Esto lo dijo la vicefiscal por el trino del presidente, Petro, donde decía: “Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.Este trino lo publicó el presidente, Gustavo Petro, luego de conocerse que en la Corte Constitucional se cayó la norma con la que el Gobierno pretendía recaudar más de cuatro billones de pesos, por la norma dentro de la reforma tributaria que prohibía la deducción de regalías.La vicefiscal Martha Mancera, desde Cartagena dijo que no defender la institucionalidad, le puede resultar muy caro al país. “Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy, disminuirle los recursos a la Rama Judicial, no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz. No es el camino adecuado”.Para la vicefiscal, no tener Procuraduría, y tener una Fiscalía con una imagen que pretende macharla como deshonesta y bajarle los recursos a la rama, son situaciones de las que podría aumentar la corrupción en Colombia, porque la aplicación de la ley no se va a hacer en la debida forma, y fue enfática en que eso será peligroso para el país, con una historia de un Estado social de derecho y con una Constitución fuerte.Le puede interesar:
Como inaceptable y nefasto calificaron los presidentes de la Rama Judicial la referencia a las recientes publicaciones del presidente, Gustavo Petro, y otros integrantes del Gobierno nacional en el que cuestionaron la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma de la reforma tributaria, con la cual el ejecutivo buscaba recolectar de dos a cinco billones de pesos al año y que ahora serán recortadas del presupuesto del 2024 de la Rama Judicial.“Anunciar un recorte en el presupuesto de la Rama Judicial como consecuencia de una alta corte es inaceptable. Prefiero pensar que el Gobierno nacional está muy pendiente de la expedición de la ley orgánica y nos empiece a dar las garantías para comenzar a subir el presupuesto al 3 % del presupuesto de rentas, que es muy importante para la Rama Judicial”, expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo.Para el presidente del alto tribunal estos recursos son clave para garantizar la presencia de la Rama Judicial en todo el país.“Tiene que llegar de manera certera. Los jueces tienen que estar en las regiones, necesitamos jueces en todo el territorio nacional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de confianza en el Poder Judicial y respeto por sus decisiones. Lo contrario atenta contra la autonomía y debilita la confianza del ciudadano en la administración de justicia. Lo contrario es un actuar antidemocrático”, explicó Castillo.Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura se sumó a los cuestionamientos que han salido desde la Rama Judicial y la calificó de nefasta la amenaza que planteo el Gobierno nacional.“Nefasto porque no podemos tener la proyección de creación de la administración de justicia y expandirnos como necesitan los usuarios de esta para poder resolver de forma oportuna y pronta los conflictos”, indicó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez.Lo que implicaría que habrá poca eficiencia por parte de la justicia al faltar jueces en los territorios y represar el trabajo de la Rama en todo el territorio.Entretanto, el ministro de Justicia fue claro en expresar que este recorte se debe realizar y los recortes serán donde sea menos traumático para la Rama Judicial.“Los recortes se intentarán que sea donde menos dificultades existan, pero todos los servidores públicos instamos a dar lo mejor de nosotros así los recursos sean escasos y yo estoy seguro de que la Rama Judicial también puede hacerlo, intentar seguir prestando el servicio de justicia con la eficiencia y con la calidad que se ha hecho a pesar del momento económico complejo”, indicó el ministro Néstor Osuna.Le puede interesar:
La Corte Constitucional declaró inexequible un parágrafo del artículo 19 de la reforma tributaria por vulnerar los principios de justicia y equidad tributaria, donde se prohibía la deducibilidad de la regalía sobre el impuesto a la renta, donde se impedía el tratamiento de gasto o costo.Al respecto, el representante a la Cámara Carlos Edward Osorio, del partido Centro Democrático, explicó en Blu 4.0 los alcances de esta demanda ante el alto tribunal y que podría afectar el presupuesto de en la rama judicial.Vale recordar que al conocerse la decisión del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro indicó que se podría tener una alternativa para suplir esa falencia al recortar el presupuesto de la rama del poder público, ente ellas la justicia digital.