A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la captura de ocho presuntos integrantes del frente ‘Franco Benavides’, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. El operativo se llevó a cabo en Soacha, Cundinamarca, cuando, al parecer, estas personas intentaban trasladar a cuatro menores de edad para someterlos a reclutamiento forzado.Según explicó el mandatario, el procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados son señalados de los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.“En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 8 integrantes del Frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC de alias 'Iván Mordisco', por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego”, manifestó el jefe de Estado.De acuerdo con la información entregada por el presidente, el propósito de los detenidos era sacar a los cuatro menores de Soacha y trasladarlos hasta el departamento del Guaviare, donde serían entregados a integrantes de las disidencias de las Farc. Esta situación habría impedido que los niños fueran incorporados a las filas de ese grupo armado ilegal.Asimismo, el mandatario señaló que cinco de los ocho capturados ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.Finalmente, De La Espriella rechazó el reclutamiento de menores de edad por parte de las estructuras armadas ilegales y aseguró que su Gobierno continuará adelantando acciones para combatir este delito.“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ROBÁNDOLES LA INFANCIA Y EL FUTURO A NUESTROS NIÑOS! Seguiremos persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia. ¡Todo el peso de la ley caerá sobre ellos!”, puntualizó el presidente.
El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó que el municipio no suspenderá el servicio de bicitaxis, pero sí exigirá la eliminación de los motores de combustión a gasolina. La medida busca garantizar la seguridad vial de conductores, usuarios y peatones.En entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio, el mandatario explicó que la decisión se fundamenta en las resoluciones del Ministerio de Transporte de 2018 y 2024, que establecen condiciones para los sistemas de propulsión de estos vehículos."Es importante dejar claro que la actividad no se está suspendiendo. Lo único que estamos haciendo es generando que el sistema de propulsión sea de pedaleo o eléctrico y no de gasolina", afirmó Sánchez.Soacha adelanta transición para eliminar motores de combustión en bicitaxisEl alcalde indicó que desde octubre se han realizado operativos y mesas de trabajo con representantes de las asociaciones de bicitaxistas, con el propósito de avanzar en la transición hacia sistemas de propulsión permitidos.Según Sánchez, los encuentros se han desarrollado de manera tranquila y sin manifestaciones, mientras algunos conductores ya comenzaron a retirar los motores de combustión de sus vehículos.El mandatario anunció que este viernes tendrán una nueva reunión con los representantes legales de las asociaciones, para avanzar en la implementación de los cambios y garantizar que el servicio de última milla continúe funcionando.Alcaldía de Soacha alerta por motores de bicitaxis con seriales eliminadosOtro de los aspectos que llamó la atención del alcalde de Soacha es la procedencia de algunos motores instalados en los bicitaxis. Sánchez aseguró que han identificado equipos que no cuentan con registros o cuyos seriales fueron eliminados."Muchos de ellos desafortunadamente no se encuentran registros o su serial de estos motores está eliminado. Muy seguramente está atado también a un tema de hurto de motocicletas que necesitamos garantizar y organizar en el marco de nuestra ciudad", señaló.El mandatario también explicó que la regulación contempla requisitos de idoneidad para quienes manejan estos vehículos. En ese sentido, indicó que los conductores deben contar con licencia de conducción A1 o B1, según lo expuesto durante la entrevista.Bicitaxistas recibirán acompañamiento social y alternativas económicasSánchez aseguró que la Administración Municipal también ha dispuesto una ruta de atención para acompañar a los conductores que puedan resultar afectados por los cambios en la operación de los bicitaxis.El alcalde explicó que se articuló la atención con el Hospital Mario Gaitán Yanguas y que, además, se trabaja en alternativas para que los conductores puedan acceder a nuevas oportunidades económicas.El objetivo, según indicó, es que quienes desarrollan esta actividad puedan encontrar otras opciones de ingreso familiar, sin desconocer el impacto que la transición representa para su economía.TransMilenio llegará hasta El Vínculo y Soacha prepara piloto de alimentaciónEn materia de movilidad, el alcalde de Soacha señaló que la terminación de las fases dos y tres de TransMilenio permitirá extender el sistema desde la estación San Mateo hasta el portal El Vínculo.Con esta ampliación, según Sánchez, se garantizará la conectividad de toda la ciudad con Bogotá a través del sistema de transporte masivo. Además, anunció que durante el primer semestre de 2027 se espera realizar un piloto de alimentación del sistema en Soacha.El mandatario insistió en que estos proyectos no significan la desaparición del servicio de última milla, sino la necesidad de organizarlo y garantizar que opere conforme a las normas técnicas del Ministerio de Transporte.Soacha espera licitar fase cuatro de TransMilenio y estructurar línea 3 del MetroEl alcalde también se refirió a la articulación de los servicios de transporte urbano, intermunicipal y nacional, y explicó que cada autoridad tiene competencias específicas sobre los corredores de movilidad.Sánchez señaló que la Secretaría de Movilidad de Soacha tiene responsabilidades sobre el transporte urbano, mientras que otros servicios, como los que circulan por la autopista Sur, corresponden a autoridades regionales o nacionales.Finalmente, el mandatario indicó que la Administración espera sacar a licitación la fase cuatro de TransMilenio durante 2027 y dejar estructurada la línea 3 del Metro de Bogotá, que contempla conexión con Soacha, antes de finalizar su Gobierno.
Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado 31 de octubre en la vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. El siniestro, que involucró a un bus de servicio intermunicipal y un vehículo particular, dejó ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.El momento exacto del choque quedó registrado en una cámara de seguridad. El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo un automóvil que transitaba por este corredor vial se desvía de su trayectoria e invade el carril contrario, por donde avanzaba el bus intermunicipal.En cuestión de segundos, ambos vehículos terminan chocando de frente, en un impacto que ocasionó graves daños materiales. Las imágenes permiten observar cómo el automóvil pierde su recorrido habitual y queda involucrado en el fuerte choque contra el vehículo de transporte público.De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el accidente dejó ocho personas lesionadas. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad, aunque ninguno de los heridos presentaría lesiones de consideración, según el reporte inicial.¿Qué se sabe de los heridos tras el accidente?Tras la emergencia, organismos de socorro llegaron al lugar para atender a las personas involucradas y coordinar su traslado a un centro asistencial.Según el reporte de Bomberos Cundinamarca, los lesionados fueron transportados en ambulancias del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y de Bomberos de San Antonio del Tequendama hacia el Hospital San Antonio del Tequendama, donde recibirían atención médica.El siniestro ocurrió en el corredor vial que conecta a Soacha con Mesitas del Colegio, antes de llegar al sector de Pradilla. Los primeros registros conocidos del accidente muestran los daños considerables en la parte delantera del automóvil y las bolsas de aire desplegadas en su interior, evidencia de la fuerza del impacto.Mientras se adelantaban las labores de atención de los afectados y el retiro de los vehículos involucrados, la movilidad en este tramo presentó restricciones. Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, procesados por el homicidio de Juan José Correa Guerrero, quedaron en libertad por vencimiento de términos. La decisión generó preocupación entre los familiares de la víctima, quienes insisten en que el proceso judicial debe avanzar hasta establecer la responsabilidad de los señalados y lograr una eventual condena.Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2025, en Soacha, Cundinamarca. El adolescente murió después de una discusión relacionada con el pago de 6.000 pesos por una mazamorra que les había vendido a los dos hombres. En medio del altercado, recibió una herida con arma blanca en el tórax que le causó la muerte.Durante la diligencia en la que se estudió la solicitud de libertad, el abogado Juan Manuel Castellanos, representante de las víctimas, se opuso a la petición. Entre sus argumentos, solicitó que se descontaran 25 días del conteo de términos, al considerar que una audiencia programada para el 20 de marzo de 2026 no se llevó a cabo por circunstancias relacionadas, entre otras razones, como el cambio de defensor de uno de los procesados y el tiempo requerido por el nuevo abogado para estudiar el expediente.La juez rechazó ese planteamiento. Explicó que el cambio de defensor no constituye automáticamente una maniobra dilatoria, pues el abogado que asume la representación necesita un plazo razonable para conocer el proceso y preparar la defensa.La funcionaria judicial también tuvo en cuenta que el Tribunal Superior de Cundinamarca tenía pendientes apelaciones relacionadas con decisiones probatorias, por lo que concluyó que las demoras no podían atribuirse exclusivamente a los procesados.Tras la decisión, Castellanos señaló que la libertad por vencimiento de términos no significa que los acusados hayan sido declarados inocentes ni que el proceso penal haya terminado. En declaraciones sobre el caso, afirmó “nosotros no nos podemos alarmar por esta libertad por vencimiento de términos, porque sencillamente la juez de control de garantías emitió una decisión como corresponde en derecho. El procedimiento penal no es que se haya finalizado, no es que hayan declarado inocentes a estas dos personas. El proceso continúa”.El abogado cuestionó el tiempo que ha tardado el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal, en resolver los recursos “Aquí el error y el reproche tiene que ser dirigido al Tribunal Superior Sala Penal de Cundinamarca porque es inaudito que en un término de un año no hayan resuelto un recurso de apelación que su sustentación tardó 10 minutos”, manifestó.Castellanos también expresó su preocupación por la posibilidad de que los procesados intenten evadir a las autoridades. Según indicó, considera que podrían tratar de huir porque, a su juicio, no cuentan con arraigo ni siquiera con un número de celular. No obstante, aseguró que las víctimas continuarán pendientes del proceso judicial.