Este domingo, 24 de agosto, 98.687 personas finalmente podrán presentar sus pruebas escritas para aspirar a los 4.000 empleos que está ofertando la Fiscalía General de la Nación a través de un concurso de méritos.
Hasta hace unas horas, la realización del examen estaba en veremos por la suspensión provisional que había ordenado la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón, en respuesta a una tutela presentada por el ciudadano Nelson Uribe Martínez, quien aspira al proceso, pero no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que él no tenía la experiencia laboral que se solicitaba para el cargo.
Sin embargo, en una nueva decisión tomada este miércoles, la misma jueza Rondón levantó la suspensión y dio vía libre a la aplicación de las pruebas a nivel nacional este domingo, eso sí, antes “ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025”.
Además, en su decisión la jueza advierte “a las partes intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela”.
Desde la Fiscalía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que la sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5 mil millones de pesos.
"Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado", dijo la entidad.
La jueza había sido ampliamente cuestionada por la suspensión provisional que había ordenado inicialmente, pues se conoció que ella también se inscribió al concurso, pero, al igual que el tutelante, también fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral. Desde la Fiscalía, inclusive, habían considerado que una decisión en sentido favorable podría "conllevar directamente a un interés particular”, pues ella se vería beneficiada y podría acceder a la convocatoria.
A su vez, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúan el caso y será la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.
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