“Entonces el presidente desató su furia en Twitter. Expresó que había que recortar el presupuesto de las ramas del poder público en un claro mensaje a la rama judicial cuando es la cenicienta, entre otras cosas, de las ramas del poder público en materia presupuestal. ¿Nosotros, qué le hemos dicho? Por qué no revisa los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva, de todos esos ministerios innecesarios, de todas esas entidades burocratizadas que se han creado”, dijo el representante Carlos Edward Osorio.Para el representante del Centro Democrático, el anuncio de Gustavo Petro se debe por “venganza” por parte de la decisión de la Corte Constitucional, pues el presupuesto nacional está cerca de 502.6 billones del presupuesto nacional y por eso propuso disminuir el presupuesto en esta rama.“Claro que hay que hacer recortes, hay que hacer un ajuste presupuestal porque no habrá el ingreso proyectado, pero eso ocurre en todos los presupuestos. Muchas veces el ingreso esperado no se da o se da más del ingreso proyectado. Eso es normal. Pero la actitud pendenciera, vengativa, del presidente, es la que es censurable. Porque se muestra como un hombre irracional, que no reconoce una decisión de una instancia como lo es la Corte Constitucional (…) El presupuesto de la rama judicial es precario, es insuficiente, no atiende todas las necesidades que demanda la justicia, cuando seguramente a la rama legislativa estará también pensando en recortarle. Pero cuando la rama ejecutiva tiene el mayor porcentaje de los recursos, pero además con la creación de un sinnúmero de entidades, si usted revisa el Ministerio de la de la Igualdad, la mayor cantidad de recursos son para funcionamiento, no para inversión, tiene cinco viceministerios”, añadió el representante.Osorio manifestó que no se puede “satanizar” a la rama judicial por una labor que hace la Corte Constitucional como órgano independiente que hace parte del Estado de derecho.Asimismo, opinó que una reducción en el presupuesto en la rama digital afectaría a los ciudadanos de a pie que exigen mayor eficiencia en los procesos judiciales.
Imágenes y presentaciones con proyecciones que aparecieron hace más de diez años sobre un nuevo y moderno edificio para la Rama Judicial en Medellín están, al parecer, cerca de convertirse en realidad tras un reciente anuncio del presidente Gustavo Petro.Y es que a través de su cuenta en X, el mandatario reveló que la Agencia inmobiliaria Virgilio Barco, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, iniciará dos proyectos que calificó como “regalos arquitectónicos” y que tienen que ver con un edificio para oficinas de justicia en el centro de Bogotá, pero además lo que será un nuevo Palacio de Justicia para la capital antioqueña donde estarían el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y el Consejo Seccional de la Judicatura.Apenas este 10 de noviembre se abrió la invitación pública, que estará disponible hasta el 15 de diciembre, para los interesados en participar de la construcción de este proyecto que estará muy cerca de la actual infraestructura, también en el Centro Administrativo La Alpujarra, pero en un lote ubicado entre el edificio Edatel y la sede del IDEA.Maximiliano Aramburo, presidente del Colegio de Abogados de Medellín, destacó este nuevo edificio como un espacio necesario, pero donde debe prestarse atención a diseños planteados hace más de diez años, en los que se invirtieron más de 5.000 millones de pesos, pero que ahora merecen una revisión sobre su pertinencia tras cambiar algunas dinámicas en la administración de justicia."Hay por ejemplo menos demanda de espacios físicos porque ya no se utilizan expedientes en papel, sino digitales y por lo tanto nuevas demandas de infraestructura, sobre todo tecnológica. El edifico debería estar acorde con la realidad de cómo se administra justicia hoy en día", argumentó Aramburo.Sobre el nuevo complejo que involucra recursos para su primera fase por 161.511 millones de pesos aportados por el Consejo Superior de la Judicatura, se conoce que al concluir tendrá dos bloques; uno destinado para la atención a la ciudadanía y otro donde se concentrarán las audiencias y oficinas de cada uno de los despachos.El área construida será de más de 34 mil metros cuadrados con 24 pisos, tres sótanos y una plaza pública de más de 3 mil metros cuadrados. Situaciones financieras y de adquisición del lote habían dificultado llevar a cabo esta iniciativa que tras el anuncio del presidente Petro ahora espera materializarse.Le puede interesar:
