En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria al general de la Policía Óscar Atehortúa Duque, al comprobar que no hubo irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales CENOP, en hechos ocurridos en el municipio de San Luis, Tolima; y tampoco faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias.El Ministerio Público aseguró, al igual que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que el exdirector de la Policía Nacional, cuando fue gerente del Fondo Rotatorio y responsable de adelantar la revisión de una obra de las unidades de vivienda y velar por la ejecución del contrato, recibió la obra y verificó su calidad, por lo que “el hecho materia del primer cargo no existió”.Óscar Atehortua, por su rol de director de la Policía Nacional, responsable de todo el personal de la institución, según la Procuraduría, tenía que estar informado en los términos legales de todos los proyectos que involucraran a otros uniformados; por esta razón, no se configuró ninguna extralimitación de sus funciones.La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento indicó que “Atehortúa Duque no utilizó su cargo y su grado para ejercer influencias ante el oficial, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio con respecto a una posible actuación disciplinaria”.Puede ver: Reforma a la salud: ministra Carolina Corcho revela propuesta en Blu Radio, ¿se acaban las EPS?
La Procuraduría reveló que el próximo martes 18 de enero se dará a conocer el fallo del caso que involucra al exdirector de la Policía mayor general Óscar Atehortúa, por las supuestas irregularidades en la construcción y entrega de casas fiscales de la Policía en Tolima y en las cuales, según la queja, el uniformado habría intervenido de manera ilegal.De esta manera, se destraba el proceso que había quedado congelado desde el 28 de abril de 2021, cuando iba a ser leído el fallo, pero por las protestas que se presentaron en el país, fue aplazado.Atehortua fue llamado a juicio disciplinario por hechos ocurridos mientras ocupó la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía porque, al parecer, suscribió dos contratos para la realización de residencias en el complejo de San Luis (Tolima).La Procuraduría afirma que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, el general faltó a su deber de revisar las obras ejecutadas en la ejecución del contrato para construir más de 100 casas fiscales.Igualmente, en su momento la Procuraduría cuestionó que entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, Atehortúa como inspector de la Policía Nacional no se declaró impedido para conocer el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción de las viviendas fiscales, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.Otro de los cargos que se tiene en su contra es por presunto tráfico de influencias al intervenir en el expediente que se adelantaba por ese caso.La Procuraduría también lo procesa porque, supuestamente, presionó al exinspector general de la Policía, el general William René Salamanca, para que no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Desde el 9 de abril, fue publicada en el portal de aspirantes de la página oficial de la Presidencia de la República, la hoja de vida del general Óscar Atehortúa, quien es, a su vez, el exdirector de la Policía Nacional.El cargo al que se postula es al de “embajador de Colombia ante el gobierno de la mancomunidad de Australia”, lo que deja abierta la posibilidad de que Atehortúa se convierta en el próximo en cabeza de representar al país frente al gobierno australiano.Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre del 2020, el general Óscar Atehortúa se retiró de su puesto como director de la Policía Nacional, siendo reemplazado por el general Jorge Luis Vargas.Esto, en medio de una investigación que corría en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de casas fiscales para los oficiales de la Policía en Tolima.
En medio del juicio disciplinario que se adelanta en la Procuraduría contra el general en retiro Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, por presuntas irregularidades en la entrega de casas fiscales en el Tolima cuando se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de esa institución, el coronel Albeiro Ruiz declaró que el general William Salamanca amenazó a Atehortúa.Los señalamientos fueron hechos bajo la gravedad del juramento y explicó que el proceso contra el general Atehortúa es una retaliación del general Salamanca. Además, aseguró que tuvo conocimiento de un encuentro entre los dos altos oficiales en el que Salamanca amenazó al exdirector de la Policía.“Mi general Salamanca nuevamente se dirigió y le dijo: yo a usted jamás le voy a perdonar que haya acabado con mi excelente carrera institucional y, palabras textuales: yo a usted me lo voy a tirar y no descansaré hasta sacarlo por la puerta de atrás de la institución, y voy a acudir a la cercanía que tengo con el sector político y medios de comunicación”, indicó el coronel Ruiz, testigo del hecho.Durante la audiencia, explicó el oficial que el general Atehortúa había ordenado citar a Salamanca en cuatro ocasiones, pero no acudió cuando lo citó y sorpresivamente llegó al despacho para recriminarle que tenía información de inteligencia y un audio que supuestamente demostraba que lo quería sacar de la Policía, a lo que el director contestó que eso no era verdad.Igualmente, el testigo se preguntó por qué el general Salamanca, si obró como gerente delegado por la dirección de la Policía para el proyecto de construcción de casas fiscales en el Tolima, lo recibió a satisfacción en el 2015 y cinco años después en 2020 denuncia supuestas irregularidades, lo que considera que es una retaliación.
