La Fiscalía General de la Nación radicó e inició las audiencias concentradas contra cuatro integrantes de la Policía Nacional investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció el 20 de septiembre después de permanecer bajo custodia policial en Cazucá, Soacha, Cundinamarca. El caso incluye señalamientos por presuntas agresiones físicas, uso reiterado de un dispositivo de descarga eléctrica y una posible omisión de asistencia médica.
Los investigados son el mayor Roque Correa, el intendente Henar Tapiero y los patrulleros Santiago Vargas y Jonathan Giraldo. De acuerdo con los hechos que son materia de investigación, Balanta fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba controlar una discusión entre vecinos y que derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados.
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Inicialmente, el hombre habría sido señalado de lanzar un objeto contundente contra varios policías. Según la investigación, durante el procedimiento habría recibido golpes en la cabeza y el abdomen, además de descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Posteriormente, fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente continuaron las agresiones.
Las evidencias analizadas por las autoridades indicarían que Balanta pidió en repetidas ocasiones atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un fuerte dolor en el pecho. Otra persona que permanecía detenida también habría solicitado ayuda para él. Sin embargo, según la hipótesis investigativa, la asistencia médica no se habría activado oportunamente.
El mayor comandante de la estación es señalado de no activar los protocolos médicos ni impedir las presuntas agresiones, pese al deterioro físico del detenido y sus llamados de auxilio. Cerca de 20 minutos después, cuando Balanta perdió el conocimiento, fue trasladado a un centro hospitalario, donde murió esa misma noche.
El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas. Además, documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.
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En entrevista con Blu Radio, el fiscal Raúl González confirmó que la investigación también contempla una posible línea de discriminación racial. “Se está investigando también una línea de discriminación racial por parte de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos, dado que en los videos, en algunos registros, hay algunas manifestaciones por su color de piel”, explicó.
La Fiscalía también investiga el uso de la fuerza durante la detención y la permanencia de Balanta en la estación. Entre los elementos relevantes está la presunta aplicación de nuevas descargas eléctricas cuando el hombre ya se encontraba esposado y en condición de indefensión. Uno de los patrulleros investigados, de 27 años, es señalado de haber accionado repetidamente el dispositivo tanto en la calle como dentro de las instalaciones policiales.
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El caso también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la Resolución 01840 de 2025, que establece el manual para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales de la Policía Nacional. La normativa señala que su utilización debe respetar los derechos humanos y regirse por principios como la proporcionalidad, de manera que la fuerza empleada no resulte desproporcionada frente al riesgo que se busca controlar.
De acuerdo con las disposiciones citadas, las descargas automáticas de cinco segundos pueden emplearse ante una percepción de riesgo inminente de lesiones moderadas o graves para el policía o terceras personas. Sin embargo, el manual indica que deben evitarse las descargas prolongadas, continuas o repetitivas cuando la resistencia disminuye o la persona ya está controlada. También contempla evitar su uso contra personas en condición de vulnerabilidad, indefensión o que estén cooperando, y realizar una valoración para determinar si necesitan primeros auxilios o asistencia médica.