Los jueces en el Atlántico ya no podrán hacer trabajo remoto, de acuerdo a una orden impartida por el Tribunal Superior de Barranquilla. La decisión generó inconformidad entre algunos funcionarios, que consideran que la virtualidad ha facilitado el acceso de los usuarios a la justicia, avance de los procesos y mayor seguridad a los togados que tienen amenazas contra su vida.El Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, dio la orden perentoria de “no autorizar el teletrabajo a los jueces del distrito judicial”. La medida que dio a conocer a través de una circular, la argumenta en una serie de visitas que hizo a los municipios en las que confirmó la falta de presencialidad de los funcionarios en sus despachos.Dice el magistrado que la justicia también se construye con presencia, y “para muchas comunidades, el juez es el rostro más cercano del Estado, y su permanencia en el territorio permite escuchar, orientar y atender a quienes acuden al despacho".Sobre esta orden que empezó a regir este viernes, varios jueces se han mostrado en desacuerdo, entre otras cosas, porque la virtualidad es una herramienta que les ha ayudado a evacuar procesos por la facilidad que brinda a abogados y usuarios en general a conectarse a las audiencias, y, en últimas, acceder a la justicia.La juez 14 Civil Municipal de Barranquilla, Carmen Beatriz Barros, también señala que la atención al público hoy se puede realizar a través de ventanillas virtuales o físicas que tienen los despachos judiciales. Agrega que lo que sí se debe revisar es el excesivo volumen de trabajo que hoy tienen muchos juzgados en el Atlántico, que manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que les genera estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.“Los jueces nos pronunciamos a través de las decisiones y despachando el volumen de trabajo. Entonces, lo que hay que verificar es cuáles son las cargas que tenemos que asumir los jueces en esta labor que es excesiva. Por ejemplo, puedo decir que en Barranquilla un juzgado despacha entre 300 y 400 tutelas al año. Precisamente con la emergencia del terremoto despaché de 7 a 8 tutelas diarias que me remitieron de Pereira”.Barros agregó que muchos juzgados en el Atlántico manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que le genera a los funcionarios de la justicia un mayor estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.“Así como los abogados y los usuarios se conectan virtualmente desde sus lugares, desde sus oficinas, desde otras ciudades, igual lo puede hacer el juez, lo importante es que se despache y se dé trámite a la audiencia. Para eso es la virtualidad”.Otro aspecto importante a revisar, según otros jueces con los que Blu Radio pudo conversar, son las amenazas que se han presentado contra varios de ellos, por lo que la virtualidad es una herramienta que les permite no ponerse en riesgo ante el accionar de organizaciones criminales y bandas delincuenciales que operan en el Atlántico.
Las altas cortes de Colombia develaron una escultura en homenaje a los funcionarios judiciales que ejercen su labor en los territorios del país, en reconocimiento a quienes, incluso en medio de condiciones difíciles y riesgos para su seguridad, contribuyen a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos.El monumento, denominado 'La columna trunca', fue presentado durante los actos conmemorativos de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. La obra que está ubicada en la plaza del Palacio de Justicia, busca mantener viva la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia por el ejercicio de sus funciones y destacar el trabajo cotidiano de los servidores judiciales.Durante la ceremonia, los representantes de la Rama Judicial insistieron en que la administración de justicia no depende únicamente de las decisiones de las altas cortes, sino también de la labor que desarrollan jueces, magistrados y funcionarios en distintas regiones de Colombia.La escultura está compuesta por seis paneles que representan la diversidad natural y cultural de las regiones de Colombia. El Caribe aparece con elementos como el sombrero vueltiao, el acordeón y la iguana; la región Insular, con caracoles, conchas y palmeras; y la Andina, con sus montañas, frailejones y vegetación. La Orinoquía por su parte, está representada por las palmas de moriche y un chigüiro, mientras que el panel del Pacífico incluye una marimba del Chocó, raíces de manglar y referencias al mar. Finalmente, la Amazonía reúne elementos de su fauna y flora, como las guacamayas y la victoria regia.Según el escultor, Marlio Ninco Medina, a través de estos símbolos, la obra destaca que la justicia se ejerce en territorios diversos y que la labor de los servidores judiciales tiene un impacto directo en las comunidades de todo el país.Durante el evento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, resaltó la importancia del trabajo que realizan los funcionarios judiciales en las regiones y la dimensión humana de su labor.El magistrado explicó que administrar justicia no consiste únicamente en resolver controversias jurídicas, sino también en escuchar a las personas, comprender sus circunstancias y tomar decisiones que inciden directamente en sus vidas.