En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria al general de la Policía Óscar Atehortúa Duque, al comprobar que no hubo irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales CENOP, en hechos ocurridos en el municipio de San Luis, Tolima; y tampoco faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias.El Ministerio Público aseguró, al igual que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que el exdirector de la Policía Nacional, cuando fue gerente del Fondo Rotatorio y responsable de adelantar la revisión de una obra de las unidades de vivienda y velar por la ejecución del contrato, recibió la obra y verificó su calidad, por lo que “el hecho materia del primer cargo no existió”.Óscar Atehortua, por su rol de director de la Policía Nacional, responsable de todo el personal de la institución, según la Procuraduría, tenía que estar informado en los términos legales de todos los proyectos que involucraran a otros uniformados; por esta razón, no se configuró ninguna extralimitación de sus funciones.La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento indicó que “Atehortúa Duque no utilizó su cargo y su grado para ejercer influencias ante el oficial, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio con respecto a una posible actuación disciplinaria”.Puede ver: Reforma a la salud: ministra Carolina Corcho revela propuesta en Blu Radio, ¿se acaban las EPS?
La Procuraduría reveló que el próximo martes 18 de enero se dará a conocer el fallo del caso que involucra al exdirector de la Policía mayor general Óscar Atehortúa, por las supuestas irregularidades en la construcción y entrega de casas fiscales de la Policía en Tolima y en las cuales, según la queja, el uniformado habría intervenido de manera ilegal.De esta manera, se destraba el proceso que había quedado congelado desde el 28 de abril de 2021, cuando iba a ser leído el fallo, pero por las protestas que se presentaron en el país, fue aplazado.Atehortua fue llamado a juicio disciplinario por hechos ocurridos mientras ocupó la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía porque, al parecer, suscribió dos contratos para la realización de residencias en el complejo de San Luis (Tolima).La Procuraduría afirma que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, el general faltó a su deber de revisar las obras ejecutadas en la ejecución del contrato para construir más de 100 casas fiscales.Igualmente, en su momento la Procuraduría cuestionó que entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, Atehortúa como inspector de la Policía Nacional no se declaró impedido para conocer el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción de las viviendas fiscales, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.Otro de los cargos que se tiene en su contra es por presunto tráfico de influencias al intervenir en el expediente que se adelantaba por ese caso.La Procuraduría también lo procesa porque, supuestamente, presionó al exinspector general de la Policía, el general William René Salamanca, para que no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Desde el 9 de abril, fue publicada en el portal de aspirantes de la página oficial de la Presidencia de la República, la hoja de vida del general Óscar Atehortúa, quien es, a su vez, el exdirector de la Policía Nacional.El cargo al que se postula es al de “embajador de Colombia ante el gobierno de la mancomunidad de Australia”, lo que deja abierta la posibilidad de que Atehortúa se convierta en el próximo en cabeza de representar al país frente al gobierno australiano.Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre del 2020, el general Óscar Atehortúa se retiró de su puesto como director de la Policía Nacional, siendo reemplazado por el general Jorge Luis Vargas.Esto, en medio de una investigación que corría en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de casas fiscales para los oficiales de la Policía en Tolima.
En medio del juicio disciplinario que se adelanta en la Procuraduría contra el general en retiro Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, por presuntas irregularidades en la entrega de casas fiscales en el Tolima cuando se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de esa institución, el coronel Albeiro Ruiz declaró que el general William Salamanca amenazó a Atehortúa.Los señalamientos fueron hechos bajo la gravedad del juramento y explicó que el proceso contra el general Atehortúa es una retaliación del general Salamanca. Además, aseguró que tuvo conocimiento de un encuentro entre los dos altos oficiales en el que Salamanca amenazó al exdirector de la Policía.“Mi general Salamanca nuevamente se dirigió y le dijo: yo a usted jamás le voy a perdonar que haya acabado con mi excelente carrera institucional y, palabras textuales: yo a usted me lo voy a tirar y no descansaré hasta sacarlo por la puerta de atrás de la institución, y voy a acudir a la cercanía que tengo con el sector político y medios de comunicación”, indicó el coronel Ruiz, testigo del hecho.Durante la audiencia, explicó el oficial que el general Atehortúa había ordenado citar a Salamanca en cuatro ocasiones, pero no acudió cuando lo citó y sorpresivamente llegó al despacho para recriminarle que tenía información de inteligencia y un audio que supuestamente demostraba que lo quería sacar de la Policía, a lo que el director contestó que eso no era verdad.Igualmente, el testigo se preguntó por qué el general Salamanca, si obró como gerente delegado por la dirección de la Policía para el proyecto de construcción de casas fiscales en el Tolima, lo recibió a satisfacción en el 2015 y cinco años después en 2020 denuncia supuestas irregularidades, lo que considera que es una retaliación.
