Desde el 9 de abril, fue publicada en el portal de aspirantes de la página oficial de la Presidencia de la República, la hoja de vida del general Óscar Atehortúa, quien es, a su vez, el exdirector de la Policía Nacional.El cargo al que se postula es al de “embajador de Colombia ante el gobierno de la mancomunidad de Australia”, lo que deja abierta la posibilidad de que Atehortúa se convierta en el próximo en cabeza de representar al país frente al gobierno australiano.Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre del 2020, el general Óscar Atehortúa se retiró de su puesto como director de la Policía Nacional, siendo reemplazado por el general Jorge Luis Vargas.Esto, en medio de una investigación que corría en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de casas fiscales para los oficiales de la Policía en Tolima.
En medio del juicio disciplinario que se adelanta en la Procuraduría contra el general en retiro Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, por presuntas irregularidades en la entrega de casas fiscales en el Tolima cuando se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de esa institución, el coronel Albeiro Ruiz declaró que el general William Salamanca amenazó a Atehortúa.Los señalamientos fueron hechos bajo la gravedad del juramento y explicó que el proceso contra el general Atehortúa es una retaliación del general Salamanca. Además, aseguró que tuvo conocimiento de un encuentro entre los dos altos oficiales en el que Salamanca amenazó al exdirector de la Policía.“Mi general Salamanca nuevamente se dirigió y le dijo: yo a usted jamás le voy a perdonar que haya acabado con mi excelente carrera institucional y, palabras textuales: yo a usted me lo voy a tirar y no descansaré hasta sacarlo por la puerta de atrás de la institución, y voy a acudir a la cercanía que tengo con el sector político y medios de comunicación”, indicó el coronel Ruiz, testigo del hecho.Durante la audiencia, explicó el oficial que el general Atehortúa había ordenado citar a Salamanca en cuatro ocasiones, pero no acudió cuando lo citó y sorpresivamente llegó al despacho para recriminarle que tenía información de inteligencia y un audio que supuestamente demostraba que lo quería sacar de la Policía, a lo que el director contestó que eso no era verdad.Igualmente, el testigo se preguntó por qué el general Salamanca, si obró como gerente delegado por la dirección de la Policía para el proyecto de construcción de casas fiscales en el Tolima, lo recibió a satisfacción en el 2015 y cinco años después en 2020 denuncia supuestas irregularidades, lo que considera que es una retaliación.
BLU Radio obtuvo los documentos en donde se muestran presuntas irregularidades que sucedieron en el año 2018, cuando el general Óscar Atehortúa estaba a cargo de la dirección de Sanidad.El denunciante es el mayor en retiro Julián González, quien explicó que, en su momento, tuvieron en cuenta antecedentes médicos, los cuales obtuvieron de manera ilegal, para impedir su ascenso y no sus méritos y tiempo en la institución.“Ellos tienen un procedimiento por el que rigen las juntas de evaluación de la trayectoria profesional de los oficiales, cuando de mayores van a tenientes coroneles”, dijo.“Ellos pueden solicitar antecedentes a los entes de control. El general de talento humano, que en su momento era el general Rodríguez, le pidió al general Atehortúa que haga una revisión de los que íbamos a aspirar”, agregó.Según el mayor, esta fue una consulta ilegal. El general a su vez le dio orden a una capitán para que hiciera esas búsquedas en las historias clínicas y le remitió el documento al director de talento humano informándole las fallas médico-laborales de cada solicitante.Una vez tenían los antecedentes, iniciaba un debate que no les competía y los usaban como un requisito para el ascenso cuando esto es ilegal o no tenía que ver con el proceso normal legal, de acuerdo con lo revelado por el mayor.De esta manera sacaron a los oficiales que aspiraban al cargo con alguna novedad médica y llamó la atención que a otros que tenían anotaciones penales, los llamaron para el proceso de ascenso.“Se le colaron 74 oficiales con problemas disciplinarios, inclusive unos oficiales que tenían investigaciones de faltas gravísimas, problemas por más de 2.000 millones de pesos, de derechos humanos, ellos sí pasan”.Por medio de derechos de petición, tutelas y soportes, el mayor (r) de la Policía Julián González llevó el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía. En su caso particular, descubrió 6 ingresos ilegales a su historia clínica.Sin embargo, como él hay por lo menos 39 oficiales más que tuvieron el mismo inconveniente que les impidió su ascenso para el año 2018. Por el momento, el general Óscar Atehortúa no se ha pronunciado ante esta nueva denuncia.
