La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro contra una reciente decisión del Consejo de Estado y recordó que el respeto por la separación de poderes es un deber fundamental dentro de un Estado democrático.La Rama Judicial asegura que las declaraciones del mandatario en redes sociales son incompatibles con la relación armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder público.“En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”, dice el comunicado.El organismo señaló que el principio de separación de poderes está establecido en el artículo 113 de la Constitución Política y recordó que el Consejo de Estado tiene respaldo constitucional para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el poder Ejecutivo.Además, explican que esa facultad, contemplada en el artículo 238 de la Constitución, busca garantizar controles efectivos sobre el ejercicio del poder público y proteger el equilibrio institucional del país.La Rama Judicial reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la autonomía judicial y el respeto por las decisiones de los jueces, al tiempo que pidió a las demás ramas del poder público actuar en el mismo sentido.El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Petro criticara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, relacionado con el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
Sigue la crisis para la Rama Judicial: el Tribunal Superior de Medellín pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar otra suspensión de términos por las dificultades que continúan teniendo tras la implementación de un nuevo sistema de gestión de procesos. Solicitaron un plan de choque urgente frente a la problemática.A un mes de haberse conocido por parte de la opinión pública la compleja situación que afronta el sistema de administración de justicia en Medellín, poco o nada ha cambiado el panorama por lo que hay nuevas solicitudes.Así quedó en evidencia en una carta remitida en las últimas horas por parte del Tribunal Superior de Medellín al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas urgentes ante el colapso en los procesos que se siguen registrando por la implementación de un nuevo sistema de información de gestión de procesos y manejo documental llamado Justicia XXI Web TYBA.En la carta, el presidente del Tribunal, Benjamín de Jesús Yepes, manifestó que los fallos constantes en la plataforma siguen generando un impacto directo y negativo en la adecuada prestación del servicio de justicia en los diferentes despachos de la ciudad.Entre los principales inconvenientes están la lentitud para los registros de los procesos, inconsistencias en los nombres de las partes o en radicados y procesos existentes que fueron migrados a la nueva plataforma como inactivos, entre otras situaciones.La problemática ya había sido denunciada también por Asonal Judicial. Su presidente, Diego Escobar, manifestó que toda la carga de las fallas en esta implementación la han asumido los servidores de los despachos con extensas jornadas laborales, incluso nocturnas.“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de una enfermedad por el estrés y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales”, aseguró.Ante esta realidad, en su reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Medellín solicitó la adopción de un plan de choque urgente para aliviar la congestión que persiste en materia de tutelas y procesos del área civil y de familia.Por eso, propuso al Consejo Superior de la Judicatura como una de las medidas más efectivas en el corto plazo, evaluar la suspensión de los términos en los procesos pero por un lapso más amplio, ya que aseguraron que el otorgado entre el 27 y 28 de abril resultó insuficiente.Se estima que hasta mediados de abril habían represados más de 3.000 procesos, cifra que con el paso de las semanas ha aumentado y podría llegar a configurar aperturas de vigilancias administrativas a los despachos por mora en su deber de administrar justicia.
Sumado a retrasos en la repartición de procesos judiciales por la implementación de un nuevo sistema, otra problemática podría avecinarse en la administración de justicia en Medellín y Antioquia por cuenta de garantías laborales para los defensores públicos.Según indicó uno de ellos, Juan Arango, la Defensoría del Pueblo actualmente afronta un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento lo que se podría traducir, entre otras cosas, en despidos masivos en los próximos meses.A la mayor parte de ellos se les vencen sus contratos el próximo 31 de julio y temen que solo en el departamento una tercera parte de los 400 defensores que hay actualmente, es decir, cerca de 120, puedan salir de la institución."Tienen que empezar a recortar de las partes donde, por ejemplo, hay menos problemas de orden público. Entonces, por ejemplo, en Envigado hay cuatro defensores, hay que sacar dos", sostuvo.Según Arango, la problemática se traduce principalmente en la sobrecarga laboral para quienes mantienen sus cargos, pero sobre todo en dificultades para la administración de justicia, ya que se consideran parte fundamental para el desarrollo de las diferentes audiencias."Nosotros somos parte fundamental de la defensoría pública y somos parte fundamental de la administración de justicia. O sea, sin un defensor no hay audiencia. Eso sería que, por ejemplo, yo, que tengo cuatro, tres y cuatro audiencias diarias, se empieza a represar", explicó.Desde la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se declararon en cese de actividades este 29 y 30 de abril. En el caso de Medellín realizan un plantón a las afueras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo y aseguran que en caso de que las condiciones laborales y salariales no mejoren en los próximos meses las medidas de presión podrían aumentar incluso con un paro indefinido.
