La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rechazó los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro contra una reciente decisión del Consejo de Estado y recordó que el respeto por la separación de poderes es un deber fundamental dentro de un Estado democrático.La Rama Judicial asegura que las declaraciones del mandatario en redes sociales son incompatibles con la relación armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder público.“En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”, dice el comunicado.El organismo señaló que el principio de separación de poderes está establecido en el artículo 113 de la Constitución Política y recordó que el Consejo de Estado tiene respaldo constitucional para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el poder Ejecutivo.Además, explican que esa facultad, contemplada en el artículo 238 de la Constitución, busca garantizar controles efectivos sobre el ejercicio del poder público y proteger el equilibrio institucional del país.La Rama Judicial reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la autonomía judicial y el respeto por las decisiones de los jueces, al tiempo que pidió a las demás ramas del poder público actuar en el mismo sentido.El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Petro criticara la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, relacionado con el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
Sigue la crisis para la Rama Judicial: el Tribunal Superior de Medellín pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar otra suspensión de términos por las dificultades que continúan teniendo tras la implementación de un nuevo sistema de gestión de procesos. Solicitaron un plan de choque urgente frente a la problemática.A un mes de haberse conocido por parte de la opinión pública la compleja situación que afronta el sistema de administración de justicia en Medellín, poco o nada ha cambiado el panorama por lo que hay nuevas solicitudes.Así quedó en evidencia en una carta remitida en las últimas horas por parte del Tribunal Superior de Medellín al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas urgentes ante el colapso en los procesos que se siguen registrando por la implementación de un nuevo sistema de información de gestión de procesos y manejo documental llamado Justicia XXI Web TYBA.En la carta, el presidente del Tribunal, Benjamín de Jesús Yepes, manifestó que los fallos constantes en la plataforma siguen generando un impacto directo y negativo en la adecuada prestación del servicio de justicia en los diferentes despachos de la ciudad.Entre los principales inconvenientes están la lentitud para los registros de los procesos, inconsistencias en los nombres de las partes o en radicados y procesos existentes que fueron migrados a la nueva plataforma como inactivos, entre otras situaciones.La problemática ya había sido denunciada también por Asonal Judicial. Su presidente, Diego Escobar, manifestó que toda la carga de las fallas en esta implementación la han asumido los servidores de los despachos con extensas jornadas laborales, incluso nocturnas.“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de una enfermedad por el estrés y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales”, aseguró.Ante esta realidad, en su reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Medellín solicitó la adopción de un plan de choque urgente para aliviar la congestión que persiste en materia de tutelas y procesos del área civil y de familia.Por eso, propuso al Consejo Superior de la Judicatura como una de las medidas más efectivas en el corto plazo, evaluar la suspensión de los términos en los procesos pero por un lapso más amplio, ya que aseguraron que el otorgado entre el 27 y 28 de abril resultó insuficiente.Se estima que hasta mediados de abril habían represados más de 3.000 procesos, cifra que con el paso de las semanas ha aumentado y podría llegar a configurar aperturas de vigilancias administrativas a los despachos por mora en su deber de administrar justicia.
Sumado a retrasos en la repartición de procesos judiciales por la implementación de un nuevo sistema, otra problemática podría avecinarse en la administración de justicia en Medellín y Antioquia por cuenta de garantías laborales para los defensores públicos.Según indicó uno de ellos, Juan Arango, la Defensoría del Pueblo actualmente afronta un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento lo que se podría traducir, entre otras cosas, en despidos masivos en los próximos meses.A la mayor parte de ellos se les vencen sus contratos el próximo 31 de julio y temen que solo en el departamento una tercera parte de los 400 defensores que hay actualmente, es decir, cerca de 120, puedan salir de la institución."Tienen que empezar a recortar de las partes donde, por ejemplo, hay menos problemas de orden público. Entonces, por ejemplo, en Envigado hay cuatro defensores, hay que sacar dos", sostuvo.Según Arango, la problemática se traduce principalmente en la sobrecarga laboral para quienes mantienen sus cargos, pero sobre todo en dificultades para la administración de justicia, ya que se consideran parte fundamental para el desarrollo de las diferentes audiencias."Nosotros somos parte fundamental de la defensoría pública y somos parte fundamental de la administración de justicia. O sea, sin un defensor no hay audiencia. Eso sería que, por ejemplo, yo, que tengo cuatro, tres y cuatro audiencias diarias, se empieza a represar", explicó.Desde la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se declararon en cese de actividades este 29 y 30 de abril. En el caso de Medellín realizan un plantón a las afueras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo y aseguran que en caso de que las condiciones laborales y salariales no mejoren en los próximos meses las medidas de presión podrían aumentar incluso con un paro indefinido.