BLU Radio obtuvo los documentos en donde se muestran presuntas irregularidades que sucedieron en el año 2018, cuando el general Óscar Atehortúa estaba a cargo de la dirección de Sanidad.El denunciante es el mayor en retiro Julián González, quien explicó que, en su momento, tuvieron en cuenta antecedentes médicos, los cuales obtuvieron de manera ilegal, para impedir su ascenso y no sus méritos y tiempo en la institución.“Ellos tienen un procedimiento por el que rigen las juntas de evaluación de la trayectoria profesional de los oficiales, cuando de mayores van a tenientes coroneles”, dijo.“Ellos pueden solicitar antecedentes a los entes de control. El general de talento humano, que en su momento era el general Rodríguez, le pidió al general Atehortúa que haga una revisión de los que íbamos a aspirar”, agregó.Según el mayor, esta fue una consulta ilegal. El general a su vez le dio orden a una capitán para que hiciera esas búsquedas en las historias clínicas y le remitió el documento al director de talento humano informándole las fallas médico-laborales de cada solicitante.Una vez tenían los antecedentes, iniciaba un debate que no les competía y los usaban como un requisito para el ascenso cuando esto es ilegal o no tenía que ver con el proceso normal legal, de acuerdo con lo revelado por el mayor.De esta manera sacaron a los oficiales que aspiraban al cargo con alguna novedad médica y llamó la atención que a otros que tenían anotaciones penales, los llamaron para el proceso de ascenso.“Se le colaron 74 oficiales con problemas disciplinarios, inclusive unos oficiales que tenían investigaciones de faltas gravísimas, problemas por más de 2.000 millones de pesos, de derechos humanos, ellos sí pasan”.Por medio de derechos de petición, tutelas y soportes, el mayor (r) de la Policía Julián González llevó el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía. En su caso particular, descubrió 6 ingresos ilegales a su historia clínica.Sin embargo, como él hay por lo menos 39 oficiales más que tuvieron el mismo inconveniente que les impidió su ascenso para el año 2018. Por el momento, el general Óscar Atehortúa no se ha pronunciado ante esta nueva denuncia.
La Policía tiene una nueva cara bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, que la semana pasada fue nombrado por el presidente Iván Duque como el nuevo director de la Policía. De igual forma se modificaron los mandos dentro de la institución.Ya se conocía que el general Hoover Penilla sería el nuevo subdirector de la Policía, mientras que, en las metropolitanas hay cambios.Cali estará a cargo del general Juan Carlos Rodríguez, Bucaramanga con Javier Martín, Cúcuta con el BG Oscar Moreno y, en la Metropolitana del Valle de Aburrá estará a la cabeza en BG Ferney Ruiz Garzón.De igual forma, hubo movimientos en la dirección de antinarcóticos, antisecuestro y extorción, Interpol y en el Inpec, como en otras direcciones.Sin embargo, el general Jorge Luis Vargas hizo reconocimiento al general saliente Oscar Atehortúa. “Un reconocimiento grande, muy especial, a mi general Oscar Atehortúa Duque, por todos los logros y gestión alcanzada como director General de la Policía Nacional”.Además planteó la ruta que la Policía Nacional seguirá bajo su mandato. “Lanzaremos una ofensiva nacional contra el crimen organizado en todo el país, priorizando las acciones contra el Clan Golfo, la Nueva Marquetalia, los demás grupos armados organizados residuales y el ELN, autores de homicidios colectivos, homicidios contra líderes sociales y responsables del tráfico de estupefacientes en todo el país”.También se planea un nuevo modelo de vigilancia comunitaria en el país, en donde iniciarán sus planes pilotos en cinco ciudades del país para qué, según el general, contribuya a mejorar la acción de la Policía Nacional en todo el territorio.
