciados de utilizar su posición para beneficiar al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022.Según los denunciantes, Molano y Zapateiro habrían emitido mensajes a través de redes sociales que favorecieron indirectamente dicha campaña y afectaron la de Gustavo Petro, lo que constituiría una infracción de los artículos 127 y 219 de la Constitución, que prohíben a los servidores públicos y a los integrantes de la fuerza pública intervenir en política.Entre las publicaciones destacadas, Zapateiro criticó a Petro en una serie de trinos mientras ejercía como comandante del Ejército, mientras que Molano defendió el accionar de la fuerza pública en el marco de las mismas elecciones.Fue la Fiscalía General de la Nación la que solicitó la preclusión alegando que las conductas no configuraban delitos, en cuanto a la intervención en política, se determinó que los denunciantes no estaban legitimados para presentar la querella, ya que el único facultado para hacerlo era el presidente Gustavo Petro, quien no interpuso acción alguna.“Declarar extinguida la acción penal por falta de querellante legítimo en la actuación seguida en contra de Diego Molano y Eduardo Zapateiro”, dice la decisión de la Corte.El alto tribunal además, señaló que los mensajes publicados en redes sociales no vulneraron las restricciones constitucionales y legales que rigen la participación política de servidores públicos y miembros de la fuerza pública.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 25 de septiembre de 2026:Alejandro Eder, alcalde de Cali, informó que la 'Operación Iron' permitió desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidio en sectores como El Calvario, El Vallado y Meléndez. Explicó que participaron cerca de 1.400 integrantes de la fuerza pública y anticipó que este será el primero de varios operativos contra las cerca de 100 estructuras delincuenciales que, según la Alcaldía, están identificadas en la ciudad.Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, explicó que la reforma tributaria distrital ya avanzó en sus principales componentes, entre ellos la sobretasa para financiar el alumbrado público inteligente. Si el proyecto termina de aprobarse, estimó que el cobro equivaldría en promedio a $11.000 mensuales para estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6, con excepciones para hogares sin capacidad de pago.Carlos Hernán Betancourt, director de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, cuestionó la sobretasa de alumbrado público y advirtió que calcularla con base en el avalúo catastral puede generar incrementos significativos para locales y centros comerciales. Sostuvo que el mayor costo podría trasladarse a precios, afectar la permanencia de algunos negocios y aumentar la presión tributaria sobre el sector.María Luisa Escolar, directora de Claro Empresas, informó que la compañía invirtió más de $125.000 millones este año en sus centros de datos para ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento en Colombia. También destacó la recuperación de cerca del 90 % de la infraestructura tecnológica afectada por el terremoto en las primeras 48 horas y presentó la apuesta de la empresa por inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevos servicios digitales.Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera, dio la bienvenida al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, y pidió fortalecer la producción de petróleo y gas, proteger el empleo y mantener personal con experiencia técnica en las principales vicepresidencias de la compañía. Además, defendió el desarrollo de yacimientos no convencionales como una alternativa para aumentar las reservas energéticas del país.Iader Maldonado, director de Tecnología de Claro Empresas Colombia, explicó que el terremoto dejó afectadas más de 600 estaciones celulares, de las cuales cerca del 90 % se recuperó en tres días y el 98 % en una semana. Señaló además que Claro ya tiene desplegadas más de 2.800 estaciones 5G y la cobertura de esta tecnología está cerca del 55 % de la población del país.Húber Darío Sánchez, alcalde de Ábrego, Norte de Santander, informó que las autoridades investigan el atentado en el que murieron dos policías en un sector urbano del municipio. Aseguró que todavía no se había determinado qué grupo fue responsable y anunció un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluarían medidas como un eventual toque de queda.Miguel Cendales, gerente de Ciberseguridad de Claro Colombia, advirtió que los ataques informáticos ya no buscan únicamente robar información, sino que pueden afectar directamente maquinaria, servicios públicos e incluso equipos médicos conectados a internet. Explicó que el uso de inteligencia artificial también está aumentando la velocidad y sofisticación de los ataques y llamó a que pequeñas y medianas empresas refuercen su protección digital.Alejandro Fernández, médico urólogo de la Clínica del Country y el Hospital Militar, explicó que la ciencia ha avanzado en métodos anticonceptivos masculinos capaces de detener temporalmente la producción de espermatozoides, pero todavía existen dificultades para garantizar que el efecto sea rápidamente reversible. También señaló que algunos tratamientos en investigación podrían interferir con receptores androgénicos y generar efectos secundarios como alteraciones en la erección.Escuche el programa completo aquí:
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Una investigación de la Policía permitió capturar en Bogotá a un exmilitar, señalado de haber retenido durante nueve días a su pareja sentimental y de someterla a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.El caso fue conocido el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital en el sur de la ciudad y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. Según su relato, durante ese periodo fue sometida a agresiones por parte de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, aunque nunca habían convivido.El señalado agresor es un exmilitar y permanecía constantemente en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para lograr su captura y recolectar elementos de prueba.Según la información conocida por las autoridades, el hombre habría utilizado diferentes mecanismos para mantener sometida a la mujer. Entre ellos estaría el suministro de gotas para dormir y la utilización de gas pimienta. La investigación también señala que el hombre habría utilizado el teléfono celular de la víctima para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella, con el propósito de solicitarles dinero.Los relatos incorporados al caso describen además presuntas agresiones con elementos cortopunzantes. En uno de los episodios, el señalado victimario habría colocado la mano de la mujer sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos para posteriormente cauterizar las heridas.La víctima también denunció que el hombre utilizó un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que, en otros momentos, la habría quemado con una pipa. Según su relato, además, le aplicaba alcohol directamente sobre las heridas abiertas.En cuanto a la violencia sexual, la mujer manifestó ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente en diez ocasiones durante los nueve días que permaneció retenida. También aseguró que durante ese periodo el señalado agresor no le habría proporcionado alimentación adecuada.Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y recaudar los elementos materiales probatorios correspondientes.