El Juzgado 801 Penal del Circuito Transitorio condenó a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González a 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses, como coautores del homicidio del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno. Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas apelaron la decisión porque solicitan una pena mayor.
La Fiscalía pidió una condena de 45 años de cárcel y que no se conceda el beneficio de prisión domiciliaria. Por su parte, los abogados de las víctimas solicitaron una pena de entre 540 y 550 meses de prisión, es decir, de 45 años a 45 años y diez meses.
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Durante la lectura de la sentencia, el juez resaltó como agravante el estado de indefensión en el que quedó Moreno mientras continuaban las agresiones físicas que terminaron con su vida. El estudiante, de 20 años y perteneciente a la Universidad de los Andes, fue asesinado hace un año, después de recibir golpes a la salida de un bar en Chapinero, en medio de una celebración de Halloween.
En su argumentación, el juez señaló que los agresores continuaron ejerciendo violencia pese a que la víctima ya no estaba en condiciones de defenderse.
“Sus agresores permanecían de pie ejerciendo actos violentos sobre su cuerpo, a pesar de avizorar la indefensión del agredido, de lo cual se aprovecharon para acabar con su vida”, afirmó.
El despacho también se refirió a la secuencia de los hechos y a las oportunidades que, según su análisis, tuvo uno de los condenados para detener la agresión. Sobre Juan Carlos Suárez Ortiz, indicó que pudo desistir cuando Moreno se había retirado y el enfrentamiento había terminado, pero decidió regresar y continuar golpeándolo.
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El juez mencionó, además, el registro audiovisual incorporado al proceso, en el que se escuchan voces que pedían detener la violencia. “En el registro audiovisual aportado por Alejandro Izquierdo, ya que hace aproximadamente del minuto 1:14, se escuchan voces que expresaban ya, ya, ya, no más, mientras también se escucha una voz femenina diciendo, vamos”, sostuvo durante su intervención.
Para la Fiscalía, las pruebas técnicas, los videos de cámaras de seguridad y al menos ocho testimonios permitieron demostrar un acuerdo voluntario entre los dos procesados para causar la muerte del estudiante. La fiscal delegada sostuvo que ambos eran conscientes del desenlace mortal de las agresiones.
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La investigación también vincula a Paola Fernández, identificada como la mujer del disfraz azul, señalada por la defensa como presunta determinadora del crimen. De acuerdo con la información expuesta en el proceso, contra ella pesa una Circular Roja de Interpol y permanece prófuga de la justicia, mientras las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía argumentó que la condena debe responder a la gravedad de los hechos y al daño causado a los familiares de Moreno. En la intervención se afirmó que la sentencia no devolverá la vida al joven, pero que la familia exige justicia por lo ocurrido.
Las apelaciones buscan que la decisión sea revisada y que se impongan penas superiores a los 450 meses de prisión fijados en primera instancia.