Este martes, el presidente Iván Duque anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional.Según lo informado por el primer mandatario, el general Óscar Atehortúa deja el cargo y en su reemplazo llega el general Jorge Luis Vargas, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana de la Policía.“El general Vargas es un hombre que tiene una gran experiencia, que aparte de ser director de Seguridad Ciudadana ha sido también inspector de la Policía. A lo largo de su trayectoria ha merecido importantes reconocimientos por su participación activa en operaciones como las que dieron de baja a alias ‘Raúl Reyes’”, dijo.El presidente, además, dio instrucciones al general Vargas para que se reduzcan las cifras de criminalidad en el país.“Su compromiso con la institución es total y asume la dirección con la premisa y la instrucción de que el año 2021 siga siendo un año de reducción en el índice de criminalidad y que sigamos brindándoles a los colombianos un sentimiento de protección y acompañamiento de su Policía Nacional”, afirmó Duque.También hizo un reconocimiento al general Atehortúa. Aseguró que este año se realizó la mayor incautación de droga y la más alta erradicación, además, aseveró que se redujeron los índices de criminalidad a la par que se adelantan labores humanitarias.“Me voy con una gran alegría y regocijo en mi corazón”, dijo el general Óscar Atehortúa luego del anuncio del presidente Duque.De otro lado, el presidente Duque anunció que el general Hoover Penilla fue nombrado como subdirector de la Policía Nacional.
El Tribunal Superior Judicial de Manizales, en su sala de Decisión Civil de Familia, revocó el fallo de tutela que pedía cárcel para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.Hace unos días se había dado a conocer que un juez de Chinchiná, Caldas, había emitido una orden de arresto contra ambos funcionarios por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenó promover el curso de ascenso al mayor Faiber Moreno Salazar.En el acta, firmada por la magistrada Sofy Mosquera, se lee: “el auto proferido el 9 de diciembre de 2020 por el juzgado promiscuo de familia de Chinchiná, Caldas, dentro incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar, por el incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019, y, en su lugar, declara que por el momento no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019”.En diálogo con BLU Radio, el mayor aseguró que la tutela la instauró en 2019 por salir retirado de la Policía en 2008, según su versión, sin razón alguna.
A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez, hasta civiles como Roberto Prieto. ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en 18 de agosto de 1989.También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.
Desde la dirección de la institución, se negó el préstamo de las instalaciones del Centro de Estudios de la Policia Nacional, Cespo, para recluir al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien después de llegar a Colombia, espera que un juez de ejecución de penas reconozca lo que pagó en Estados Unidos como parte de su pena.El director de la Policía nacional, general Óscar Atehortúa, se pronunció sobre el requerimiento del Inpec para el traslado de Moreno a este lugar, a lo que se dio respuesta de manera inmediata. "Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión", comunicó el oficial. El general Atehortúa pidió al Inpec contemplar alguno de sus más de 130 establecimientos carcelarios para recluir a Gustavo Moreno, ya que en su centro de estudios, sólo hay capacidad para la educación y tareas en este ámbito.El exfiscal Anticorrupción, llegó deportado de Estados Unidos el pasado viernes 4 de diciembre, luego de cumplir una pena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
Al menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de este año por parte de grupos armados ilegales en Colombia, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las antiguas Farc con 21,6 %.Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.Asimismo, Unicef informó el año pasado de que más de 1.200 menores terminaron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representó un aumento del 300 % en cinco años.Este mes, un niño de diez años murió y otros dos menores resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Francia destinará más de 130 millones de euros (148 millones de dólares) a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas, anunciaron este viernes las autoridades y empresas públicas, cuando una ola de calor azota el país.Francia vive una intensa ola de calor con temperaturas rondando los 40ºC que obligó a cerrar miles de escuelas esta semana, mientras que las que permanecieron abiertas tuvieron dificultades para impartir clase en aulas sofocantes.El jueves, los sindicatos de docentes franceses llamaron a la huelga para protestar contra unas "condiciones de trabajo inaceptables", denunciando "desmayos" y un aumento de traslados a urgencias.La eléctrica estatal EDF anunció que destinará 80 millones de euros para equipar escuelas, guarderías y centros recreativos con sistemas de refrigeración.La mitad de ese importe se destinará a financiar más de 100.000 equipos --como ventiladores y aparatos de aire acondicionado-- en más de 10.000 centros para finales de septiembre.El resto se distribuirá en sumas fijas de 10.000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año que viene."A medida que las olas de calor afectan cada vez más a nuestro país, hemos querido pasar a la acción de forma concreta", declaró el director general de EDF, Bernard Fontana, en un comunicado.Otros grupos públicos, entre ellos La Banque Postale y Banque des Territoires, anunciaron que reservarán 50 millones de euros para adaptar 12.500 escuelas."Empezaremos ya la próxima semana con 2.500 escuelas elegibles", afirmó el ministro de Economía, Roland Lescure.Algunos padres han recurrido a soluciones improvisadas para enfriar las aulas de sus hijos, utilizando recubrimientos a base de tiza en las ventanas o fijando sobre ellas mantas isotérmicas.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.