BLU Radio obtuvo los documentos en donde se muestran presuntas irregularidades que sucedieron en el año 2018, cuando el general Óscar Atehortúa estaba a cargo de la dirección de Sanidad.El denunciante es el mayor en retiro Julián González, quien explicó que, en su momento, tuvieron en cuenta antecedentes médicos, los cuales obtuvieron de manera ilegal, para impedir su ascenso y no sus méritos y tiempo en la institución.“Ellos tienen un procedimiento por el que rigen las juntas de evaluación de la trayectoria profesional de los oficiales, cuando de mayores van a tenientes coroneles”, dijo.“Ellos pueden solicitar antecedentes a los entes de control. El general de talento humano, que en su momento era el general Rodríguez, le pidió al general Atehortúa que haga una revisión de los que íbamos a aspirar”, agregó.Según el mayor, esta fue una consulta ilegal. El general a su vez le dio orden a una capitán para que hiciera esas búsquedas en las historias clínicas y le remitió el documento al director de talento humano informándole las fallas médico-laborales de cada solicitante.Una vez tenían los antecedentes, iniciaba un debate que no les competía y los usaban como un requisito para el ascenso cuando esto es ilegal o no tenía que ver con el proceso normal legal, de acuerdo con lo revelado por el mayor.De esta manera sacaron a los oficiales que aspiraban al cargo con alguna novedad médica y llamó la atención que a otros que tenían anotaciones penales, los llamaron para el proceso de ascenso.“Se le colaron 74 oficiales con problemas disciplinarios, inclusive unos oficiales que tenían investigaciones de faltas gravísimas, problemas por más de 2.000 millones de pesos, de derechos humanos, ellos sí pasan”.Por medio de derechos de petición, tutelas y soportes, el mayor (r) de la Policía Julián González llevó el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía. En su caso particular, descubrió 6 ingresos ilegales a su historia clínica.Sin embargo, como él hay por lo menos 39 oficiales más que tuvieron el mismo inconveniente que les impidió su ascenso para el año 2018. Por el momento, el general Óscar Atehortúa no se ha pronunciado ante esta nueva denuncia.
La Policía tiene una nueva cara bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, que la semana pasada fue nombrado por el presidente Iván Duque como el nuevo director de la Policía. De igual forma se modificaron los mandos dentro de la institución.Ya se conocía que el general Hoover Penilla sería el nuevo subdirector de la Policía, mientras que, en las metropolitanas hay cambios.Cali estará a cargo del general Juan Carlos Rodríguez, Bucaramanga con Javier Martín, Cúcuta con el BG Oscar Moreno y, en la Metropolitana del Valle de Aburrá estará a la cabeza en BG Ferney Ruiz Garzón.De igual forma, hubo movimientos en la dirección de antinarcóticos, antisecuestro y extorción, Interpol y en el Inpec, como en otras direcciones.Sin embargo, el general Jorge Luis Vargas hizo reconocimiento al general saliente Oscar Atehortúa. “Un reconocimiento grande, muy especial, a mi general Oscar Atehortúa Duque, por todos los logros y gestión alcanzada como director General de la Policía Nacional”.Además planteó la ruta que la Policía Nacional seguirá bajo su mandato. “Lanzaremos una ofensiva nacional contra el crimen organizado en todo el país, priorizando las acciones contra el Clan Golfo, la Nueva Marquetalia, los demás grupos armados organizados residuales y el ELN, autores de homicidios colectivos, homicidios contra líderes sociales y responsables del tráfico de estupefacientes en todo el país”.También se planea un nuevo modelo de vigilancia comunitaria en el país, en donde iniciarán sus planes pilotos en cinco ciudades del país para qué, según el general, contribuya a mejorar la acción de la Policía Nacional en todo el territorio.
Este martes, el presidente Iván Duque anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional.Según lo informado por el primer mandatario, el general Óscar Atehortúa deja el cargo y en su reemplazo llega el general Jorge Luis Vargas, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana de la Policía.“El general Vargas es un hombre que tiene una gran experiencia, que aparte de ser director de Seguridad Ciudadana ha sido también inspector de la Policía. A lo largo de su trayectoria ha merecido importantes reconocimientos por su participación activa en operaciones como las que dieron de baja a alias ‘Raúl Reyes’”, dijo.El presidente, además, dio instrucciones al general Vargas para que se reduzcan las cifras de criminalidad en el país.“Su compromiso con la institución es total y asume la dirección con la premisa y la instrucción de que el año 2021 siga siendo un año de reducción en el índice de criminalidad y que sigamos brindándoles a los colombianos un sentimiento de protección y acompañamiento de su Policía Nacional”, afirmó Duque.También hizo un reconocimiento al general Atehortúa. Aseguró que este año se realizó la mayor incautación de droga y la más alta erradicación, además, aseveró que se redujeron los índices de criminalidad a la par que se adelantan labores humanitarias.“Me voy con una gran alegría y regocijo en mi corazón”, dijo el general Óscar Atehortúa luego del anuncio del presidente Duque.De otro lado, el presidente Duque anunció que el general Hoover Penilla fue nombrado como subdirector de la Policía Nacional.