“Seguramente estos ciudadanos tratarán de evadir y huir de la justicia porque no tienen un arraigo, porque no tienen ni siquiera un número de celular”, sostuvo el abogado, quien manifestó su confianza en que, una vez se resuelva la apelación, el proceso pueda avanzar hacia una sentencia condenatoria.El representante de las víctimas afirmó que espera una pena superior a los 30 años de prisión, aunque esa eventual condena dependerá de las decisiones que adopte la justicia. “Seguramente nosotros estamos confiados que apenas se resuelva el recurso de apelación muy seguramente se va a emitir una sentencia condenatoria en contra de estos ciudadanos una pena que va a superar 30 años de prisión”, señaló.Finalmente, Castellanos aseguró que la familia de Juan José Correa continuará insistiendo en que los responsables respondan ante la justicia. También mencionó la posibilidad de acudir a mecanismos de cooperación internacional si los procesados intentan abandonar el país para evadir el proceso."Tanto la familia Juan José como este abogado lucharán hasta el último día para que estos ciudadanos vuelvan a la cárcel y purguen la totalidad de la pena, que así traten de huir, seguramente los vamos a buscar en cada rincón del mundo porque existe la figura de la extradición en Colombia”
Fueron dejados en libertad Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, procesados por el homicidio del adolescente Juan José Correa Guerrero, durante una audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos. La decisión se tomó luego de que la juez concluyera que se había superado el plazo legal sin que se realizara la lectura del fallo.Juan José, de 17 años, fue asesinado el 12 de abril de 2025 en Soacha, tras una discusión por 6.000 pesos relacionados con la venta de mazamorra. En medio del altercado, el adolescente recibió una herida con arma blanca en el tórax que le causó la muerte.Durante la diligencia, el abogado Juan Castellanos, representante de las víctimas, se opuso a la solicitud. Pidió que se descontaran 25 días del conteo, porque una audiencia programada para el 20 de marzo de 2026 no se realizó, entre otras razones, por el cambio de defensor de uno de los acusados y el tiempo que necesitaba el nuevo abogado para estudiar el expediente.El representante de las víctimas sostuvo que esos 25 días debían atribuirse a la defensa y no al Estado. Según su cálculo, al descontarlos de los 320 días transcurridos no se superaría el plazo de 300 días que, a su juicio, debía aplicarse para determinar si procedía la libertad por vencimiento de términos.Antes de la audiencia, la madre del joven manifestó su preocupación, en diálogo con Blu Radio, por la posibilidad de que los dos procesados quedaran en libertad. La familia pidió que se respetaran los términos judiciales y que el proceso avanzara para esclarecer lo ocurrido.Sin embargo, la juez rechazó ese argumento. Explicó que el cambio de abogado no constituye automáticamente una maniobra dilatoria, pues el nuevo defensor necesita un tiempo razonable para conocer el caso.También indicó que el Tribunal Superior de Cundinamarca tenía pendientes varias apelaciones relacionadas con decisiones probatorias, presentadas por la defensa, la Fiscalía y la representación de las víctimas. Por esta razón, concluyó que esas demoras no podían atribuirse exclusivamente a los procesados.La funcionaria determinó, además, que el término aplicable era de 150 días y no de 300, al señalar que la minoría de edad de la víctima no duplica automáticamente el plazo. Según explicó durante la audiencia, entre el inicio del juicio, el 12 de diciembre de 2025, y el 28 de octubre de 2026, habían transcurrido 320 días sin que se realizara la lectura del fallo o una actuación equivalente.Con base en ese cálculo, la juez estableció que se habían superado en 170 días los 150 previstos en la norma y ordenó dejar en libertad a los dos procesados por vencimiento de términos.Ahora, es importante aclarar que la decisión no significa que sean inocentes ni que el proceso penal haya terminado, pues las actuaciones judiciales deberán continuar para que se defina su responsabilidad en el homicidio del adolescente.