“Juzgar implica, sobre todo, intervenir con la autoridad y los límites del derecho en el curso de una historia humana”, señaló.En su discurso, insistió en que las decisiones judiciales permiten que los principios constitucionales y los derechos dejen de ser conceptos abstractos y se conviertan en garantías concretas para los ciudadanos.También llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan los funcionarios en algunas zonas del país, donde las distancias geográficas, las desigualdades y las dificultades de presencia institucional representan desafíos para el acceso a la justicia.Pese a esas circunstancias, afirmó, los servidores judiciales cumplen una función que va más allá de resolver litigios: contribuyen a construir ciudadanía, fortalecer la convivencia y mantener los vínculos sociales.“A ustedes, servidores judiciales de los territorios de Colombia, nuestro reconocimiento y gratitud”, dijo.Con este monumento, las altas cortes buscan recordar que la justicia no se construye exclusivamente desde los grandes tribunales, sino también desde los despachos y juzgados de las regiones, donde miles de funcionarios trabajan para que los derechos de los colombianos tengan una aplicación efectiva.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión y ordenó su captura inmediata.Tarquino deberá cumplir una pena de seis años de prisión, pagar una multa de más de 87 millones de pesos y quedará inhabilitado durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.La decisión está relacionada con el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de la Toga, una red en la que, según las investigaciones judiciales, se ofrecía frenar o archivar procesos penales a cambio de millonarias sumas de dinero, mediante contactos e influencias dentro de la justicia.La Corte determinó que Tarquino, quien para la época de los hechos ya no ejercía como magistrado activo, actuó como intermediario del exmagistrado José Leonidas Bustos.Su papel consistió en contactar al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y ofrecerle ayuda para resolver las investigaciones penales que enfrentaba. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando Lyons era investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías relacionados con contratos de ciencia, tecnología e innovación.De acuerdo con lo establecido en el proceso, los primeros acercamientos se produjeron bajo el argumento de que era necesario realizar gestiones ante las autoridades judiciales para conocer el estado de los expedientes. En ese contexto, Tarquino solicitó inicialmente 60 millones de pesos, de los cuales habría recibido 30 millones, para realizar lo que describía como movimientos y acercamientos con funcionarios.Sin embargo, la situación cambió cuando le advirtió a Lyons que sus problemas judiciales eran graves y que las gestiones iniciales no serían suficientes.Según la reconstrucción de los hechos, Tarquino le hizo saber que la situación debía resolverse por completo y que sus contactos podían intervenir tanto en la Fiscalía General de la Nación como, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia.Fue entonces cuando le exigió al exgobernador de Córdoba 20.000 millones de pesos. Según la sentencia, le manifestó que actuaba en representación de Bustos y del también exmagistrado Francisco Ricaurte, y que ese dinero permitiría ayudarlo a archivar las investigaciones penales en su contra y evitar que avanzaran otros procesos.Las reuniones se realizaban en espacios privados y bajo estrictas medidas para evitar que las conversaciones fueran registradas.La providencia señala que Tarquino les pedía a los asistentes que entregaran sus teléfonos celulares antes de hablar y que, en algunas ocasiones, utilizaba música a alto volumen. En el encuentro en el que presuntamente se concretó la exigencia de los 20.000 millones de pesos, apartó a Lyons de sus acompañantes para conversar en privado.El exgobernador no aceptó pagar la suma exigida, pues consideró que se trataba de una cifra desproporcionada que no estaba en capacidad de cubrir.Por esta razón, la Corte ordenó expedir la orden de captura inmediata para que Tarquino cumpla los seis años de prisión impuestos por su responsabilidad en el delito de concusión.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro contra una reciente decisión del Consejo de Estado y recordó que el respeto por la separación de poderes es un deber fundamental dentro de un Estado democrático.La Rama Judicial asegura que las declaraciones del mandatario en redes sociales son incompatibles con la relación armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder público.“En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”, dice el comunicado.El organismo señaló que el principio de separación de poderes está establecido en el artículo 113 de la Constitución Política y recordó que el Consejo de Estado tiene respaldo constitucional para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el poder Ejecutivo.Además, explican que esa facultad, contemplada en el artículo 238 de la Constitución, busca garantizar controles efectivos sobre el ejercicio del poder público y proteger el equilibrio institucional del país.La Rama Judicial reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la autonomía judicial y el respeto por las decisiones de los jueces, al tiempo que pidió a las demás ramas del poder público actuar en el mismo sentido.El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Petro criticara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, relacionado con el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