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial, reconoó que en las altas cortes llegaron quejas por presunto acoso sexual, el Consejo Superior de la Judicatura emitió un protocolo para combatir esas conductas.En medio del Conversatorio Nacional XX de la Comisión de Género de la Rama Judicial, evento importante en la lucha de la violencia basada en género, el funcionario se pronunció en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluega sobre el propósito de este conversatorio por el que pasaron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, magistradas y periodistas.“Uno de los temas judiciales para la rama judicial es el fortalecimiento de ella y solo lo podemos lograr si, además del trabajo que realizamos en juzgados y demás, contamos con con los medios de comunicación que fortalecen el papel de la justicia y lo hacen de forma especial en los casos que hay violencia de género o en los problemas grandes en la sociedad colombiana, que es plural y diversa…Lo que nos proponemos en esta Comisión Nacional de Género es igualdad de género, equidad de género y perspectiva de género en todo tipo de decisiones es judiciales, legislativas y administrativas”, señaló.El objetivo del protocolo busca prevenir y proteger a las víctimas que denuncien cualquier caso de acoso sexual y por razones de género. Los principios de este documento se basan en cero tolerancia, confidencialidad y debida diligencia y celeridad y explicó los alcances que el texto tiene.“Estábamos en mora del protocolo que es una hoja de ruta para que las personas que se sienten afectadas y acosadas dia a día en la rama judicial. Muchas personas no denuncian y no tienen conocimiento en dónde hacerlo, por eso esto es un instrumento para recibir estas denuncias para adelantar acciones pertinentes.El magistrado Ibáñez también indicó los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su experiencia tanto en la academia como servidor de la rama judicial.Finalmente, explicó los casos de acoso que se presentan en las instituciones y las cifras de denuncias en estos casos.Escuche la entrevista completa acá:
Finalizada la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se decidió no suspender el proceso de elección del Fiscal General de la Nación, el cual ha pasado por varios obstáculos jurídicos como la tutela que puso un magistrado alegando igualdad y equidad de género.Sin embargo, el alto tribunal decidió continuar con el proceso y citó a las ternadas el próximo 23 de noviembre para que sean escuchadas en audiencia pública. Y hasta diciembre arrancará el proceso para elegir a la nueva jefe del ente investigador.A principios de octubre la Corte Suprema le dio la razón al presidente Petro, quien modificó la terna para elegir al fiscal general, después de que reemplazara a la exfiscal del caso Odebrecht Amparo Cerón, por la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargos.El alto tribunal tiene hasta el próximo 13 de febrero, periodo en que culmina el fiscal Barbosa en el cargo, para elegir al nuevo fiscal general de la nación entre las ternadas Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.Le puede interesar:
Mientras el Consejo Superior de la Judicatura anunció que activaba un protocolo para combatir el acoso sexual en la Rama Judicial, la Procuraduría reveló un crudo panorama de lo que está ocurriendo con ese delito en los colegios del país.La jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, aseguró que desde que llegó a la entidad le ha venido haciendo seguimiento a una cruda realidad que estaría ocurriendo entre profesores y estudiantes.“Tenemos una serie de investigaciones en donde es notorio el crecimiento de la actuación por parte de profesores relacionados con acoso sexual hacia estudiantes ”, indicó la procuradora Cabello.De hecho, el ente de control a principio de este año investigó a un profesor en Chinácota, Santander, porque aprovechándose de su posición, les habría ofrecido dinero a sus estudiantes a cambio de acceder a un relacionamiento íntimo.Le puede interesar:
Después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial, reconociera que en las altas cortes llegaron quejas por presunto acoso sexual, el Consejo Superior de la Judicatura emitió un protocolo para combatir esas conductas.El objetivo del protocolo busca prevenir y proteger a las víctimas que denuncien cualquier caso de acoso sexual y por razones de género. Los principios de este documento se basan en cero tolerancia, confidencialidad y debida diligencia y celeridad.Así mismo, detalla que se entiende como acoso sexual cualquier comportamiento físico o verbal con intención sexual, que tenga lugar en el entorno laboral que degrade u ofenda a una persona.En las observaciones de esa conducta, explica el documento que: “Se presenta en observaciones desagradables, comentarios sobre la apariencia (…) formas denigrantes u o señas de dirigirse a una persona, bromas sexuales, comentarios no consentidos sobre historias, fantasías, preferencias y capacidades sexuales”.En cuanto a los casos de acoso por razones de género en el entorno laboral de la Rama Judicial, describe el protocolo que se entiende como acoso alrededor de la identidad, expresión de género, sexo u orientación sexual de una persona con el fin de atentar contra su dignidad.“Las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la personas basadas en estereotipos de género, el uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a otras personas, los comentarios sobre el aspecto físico y la identidad sexual”, cita el documento.Este protocolo se emite después de que a principios de este año, el magistrado Ibáñez explicara el tipo de denuncias dentro de la rama.“Sí hay denuncias que se han presentado sobre esa situación en cada una de las cortes, cómo se han presentado en los tribunales y como se han presentado en juzgados. Por supuesto, algunas de ellas son de conocimiento de autoridades judiciales o disciplinarias”, afirmó.Frente a esta situación al magistrado Ibáñez le pareció “curioso” ver que gente preparada de la rama judicial.“Incurran en conductas que afectan los derechos de las mujeres porque terminan siendo acosadores sexuales y laborales”, explicó.Le puede interesar:
El ciberataque del que son víctimas diferentes entidades públicas en todo el país tiene frenados 380.000 procesos judiciales en Medellín y Antioquia. Hasta el sistema de nómina de la rama judicial está afectado.Como precaución y ante la dificultad que existe para acceder a miles de archivos producto del ciberataque que enfrentan diferentes instituciones del Estado, la Rama Judicial, en Antioquia actualmente se suspendieron unos 380.000 procesos, de 700 despachos judiciales de dos distritos: Medellín y Antioquia.Con esto, Julián Ochoa Arango, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, explicó que las personas que tienen procesos pendientes y que tenían programadas audiencias en los próximos días pueden verse afectadas.“Si yo fijará una fecha para una audiencia en mi calendario podría tener espacio para hacer esa audiencia dentro de dos, tres, cinco meses o un año. Hay gente que lleva esperando mucho tiempo para poder llevarse a cabo la audiencia que ha sido fijada tiempo atrás”, aseguró.Por el momento, según explicó Ochoa, la rama judicial mantiene la atención presencial a los usuarios, además de los procesos de tutela, habeas corpus y función de control de garantías, mientras que se dimensiona el tamaño del ataque y se logra restablecer al acceso a los archivos encriptados entre los que hay informes, sentencias, archivos de casos e incluso, el sistema de nómina de la rama judicial.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Consejo Superior de la Judicatura le dijo al Congreso de la República que el 'Plan Estratégico de Transformación Digital' para la Rama Judicial está en riesgo por cuenta de que la plata que le asignaron a la rama en el presupuesto del próximo año es insuficiente.La rama pidió un total de 11.2 billones de pesos para funcionamiento e inversión, pero solo le aprobaron 8.9 billones. Es decir que tendrá que recortar sus planes de gasto en 2.2 billones de pesos a menos que el Congreso cambie la distribución de los recursos del próximo año.En inversión el recorte es de 243.000 millones y deja a la Rama Judicial con 905.000 millones para invertir. Solo el plan de transformación digital cuesta 635.000 millones. Ese plan busca mejorar los servicios digitales y la tecnología para lograr el acceso a una justicia más eficiente.El tema es tecnológico es crítico en la actualidad. Para la muestra basta ver que del ciberataque a IFX Network, donde se afectaron unos 34 sitios del Estado colombiano, la gran mayoría son de la Rama Judicial.A esta hora están comprometidos los sistemas de consulta para abogados y partes interesadas, las grabaciones de las audiencias y hasta la posibilidad de radicar documentos de forma automatizada. Todo se está haciendo prácticamente con lápiz y papel y los términos de la mayoría de procesos judiciales se suspendieron.Según los documentos, no solo falta plata para tecnología. También hace falta para la creación de nuevos juzgados permanentes, como los juzgados de tierras, y para mejoras críticas a la infraestructura de complejos judiciales en todo el país.Le puede interesar