El Tribunal Superior Judicial de Manizales, en su sala de Decisión Civil de Familia, revocó el fallo de tutela que pedía cárcel para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.Hace unos días se había dado a conocer que un juez de Chinchiná, Caldas, había emitido una orden de arresto contra ambos funcionarios por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenó promover el curso de ascenso al mayor Faiber Moreno Salazar.En el acta, firmada por la magistrada Sofy Mosquera, se lee: “el auto proferido el 9 de diciembre de 2020 por el juzgado promiscuo de familia de Chinchiná, Caldas, dentro incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar, por el incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019, y, en su lugar, declara que por el momento no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019”.En diálogo con BLU Radio, el mayor aseguró que la tutela la instauró en 2019 por salir retirado de la Policía en 2008, según su versión, sin razón alguna.
A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez, hasta civiles como Roberto Prieto. ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en 18 de agosto de 1989.También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.
Desde la dirección de la institución, se negó el préstamo de las instalaciones del Centro de Estudios de la Policia Nacional, Cespo, para recluir al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien después de llegar a Colombia, espera que un juez de ejecución de penas reconozca lo que pagó en Estados Unidos como parte de su pena.El director de la Policía nacional, general Óscar Atehortúa, se pronunció sobre el requerimiento del Inpec para el traslado de Moreno a este lugar, a lo que se dio respuesta de manera inmediata. "Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión", comunicó el oficial. El general Atehortúa pidió al Inpec contemplar alguno de sus más de 130 establecimientos carcelarios para recluir a Gustavo Moreno, ya que en su centro de estudios, sólo hay capacidad para la educación y tareas en este ámbito.El exfiscal Anticorrupción, llegó deportado de Estados Unidos el pasado viernes 4 de diciembre, luego de cumplir una pena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
El patrón de la marca de ropa deportiva Adidas consideró que era "inexplicable" la suma que, según los medios, su gran rival Nike habría ofrecido para arrebatarle el histórico contrato de patrocinio de la selección alemana de fútbol.Bjørn Gulden también dijo, en una entrevista con la AFP, que la marca alemana haría una oferta a un "precio adecuado" para intentar recuperar el patrocinio de la selección de Francia, actualmente bajo contrato con Nike hasta 2026, pero advirtió que no irá más allá de un cierto límite durante el concurso que lanzará próximamente la Federación Francesa de Fútbol (FFF).Según el diario alemán Handelsblatt, el gigante estadounidense Nike se comprometió a pagar al menos 100 millones de euros (106 millones de dólares) a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a partir de 2027, el doble de lo que paga actualmente Adidas, que perderá así un patrocinio de más de 70 años de historia."La relación calidad-precio es algo que analizamos siempre y si las cifras que circulan son correctas, eso nos parece inexplicable", declaró Gulden.En un momento en el que varias federaciones nacionales abrirán concursos para buscar nueva marca de vestimenta, Adidas hará "ofertas donde tenga sentido con un precio que nos convenga y más allá de eso, no participaremos", aseguró.
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá canceló la ceremonia de grado programada para este viernes, 19 de abril, lo que dejó a más de 500 estudiantes y sus familias afectados, debido al día cívico.Esta cancelación se debió al decreto que fija ese día para este mismo viernes, anunciado por parte del presidente Gustavo Petro en la tarde del jueves, con el objetivo de ahorrar energía y agua, en medio de la crisis por los niveles de los embalses.Los estudiantes, que habían invertido tiempo y dinero en la preparación para su ceremonia de graduación, incluyendo la compra de vestidos, reservas en hoteles y restaurantes, se vieron sorprendidos por la decisión de último minuto. La universidad notificó la cancelación la noche anterior, generando confusión y frustración entre los afectados.Afirman que los familiares llegaron de otras ciudades, que estudiantes que no estaban en la capital del país pidieron permiso para recibir hoy el diploma muy temprano a las 10:00 de la mañana, pero debido a ese cese de actividades por el día cívico, definitivamente los dejaron plantados.