En medio de un complejo panorama para el acceso a servicios fundamentales como la salud, tramitar internamente por estos días recursos que interponen los ciudadanos como tutelas se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los funcionarios de la Rama Judicial en Medellín.Esto por cuenta de las reiteradas fallas de Justicia Siglo XXI Web TYBA, un sistema que prometía modernizar la forma de repartir los procesos judiciales, pero que se está tardando en operar adecuadamente.Inconsistencias en consecutivos de radicación y asignaciones a despachos inexistentes, ha generado que desde el 6 de abril se hayan represado más de tres mil procesos entre tutelas y otros de carácter civil y de familia. "Ha generado una congestión de 1.400 tutelas desde el seis de abril y 1.600 procesos entre el área civil y de familia. Eso significa, entonces, es que los servidores judiciales, pues, seremos catalogados como irresponsables, como malos funcionarios ante la ciudadanía", mencionó Diego Escobar, presidente de Asonal Judicial.Según el funcionario, el represamiento de procesos que obliga, incluso, a suspender el reparto por hasta seis horas en el día para realizar ajustes técnicos y garantizar la seguridad de los procesos, ha llevado a que muchos funcionarios deban trabajar en la noche y la madrugada poniendo en riesgo incluso la salud."Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8:00 de la noche hasta las 3:00, 4:00 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de de de de una enfermedad por el estrés, y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales", indicó el presidente de Asonal Judicial.Aunque hay un equipo de soporte tecnológico de la Dirección Seccional que acompaña permanentemente la operación del sistema TYBA y puede resolver inconvenientes locales, hay otros errores del nivel central que son mucho más complejos y que por estos días están obligando a los servidores a priorizar recursos urgentes, dejando de lado otros no menos importantes sobre los que los ciudadanos exigen respuestas oportunas en la administración de justicia.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
En medio del encuentro de las Altas Cortes que se realiza en Barranquilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que el poder judicial realmente carece de autonomía, por lo menos, para manejar sus recursos y hasta para crear un cargo en esta Rama.Afirmó que tal es la dependencia que tiene la Rama Judicial hacia el Ejecutivo, que se ven obligados a mendigar recursos para poder realizar la labor que les corresponde."Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Y no tenemos autonomía porque, si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público", dijo."Y si la Rama Ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca, como ahora que de 16 billones de pesos, nos recortó casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial", añadió, haciendo referencia al recorte presupuestal que tendrá la Rama Judicial en 2026.En ese sentido, el magistrado Ibáñez insistió en que "la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel", y que por esta razón se tiene que "trabajar para algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la rama judicial".
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la segunda reducción del presupuesto asignado al sector justicia para la vigencia 2026.El nuevo recorte, por 695.000 millones de pesos, se suma a una primera disminución de 4,4 billones, frente a la solicitud inicial de 16 billones de pesos presentada por la Rama Judicial.Según la Comisión Interinstitucional, este recorte afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país, pues compromete el pago de sentencias judiciales y la creación de nuevos cargos.Los presidentes de las altas cortes se reunieron con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, para exponer las graves implicaciones del recorte sobre toda la estructura judicial, incluyendo la Judicatura, la Fiscalía y Medicina Legal.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional, Jorge Enrique Vallejo, advirtió que la reducción “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.La Comisión Interinstitucional insistió en que la falta de recursos no solo afecta la creación de nuevos despachos judiciales, sino también la operación básica de la justicia, impactando servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos.