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que las vacunas utilizadas en Colombia para frenar la expansión del COVID-19, fueron incluidas en la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas vacunas tienen resultados de fase 1-3 al momento en que la OMS otorgó la precalificación con el respaldo del comité científico asesor para vacunas e inmunizaciones que se utilizaron durante la pandemia.“El objetivo es lograr que los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas estén disponibles lo más rápidamente posible para hacer frente a la emergencia, respetando al mismo tiempo criterios estrictos de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que supone la emergencia, así como el beneficio que supondría el uso del producto frente a los posibles riesgos”, precisó la OPS.La OPS añadió que la vacunación redujo el impacto en muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el mundo y siguen siendo una herramienta clave para evitar la enfermedad grave, especialmente en grupos prioritarios de alto riesgo.Le puede interesar
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, trabaja de la mano con Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, en el programa 'Somos comunidad'. El objetivo de esta iniciativa es mejor la unidad social y fortalecer los sistemas de seguridad local en materia de consumo de drogas.Una de las metas relevantes del programa 'Somos comunidad' es la prevención del crimen y el consumo de sustancias psicoactiva. De acuerdo con los líderes del programa, esto afecta el consumo sistemático, es decir, el consumo descontrolado de estas sustancias llevando al joven a olvidar su proyecto de vida y haciendo que se acerquen más a la ilegalidad. Por lo que están trabajando en las zonas más afectadas por el conflicto en diferentes departamentos del país, entre ellos, Norte de Santander, seguido de Bolívar y Sucre.Joshua Mirott, director del programa, aseguró que quieren trabajar a la par de instituciones del Estado para que entre todo puedan prevenir el consumo de este tipo de sustancias: "Lo que queremos con estas iniciativas es juntar al Estado y a la comunidad para que construyan soluciones en prevención de estos factores de riesgo que pueden afectar al territorio", dijo.Estas estrategias fueron socializadas en un foro que se realizó en la ciudad de Bogotá. Allí, la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda, dijo que el consumo de drogas es variado, tanto legales como ilegales; por ejemplo, es lícito el alcohol, el cigarrillo; mientra que por lo ilegal el consumo de marihuana es lo que más se presenta en el país, según un estudio realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia en 2023“Otro dato muy importante de este informe es que el consumo de cualquier sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína ha disminuido entre 2016 y 2022 pasando de un 8.8 % al 4.8 %", detalló Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.La directora mencionó que están trabajando en la nueva política de drogas, que fue lanzada en el mes de octubre, donde uno de los objetivos es la prevención selectiva e indicada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.Según el Observatorio de Drogas, la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar es de 13 años, mientras que en la población general es de 19. Asimismo, se debe seguir reforzando la prevención selectiva e indicada, el consumo de sustancias en escolares, en jóvenes es del 4.8 %, es decir, la mayoría de los escolares no está consumiendo sustancias psicoactivas.Le puede interesar