“No me graduó porque pues el señor presidente pues sacó el decreto de que mañana era día cívico, la universidad pues por ser un ente público pues hizo el proceso y canceló. El problema fueron los tiempos, porque nos lo notificaron ahorita a las 9 y algo de la noche. Más o menos hace tres semanas nos confirmaron que los grados eran el 19 de abril. Tres, cuatro semanas, casi un mes", contó a Blu Radio un afectado.Muchos de los estudiantes y familiares habían viajado desde diferentes ciudades del país para asistir al evento. El cese de actividades obligó a cancelar reservas y reuniones familiares, lo que causó inconvenientes financieros y emocionales.Además de los estudiantes y sus familias, los comerciantes que alquilan y venden togas y birretes también se vieron afectados, ya que ahora deben esperar una nueva fecha para evitar conflictos con otros eventos ya programados."Hay personas que compran ropa, hay personas que todavía a esta hora todavía estaban en la peluquería terminándose de arreglar, padres, familiares que compraron tiquetes, compraron pasajes para llegar a la ciudad de Bogotá y poder pues asistir a este evento, sus hijos graduándose y pues nada, lamentablemente cancelado, gastando plata porque es plata que no se va a recuperar", agregaron.Todos están a la espera de que reprogramen nuevamente los grados y así comenzar a pedir los permisos en los lugares que están trabajando y además comenzar a conseguir el dinero para los pasajes y que los papás que están fuera de la ciudad puedan venir a la capital del país a ver a sus hijos graduarse.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La policía española desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y detuvo a 12 acusados de explotar laboralmente a colombianos en locales de restauración de España.Según informa este viernes la policía, las víctimas llegaban a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 durante la operación policial.A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
En una entrevista con Mirror, el magnate de la tecnología y fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló que sus hijos no tenían permitido tener sus propios teléfonos móviles hasta una edad en específico. "Solíamos establecer una hora después de la cual no había tiempo de pantalla, lo que les ayudaba a irse a dormir a una hora razonable", explicó Gates.Aunque reconoció la utilidad de los teléfonos móviles para realizar tareas o estudiar, Gates enfatizó que no permitía que sus hijos interacturan con ellos mientras estaban en la mesa y que solo les dio un celular hasta los 14 años. Los tres hijos de Gates ya han superado la edad mínima para poseer un teléfono, sin embargo, aún les está prohibido tener cualquier producto de Apple en casa. Esta restricción se debe a la histórica rivalidad entre Gates y el fundador de Apple, Steve Jobs. Según un informe de la ONU de 2016 sobre "Niños y tecnología", la edad promedio en la que un niño adquiere su primer smartphone es de 10,3 años."Creo que esa edad tenderá a ser aún más temprana, porque los padres están cansados de dar sus smartphones a sus hijos", comentó Stacy DeBroff, directora ejecutiva de Influence Central, en declaraciones al New York Times, según informa el medio Good. ¿Qué dicen otros expertos?La Academia Americana de Pediatría (AAP) no recomienda dar un celular a un niño menor de 13 años. Sin embargo, reconocen que algunos padres pueden decidir darles un celular a sus hijos antes de esa edad, en cuyo caso recomiendan establecer límites claros sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo.Aquí hay algunos factores a considerar al decidir si darle un celular a su hijo:Madurez: ¿Su hijo es lo suficientemente maduro como para usar un celular de manera responsable? ¿Puede seguir reglas y cumplir con las expectativas?Responsabilidad: ¿Su hijo es responsable de sus pertenencias? ¿Cuida bien las cosas que le da?Necesidades: ¿Su hijo necesita un celular para mantenerse en contacto con usted o con otros familiares y amigos? ¿El celular le ayudaría a su hijo en la escuela o en actividades extracurriculares?Si decide darle un celular a su hijo, es importante establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo. Algunas cosas que puede considerar incluir en sus reglas son:Límites de tiempo: ¿Cuánto tiempo al día puede pasar su hijo usando el celular?Zonas libres de celulares: ¿Hay alguna área de la casa donde no se permita usar el celular, como la mesa del comedor o el dormitorio?Restricciones de contenido: ¿Qué tipo de contenido puede ver su hijo en su celular?Hora de acostarse: ¿A qué hora debe apagarse el celular por la noche?Privacidad: ¿Cómo protegerá la privacidad de su hijo en línea?También es importante hablar con su hijo sobre los riesgos de usar un celular, como el ciberacoso, el sexting y la adicción.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia presentaron una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano.Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).Los abogados tailandeses reconocieron que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que ésta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno.Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto a la Fiscalía, es "hipotético" ya que Sancho es insolvente y no tiene intención de indemnizar.En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga "justicia".El abogado de oficio de Sancho, Apirchat Srinual, indicó, por su parte, que la defensa tiene todavía que estudiar la solicitud y decidir si la rebate.Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y "desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.Sancho está siendo juzgado por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta el pasado agosto en la isla de Phangan, vecina a Samui.El español, de 29 años, confesó inicialmente el crimen en la comisaría, si bien después se declaró no culpable y mantiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.Sancho y Arrieta, que se conocieron a través de Instagram un año antes, habían quedado el 2 de agosto en la isla tailandesa, día en que tuvo lugar el supuesto crimen en una habitación de hotel.