Este domingo, 24 de agosto, 98.687 personas finalmente podrán presentar sus pruebas escritas para aspirar a los 4.000 empleos que está ofertando la Fiscalía General de la Nación a través de un concurso de méritos.Hasta hace unas horas, la realización del examen estaba en veremos por la suspensión provisional que había ordenado la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón, en respuesta a una tutela presentada por el ciudadano Nelson Uribe Martínez, quien aspira al proceso, pero no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que él no tenía la experiencia laboral que se solicitaba para el cargo.Sin embargo, en una nueva decisión tomada este miércoles, la misma jueza Rondón levantó la suspensión y dio vía libre a la aplicación de las pruebas a nivel nacional este domingo, eso sí, antes “ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025”.Además, en su decisión la jueza advierte “a las partes intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela”.Desde la Fiscalía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que la sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5 mil millones de pesos."Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado", dijo la entidad.La jueza había sido ampliamente cuestionada por la suspensión provisional que había ordenado inicialmente, pues se conoció que ella también se inscribió al concurso, pero, al igual que el tutelante, también fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral. Desde la Fiscalía, inclusive, habían considerado que una decisión en sentido favorable podría "conllevar directamente a un interés particular”, pues ella se vería beneficiada y podría acceder a la convocatoria.A su vez, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúan el caso y será la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra jueces y fiscales de la región del Cesar, lo que encendió las alarmas en el sector justicia y en las autoridades de seguridad.Por esta razón, la presidenta de la Comisión de Género de la rama judicial, magistrada Magda Acosta, rechazó tajantemente las amenazas que provenían aparentemente del Clan del Golfo y que están enfocadas particularmente contra jueces y fiscales en esta región.“No es posible que nuestros funcionarios y empleados judiciales no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre”, señaló.Enfatizó su mensaje de acompañamiento hacia las mujeres que integran este distrito y señaló que no permitirán que ningún funcionario judicial sea víctima de amenazas o de alguna clase de presión frente a su labor.La Policía Metropolitana de Valledupar ya está al tanto de la situación y brinda acompañamiento a los funcionarios. Las autoridades judiciales hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen estos hechos y se adopten medidas de protección efectivas.
Los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea deben incorporar desde el 7 de julio de 2026 un sistema de monitoreo del conductor mediante una cámara interior. La medida hace parte del Reglamento General de Seguridad del bloque comunitario y busca reducir los accidentes causados por la distracción y la fatiga al volante.El dispositivo corresponde al sistema ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), una tecnología integrada dentro de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que supervisa de manera permanente la dirección de la mirada y algunos movimientos faciales del conductor para detectar posibles signos de cansancio o falta de atención.Aunque el objetivo es mejorar la seguridad vial y disminuir la siniestralidad, la implementación de esta tecnología también ha despertado críticas entre algunos conductores, quienes reportan alertas frecuentes que consideran innecesarias o poco precisas durante la conducción.La obligatoriedad del ADDW se aplicó en dos etapasLa incorporación del sistema responde al calendario establecido por el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea. La primera fase comenzó el 7 de julio de 2024, cuando el requisito empezó a exigirse para los nuevos modelos que buscaban su homologación en el mercado europeo.La segunda etapa entró en vigor el 7 de julio de 2026, fecha desde la cual todos los vehículos nuevos matriculados en los países de la Unión Europea deben incluir este sistema de fábrica, independientemente de cuándo hayan sido diseñados.Antes de esta regulación, muchos automóviles ya contaban con detectores de fatiga que analizaban el comportamiento del vehículo, como cambios en la trayectoria o movimientos del volante. Con la nueva normativa, el análisis también incluye información obtenida directamente del conductor mediante una cámara instalada en el habitáculo.¿Dónde está ubicada la cámara?Cada fabricante instala el sistema según el diseño de su vehículo, pero siempre procurando que exista una visión directa del rostro del conductor.Dependiendo del modelo, la cámara puede encontrarse:En el montante izquierdo del parabrisas.Entre el cuadro de instrumentos y el volante.Integrada en la pantalla digital.En la consola del techo.El sistema utiliza algoritmos de visión artificial para evaluar si el conductor mantiene la atención en la carretera o presenta signos compatibles con fatiga.Forma parte de un paquete obligatorio de seguridadEl ADDW no funciona de manera independiente. Hace parte de un conjunto de tecnologías que la Unión Europea exige en los vehículos nuevos para fortalecer la seguridad vial.Entre ellas se encuentran:Asistente inteligente de velocidadAdvierte cuando el vehículo supera el límite permitido según la vía.Frenado automático de emergenciaDetecta posibles colisiones y puede activar los frenos si el conductor no reacciona.Asistente de mantenimiento de carrilCorrige la trayectoria cuando identifica una salida involuntaria del carril.Caja negra del vehículoRegistra información técnica antes, durante y después de un accidente.Preparación para alcoholímetro antiarranquePermite instalar sistemas que impiden encender el vehículo si el conductor supera el límite legal de alcohol.Las principales críticas de los conductoresAunque la finalidad de estos sistemas es prevenir accidentes, algunos usuarios consideran que las asistencias generan demasiadas advertencias durante la conducción cotidiana.Entre las quejas más frecuentes aparecen avisos de exceso de velocidad por diferencias entre la señalización vial y los mapas digitales, alertas de fatiga durante maniobras normales como frenadas o giros inesperados y, en algunos casos, activaciones del frenado automático cuando los conductores consideran que no existía un riesgo real.Esta acumulación de avisos ha abierto un debate sobre la llamada "fatiga por alertas", un fenómeno que puede hacer que algunos conductores terminen ignorando las advertencias del vehículo.¿Se puede desactivar la cámara?La normativa europea permite que algunos sistemas ADAS puedan desconectarse de forma temporal mientras el vehículo permanece detenido. Sin embargo, el sistema ADDW vuelve a activarse automáticamente cada vez que se enciende el automóvil.La legislación no contempla la eliminación permanente de este dispositivo, ya que forma parte de los requisitos de homologación del vehículo. Modificar la cámara o bloquear su funcionamiento puede considerarse una alteración de un elemento obligatorio de seguridad y acarrear consecuencias legales según la normativa de cada país.El objetivo de la Unión EuropeaLa Comisión Europea impulsa estas medidas dentro de su estrategia para reducir la mortalidad en las carreteras y avanzar hacia el objetivo de cero víctimas mortales en 2050. Aunque la incorporación de cámaras de vigilancia del conductor representa uno de los cambios tecnológicos más importantes en la seguridad de los vehículos modernos, el reto para fabricantes y autoridades será mejorar la precisión de estos sistemas para reducir las falsas alertas y aumentar la confianza de los usuarios sin comprometer la protección en las vías.
