"General Atehortúa sabía que estaba extralimitándose en sus funciones": Procuraduría

Este martes ante la Procuraduría General se llevó a cabo el juicio disciplinario contra el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, quien es investigado por presuntas irregularidades en el proyecto de casas fiscales CENOP en San Luis, Tolima.Durante la audiencia, que fue aplazada para el próximo 2 de junio, Carlos Orjuela, secretario ad hoc del caso, informó algunas de las presuntas faltas en las que habría incurrido el director de la Policía Nacional.Son en total cuatro faltas que la Procuraduría cuestionó al general Atehortúa mientras se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de la Policía, cuando fue inspector general de la institución y en su actual cargo como director de la Policía Nacional.Por ejemplo, se investiga si Atehortúa faltó a su deber de revisar la calidad de esas casas fiscales que se entregaron, también la posible extralimitación y tráfico de influencias para intentar detener una investigación en su contra por irregularidades en ese proyecto.Uno de los puntos que se tocaron durante la audiencia fue el presunto incumplimiento del contratista en la obra, cuyo costo habría superado los 10.000 millones de pesos. Esta situación, según el Ministerio Público, obligaba al general Atehortúa a garantizar la protección de sus recursos o dineros públicos de la entidad, por lo cual se debió adelantar revisión de la obra y, al parecer, no se hizo.“Liberó de toda responsabilidad al contratista con el archivo de la actuación administrativa de incumplimiento, con lo cual vulneró el principio de responsabilidad contractual”, dijo Carlos Orjuela, secretario ad hoc.Vea aquí: Comandante que reveló irregularidades en el Ejército denuncia seguimientos y amenazasEn el documento de la Procuraduría se señala, por ejemplo. que a la fecha “se encuentra que estas obras no han sido ejecutadas”. “Se le ha requerido al contratista en múltiples ocasiones y la respuesta verbal es que, dentro de la ejecución del contrato, las cantidades adicionales superaron el presupuesto contratado y que la empresa no tiene disponibilidad económica para la construcción de las obras”, añade el documento.