El Gobierno respetará la independencia de la rama judicial, pero también buscará alternativas para garantizar los recursos que necesita su funcionamiento y evitar que la falta de presupuesto afecte la administración de justicia. Así lo aseguró el presidente Abelardo De La Espriella durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, que se desarrolla en Cali, tras una reunión con los presidentes de las altas cortes para buscar soluciones al déficit financiero.
El mandatario sostuvo que los jueces y magistrados deben tener plena libertad para tomar decisiones sin presiones del Ejecutivo, incluso cuando sus fallos resulten contrarios a los intereses del Gobierno.
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Señaló que la independencia judicial es una garantía para todos los ciudadanos, sin importar su poder político, económico o reconocimiento público.
En ese sentido, aseguró que puede expresar sus desacuerdos frente a una decisión judicial, pero siempre con respeto y sin utilizar su cargo para influir en los jueces.
“Como presidente de la República tengo la obligación de respetar esa independencia. Podré estar en desacuerdo con una decisión judicial y expresar mis razones con respeto y altura, pero jamás utilizaré la autoridad de mi cargo para presionar a un juez o intentar que resuelva conforme a mis preferencias”, mencionó.
El presidente anunció que el Gobierno evaluará dos propuestas acordadas con la Corte Suprema de Justicia para fortalecer su funcionamiento y atender las necesidades que enfrenta debido a la insuficiencia de recursos presupuestales.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 19, 2026
La primera consiste en crear un arancel… pic.twitter.com/iVFMBGgApm
El presidente también anunció que está dispuesto a estudiar alternativas para financiar la administración de justicia. Entre ellas, mencionó una propuesta de la Corte Suprema para establecer un arancel judicial que contribuya a conseguir recursos, siempre que no se convierta en un obstáculo para quienes necesitan acudir a los tribunales.
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Además, se refirió a las exenciones tributarias que benefician a determinados funcionarios judiciales y aseguró que pidió mantenerlas, al considerar importante proteger sus condiciones económicas. Estas propuestas hacen parte de las alternativas que el Ejecutivo y las altas cortes están evaluando para enfrentar el déficit presupuestal.
Precisamente, antes de la instalación del encuentro nacional, el Gobierno y los presidentes de las altas cortes sostuvieron una reunión para buscar soluciones a la falta de recursos. Al terminar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que se necesitan al menos 1,5 billones de pesos adicionales para garantizar el funcionamiento de la rama judicial durante 2027.
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La preocupación es que, si no se consiguen esos recursos, más de 2.500 funcionarios judiciales vinculados a labores de descongestión podrían perder sus puestos de trabajo a partir del primero de enero de 2027. Esto afectaría la capacidad de los despachos para atender los procesos y responder a las necesidades de los ciudadanos.
El presidente de la Corte Suprema explicó que esos 1,5 billones de pesos corresponden al mínimo necesario para mantener la capacidad instalada que tiene actualmente la justicia. Advirtió que, antes de la reunión con el Gobierno, ese dinero no estaba garantizado y que su ausencia habría obligado a reducir la capacidad de funcionamiento de la rama judicial.
Tras el encuentro, el compromiso del Gobierno fue revisar las diferentes alternativas presentadas por las altas cortes y estudiar otros mecanismos para conseguir los recursos antes de finalizar diciembre.
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"El Gobierno se comprometió a mirar esas alternativas y de alguna de ellas o de otras que ellos consideren va a salir el dinero (...) para que al menos por el otro año la rama judicial pueda tener un financiamiento distinto y que no dependa del presupuesto nacional", dijo el presidente de la Corte Suprema.
La intención es que durante el próximo año la rama judicial tenga una fuente de financiación distinta y no dependa exclusivamente del presupuesto nacional.
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El presidente de la Corte Suprema destacó la disposición del mandatario y el acompañamiento del ministro de Justicia para encontrar una salida a la situación. Aseguró que existe un buen relacionamiento y colaboración armónica entre las dos ramas del poder público.