Como lo informó el capitán Gabriel Arias, oficial de operaciones de la brigada de desastres, más de 30 miembros uniformados de la Armada, infantería de marina, el Ejército, Defensa Civil y Ponalsar partieron hacia la zona afectada por la conflagración en Isla Salamanca.Dijo el oficial que, con la información que se entregó a partir del sobrevuelo que se hizo previamente, se pudo identificar por donde ingresar y que el incendio forestal se encuentra activo.Agregó Arias que, ante esa situación, se tomó la decisión de que los uniformados ingresen por el río Magdalena para iniciar labores con herramienta manual sobre el punto afectado. 420 galones.Le puede interesar: “Ya está bueno”: Alcalde Char reclama por falta de prevención de incendios en Parque Isla Salamanca"Al momento de evidencia que no tenemos peligro hacia las viviendas. La idea es ingresar lo más pronto posible, para evitar que la brisa y la alta temperatura avive nuevamente el fuego con la fuerza que presentaba este jueves y se nos salga de control".Resaltó el capitán Gabriel Arias que las operaciones en tierra recibirán el apoyo de un helicóptero con Bambi Bucket que esparcirá 420 galones de agua sobre el área afectada.Por su parte, Yesid Carrero, funcionario operativo de la Defensa Civil confirmó la presencia de una brigada forestal y personal de primeros auxilios para atender emergencias.Carrero específico que, en total, son 20 funcionarios de la Defensa Civil en la zona.Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla contó que más de 15 unidades se sumaron a las operaciones para apagar las llamas desde la capital del Atlántico.
El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó en 23 % el incremento del salario mínimo legal. Con esta decisión, la Sección Segunda concluyó que no existían razones suficientes para mantener la suspensión mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra esa norma.En la providencia, la corporación resolvió “Revocar el auto del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025”. Asimismo, decidió “Negar la medida cautelar de suspensión provisional respecto del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas”, además de “Dejar sin efectos la medida cautelar innominada” .La Sala explicó que, al estudiar los recursos presentados contra la decisión que suspendió el decreto, encontró que “los recurrentes coinciden en manifestar que en la providencia del 12 de febrero de 2026 la decisión sobre las medidas cautelares superó el juicio provisional que las caracteriza (…) para, en su lugar, adoptar una decisión de naturaleza anticipativa”, cuando en esa fase solo corresponde establecer de manera inicial si existen elementos que justifiquen suspender un acto administrativo.El Consejo de Estado recordó que el auto objeto de revisión había adoptado dos medidas, la suspensión provisional del decreto demandado y una medida cautelar innominada mediante la cual se ordenó al Gobierno expedir y publicar un nuevo decreto fijando un aumento transitorio del salario mínimo para la vigencia 2026. Para la corporación, esa decisión implicó un análisis que debía reservarse para la sentencia definitiva.En la providencia, la Sala sostuvo que las posibles irregularidades advertidas inicialmente no estaban relacionadas con una confrontación directa entre el decreto y las normas presuntamente vulneradas, sino con cuestionamientos sobre la motivación del acto administrativo. Al respecto, señaló que “estas discusiones dan cuenta de que aquellas posibles irregularidades detectadas en sede de medida cautelar, en definitiva, no tenían que ver con la confrontación del acto con la normativa invocada como lesionada, sino con un juicio en cuanto a su motivación”.Finalmente, el Consejo de Estado precisó que “resulta más adecuado a la finalidad del medio de control de nulidad, concentrar el juicio de legalidad en el acto administrativo inicialmente demandado y reservar para la sentencia su análisis integral”.Por ahora, el incremento para el salario mínimo que se decidió en diciembre del 2025 permanecerá vigente, hasta que exista un juicio definitivo sobre el proceso y se defina su legalidad.