Más de 14.000 estudiantes de Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca, se beneficiarán de proyectos de infraestructura educativa priorizados por el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).La iniciativa contempla, como prueba piloto, la construcción de seis colegios nuevos en Soacha, que tendrían capacidad para atender a 7.680 estudiantes en los sectores de Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre y Ciudad Verde.En Cali, por su parte, se proyecta la reposición y construcción de siete instituciones educativas, con intervenciones que beneficiarían a cerca de 6.700 estudiantes de preescolar, básica y media.El acuerdo entre las entidades establece compromisos para avanzar en los estudios necesarios para desarrollar los proyectos y realizar un seguimiento mensual a los avances, con el fin de revisar el cumplimiento de las actividades previstas.Estas iniciativas buscan ampliar la capacidad de atención de los establecimientos educativos y mejorar la disponibilidad de espacios para los estudiantes de ambos municipios.El Ministerio de Educación, liderado por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la ANI deberán avanzar en las etapas técnicas necesarias para continuar con el desarrollo de los proyectos.
La Fiscalía General de la Nación radicó e inició las audiencias concentradas contra cuatro integrantes de la Policía Nacional investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció el 20 de septiembre después de permanecer bajo custodia policial en Cazucá, Soacha, Cundinamarca. El caso incluye señalamientos por presuntas agresiones físicas, uso reiterado de un dispositivo de descarga eléctrica y una posible omisión de asistencia médica.Los investigados son el mayor Roque Correa, el intendente Henar Tapiero y los patrulleros Santiago Vargas y Jonathan Giraldo. De acuerdo con los hechos que son materia de investigación, Balanta fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba controlar una discusión entre vecinos y que derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados.Inicialmente, el hombre habría sido señalado de lanzar un objeto contundente contra varios policías. Según la investigación, durante el procedimiento habría recibido golpes en la cabeza y el abdomen, además de descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Posteriormente, fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente continuaron las agresiones.Las evidencias analizadas por las autoridades indicarían que Balanta pidió en repetidas ocasiones atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un fuerte dolor en el pecho. Otra persona que permanecía detenida también habría solicitado ayuda para él. Sin embargo, según la hipótesis investigativa, la asistencia médica no se habría activado oportunamente.El mayor comandante de la estación es señalado de no activar los protocolos médicos ni impedir las presuntas agresiones, pese al deterioro físico del detenido y sus llamados de auxilio. Cerca de 20 minutos después, cuando Balanta perdió el conocimiento, fue trasladado a un centro hospitalario, donde murió esa misma noche.El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas. Además, documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.En entrevista con Blu Radio, el fiscal Raúl González confirmó que la investigación también contempla una posible línea de discriminación racial. “Se está investigando también una línea de discriminación racial por parte de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos, dado que en los videos, en algunos registros, hay algunas manifestaciones por su color de piel”, explicó.La Fiscalía también investiga el uso de la fuerza durante la detención y la permanencia de Balanta en la estación. Entre los elementos relevantes está la presunta aplicación de nuevas descargas eléctricas cuando el hombre ya se encontraba esposado y en condición de indefensión. Uno de los patrulleros investigados, de 27 años, es señalado de haber accionado repetidamente el dispositivo tanto en la calle como dentro de las instalaciones policiales.El caso también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la Resolución 01840 de 2025, que establece el manual para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales de la Policía Nacional. La normativa señala que su utilización debe respetar los derechos humanos y regirse por principios como la proporcionalidad, de manera que la fuerza empleada no resulte desproporcionada frente al riesgo que se busca controlar.De acuerdo con las disposiciones citadas, las descargas automáticas de cinco segundos pueden emplearse ante una percepción de riesgo inminente de lesiones moderadas o graves para el policía o terceras personas. Sin embargo, el manual indica que deben evitarse las descargas prolongadas, continuas o repetitivas cuando la resistencia disminuye o la persona ya está controlada. También contempla evitar su uso contra personas en condición de vulnerabilidad, indefensión o que estén cooperando, y realizar una valoración para determinar si necesitan primeros auxilios o asistencia médica.