Sigue la crisis para la Rama Judicial: el Tribunal Superior de Medellín pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar otra suspensión de términos por las dificultades que continúan teniendo tras la implementación de un nuevo sistema de gestión de procesos. Solicitaron un plan de choque urgente frente a la problemática.A un mes de haberse conocido por parte de la opinión pública la compleja situación que afronta el sistema de administración de justicia en Medellín, poco o nada ha cambiado el panorama por lo que hay nuevas solicitudes.Así quedó en evidencia en una carta remitida en las últimas horas por parte del Tribunal Superior de Medellín al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas urgentes ante el colapso en los procesos que se siguen registrando por la implementación de un nuevo sistema de información de gestión de procesos y manejo documental llamado Justicia XXI Web TYBA.En la carta, el presidente del Tribunal, Benjamín de Jesús Yepes, manifestó que los fallos constantes en la plataforma siguen generando un impacto directo y negativo en la adecuada prestación del servicio de justicia en los diferentes despachos de la ciudad.Entre los principales inconvenientes están la lentitud para los registros de los procesos, inconsistencias en los nombres de las partes o en radicados y procesos existentes que fueron migrados a la nueva plataforma como inactivos, entre otras situaciones.La problemática ya había sido denunciada también por Asonal Judicial. Su presidente, Diego Escobar, manifestó que toda la carga de las fallas en esta implementación la han asumido los servidores de los despachos con extensas jornadas laborales, incluso nocturnas.“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de una enfermedad por el estrés y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales”, aseguró.Ante esta realidad, en su reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Medellín solicitó la adopción de un plan de choque urgente para aliviar la congestión que persiste en materia de tutelas y procesos del área civil y de familia.Por eso, propuso al Consejo Superior de la Judicatura como una de las medidas más efectivas en el corto plazo, evaluar la suspensión de los términos en los procesos pero por un lapso más amplio, ya que aseguraron que el otorgado entre el 27 y 28 de abril resultó insuficiente.Se estima que hasta mediados de abril habían represados más de 3.000 procesos, cifra que con el paso de las semanas ha aumentado y podría llegar a configurar aperturas de vigilancias administrativas a los despachos por mora en su deber de administrar justicia.
Sumado a retrasos en la repartición de procesos judiciales por la implementación de un nuevo sistema, otra problemática podría avecinarse en la administración de justicia en Medellín y Antioquia por cuenta de garantías laborales para los defensores públicos.Según indicó uno de ellos, Juan Arango, la Defensoría del Pueblo actualmente afronta un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento lo que se podría traducir, entre otras cosas, en despidos masivos en los próximos meses.A la mayor parte de ellos se les vencen sus contratos el próximo 31 de julio y temen que solo en el departamento una tercera parte de los 400 defensores que hay actualmente, es decir, cerca de 120, puedan salir de la institución."Tienen que empezar a recortar de las partes donde, por ejemplo, hay menos problemas de orden público. Entonces, por ejemplo, en Envigado hay cuatro defensores, hay que sacar dos", sostuvo.Según Arango, la problemática se traduce principalmente en la sobrecarga laboral para quienes mantienen sus cargos, pero sobre todo en dificultades para la administración de justicia, ya que se consideran parte fundamental para el desarrollo de las diferentes audiencias."Nosotros somos parte fundamental de la defensoría pública y somos parte fundamental de la administración de justicia. O sea, sin un defensor no hay audiencia. Eso sería que, por ejemplo, yo, que tengo cuatro, tres y cuatro audiencias diarias, se empieza a represar", explicó.Desde la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se declararon en cese de actividades este 29 y 30 de abril. En el caso de Medellín realizan un plantón a las afueras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo y aseguran que en caso de que las condiciones laborales y salariales no mejoren en los próximos meses las medidas de presión podrían aumentar incluso con un paro indefinido.
