La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro contra una reciente decisión del Consejo de Estado y recordó que el respeto por la separación de poderes es un deber fundamental dentro de un Estado democrático.La Rama Judicial asegura que las declaraciones del mandatario en redes sociales son incompatibles con la relación armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder público.“En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”, dice el comunicado.El organismo señaló que el principio de separación de poderes está establecido en el artículo 113 de la Constitución Política y recordó que el Consejo de Estado tiene respaldo constitucional para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el poder Ejecutivo.Además, explican que esa facultad, contemplada en el artículo 238 de la Constitución, busca garantizar controles efectivos sobre el ejercicio del poder público y proteger el equilibrio institucional del país.La Rama Judicial reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la autonomía judicial y el respeto por las decisiones de los jueces, al tiempo que pidió a las demás ramas del poder público actuar en el mismo sentido.El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Petro criticara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, relacionado con el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
Sigue la crisis para la Rama Judicial: el Tribunal Superior de Medellín pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar otra suspensión de términos por las dificultades que continúan teniendo tras la implementación de un nuevo sistema de gestión de procesos. Solicitaron un plan de choque urgente frente a la problemática.A un mes de haberse conocido por parte de la opinión pública la compleja situación que afronta el sistema de administración de justicia en Medellín, poco o nada ha cambiado el panorama por lo que hay nuevas solicitudes.Así quedó en evidencia en una carta remitida en las últimas horas por parte del Tribunal Superior de Medellín al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas urgentes ante el colapso en los procesos que se siguen registrando por la implementación de un nuevo sistema de información de gestión de procesos y manejo documental llamado Justicia XXI Web TYBA.En la carta, el presidente del Tribunal, Benjamín de Jesús Yepes, manifestó que los fallos constantes en la plataforma siguen generando un impacto directo y negativo en la adecuada prestación del servicio de justicia en los diferentes despachos de la ciudad.Entre los principales inconvenientes están la lentitud para los registros de los procesos, inconsistencias en los nombres de las partes o en radicados y procesos existentes que fueron migrados a la nueva plataforma como inactivos, entre otras situaciones.La problemática ya había sido denunciada también por Asonal Judicial. Su presidente, Diego Escobar, manifestó que toda la carga de las fallas en esta implementación la han asumido los servidores de los despachos con extensas jornadas laborales, incluso nocturnas.“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de una enfermedad por el estrés y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales”, aseguró.Ante esta realidad, en su reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Medellín solicitó la adopción de un plan de choque urgente para aliviar la congestión que persiste en materia de tutelas y procesos del área civil y de familia.Por eso, propuso al Consejo Superior de la Judicatura como una de las medidas más efectivas en el corto plazo, evaluar la suspensión de los términos en los procesos pero por un lapso más amplio, ya que aseguraron que el otorgado entre el 27 y 28 de abril resultó insuficiente.Se estima que hasta mediados de abril habían represados más de 3.000 procesos, cifra que con el paso de las semanas ha aumentado y podría llegar a configurar aperturas de vigilancias administrativas a los despachos por mora en su deber de administrar justicia.
Sumado a retrasos en la repartición de procesos judiciales por la implementación de un nuevo sistema, otra problemática podría avecinarse en la administración de justicia en Medellín y Antioquia por cuenta de garantías laborales para los defensores públicos.Según indicó uno de ellos, Juan Arango, la Defensoría del Pueblo actualmente afronta un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento lo que se podría traducir, entre otras cosas, en despidos masivos en los próximos meses.A la mayor parte de ellos se les vencen sus contratos el próximo 31 de julio y temen que solo en el departamento una tercera parte de los 400 defensores que hay actualmente, es decir, cerca de 120, puedan salir de la institución."Tienen que empezar a recortar de las partes donde, por ejemplo, hay menos problemas de orden público. Entonces, por ejemplo, en Envigado hay cuatro defensores, hay que sacar dos", sostuvo.Según Arango, la problemática se traduce principalmente en la sobrecarga laboral para quienes mantienen sus cargos, pero sobre todo en dificultades para la administración de justicia, ya que se consideran parte fundamental para el desarrollo de las diferentes audiencias."Nosotros somos parte fundamental de la defensoría pública y somos parte fundamental de la administración de justicia. O sea, sin un defensor no hay audiencia. Eso sería que, por ejemplo, yo, que tengo cuatro, tres y cuatro audiencias diarias, se empieza a represar", explicó.Desde la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se declararon en cese de actividades este 29 y 30 de abril. En el caso de Medellín realizan un plantón a las afueras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo y aseguran que en caso de que las condiciones laborales y salariales no mejoren en los próximos meses las medidas de presión podrían aumentar incluso con un paro indefinido.