La Policía tiene una nueva cara bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, que la semana pasada fue nombrado por el presidente Iván Duque como el nuevo director de la Policía. De igual forma se modificaron los mandos dentro de la institución.Ya se conocía que el general Hoover Penilla sería el nuevo subdirector de la Policía, mientras que, en las metropolitanas hay cambios.Cali estará a cargo del general Juan Carlos Rodríguez, Bucaramanga con Javier Martín, Cúcuta con el BG Oscar Moreno y, en la Metropolitana del Valle de Aburrá estará a la cabeza en BG Ferney Ruiz Garzón.De igual forma, hubo movimientos en la dirección de antinarcóticos, antisecuestro y extorción, Interpol y en el Inpec, como en otras direcciones.Sin embargo, el general Jorge Luis Vargas hizo reconocimiento al general saliente Oscar Atehortúa. “Un reconocimiento grande, muy especial, a mi general Oscar Atehortúa Duque, por todos los logros y gestión alcanzada como director General de la Policía Nacional”.Además planteó la ruta que la Policía Nacional seguirá bajo su mandato. “Lanzaremos una ofensiva nacional contra el crimen organizado en todo el país, priorizando las acciones contra el Clan Golfo, la Nueva Marquetalia, los demás grupos armados organizados residuales y el ELN, autores de homicidios colectivos, homicidios contra líderes sociales y responsables del tráfico de estupefacientes en todo el país”.También se planea un nuevo modelo de vigilancia comunitaria en el país, en donde iniciarán sus planes pilotos en cinco ciudades del país para qué, según el general, contribuya a mejorar la acción de la Policía Nacional en todo el territorio.
Este martes, el presidente Iván Duque anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional.Según lo informado por el primer mandatario, el general Óscar Atehortúa deja el cargo y en su reemplazo llega el general Jorge Luis Vargas, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana de la Policía.“El general Vargas es un hombre que tiene una gran experiencia, que aparte de ser director de Seguridad Ciudadana ha sido también inspector de la Policía. A lo largo de su trayectoria ha merecido importantes reconocimientos por su participación activa en operaciones como las que dieron de baja a alias ‘Raúl Reyes’”, dijo.El presidente, además, dio instrucciones al general Vargas para que se reduzcan las cifras de criminalidad en el país.“Su compromiso con la institución es total y asume la dirección con la premisa y la instrucción de que el año 2021 siga siendo un año de reducción en el índice de criminalidad y que sigamos brindándoles a los colombianos un sentimiento de protección y acompañamiento de su Policía Nacional”, afirmó Duque.También hizo un reconocimiento al general Atehortúa. Aseguró que este año se realizó la mayor incautación de droga y la más alta erradicación, además, aseveró que se redujeron los índices de criminalidad a la par que se adelantan labores humanitarias.“Me voy con una gran alegría y regocijo en mi corazón”, dijo el general Óscar Atehortúa luego del anuncio del presidente Duque.De otro lado, el presidente Duque anunció que el general Hoover Penilla fue nombrado como subdirector de la Policía Nacional.
El Tribunal Superior Judicial de Manizales, en su sala de Decisión Civil de Familia, revocó el fallo de tutela que pedía cárcel para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.Hace unos días se había dado a conocer que un juez de Chinchiná, Caldas, había emitido una orden de arresto contra ambos funcionarios por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenó promover el curso de ascenso al mayor Faiber Moreno Salazar.En el acta, firmada por la magistrada Sofy Mosquera, se lee: “el auto proferido el 9 de diciembre de 2020 por el juzgado promiscuo de familia de Chinchiná, Caldas, dentro incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar, por el incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019, y, en su lugar, declara que por el momento no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019”.En diálogo con BLU Radio, el mayor aseguró que la tutela la instauró en 2019 por salir retirado de la Policía en 2008, según su versión, sin razón alguna.
A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez, hasta civiles como Roberto Prieto. ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en 18 de agosto de 1989.También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.
