La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su solicitud de condena contra el coronel retirado del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez, por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos contra la población civil en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre 2004 y 2005.
La petición fue presentada durante la audiencia de alegatos finales del Juicio Adversarial Transicional. En su intervención, la fiscal Sandra Patricia Ramírez Montes afirmó que los testimonios, documentos operacionales, hallazgos médico-forenses y actuaciones institucionales aportados al proceso respaldarían la responsabilidad penal individual del acusado.
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Según la tesis de la UIA, varias personas que estaban vivas y bajo control de integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinadas y posteriormente reportadas como bajas legítimas en combate. La Fiscalía sostuvo que los hechos no corresponderían a enfrentamientos aislados, sino a una secuencia de retenciones, traslados, ejecuciones y alteraciones de escenas para dar apariencia de legalidad a las muertes.
Según la UIA, en diciembre de 2024, Guzmán Ramírez fue acusado por su presunta participación en homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas y, en algunos casos, tratos crueles, humillantes y degradantes.
La acusación señala que habría actuado junto con otros integrantes de la fuerza pública y en coordinación con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia. Durante los alegatos finales, la fiscalía sostuvo que el oficial habría intervenido en momentos clave de los hechos investigados, mediante instrucciones, coordinación de movimientos de tropas, comunicaciones y decisiones relacionadas con personas retenidas.
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“Este caso no se trata únicamente de informes operacionales ni de tácticas. Detrás de cada nombre de operación existió una persona en concreto, con una familia, una historia y un proyecto de vida”, sostuvo Ramírez Montes durante su intervención.
La UIA también señaló que la responsabilidad del acusado debe establecerse a partir de sus actuaciones concretas y su presunta intervención en cada episodio, y no únicamente por el rango que ocupaba en la estructura militar.
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“Este juicio no versa solo sobre quién disparó, sino también sobre quién hizo posible, dirigió y legalizó el resultado”, afirmó la fiscal Sandra Patricia Ramírez Montes durante la audiencia.
Entre los episodios expuestos por la Fiscalía de la Jurisdicción está uno de noviembre de 2004, en el que, según la reconstrucción presentada, dos hombres habrían sido sacados de sus viviendas y entregados a integrantes de las autodefensas. Uno de ellos, Wilber Muñetón, regresó con vida a su familia después de que su padre acudiera a buscarlo ante Guzmán Ramírez. El otro, Rodrigo Humberto Torres Munera, habría sido asesinado y presentado posteriormente como una baja en combate.
La UIA también se refirió a cuatro hombres que fueron sacados de una celebración comunitaria en la escuela de la vereda San Luis, en Ituango, en diciembre de 2004. De acuerdo con la acusación, los civiles fueron separados, atados y trasladados sin que se hubiera producido un enfrentamiento. Sus cuerpos habrían sido alterados para justificar su presentación como muertos en combate.
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En su exposición, la UIA indicó que entre las víctimas había campesinos, jóvenes, personas que estaban fuera de combate y antiguos integrantes de las FARC que buscaban desmovilizarse. La Fiscalía sostuvo que algunas personas habrían sido utilizadas como guías o informantes antes de ser asesinadas.
Además de solicitar una condena, la Fiscalía de la JEP planteó la necesidad de restablecer el buen nombre de las víctimas y corregir los registros en los que fueron presentadas como combatientes muertos en enfrentamientos.
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La entidad también pidió avanzar en la búsqueda e identificación de personas cuyos restos no han sido recuperados o plenamente identificados, así como fortalecer las acciones para su entrega digna a las familias.
Ahora, el proceso entra en su etapa definitiva. En los próximos meses, la magistratura de la JEP deberá emitir sentencia y determinar si condena o absuelve al coronel retirado por estos hechos.