En medio de un complejo panorama para el acceso a servicios fundamentales como la salud, tramitar internamente por estos días recursos que interponen los ciudadanos como tutelas se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los funcionarios de la Rama Judicial en Medellín.Esto por cuenta de las reiteradas fallas de Justicia Siglo XXI Web TYBA, un sistema que prometía modernizar la forma de repartir los procesos judiciales, pero que se está tardando en operar adecuadamente.Inconsistencias en consecutivos de radicación y asignaciones a despachos inexistentes, ha generado que desde el 6 de abril se hayan represado más de tres mil procesos entre tutelas y otros de carácter civil y de familia. "Ha generado una congestión de 1.400 tutelas desde el seis de abril y 1.600 procesos entre el área civil y de familia. Eso significa, entonces, es que los servidores judiciales, pues, seremos catalogados como irresponsables, como malos funcionarios ante la ciudadanía", mencionó Diego Escobar, presidente de Asonal Judicial.Según el funcionario, el represamiento de procesos que obliga, incluso, a suspender el reparto por hasta seis horas en el día para realizar ajustes técnicos y garantizar la seguridad de los procesos, ha llevado a que muchos funcionarios deban trabajar en la noche y la madrugada poniendo en riesgo incluso la salud."Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8:00 de la noche hasta las 3:00, 4:00 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de de de de una enfermedad por el estrés, y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales", indicó el presidente de Asonal Judicial.Aunque hay un equipo de soporte tecnológico de la Dirección Seccional que acompaña permanentemente la operación del sistema TYBA y puede resolver inconvenientes locales, hay otros errores del nivel central que son mucho más complejos y que por estos días están obligando a los servidores a priorizar recursos urgentes, dejando de lado otros no menos importantes sobre los que los ciudadanos exigen respuestas oportunas en la administración de justicia.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
En medio del encuentro de las Altas Cortes que se realiza en Barranquilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que el poder judicial realmente carece de autonomía, por lo menos, para manejar sus recursos y hasta para crear un cargo en esta Rama.Afirmó que tal es la dependencia que tiene la Rama Judicial hacia el Ejecutivo, que se ven obligados a mendigar recursos para poder realizar la labor que les corresponde."Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Y no tenemos autonomía porque, si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público", dijo."Y si la Rama Ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca, como ahora que de 16 billones de pesos, nos recortó casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial", añadió, haciendo referencia al recorte presupuestal que tendrá la Rama Judicial en 2026.En ese sentido, el magistrado Ibáñez insistió en que "la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel", y que por esta razón se tiene que "trabajar para algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la rama judicial".
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la segunda reducción del presupuesto asignado al sector justicia para la vigencia 2026.El nuevo recorte, por 695.000 millones de pesos, se suma a una primera disminución de 4,4 billones, frente a la solicitud inicial de 16 billones de pesos presentada por la Rama Judicial.Según la Comisión Interinstitucional, este recorte afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país, pues compromete el pago de sentencias judiciales y la creación de nuevos cargos.Los presidentes de las altas cortes se reunieron con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, para exponer las graves implicaciones del recorte sobre toda la estructura judicial, incluyendo la Judicatura, la Fiscalía y Medicina Legal.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional, Jorge Enrique Vallejo, advirtió que la reducción “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.La Comisión Interinstitucional insistió en que la falta de recursos no solo afecta la creación de nuevos despachos judiciales, sino también la operación básica de la justicia, impactando servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos.
Este domingo, 24 de agosto, 98.687 personas finalmente podrán presentar sus pruebas escritas para aspirar a los 4.000 empleos que está ofertando la Fiscalía General de la Nación a través de un concurso de méritos.Hasta hace unas horas, la realización del examen estaba en veremos por la suspensión provisional que había ordenado la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón, en respuesta a una tutela presentada por el ciudadano Nelson Uribe Martínez, quien aspira al proceso, pero no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que él no tenía la experiencia laboral que se solicitaba para el cargo.Sin embargo, en una nueva decisión tomada este miércoles, la misma jueza Rondón levantó la suspensión y dio vía libre a la aplicación de las pruebas a nivel nacional este domingo, eso sí, antes “ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025”.Además, en su decisión la jueza advierte “a las partes intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela”.Desde la Fiscalía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que la sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5 mil millones de pesos."Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado", dijo la entidad.La jueza había sido ampliamente cuestionada por la suspensión provisional que había ordenado inicialmente, pues se conoció que ella también se inscribió al concurso, pero, al igual que el tutelante, también fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral. Desde la Fiscalía, inclusive, habían considerado que una decisión en sentido favorable podría "conllevar directamente a un interés particular”, pues ella se vería beneficiada y podría acceder a la convocatoria.A su vez, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúan el caso y será la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra jueces y fiscales de la región del Cesar, lo que encendió las alarmas en el sector justicia y en las autoridades de seguridad.Por esta razón, la presidenta de la Comisión de Género de la rama judicial, magistrada Magda Acosta, rechazó tajantemente las amenazas que provenían aparentemente del Clan del Golfo y que están enfocadas particularmente contra jueces y fiscales en esta región.“No es posible que nuestros funcionarios y empleados judiciales no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre”, señaló.Enfatizó su mensaje de acompañamiento hacia las mujeres que integran este distrito y señaló que no permitirán que ningún funcionario judicial sea víctima de amenazas o de alguna clase de presión frente a su labor.La Policía Metropolitana de Valledupar ya está al tanto de la situación y brinda acompañamiento a los funcionarios. Las autoridades judiciales hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen estos hechos y se adopten medidas de protección efectivas.
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.