La Corte Constitucional ratificó este jueves, 30 de noviembre, las facultades del presidente Gustavo Petro para dialogar con grupos armados organizados al margen de la ley.Con esta decisión del alto tribunal se reiteran los términos jurídicos de las conversaciones con estructuras criminales que contempla la ley 2272 de 2022, conocida como ley de la paz total.Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen un carácter político, y organizaciones criminales con el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico.Es indispensable distinguir entre unos y otros grupos, señaló el magistrado Ibáñez al explicar su salvamento de voto, pues “esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso”.Según el magistrado, la paz total del Gobierno Petro trae un nuevo concepto que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político y acercamientos o procesos de negociación con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.A juicio del magistrado Ibáñez, "a menos que se tramite una reforma constitucional no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico”."La definición y alcance de la paz total, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, lo cual no corresponde con el marco jurídico actual", dijo.El magistrado Ibáñez sostiene que aplicar el mismo procedimiento a dos tareas que son sustancialmente diferentes, como son la negociación política y el sometimiento a la justicia es inaceptable en términos constitucionales.Le puede interesar
La junta directiva de Ecopetrol presentó el plan de inversiones presupuestado para 2024: entre 23 y 27 billones de pesos. Esto implica una reducción de la misma proyección que hizo la compañía para el presente 2023, que fue un monto estimado de entre 25.3 y 29.8 billones de pesos.En la ruta plasmada para 2024, Ecopetrol dice que invertirá cerca de 19.3 billones de pesos para lograr niveles de producción rentables entre 725 y 730 mil barriles por día, muy similar a la que se reseñó en el plan de 2023 que fue 720 y 725 mil barriles."El 42 % de las inversiones estarán orientadas a los proyectos de la transición energética y la descarbonización, buscando crecer en esos negocios de soluciones de bajas emisiones. La incorporación, además de un plan riguroso de eficiencias, ahorros y el control del gasto para el periodo de los tres años del 2024 al 2026 por cerca de 7 billones de pesos”, detalló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.En medio de esa tarea que hace parte de los proyectos más impulsados por el Gobierno nacional, la compañía complementó que las inversiones en gas se estiman entre 3,1 y 3,5 billones de pesos en 2024 principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera en el Caribe Colombiano, para producir alrededor de 135.000 barriles de petróleo equivalente por día.Por su parte, ISA, invertirá alrededor de 5,9 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones de pesos estarán destinados al negocio de transmisión eléctrica. El objetivo es que, en 2026, la red aumente en aproximadamente 2.500 kilómetros.Roa agregó que el plan incluye cerca de 11 billones de pesos en proyectos y actividades de sostenibilidad asociados al cambio climático, la tecnología y la innovación.“Ecopetrol sigue y seguirá demostrando su gran capacidad operativa, su gran talento en el equipo de trabajo y su gran compromiso con el país y con sus accionistas”, puntualizó el directivo.Le puede interesar
En la última edición de los Latin Grammy Colombia fue la principal protagonista. Andrés Cepeda, Karol G, Shakira, Carlos Vives e incluso un largometraje de Camilo fueron los premiados de la noche en España, que pasó a comienzos del mes de noviembre de 2023.Se trata de 'Primer Tour de Mi Vida', elaborado por 'Los hermanos Ríos' y que tuvo una duración de hora y 20 minutos, que ofrece una mirada profunda y emocionante al detrás de escena de la primera gira. En el clip se filmaron 48 ciudades y 64 conciertos que tuvo Camilo en esa gira."Nos sentamos con Camilo la primera vez y le hicimos la primera pregunta. Yo sentí un alivio increíble porque este hombre es un tipo muy profundo, con un universo entero dentro. Entrevistar a Camilo fue una experiencia única, y su profundidad como artista se refleja en cada frame del documental”, dijeron los hermanos Ríos.Camilo agradeció por este Latin Grammy en sus redes sociales y se lo dedicó a Colombia, pues, según él, todos hicieron parte del video por ende del premio también, que espera sea el primero de muchos."Nos llevamos el Latin Grammy por el documental “El Primer Tour de mi Vida”!! Y se sintió diferente a haber ganado los anteriores!!! Se sintió como que le hubieran dado el premio a TODA LA TRIBU, porque al final, son ustedes los protagonistas. Estar anunciando la gira del año que viene justo cuando nos dan un Grammy por la gira anterior es como WOW, un círculo completo”, dijo.Le puede interesar