El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense."Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, calificó como un hecho sin precedentes la intervención directa de altos funcionarios de los Estados Unidos en el proceso de deportación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral. Según el diplomático, el caso estuvo marcado por una "motivación política electoral" que desvirtuó el carácter migratorio del proceso. Una intervención "insólita" y políticaEl embajador García-Peña fue enfático al señalar la irregularidad del procedimiento. Durante el diálogo, destacó la existencia de un documento que confirmaría la presión política: “Ya la publica totalmente lo que es algo insólito... con este memorando de Rubio se ve claramente que es un evento inspirado electoralmente hablando”.Para el funcionario, que un secretario de Estado emita órdenes para un caso migratorio específico es algo que “hace nunca se ha hecho realmente”, calificándolo además como un “exabrupto” desde el punto de vista legal. García-Peña vinculó estas acciones con la campaña electoral en Colombia, sugiriendo que la detención y posterior deportación de Coral fueron utilizadas como una “cuña publicitaria” para sectores políticos afines al expresidente Trump. “No se trata de un asunto meramente migratorio, sino claramente político electoral”, sentenció el embajador, subrayando que el momento (timing) en que se dieron los hechos hace evidente esta intención.Sobre el estatus legal de Coral, el embajador explicó que el activista contaba con un proceso de asilo legítimo, respaldado por amenazas reales vinculadas al asesinato de su padre en Colombia. Sin embargo, denunció que dicho proceso fue “injustamente abortado por una decisión política desde arriba”.Ante esta situación, y siguiendo el consejo de sus abogados de la ACLU, Coral decidió desistir de su solicitud: “Él decidió desistir de su proceso de asilo y la abogada negoció con el fiscal federal para que le dieran ya la orden final de deportación”El diplomático defendió el trato especial dado por el gobierno de Gustavo Petro al recibirlo, argumentando que “Beto Coral es un caso especial, distinto que demuestra que el trato que se le tuvo que dar correspondió precisamente a esa situación extraordinaria”. Escuche aquí la entrevista:
La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) realizará los próximos 30 y 31 de julio el Congreso de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, un encuentro académico que congregará en Bucaramanga a especialistas de prestigiosas instituciones internacionales para analizar los avances científicos y tecnológicos que están transformando la atención de las enfermedades cardiovasculares.El evento hace parte de la conmemoración de los 40 años de la FCV y contará con la participación de expertos provenientes de centros médicos y universidades de referencia mundial, entre ellos Mayo Clinic, Harvard Medical School, Mount Sinai Hospital, Georgetown University, Baylor Scott & White Health, University of Alberta, Maastricht University Medical Center, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, Cohen Children's Medical Center of New York y Paris Descartes University–Sorbonne Paris Cité, además de especialistas de la institución santandereana.Durante las dos jornadas se desarrollarán de manera simultánea dos programas académicos: uno enfocado en Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y otro dirigido a Cardiología para Adultos, con el propósito de abordar los principales retos y avances en cada una de estas áreas.Entre los temas que serán analizados se encuentran la enfermedad coronaria, el choque cardiogénico, la insuficiencia cardíaca avanzada, la cirugía cardiovascular, la inteligencia artificial aplicada a la cardiología, las cardiopatías congénitas, el soporte circulatorio mecánico, el trasplante cardíaco y la cirugía cardíaca pediátrica, entre otros aspectos de actualidad para la práctica médica.De acuerdo con la FCV, el congreso busca fortalecer la actualización científica de los profesionales de la salud, promover el intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales e internacionales y consolidar redes de colaboración que contribuyan al mejoramiento de la atención cardiovascular en Colombia y Latinoamérica.Le puede interesar: Fundación Cardiovascular realiza donatón de disfraces para niños hospitalizadosLa institución destacó que este encuentro también refleja su apuesta por la investigación, la innovación y la educación médica, pilares que han marcado su trayectoria durante cuatro décadas y que la han posicionado como uno de los principales referentes hospitalarios de América Latina.La participación en el congreso será gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los profesionales interesados podrán consultar la programación e inscribirse a través de los enlaces habilitados por la Fundación Cardiovascular de Colombia para los programas de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y de Cardiología para Adultos.En estos enlaces podrá inscribirse: * Programa de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular* Programa de Cardiología para Adultos: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular-adultos