Desde la dirección de la institución, se negó el préstamo de las instalaciones del Centro de Estudios de la Policia Nacional, Cespo, para recluir al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien después de llegar a Colombia, espera que un juez de ejecución de penas reconozca lo que pagó en Estados Unidos como parte de su pena.El director de la Policía nacional, general Óscar Atehortúa, se pronunció sobre el requerimiento del Inpec para el traslado de Moreno a este lugar, a lo que se dio respuesta de manera inmediata. "Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión", comunicó el oficial. El general Atehortúa pidió al Inpec contemplar alguno de sus más de 130 establecimientos carcelarios para recluir a Gustavo Moreno, ya que en su centro de estudios, sólo hay capacidad para la educación y tareas en este ámbito.El exfiscal Anticorrupción, llegó deportado de Estados Unidos el pasado viernes 4 de diciembre, luego de cumplir una pena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
Un juez de Chinchiná (Caldas) impuso sanción de tres días de arresto al director general de la Policía Nacional, general Oscar Atehortúa Duque, y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, “como directos responsables del cumplimiento del fallo constitucional” en el caso referido al ascenso del mayor Faiber Moreno Salazar. Los dos funcionarios deberán cumplir el arresto en la Escuela de Carabineros o en Institución Pública similar al respecto, en la ciudad Bogotá, indicó el fallo.A Holmes Trujillo, el juez lo sanciona además porque no pidió a Atehortúa cumplir con el fallo y tampoco abrió proceso disciplinario en su contra.En agosto de 2019, el despacho ordenaba tanto a la dirección de la Policía Nacional como al Ministerio de Defensa acatar una tutela que protegía lo derechos de Moreno Salazar a ser promovido dentro de la institución dando prelación al escalafón.Sin embargo, el oficial no fue recomendado pos sus superiores y además fue retirado de manera ilegal del servicio en 2008, por lo que el juez ordenó su reintegro en 2019, según el auto del juez César Augusto Cruz Valencia.“El asunto del señor Moreno Salazar ameritaba especial consideración, dado el tiempo en que estuvo sustraído ilegalmente del servicio (10 años), como fue dispuesto en el ordinal cuarto del fallo”, indica el fallo.Y el juez agrega que “en la petición contenida en el escrito génesis de esta actuación incidental reitera la solicitud para que se ordene a la Policía Nacional lo llame inmediatamente a los cursos reglamentarios para ascenso al grado de Teniente Coronel (Faiber Moreno Salazar)”.Conozca el fallo: La Policía Nacional, a través de un comunicado, se pronunció sobre la decisión del juez de Chinchiná. "Es preciso señalar que dicha decisión judicial aún no se encuentra en firme, teniendo en cuenta que procede la consulta ante el superior del Juez, el cual para tal efecto corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales", comunicó la institución. Conozca la respuesta de la Policía:
La nueva inspección que ordenó la Procuraduría se realizará en las instalaciones del CENOP de la Policía con el fin de seguir recaudando evidencias dentro del proceso que se adelanta contra el director de la Policía, el general Oscar Atehortúa.La diligencia se llevará a cabo el sábado de 12 de diciembre a las 10:00 de la mañana. La Procuraduría accedió a la petición de la defensa del oficial para que esta sea anterior a los testimonios a favor de Atehortúa que aún quedan por escuchar.En total son catorce testimonios que aún faltan por escuchar en el juicio disciplinario, de los cuales hoy se recibieron dos más en audiencia.La defensa trata de demostrar que la actuación del general Atehortúa estuvo en el marco legal y no hubo ningún tipo de irregularidad frente a la investigación que seguía la Inspección de Policía por las presuntas anomalías en la construcción de casa fiscales en San Luis, Tolima.Una vez se haga la inspección se podrá continuar con los interrogatorios a los testigos llamados por la defensa del general Atehortúa, a quien el Ministerio Público le había pedido el jueves pasado que se defendiera en el juicio o asumiera sus funciones al frente de la Policía, al no excusarse de asistir a una de las audiencias programadas.