En medio de un complejo panorama para el acceso a servicios fundamentales como la salud, tramitar internamente por estos días recursos que interponen los ciudadanos como tutelas se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los funcionarios de la Rama Judicial en Medellín.Esto por cuenta de las reiteradas fallas de Justicia Siglo XXI Web TYBA, un sistema que prometía modernizar la forma de repartir los procesos judiciales, pero que se está tardando en operar adecuadamente.Inconsistencias en consecutivos de radicación y asignaciones a despachos inexistentes, ha generado que desde el 6 de abril se hayan represado más de tres mil procesos entre tutelas y otros de carácter civil y de familia. "Ha generado una congestión de 1.400 tutelas desde el seis de abril y 1.600 procesos entre el área civil y de familia. Eso significa, entonces, es que los servidores judiciales, pues, seremos catalogados como irresponsables, como malos funcionarios ante la ciudadanía", mencionó Diego Escobar, presidente de Asonal Judicial.Según el funcionario, el represamiento de procesos que obliga, incluso, a suspender el reparto por hasta seis horas en el día para realizar ajustes técnicos y garantizar la seguridad de los procesos, ha llevado a que muchos funcionarios deban trabajar en la noche y la madrugada poniendo en riesgo incluso la salud."Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8:00 de la noche hasta las 3:00, 4:00 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de de de de una enfermedad por el estrés, y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales", indicó el presidente de Asonal Judicial.Aunque hay un equipo de soporte tecnológico de la Dirección Seccional que acompaña permanentemente la operación del sistema TYBA y puede resolver inconvenientes locales, hay otros errores del nivel central que son mucho más complejos y que por estos días están obligando a los servidores a priorizar recursos urgentes, dejando de lado otros no menos importantes sobre los que los ciudadanos exigen respuestas oportunas en la administración de justicia.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por los efectos del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al advertir que, aunque la medida fue presentada inicialmente como un ajuste dirigido a los salarios de los congresistas, en la práctica implica también una reducción que impacta los ingresos de jueces, magistrados, fiscales, procuradores y otros servidores de la Rama Judicial.En un comunicado público, la CEJ manifestó su respaldo a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) y calificó como “alarmante” la situación derivada de la aplicación del decreto. Según la organización, la decisión “altera de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992”, lo que tendría consecuencias directas no solo en la estabilidad económica de los funcionarios judiciales y sus familias, sino también en principios estructurales del Estado de Derecho.La CEJ advierte que el impacto del decreto “afecta no solo la calidad de vida de los funcionarios judiciales y sus familias, sino que también pone en riesgo el principio de no regresividad en materia laboral”.Para la corporación, la reducción salarial derivada del decreto tiene una dimensión institucional que trasciende lo económico. En su análisis, sostiene que esta medida “tiene la potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual, a su juicio, “contradice la esencia del Estado Social de Derecho y amenaza la separación de poderes”.La CEJ recordó que durante décadas se ha adelantado un esfuerzo institucional sostenido para dignificar los salarios en la administración de justicia, precisamente como una herramienta para fortalecer la autonomía y la independencia judicial. En ese sentido, advirtió que una decisión de esta naturaleza podría revertir avances históricos alcanzados mediante consensos y la defensa de la institucionalidad. “Preocupa especialmente que una decisión de esta naturaleza, que, por cierto, tiene serios problemas de constitucionalidad, termine por afectar logros históricos”, subrayó la organización.En la misma línea se pronunció Corjusticia, que alertó sobre los efectos en cascada del decreto. La corporación de jueces y magistrados sostuvo que, “bajo el argumento de austeridad, en la práctica, genera una reducción generalizada de ingresos para funcionarios judiciales y otros servidores públicos. A su juicio, esto desconoce “los derechos salariales consolidados” y el “principio de no regresividad en materia laboral”.Corjusticia fue enfática en advertir que la reducción salarial a los judiciales “constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo que podría derivar en un “escenario de conflictividad institucional”. Frente a ese panorama, instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
En medio del encuentro de las Altas Cortes que se realiza en Barranquilla, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que el poder judicial realmente carece de autonomía, por lo menos, para manejar sus recursos y hasta para crear un cargo en esta Rama.Afirmó que tal es la dependencia que tiene la Rama Judicial hacia el Ejecutivo, que se ven obligados a mendigar recursos para poder realizar la labor que les corresponde."Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Y no tenemos autonomía porque, si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público", dijo."Y si la Rama Ejecutiva del poder público no quiere darnos lo que toca, como ahora que de 16 billones de pesos, nos recortó casi 6 billones de pesos, pues sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial", añadió, haciendo referencia al recorte presupuestal que tendrá la Rama Judicial en 2026.En ese sentido, el magistrado Ibáñez insistió en que "la Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel", y que por esta razón se tiene que "trabajar para algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la rama judicial".