La madre de Juan José Correa Guerrero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que queden en libertad dos de los procesados por el homicidio de su hijo, ocurrido el 12 de abril de 2025 en Soacha, Cundinamarca, tras un reclamo de 6.000 pesos por la venta de una mazamorra. La audiencia por vencimiento de términos fue programada para el miércoles 28 de octubre, en medio de las demoras que han impedido el avance del proceso judicial.Los señalados son Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar, quienes enfrentan cargos por la muerte del menor. La preocupación de la familia se centra en que todavía no se ha resuelto un recurso de apelación presentado por las defensas contra el decreto probatorio de la audiencia preparatoria, situación que, de acuerdo con el abogado representante de las víctimas, ha impedido continuar con el desarrollo del juicio oral.Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, explicó que la apelación fue interpuesta el 8 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Cundinamarca. La falta de una decisión mantiene detenido el avance procesal y motivó la solicitud de audiencia por vencimiento de términos a favor de los dos acusados.Andrea Guerrero, madre de Juan José, expresó que la espera ha sido dolorosa para su familia y pidió que el caso avance conforme a la ley. “Como madre, ha sido un proceso muy difícil y doloroso para nuestra familia, para mi hija, para mí. Lo único que pedimos es que se haga justicia, que se respeten sus derechos y que su situación sea revisada con imparcialidad y conforme a la ley”, manifestó.La mujer insistió en que su petición no busca desconocer las garantías de los procesados, sino que las autoridades resuelvan oportunamente los asuntos pendientes. “No estamos pidiendo privilegios ni que se pase por encima de la ley. Pedimos que la ley se aplique y que se escuche esta voz de madre”, afirmó.Guerrero hizo un llamado al Tribunal Superior de Cundinamarca para que se pronuncie sobre el recurso pendiente y explicó que, según su relato, el abogado ha realizado cuatro requerimientos para obtener una respuesta. “Han sido cuatro requerimientos que ha realizado el abogado, y de ellos nos han dicho, hay respuesta, sí se va a contestar, pero llevamos un año, un año y aún no ha pasado nada”, aseguró.La madre también señaló que la incertidumbre por la audiencia de vencimiento de términos ha afectado las esperanzas de la familia de obtener justicia. “Mi petición es que se garantice el debido proceso, que se respeten los términos establecidos por la ley, que las decisiones se tomen con responsabilidad, imparcialidad y humanidad”, expresó.
Seis jóvenes de Soacha asesinados en el Catatumbo y presentados falsamente como bajas en combate ya cuentan con un lugar de sepultura permanente para sus restos. Así lo informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acompañó a sus familias en este proceso, en el marco del subcaso Norte de Santander del Caso 03, sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.Las víctimas son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez. Todos ellos son jóvenes que fueron engañados y trasladados a Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como bajas en combate, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.El proceso buscó aliviar las dificultades económicas y administrativas que enfrentaban sus familias para mantener los restos en cementerios públicos y privados. Algunas incluso tenían deudas pendientes por los servicios funerarios. Para atender esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregó los certificados de asignación de las bóvedas y se gestionó el pago de obligaciones pendientes con los cementerios y otros gastos funerarios.“Muy agradecida por haber hecho posible la recuperación de los restos de mi hijo”, dijo Gloria Astrid Peláez Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez. La mujer también pidió que la ayuda llegue a otras familias que aún no han podido adelantar los trámites. “Hay mamitas que ni siquiera han empezado a hacer el proceso y necesitan mucho”, afirmó Peláez.La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que el proceso comenzó a mediados de 2024 y requirió la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales. El trabajo incluyó reuniones con las familias, visitas a cementerios y revisión de documentos.“Es nuestro trabajo hacer que el resto de la sociedad también lo sepa: a Colombia le hacen falta sus hijos”, afirmó la magistrada durante el acto de dignificación de las víctimas.La gestión continúa para que las familias de otros tres jóvenes de Soacha víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: Jaime Castillo Peña, Diego Armando Marín y Yonny Duvián Soto Muñoz. Se espera que para ellos también se pueda garantizar una sepultura digna y permanente para sus seres queridos.