El padre Rafael de Brigard volvió a hacer una reflexión y un llamado a los oyentes de BLU Radio este domingo. Esta vez, para hablar de Dios y su voluntad sobre la vida del ser humano.“Dios hace que pasemos por situaciones que le darán sentido a nuestra vida”, dijo.Además, el padre expresó que es importante ser generosos con Dios.“Hay que abrirnos a Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Él siempre escuchará y dará soluciones”, señaló.Escuche aquí la reflexión completa del padre Rafael de Brigard:
El pastor César Castellanos, en su reflexión dominical, habló sobre el poder que tiene el espíritu santo.“El espíritu santo es muy real. Él se manifiesta en los que tienen un corazón abierto a Jesús”, expresó.Según dijo el pastor, él permite que el ser humano se comunique con la gracia divina.“Por medio del espíritu santo podemos hablar con Dios o con Cristo”, agregó.Escuche aquí la reflexión completa del pastor César Castellanos:
Tan solo unos días tendrán de plazo 1.900 personas que tienen que aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Moderna en San Gil, Santander, para completar el esquema de vacunación, de lo contrario, serán destinadas para primeras dosis en menores.La advertencia la hizo la coordinadora del Plan Nacional de Vacunal en el Hospital Regional de San Gil, Doris Carreño.“Tenemos dosis represadas de Moderna, habíamos aplicado alrededor de 7.000 primeras dosis con la vacuna de Moderna, recibimos 6.090 dosis de estas 7.000 , pero todavía no se han acercado todas las personas, vamos a dar unos dias más de plazo y procedemos a aplicar en adolescentes de 12 a 17 años, 1.900 dosis que tenemos disponibles”, explicó.Mientras tanto la Secretaría de Salud de Santander en reunión con la Procuraduría Regional de Santander y los alcaldes de los municipios de las provincias de Vélez, Comunera y Guanentá, acordaron implementar estrategias para intensificar la vacunación.Entre las medidas están jornada de vacunación puerta a puerta, en las veredas y puntos de vacunación fijos en colegios.Igualmente, la exigencia del carné a quienes participen de eventos y ferias y fiestas en los municipios de Santander.
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue extraditado por Cabo Verde a Estados Unidos este sábado, consideró hoy "ilegal" la decisión del país africano, que no fue notificada a los letrados antes de ser ejecutada."Esta acción se realizó sin que se hubiera dado una notificación previa a ningún miembro del equipo de defensa, que tampoco contaba con la documentación o resolución relevante al respecto", denunció la defensa de Saab en un comunicado difundido este domingo.Según revelaron fuentes del Gobierno caboverdiano a Efe, la extradición del empresario colombiano se hizo ayer efectiva tras más de un año de periplo judicial cuando Saab abandonó Cabo Verde en un avión rumbo a Estados Unidos, que lo reclamaba por supuesto blanqueo de dinero.El Tribunal Constitucional (TC) del país consideró constitucional la extradición el pasado 7 de septiembre -dando la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, además de al propio Gobierno caboverdiano- una decisión contra la que la defensa presentó una solicitud de nulidad que el tribunal rechazó el día 13 de octubre, aseguran los letrados.Al día siguiente, el jueves 14 de octubre, el TC envió a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la extradición se hiciera efectiva.Pero la defensa de Saab alega que, según la ley caboverdiana, esta decisión el TC no se convertía en inapelable hasta "cinco días laborales después tras la fecha de su dictado", un periodo durante el cual podría estar sujeta a recursos.Los letrados del empresario también presentaron el pasado 12 de octubre una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en la isla septentrional de San Vicente, para que revisara y archivara la causa de su extradición.Los letrados alegaban una violación del principio "ne bis in idem", que estipula que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito, después de que la Fiscalía de Ginebra concluyera tras una investigación de tres años que no existían pruebas para apoyar las acusaciones de blanqueo de dinero contra Saab.En el comunicado difundido hoy, la defensa alega que el Tribunal de Apelaciones de Barlavento no había dictado aún sentencia para esta petición."La entrega de Alex Saab a EE. UU. en fecha anterior a la decisión final e inapelable de concesión de la extradición, sin que el caso haya sido trasladado a un tribunal de primera instancia para la decisión de los asuntos pendientes (...) constituye una flagrante ilegalidad y desacato a las normas del derecho internacional", reza el comunicado de los letrados.Todos los intentos legales fallidosSaab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal.El arresto respondía a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después de la detención y por ello interpuso un recurso contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto.Sin embargo, este y todos los otros intentos legales de los letrados de Saab para detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.Tras su detención, Venezuela aseguró que el empresario es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostenien que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares", según las autoridades estadounidenses.
Los restos de Natalia hacen parte de los 18 cuerpos encontrados en el cementerio de Santo Domingo de Antioquia, reveló este sábado Noticias Caracol.
