La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc, por hechos que afectaron a la población civil y a miembros de la Fuerza Pública en Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala su presunta responsabilidad en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras y ataques contra civiles y uniformados que estaban fuera de combate. También documenta el uso de minas antipersonal y de armas que contravienen el derecho internacional humanitario.
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Entre los imputados están Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como alias ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
De los nueve comparecientes, ocho fueron imputados como máximos responsables por su liderazgo regional y capacidad de mando. El restante fue señalado por su participación determinante en la comisión de los crímenes.
La investigación agrupó los hechos en dos patrones. El primero corresponde al control social y territorial, que concentra el 78,4 % de las víctimas acreditadas. Según la JEP, esta estructura guerrillera persiguió a personas consideradas enemigas o colaboradoras de la Fuerza Pública y los paramilitares, impuso normas de convivencia, presionó a las autoridades locales y ejerció control sobre las tierras y los bienes de las comunidades.
Entre los hechos documentados está el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles, Tolima, quien había denunciado violaciones a los derechos humanos. También se registraron amenazas contra alcaldes y otros dirigentes políticos, así como el asesinato de Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, durante un acto de campaña en 2003.
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La Sala también documentó la masacre de Potrero Grande, en Huila, ocurrida en enero de 2002, y casos de desplazamiento y despojo de tierras mediante amenazas y presiones para vender predios por debajo de su valor comercial.
El segundo patrón corresponde a los crímenes cometidos durante la conducción de las hostilidades y reúne el 13,9 % de las víctimas acreditadas. El 7,7 % restante corresponde a casos en los que las víctimas reportaron conductas asociadas a ambos patrones.
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Por estos hechos, la JEP documentó 94 incursiones armadas del Comando Conjunto Central entre 1991 y 2016, lo que convirtió a esta estructura en la que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía perpetró en el país, según la investigación.
Entre los hechos más graves está la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000. Durante el ataque fueron destruidas más de 30 edificaciones y cerca de 800 personas tuvieron que desplazarse. Además, 13 policías que se habían rendido después de agotar su munición fueron asesinados, pese a que les habían prometido respetar sus vidas.
En Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, la toma guerrillera ocurrida entre abril y mayo de 2000 dejó al menos 27 civiles asesinados, alrededor de 200 viviendas destruidas y más de 3.600 personas desplazadas.
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La investigación también documentó el uso de minas antipersonal en caminos transitados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra infraestructura eléctrica y la utilización de civiles como escudos o para transportar explosivos.
Ahora, los nueve comparecientes tienen 20 días hábiles para informar si reconocen los hechos y conductas atribuidos o explicar cuáles no aceptan y por qué. El plazo total para presentar observaciones y aportar verdad adicional es de 30 días hábiles.
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Las víctimas y el Ministerio Público también cuentan con 30 días hábiles para presentar observaciones, solicitar aclaraciones e indicar qué aspectos deben precisarse o contrastarse.
La JEP pidió, además, que los comparecientes entreguen información que permita avanzar en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.
Si reconocen su responsabilidad, se convocará a una audiencia pública de reconocimiento con participación de las víctimas y el proceso podrá avanzar hacia la imposición de sanciones propias.
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Si alguno niega su responsabilidad o no acepta la imputación, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el trámite adversarial. Si es declarado responsable en juicio, podría recibir una sanción penal ordinaria de hasta 20 años de prisión.