Las órdenes de captura fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, durante diligencias realizadas simultáneamente en Soacha y Barbosa, Santander. La investigación está a cargo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía.De acuerdo con los elementos probatorios recaudados, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba atender una discusión entre vecinos y terminó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados. Inicialmente, el hombre fue señalado de lanzar un objeto contundente contra un grupo de policías. La investigación indica que, durante la aprehensión, un subintendente y tres patrulleros presuntamente lo esposaron, golpearon con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, y le aplicaron descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Las agresiones, según la Fiscalía, habrían continuado después de su traslado a la estación de Policía de Cazucá.En ese lugar, Balanta habría pedido reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Otra persona que estaba detenida también habría solicitado ayuda para él. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, no recibió asistencia médica oportuna.El mayor, quien se desempeñaba como comandante de la estación de Cazucá y estaba a cargo de las unidades involucradas, es señalado de no activar los protocolos de atención médica, no impedir las presuntas agresiones y descargas eléctricas, y advertir el deterioro físico del detenido sin que se produjera una atención oportuna.Según la Fiscalía, Balanta Paz fue trasladado a un hospital cerca de 20 minutos después, cuando ya había perdido el conocimiento. El hombre falleció esa noche, el 20 de septiembre.El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas. El informe también documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.La Fiscalía indicó que la investigación se adelanta con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la condición étnico-racial de Balanta Paz y a partir del análisis de evidencia técnica, científica y forense.Los cuatro uniformados serán presentados ante un juez de control de garantías. En las audiencias concentradas, un fiscal les imputará los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual que se establezca para cada uno. Sigue pendiente otra captura.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 10 de noviembre de 2026:Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, miles de familias continúan enfrentando dificultades para acceder a las ayudas y recuperar sus viviendas. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre problemas en el registro de damnificados y cuestionó que los subsidios de arrendamiento cubran únicamente tres meses, mientras los procesos de reconstrucción pueden extenderse entre 12 y 18 meses.La Fiscalía llamó a juicio a una docente y al encargado de infraestructura del Gimnasio Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador. Según la acusación, ambos habrían incumplido deberes de cuidado: la profesora permitió que la menor de 10 años saliera del aula sin acompañamiento y el encargado de mantenimiento habría omitido reparar una abertura en la malla por donde la niña salió hacia la zona del río Frío.El empresario y líder gremial cucuteño Arvey Duque fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Cúcuta. La información conocida durante el programa señalaba que sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su nombre también había aparecido en denuncias sobre inversiones en un proyecto de refinería y en un video difundido durante la campaña electoral; las autoridades deberán establecer cuáles hechos concretos sustentan el proceso en su contra.Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre por un problema en la publicación del decreto que establecía las restricciones de Halloween. Miguel Silva, secretario General de la Alcaldía Mayor, explicó que más de 200 sanciones ya habían sido pagadas y que el Distrito devolverá también los recursos correspondientes a patios y grúas. El funcionario habló además de la reforma administrativa que la Alcaldía planea radicar en febrero de 2027, con fusiones de entidades y la eliminación de más de 53 cargos directivos y de libre nombramiento.Luz Estela Murgas fue elegida como nueva presidenta de la ANDI y se convirtió en la primera mujer en dirigir el gremio en su historia. La hasta ahora presidenta de Naturgas se impuso en el proceso de selección frente a Juan Camilo Nariño y reemplazará a Bruce Mac Master. Entre sus principales retos estarán la competitividad, la inversión, la generación de empleo y la interlocución entre el sector empresarial y el Gobierno, además de participar próximamente en la negociación del salario mínimo.La posibilidad de que Colombia acuda al Fondo Monetario Internacional por un crédito de hasta US$15.000 millones abrió el debate sobre las condiciones que tendría que cumplir el país. Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, explicó que un eventual acuerdo funcionaría de manera similar a una compra de cartera con intereses más bajos, aunque estaría sujeto a metas fiscales y desembolsos progresivos. Advirtió que, si no se logran los ajustes necesarios, el país tendría que recurrir a nuevos recortes del gasto o mayores ingresos mediante impuestos.Escuche el programa completo aquí:
La familia de Daniel Alberto Arce López, de 28 años, busca establecer qué ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre y pide a las autoridades avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer lo que le ocurrió al joven tras asistir a una celebración en un pontón de la Marina Brasil, en el embalse de Betania, ubicado en el municipio de Yaguará, Huila.Según relató Natalia Herrera Arce, prima de Daniel, a Blu Radio, el joven salió el sábado a encontrarse con su mejor amigo, Santiago Plazas, para intercambiar unos medicamentos. Sin embargo, a las 6 de la tarde perdieron comunicación con él, tras decirle a su novia que se dirigía a Yaguará. Durante la noche, Daniel habría asistido al cumpleaños del hijo de una mujer conocida por la familia, identificada por Natalia como Paula, quien, según su testimonio, mantenía una relación sentimental con Santiago Plazas y, en el pasado, con un primo de la familia que falleció años atrás. De acuerdo con el relato de la familia, en la celebración también se encontraban alrededor de 30 personas, la mayoría menores de edad, a excepción de Daniel, Santiago, el capitán y Paula.Uno de los momentos que más interrogantes le generó a la familia ocurrió hacia la 1:49 de la madrugada, cuando Santiago llamó a la novia de Daniel para preguntarle si el joven ya había llegado a casa. Durante esa conversación, el mejor amigo le dijo que Daniel se había marchado en un taxi y posteriormente aseguró que estaba recibiendo una llamada del joven, a pesar de que su novia le dijo que no le entraban los mensajes.“A las 2 de la mañana, mis tíos nos cuentan que Santiago y Paula llegaron a la casa de mis tíos a decirles que Daniel se había ahogado, pero no dijeron nada más, no dijeron cómo, simplemente que Daniel se había ahogado, que él se había tirado del pontón y ya. No quisieron dar más información, no dijeron absolutamente nada más, cuando llegaron al otro día a la represa, había mil versiones”, aseguró Natalia.Con el paso de las horas, la familia conoció diferentes versiones sobre la desaparición y algunos testimonios apuntaban a que Daniel se había lanzado voluntariamente al agua, mientras otros mencionaban una posible discusión entre Santiago y el capitán de la embarcación, así como un presunto empujón al joven. No obstante, estas circunstancias no han sido esclarecidas y la familia está a la espera de que las autoridades las verifiquen.La familia de Daniel también manifestó su preocupación por la falta de respuestas y pidió que se revisen las cámaras de seguridad del lugar, se escuche a quienes estuvieron en la celebración y se establezca lo que en realidad sucedió. La familia ya completa tres días de búsqueda en la represa de Betania con el acompañamiento de los bomberos. Afirma que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía y les pide a quienes estuvieron con Daniel la madrugada del 7 de noviembre que cuenten lo que le ocurrió.“Que digan la verdad, es lo único que le pedimos, que por favor a la Policía que investigue, que no dejen esto así, que por favor revisen las cámaras del lugar [...] Solamente le pedimos a Santiago y a Paula que hablen, que por favor sean sinceros con lo que pasó”, pidió su prima.La familia continúa a la espera de respuestas sobre el paradero de Daniel y solicita que se esclarezcan las circunstancias de su desaparición.
La oferta de vehículos electrificados en Colombia sigue ampliándose con la llegada de dos nuevas camionetas que prometen recorrer largas distancias utilizando una combinación de electricidad y gasolina. Se trata de los modelos B10 y C10 de Leapmotor, una marca china que anunció autonomías combinadas de 900 y 1.000 kilómetros, respectivamente. Luego de que se confirmara la llegada de Leapmotor a Colombia, la compañía reveló las características de sus primeros vehículos para el mercado nacional, que comenzarán a comercializarse bajo la representación de Astara y con el respaldo del grupo automotor Stellantis.Ambas camionetas utilizan tecnología eléctrica de rango extendido (REEV), un sistema en el que las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que uno de gasolina funciona como generador para recargar la batería cuando es necesario.¿Cómo son las nuevas camionetas Leapmotor B10 y C10 que llegan a Colombia?El primero de los vehículos es el Leapmotor B10 REEV, una SUV compacta equipada con un motor eléctrico de 215 caballos de potencia, tracción trasera y una batería de 18,8 kWh.Según su ficha técnica, esta camioneta ofrece hasta 900 kilómetros de autonomía combinada bajo el ciclo WLTP, las pruebas estandarizadas para medir el rendimiento de los vehículos.En cuanto a tecnología, incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido de 12 parlantes y cámaras de visión de 360 grados.También cuenta con siete airbags y 16 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito.Por su parte, el Leapmotor C10 REEV es una camioneta de mayor tamaño que, en su versión colombiana, alcanza hasta 1.000 kilómetros de autonomía combinada.Este modelo también desarrolla 215 caballos de potencia, pero incorpora una batería de mayor capacidad, de 28,4 kWh, y un paquete de 17 asistencias de seguridad.Entre sus características están el techo panorámico de 2,1 metros cuadrados, los asientos delanteros con ventilación y calefacción —al igual que el B10— , la pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y un sistema de cámaras que permite visualizar el entorno del vehículo durante las maniobras.¿Cómo funciona la tecnología de rango extendido de Leapmotor?Una de las principales particularidades de estas nuevas camionetas es que el motor a gasolina no se encarga directamente de mover las ruedas, como ocurre en los vehículos convencionales.En su lugar, ambos modelos utilizan un propulsor eléctrico de 215 caballos para desplazarse y cuentan con un motor de gasolina de 1,5 litros que genera electricidad para alimentar el sistema cuando resulta necesario.Esto permite continuar el recorrido utilizando combustible cuando disminuye la energía disponible en la batería, una característica pensada para desplazamientos en lugares donde la infraestructura de recarga puede ser limitada.¿Cuánto cuestan las nuevas camionetas Leapmotor en Colombia?La marca también dio a conocer los precios de lanzamiento de sus dos primeros vehículos para el mercado colombiano.El Leapmotor B10 REEV tendrá un precio de $114.990.000, mientras que la camioneta de mayor tamaño, el C10 REEV, costará $129.990.000. Además, ambos modelos contarán con una garantía de seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería. La compañía anunció que próximamente estarán disponibles a través de su red comercial, que tendrá presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, el Eje Cafetero, Neiva e Ibagué.La llegada de estos dos modelos amplía las opciones de movilidad electrificada en Colombia, especialmente para quienes están considerando alternativas que permitan combinar recorridos urbanos con viajes largos.