En medio de un complejo panorama para el acceso a servicios fundamentales como la salud, tramitar internamente por estos días recursos que interponen los ciudadanos como tutelas se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los funcionarios de la Rama Judicial en Medellín.Esto por cuenta de las reiteradas fallas de Justicia Siglo XXI Web TYBA, un sistema que prometía modernizar la forma de repartir los procesos judiciales, pero que se está tardando en operar adecuadamente.Inconsistencias en consecutivos de radicación y asignaciones a despachos inexistentes, ha generado que desde el 6 de abril se hayan represado más de tres mil procesos entre tutelas y otros de carácter civil y de familia. "Ha generado una congestión de 1.400 tutelas desde el seis de abril y 1.600 procesos entre el área civil y de familia. Eso significa, entonces, es que los servidores judiciales, pues, seremos catalogados como irresponsables, como malos funcionarios ante la ciudadanía", mencionó Diego Escobar, presidente de Asonal Judicial.Según el funcionario, el represamiento de procesos que obliga, incluso, a suspender el reparto por hasta seis horas en el día para realizar ajustes técnicos y garantizar la seguridad de los procesos, ha llevado a que muchos funcionarios deban trabajar en la noche y la madrugada poniendo en riesgo incluso la salud."Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8:00 de la noche hasta las 3:00, 4:00 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de de de de una enfermedad por el estrés, y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales", indicó el presidente de Asonal Judicial.Aunque hay un equipo de soporte tecnológico de la Dirección Seccional que acompaña permanentemente la operación del sistema TYBA y puede resolver inconvenientes locales, hay otros errores del nivel central que son mucho más complejos y que por estos días están obligando a los servidores a priorizar recursos urgentes, dejando de lado otros no menos importantes sobre los que los ciudadanos exigen respuestas oportunas en la administración de justicia.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
En medio del encuentro de las Altas Cortes que se realiza en Barranquilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que el poder judicial realmente carece de autonomía, por lo menos, para manejar sus recursos y hasta para crear un cargo en esta Rama.Afirmó que tal es la dependencia que tiene la Rama Judicial hacia el Ejecutivo, que se ven obligados a mendigar recursos para poder realizar la labor que les corresponde."Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Y no tenemos autonomía porque, si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público", dijo."Y si la Rama Ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca, como ahora que de 16 billones de pesos, nos recortó casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial", añadió, haciendo referencia al recorte presupuestal que tendrá la Rama Judicial en 2026.En ese sentido, el magistrado Ibáñez insistió en que "la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel", y que por esta razón se tiene que "trabajar para algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la rama judicial".
El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, junto con las distintas opciones para obtener premios, mantiene el interés de los participantes que buscan comprobar si sus números fueron favorecidos.Resultado del Dorado Mañana hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Los jugadores podrán verificar los datos de la combinación ganadora una vez se conozcan las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después del sorteo a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.¿A qué hora juega Dorado Mañana?El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los domingos y días festivos no hay jornada de este chance.¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?Una de las características de este juego es que contempla premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras finales. El plan de premios establece los siguientes pagos por cada peso apostado:4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinadas: 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directas: 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.El chance también incorpora una quinta balota, una cifra adicional que amplía las opciones disponibles dentro del sorteo.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el proceso de pago.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
En medio de las recientes denuncias de presunta corrupción que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que este martes 10 de noviembre presentará ante la plenaria del Senado una proposición para solicitar que se revoque el permiso de salida del país otorgado al exmandatario.Según el congresista, el Senado debe revisar la decisión adoptada el pasado 12 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los señalamientos conocidos.“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y sexo contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, dijo el senador.Carta a la Secretaría General del SenadoComo parte de esta iniciativa, el senador Germán Rodríguez envió una comunicación al secretario general del Senado, Diego González, solicitando información y antecedentes documentales relacionados con la autorización concedida al expresidente.En la carta, el congresista pidió copia de la solicitud que presentó Petro para obtener el permiso, así como del texto definitivo de la proposición aprobada por la plenaria el 12 de agosto.También solicitó el acta de la sesión y las condiciones establecidas por el Senado para autorizar los desplazamientos internacionales del exmandatario.Adicionalmente, Rodríguez pidió que se informe si, desde el otorgamiento del permiso, Petro ha remitido comunicaciones a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado para reportar viajes al exterior. En caso afirmativo, solicitó conocer las fechas de radicación, los destinos y los periodos informados.El congresista también pidió establecer si anteriormente se han presentado solicitudes para revisar, modificar o revocar esa autorización y, de ser así, conocer el estado de dichos trámites.Finalmente, Rodríguez solicitó que durante la plenaria de este martes 10 de noviembre la Secretaría General presente ante los senadores los antecedentes de la autorización, las condiciones bajo las cuales fue aprobada y las comunicaciones recibidas, para que sean tenidos en cuenta durante la discusión y eventual votación de su proposición.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