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la segunda reducción del presupuesto asignado al sector justicia para la vigencia 2026.El nuevo recorte, por 695.000 millones de pesos, se suma a una primera disminución de 4,4 billones, frente a la solicitud inicial de 16 billones de pesos presentada por la Rama Judicial.Según la Comisión Interinstitucional, este recorte afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país, pues compromete el pago de sentencias judiciales y la creación de nuevos cargos.Los presidentes de las altas cortes se reunieron con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, para exponer las graves implicaciones del recorte sobre toda la estructura judicial, incluyendo la Judicatura, la Fiscalía y Medicina Legal.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional, Jorge Enrique Vallejo, advirtió que la reducción “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.La Comisión Interinstitucional insistió en que la falta de recursos no solo afecta la creación de nuevos despachos judiciales, sino también la operación básica de la justicia, impactando servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos.
Este domingo, 24 de agosto, 98.687 personas finalmente podrán presentar sus pruebas escritas para aspirar a los 4.000 empleos que está ofertando la Fiscalía General de la Nación a través de un concurso de méritos.Hasta hace unas horas, la realización del examen estaba en veremos por la suspensión provisional que había ordenado la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón, en respuesta a una tutela presentada por el ciudadano Nelson Uribe Martínez, quien aspira al proceso, pero no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que él no tenía la experiencia laboral que se solicitaba para el cargo.Sin embargo, en una nueva decisión tomada este miércoles, la misma jueza Rondón levantó la suspensión y dio vía libre a la aplicación de las pruebas a nivel nacional este domingo, eso sí, antes “ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025”.Además, en su decisión la jueza advierte “a las partes intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela”.Desde la Fiscalía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que la sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5 mil millones de pesos."Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado", dijo la entidad.La jueza había sido ampliamente cuestionada por la suspensión provisional que había ordenado inicialmente, pues se conoció que ella también se inscribió al concurso, pero, al igual que el tutelante, también fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral. Desde la Fiscalía, inclusive, habían considerado que una decisión en sentido favorable podría "conllevar directamente a un interés particular”, pues ella se vería beneficiada y podría acceder a la convocatoria.A su vez, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúan el caso y será la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra jueces y fiscales de la región del Cesar, lo que encendió las alarmas en el sector justicia y en las autoridades de seguridad.Por esta razón, la presidenta de la Comisión de Género de la rama judicial, magistrada Magda Acosta, rechazó tajantemente las amenazas que provenían aparentemente del Clan del Golfo y que están enfocadas particularmente contra jueces y fiscales en esta región.“No es posible que nuestros funcionarios y empleados judiciales no puedan desempeñar su ejercicio de manera autónoma y libre”, señaló.Enfatizó su mensaje de acompañamiento hacia las mujeres que integran este distrito y señaló que no permitirán que ningún funcionario judicial sea víctima de amenazas o de alguna clase de presión frente a su labor.La Policía Metropolitana de Valledupar ya está al tanto de la situación y brinda acompañamiento a los funcionarios. Las autoridades judiciales hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen estos hechos y se adopten medidas de protección efectivas.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.