Continúa la atención médica a los militares heridos durante el atentado terrorista ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar. De acuerdo con el más reciente reporte, 28 uniformados permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales, la gran mayoría, en Santander y otros en Cesar. 18 uniformados ya recibieron el alta médica.En Bucaramanga, en el Hospital Universitario de Santander (HUS) actualmente son atendidos 15 soldados, así lo confirmó Orlando Quintero, subgerente de la institución."Dos pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras que los demás continúan en proceso de recuperación y bajo seguimiento especializado".Posterior a pasar esta etapa serán valorados en las diferentes especialidades, dado que varios de ellos presentan fracturas, afectaciones en sus ojos, lesiones en sus cuerpos, además de atención por audición debido a las detonaciones.Le puede interesar: Ofrecen $3.200 millones por alias ‘Casinga’, por atentado contra militares en Santa RosaEl HUS también informó que ocho de los pacientes han requerido intervenciones quirúrgicas, algunos de ellos en varias oportunidades, debido a lesiones abdominales, vasculares, óseas y de tejidos blandos.Los demás militares reciben atención en otros centros hospitalarios. La distribución de los uniformados que permanecen bajo atención médica es la siguiente:En Bucaramanga: permanecen 21 militares, 15 de ellos en el HUS y los demás en el Hospital Militar de la Segunda División.En Barrancabermeja: permanecen cuatro militares.En Aguachica, Cesar: dos militares.En Santa Rosa del Sur, Bolivar: se encuentra un militar.En total, 28 uniformados continúan hospitalizados y 18 han recibido el alta médica, luego de resultar heridos en el ataque atribuido a grupos armados ilegales en el sur de Bolívar.La Gobernación de Santander y los equipos médicos mantienen el acompañamiento a los militares y sus familias, mientras avanza la recuperación de los afectados.
El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer un nuevo balance de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales en Cali, Cauca y Putumayo, que dejaron cuatro personas capturadas, entre ellas presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, y una mujer muerta en medio de combates con el Ejército.El más reciente se registró en Cali, donde la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de una célula del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’, señalada de planear los ataques con explosivos ocurridos el pasado 7 de agosto en Manizales. Entre los detenidos se encuentran alias ‘Nano’, señalado como líder de la célula y enlace para el suministro de explosivos y armas; alias ‘Trozo’, señalado de encargarse de movilizar a estas personas, y alias ‘Madre Carmen’, quien presuntamente reclutaba colaboradores para transportar el material explosivo.Durante los allanamientos fueron incautados ocho cartuchos, cinco celulares, una barra de pentolita y una motocicleta. Según el mandatario, otros tres presuntos implicados en estos atentados ya habían sido capturados, entre ellos quienes serían sus autores materiales.“¡EN COLOMBIA NO HAY REFUGIO PARA LOS TERRORISTAS! Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, escribió el presidente.Por otra parte, en la vereda Los Cerrillos, en Popayán, Cauca, en medio de la operación KRATHOS, fue capturado alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de comisión del Frente Jaime Martínez.Según el mandatario, este hombre estaría vinculado con homicidios de líderes sociales, masacres de alto impacto, reclutamiento de menores, amenazas y extorsiones. Además, fueron incautados seis celulares y un computador portátil.Entre tanto, en Puerto Guzmán, Putumayo, tropas del Ejército sostuvieron combates contra los Comandos de Frontera, estructura de la Segunda Marquetalia.Durante los enfrentamientos fue dada de baja alias ‘Maryi’, integrante de esta organización, quien, según el presidente, se desempeñaba como enfermera. En este operativo también fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, elementos de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar.