En audiencia preparatoria del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza ocurrida durante Halloween de 2025 en Bogotá, quedaron definidas varias de las pruebas que serán presentadas en el juicio oral.Dentro del material avalado por el juzgado aparecen videos de cámaras de seguridad, registros del establecimiento Before Club, lugar donde los implicados asistieron a una fiesta de Halloween previamente al homicidio, análisis forenses y testimonios con los que la Fiscalía buscará reconstruir lo ocurrido la noche del 31 de octubre de 2025.Uno de los puntos que más llamó la atención durante la diligencia fue la aprobación del testimonio de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, conocida públicamente como la “mujer del disfraz azul”, quien actualmente es prófuga de la justicia y ha sido señalada dentro del proceso como presunta determinadora del homicidio.En el documento judicial se argumentó que el testimonio de Fernández Sulbarán “resulta pertinente, conducente y útil” debido a que estuvo presente durante los hechos ocurridos tanto dentro de Before Club como en momentos posteriores relacionados con la investigación.La decisión judicial también señala que la mujer “acompañaba a Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro, Berta y Ámbar durante la reunión sostenida en dicho establecimiento nocturno”, y que su declaración podría aportar elementos para comprender “el origen y contexto de los acontecimientos posteriores”.Según el documento, el testimonio será relevante para establecer “qué ocurrió realmente al interior del establecimiento y posteriormente en el exterior del mismo”, especialmente frente a la presunta intervención atribuida a algunos de los involucrados y la forma en que se desarrolló la agresión investigada.El caso de la denominada “mujer del disfraz azul” ha generado controversia, debido a que durante la investigación, la Fiscalía solicitó una orden de captura en su contra bajo la hipótesis de que habría actuado como presunta instigadora de la golpiza. De acuerdo con la teoría del ente acusador, Fernández Sulbarán habría señalado a Jaime Esteban Moreno antes del ataque y motivado a los agresores a continuar golpeándolo. La mujer habría salido del país a finales de 2025.
Las víctimas del caso por homicidio de Jaime Esteban Moreno advirtieron que los dos jóvenes procesados por este caso podrían recuperar su libertad por vencimiento de términos, debido a los aplazamientos y retrasos que se han presentado en el proceso judicial. Así lo aseguró el abogado de la familia, Francisco Bernate, quien calificó la situación como “lamentable, preocupante y desafortunada”, al considerar que es “casi que un hecho” que los acusados queden en libertad mientras avanza el juicio.Según explicó el jurista, la legislación establece que entre la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral no pueden transcurrir más de 120 días. Indicó que, aunque varias solicitudes de aplazamiento hechas por la defensa no cuentan dentro del término, posteriormente el proceso fue remitido a un juzgado de descongestión justo cuando iba a iniciar la audiencia preparatoria, lo que impidió avanzar con la diligencia. Bernate señaló, además, que en ese despacho judicial se informó que tampoco era posible atender el caso por compromisos del juez, situación que llevó a fijar nuevas fechas para el 9 y 23 de junio.La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por su presunta participación en la golpiza que causó la muerte del estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes. El ente acusador formuló cargos por homicidio agravado tras considerar que existen suficientes elementos probatorios sobre la presunta responsabilidad de ambos en los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.De acuerdo con la investigación, el caso se originó tras una discusión ocurrida en la discoteca Before Club y posteriormente los hoy procesados habrían abordado nuevamente a la víctima en una vía solitaria. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostuvo que Suárez Ortiz y González Castro actuaron de común acuerdo y bajo la influencia de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, quien, según el ente acusador, insistía en que debían “darle golpes y acabarlo” a Jaime Esteban Moreno.
El proceso judicial por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, dio un nuevo paso este 18 de febrero, luego de que la Fiscalía acusara formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro como presuntos coautores del delito de homicidio agravado.Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía dejó claro que no se logró ningún tipo de preacuerdo con los procesados. “Se intentó, a través de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General, realizar el acercamiento, pero finalmente no se pudo llegar a ningún preacuerdo”, enfatizó la fiscal del caso.Para la Fiscalía, las pruebas recopiladas permiten concluir que los acusados actuaron con dolo, al dirigir reiteradamente los golpes a una zona vital del cuerpo humano cuando la víctima se encontraba en completa indefensión. Por esta razón, Suárez y González fueron acusados por homicidio agravado, una conducta que contempla penas de entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años de cárcel.Durante la diligencia judicial, ambos procesados manifestaron su disposición a aceptar cargos, pero únicamente por el delito de homicidio preterintencional, una figura penal menos grave que la imputada por la Fiscalía. Sin embargo, esa posibilidad no fue avalada por el ente acusador, por lo que el caso continuará en la etapa de juicio.La acusación se sustenta en múltiples elementos materiales probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, videos captados por celulares y cámaras de seguridad del sector, informes del CTI, dictámenes forenses y registros médicos de la atención de urgencias que recibió la víctima antes de fallecer.El proceso judicial continuará el próximo 17 de marzo, a las 9:00 de la mañana, cuando un juez penal deberá evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad de los acusados en la muerte del joven universitario.Cabe recordar que Jaime Esteban Moreno murió después de que, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, fuera golpeado en múltiples ocasiones por Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quien presuntamente le dio una patada por la espalda cuando Moreno intentaba incorporarse, dejándolo en total estado de indefensión.Como consecuencia directa de la golpiza, Moreno sufrió múltiples fracturas en el cráneo. El dictamen de Medicina Legal determinó que se trató de una muerte violenta tipo homicidio.
La audiencia de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados por la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, fue aplazada luego de que la defensa de los imputados informara que se encuentran finalizando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.Durante la diligencia, la defensa de Suárez Ortiz solicitó la suspensión de la audiencia, al señalar que su representado está dispuesto a aceptar responsabilidad penal como parte de una negociación con el ente acusador, con el fin de acceder a una rebaja en la pena.Al resolver la solicitud, la juez del caso dejó claro que la suspensión no obedece a una falla institucional, sino exclusivamente a la petición de la defensa. En audiencia precisó que, dadas las explicaciones entregadas, “se entiende este estado judicial, la socialización que debe realizarse”, y recalcó que los términos del proceso quedan en cabeza de los procesados y sus abogados. Según explicó, la suspensión “no es con ocasión a que el Estado no pueda llevar a cabo las diligencias, sino con ocasión a la solicitud presentada por parte de la defensa”, advirtiendo además que “los términos, señores procesados, estarán a cargo de ustedes y de los defensores”.La juez también enfatizó que, aunque los preacuerdos son una negociación directa entre la Fiscalía y las defensas, resulta indispensable garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas, pues “es importante escuchar a las víctimas y sus representantes” antes de otorgar un eventual aval judicial.La diligencia fue reprogramada para el 18 de febrero, fecha en la que el despacho deberá avalar o negar el preacuerdo, del cual aún no se ha conocido el monto específico de la rebaja de pena.Desde el año pasado, uno de los abogados defensores de Suárez Ortiz, Moisés Carreño, había anticipado la posibilidad de acudir a esta figura procesal. En su momento, explicó que un preacuerdo permitiría un escenario distinto al del juicio ordinario, en el que “las partes buscan un punto medio que satisfaga a todos sin convertir el proceso penal en un instrumento de venganza”, con miras a garantizar verdad, justicia, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición.En el escrito de acusación ya radicado, el ente acusador señaló que los acontecimientos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, luego de una discusión que, al parecer, se inició al interior de la discoteca Before Club. De acuerdo con el documento, tras ese altercado los procesados decidieron “tomar justicia por mano propia” y abordaron nuevamente a la víctima cuando se encontraba sola, en una vía pública y en horas de la madrugada.El escrito sostiene que Suárez Ortiz y González Castro actuaron de común acuerdo y bajo la influencia de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, a quien la Fiscalía atribuye un rol determinador, al señalar que “Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, determinados por Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, quien de manera insistente les indicaba que debía darle golpes y acabarlo”.Según la acusación, durante el primer ataque Juan Carlos Suárez Ortiz golpeó a la víctima y la hizo caer al suelo. Aunque Jaime Moreno logró incorporarse, la agresión no cesó. En ese momento, Ricardo Rafael González Castro le propinó “una patada por la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo en estado de indefensión, sin poderse levantar nuevamente”, tras lo cual ambos continuaron golpeándolo.
La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación por homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Ambos son señalados como presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven que fue brutalmente agredido en la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de salir de una fiesta en la discoteca Before Club, en la localidad de Chapinero.De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Fiscalía, como se expuso en las audiencias previas de ambos acusados, los hechos ocurrieron hacia las 3:25 de la mañana, en vía pública, cuando la víctima se desplazaba en compañía de otra persona tras haber salido del establecimiento Before Club, ubicado en la calle 64. Según el ente acusador, en ese momento los hoy procesados se acercaron a Moreno Jaramillo y se produjo una primera agresión.El escrito detalla que Juan Carlos Suárez le propinó un golpe en la nuca a la víctima, lo que provocó su caída al suelo. La agresión fue interrumpida inicialmente por la intervención de un amigo de Moreno Jaramillo. Sin embargo, minutos después, la situación escaló de manera fatal.En el documento, la Fiscalía también se remitió a los instantes siguientes en los que los dos acusados abordaron nuevamente a la víctima en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15. Según la acusación, ambos actuaron de común acuerdo y con plena conciencia de sus actos.Cuando Jaime Esteban habría intentado levantarse del piso, sería Ricardo González quien le propinó una patada por la espalda, dejándolo en total estado de indefensión.El texto judicial detalla que, aprovechando esa condición, los dos hombres continuaron golpeándolo, dirigiendo principalmente patadas a la cabeza y el tórax, incluso cuando el joven de 20 años presentaba sangrado abundante en su rostro.Como consecuencia directa de la golpiza, Moreno Jaramillo sufrió múltiples fracturas en el cráneo, lesiones que desencadenaron su muerte ese mismo día, según el dictamen de Medicina Legal, que estableció como causa del fallecimiento un trauma craneoencefálico contundente cerrado, con manera de muerte violenta tipo homicidio.La Fiscalía concluyó que los acusados actuaron con dolo, es decir, con la intención consciente de causar la muerte, al dirigir reiteradamente los golpes a una zona vital del cuerpo humano como la cabeza y hacerlo cuando la víctima se encontraba en total indefensión.Por estos hechos, Suárez y González son señalados como coautores del delito de homicidio, agravado por la circunstancia de haber colocado a la víctima en situación de indefensiónLa acusación de la Fiscalía alega circunstancias de mayor punibilidad, como aprovechar las condiciones de tiempo, modo y lugar para dificultar la defensa de la víctima y obrar en coparticipación criminal. Delito por el que los dos hombres se enfrentarían a penas entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años de cárcel.Cabe recordar que durante las audiencias de imputación tanto Juan Carlos Suárez como Ricardo González no aceptaron los cargos. Ahora el caso avanza a la etapa de juicio, donde será un juez penal quien determine la responsabilidad de ambos en la muerte de Jaime Esteban Moreno.La Fiscalía sustentó su acusación en múltiples elementos materiales probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, videos captados por celulares y cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, informes del CTI, dictámenes forenses y registros médicos de la atención de urgencias que recibió Jaime Esteban Moreno antes de fallecer.Con la presentación formal del escrito de acusación, el caso avanza ahora hacia la etapa de juicio, donde será un juez penal quien determine la responsabilidad de los procesados en este homicidio ocurrido. Esta audiencia tendrá lugar la próxima semana en el Juzgado 45 del circuito de Bogotá.
Uno de los casos que más conmocionó a los colombianos se registró el pasado 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, cuando Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado.La madre de Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz, habló por primera vez en el programa Conducta Delictiva sobre lo ocurrido aquella noche. Según relató, decidió hablar pese a que había hecho un pacto con su hijo de no hacerlo, afirmando que le pide perdón a Dios por romper esa promesa.La mujer rompió en llanto al expresar que “yo oro y lloro por Juan Esteban en el cementerio y por mi hijo Juan Carlos en la cárcel”. Además, pidió disculpas a la familia de Jaime, a la universidad y a todos sus allegados.Ortiz señaló que Juan Carlos proviene de una familia humilde, conformada por ella, su madre y el joven. Afirmó que, cuando era más joven, su hijo tenía amigos, era sociable y tranquilo. Dijo que cuando se molestaba no solía ser violento ni agresivo; sin embargo, reconoció que le gustaba salir y algunas veces consumir alcohol.Sobre el día en que murió Jaime, relató que escuchó cuando su hijo salió de la casa. Posteriormente, en la mañana del día siguiente, “me llama un señor agente de la Policía y me dice: ‘¿Juan Carlos Suárez Ortiz es su hijo?’. Yo le dije que sí, y me respondió: ‘Su hijo está aquí en la URI de Engativá’”.Tras recibir esa información, la mujer aseguró que se dirigió al lugar donde se encontraba el joven para llevarle útiles de aseo y que, “a partir de ese momento, yo nunca más volví a ver a Juan Carlos”.En una llamada que él le hizo, le dijo que estaba en un problema, a lo que ella respondió: “Acabaste con tu abuela y conmigo acabaste. Le dije que lo amaba mucho y que seguiría guerreando por él, porque es mi hijo. No somos una sino dos madres en este momento, y tres madres con mi madre, enfrentando cosas muy duras”.Nancy Ortiz afirmó que en ese momento no sabía que Jaime había fallecido. Relató que le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, y que él le respondió: “Usted no sabe nada”.Agregó que no lo notó con una actitud desafiante, sino “muy calmado y muy reflexivo”. Según contó, él le dijo: “Estoy orando, madre”.La mujer dijo que solo después de ver a su hijo se enteró de que Jaime había perdido la vida. “Le dije: ‘Juan Carlos, ¿y esto por qué?’. Él me respondió: ‘Madre, yo soy inocente, yo no lo maté’. Le dije que cuando hablara con su abuela le dijera las cosas como eran, porque lo que más me interesa es que me diga la verdad”, afirmó.Ortiz también relató que lloró al ver los videos del caso y concluyó diciendo: “Le pido perdón a Dios y disculpas a ellos, a su señora madre, en especial a su hermano, a su padre y a su familia, porque esto no debió haber sucedido. Esto fue una tragedia para todos”.Finalmente, afirmó que su hijo no es un asesino y que le entregó todo a Dios. “Un error lo puede cometer cualquiera. Muchas veces uno escucha a los demás y no hace lo que tiene que hacer en el momento, y muchas veces otras personas influyen para llegar a ese punto”, concluyó.
La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
A pocos días de cumplirse dos meses del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio y radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados de haber participado en la golpiza que le causó la muerte a Jaime Moreno, estudiante universitario de la Universidad de los Andes.El ente acusador formuló acusación por el delito de homicidio agravado, tras considerar que existen suficientes elementos materiales probatorios para demostrar la presunta responsabilidad de los procesados en el crimen del joven de 20 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos.De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado momentos después de los hechos y habría participado de manera directa en la agresión que terminó con la vida del universitario. Durante la imputación, el hombre de 27 años no aceptó cargos. El delito que se le atribuye contempla una pena que oscila entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.Durante la audiencia, la fiscal del caso expuso varios videos incorporados al expediente en los que se observa a Suárez Ortiz con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y vistiendo un pantalón oscuro, acompañado por otro hombre identificado como Ricardo Rafael González Castro. En las grabaciones, según la Fiscalía, se evidencia cómo ambos golpean a la víctima por la espalda y continúan la agresión incluso después de que cae al suelo.“Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó al piso. Luego, mientras otro sujeto lo acompañaba, continuaron la agresión y huyeron del lugar”, señaló la fiscal durante su intervención. En su relato, también indicó que durante el ataque una mujer identificada como Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, los incitaba a continuar golpeando al joven.Para la Fiscalía, la conducta desplegada por Suárez Ortiz y González Castro evidencia una clara intención de causar la muerte de Jaime Moreno. Según explicó la delegada, si el propósito hubiera sido únicamente causarle lesiones, la agresión habría cesado tras el primer ataque. Sin embargo, los procesados se retiraron y regresaron para continuar golpeándolo, pese a haber tenido tiempo suficiente para detener la agresión y reflexionar sobre lo ocurrido.El ente acusador también expuso que los agresores abandonaron el lugar solo después de observar que la víctima se ahogaba en su propia sangre, presentando sangrado por la boca, la nariz y los ojos. Para la Fiscalía, este comportamiento demuestra un absoluto desprecio por la vida y refuerza la gravedad del delito imputado.Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra formalmente en etapa de juicio, mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades penales por la muerte del estudiante universitario.
La Dijín y la Fiscalía confirmaron que ya fue emitida la circular roja solicitada por el ente acusador en contra de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, mujer de nacionalidad venezolana señalada de tener participación en el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, tras salir de una fiesta de Halloween. Fernández fue identificada por las autoridades y por los investigadores del caso como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos.Según la Fiscalía, la mujer estaría en Venezuela, luego de salir de Colombia en las últimas semanas tras un interrogatorio en el marco de la investigación, que según las autoridades no descarta preacuerdos y otras capturas.Desde el inicio del proceso, la familia de Jaime Moreno había insistido en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada de manera formal a la investigación. Según han señalado sus representantes legales, en las grabaciones analizadas por los investigadores se observa la presencia de la mujer y sus actuaciones durante los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven de 20 años.La ciudadana extranjera fue inicialmente detenida tras los hechos, pero posteriormente quedó en libertad. Sin embargo, los abogados de la familia Moreno aseguran que, durante esa diligencia, Fernández incurrió en contradicciones y habría entregado datos de ubicación que no corresponden con la realidad. Las autoridades también indicaron desde la inicial captura que la mujer se encontraba en situación migratoria irregular.Estas observaciones coinciden con lo expuesto por la fiscal que adelantó la judicialización de Ricardo González, segundo capturado por este caso. La funcionaria explicó que, aunque las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, su conducta sigue siendo objeto de análisis dentro del proceso penal. En ese contexto, señaló que ambas habrían tenido un rol como instigadoras o determinadoras del ataque.“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, sostuvo la fiscal durante la audiencia, al explicar que la investigación no se limita únicamente a quienes ejecutaron directamente la agresión, sino también a quienes pudieron haber influido o contribuido a que esta se produjera.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Un creador de contenido, labor que alternaba con el oficio de preparar y despachar tacos, fue asesinado a tiros presuntamente por dos sujetos mientras atendía en un negocio comida en la ciudad de Ciudad Obregón, estado mexicano de Sonora, noroeste del país, informaron autoridades estatales.Según medios locales, el creador de contenido era conocido en redes sociales como 'El Piturris' y respondía al nombre de José Luis Esparza, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería en la colonia (barrio) Reforma, en Ciudad Obregón.En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que investigaba un homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en la citada ciudad,Señaló que de acuerdo con los primeros datos, la víctima, de 37 años, "fue agredida mientras atendía la taquería por un sujeto que posteriormente huyó a bordo de una motocicleta junto con otra persona".En el lugar, explicó la institución, fueron recolectados dos casquillos calibre 40, como parte de los indicios que serán analizados.Según versiones, mientras el hombre trabajaba en el negocio de su familia un sujeto se acercó, ubicó a José Luis y disparó en su contra, tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.Luego de la agresión, la víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.Esparza era un creador de contenido que narraba con humor su oficio de taquero, su conocimiento popular de la cultura de Sonora y contaba con unos 90.000 seguidores en las redes sociales Instagram y Facebook, además transmitía un pódcast.La FGJES precisó que mantenía abierta la investigación en relación con los hechos registrados en una taquería ubicada la colonia Reforma, donde un taquero perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego.También dijo que está a la espera del trabajo de campo de los agentes de servicios periciales, los resultados de la necropsia y el análisis de los elementos balísticos hallados en el lugar de los hechos, esto con el propósito de "establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio".El pasado 5 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades buscarán detener tanto a los autores materiales, como a los intelectuales, del asesinato del creador de contenido César Gastélum en plena transmisión, ocurrida un día antes en Culiacá, Sinaloa.
Las personas que requieren revisar su estado financiero en las centrales de riesgo cuentan con un nuevo canal digital para entender sus datos de historial crediticio.La plataforma Midatacrédito presentó la versión EVA 2.0, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial diseñado para resolver inquietudes sobre reportes negativos, deudas pendientes y calificación de score mediante una interacción en formato de conversación.Cómo funciona el asistente para resolver dudas de créditoDe acuerdo con lo informado por la entidad, la herramienta permite que el ciudadano consulte su información financiera mediante preguntas directas en lenguaje sencillo.Entre las gestiones y dudas que el sistema ayuda a interpretar se encuentran:La identificación de los motivos por los cuales una persona aparece reportada ante las centrales.El estado del reporte tras realizar el pago de una obligación pendiente.La entidad o institución específica que generó un reporte en la plataforma.Orientación inicial y pasos a seguir ante sospechas de fraude o suplantación de identidad.Alternativas y pautas para buscar un incremento en el puntaje o score crediticio.Uso de tecnología financiera en el paísLa implementación de este tipo de canales se da en medio de un aumento en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los usuarios del sistema financiero en Colombia.Según el estudio Cómo la innovación y la IA están transformando la inclusión crediticia en Colombia, elaborado por la firma DataCrédito Experian, el 59 % de los ciudadanos encuestados afirmó haber utilizado servicios financieros impulsados por inteligencia artificial en el último año.Asimismo, el informe de la entidad arrojó las siguientes cifras sobre la percepción de los usuarios:El 73 % de los consultados considera que la tecnología ha contribuido a mejorar la atención en los servicios financieros.El 44 % de las personas prioriza el acceso a procesos de crédito sin complicaciones ni barreras de trámite.El 40 % de los usuarios demanda productos y servicios con mayor grado de personalización.En el país, el 38 % de los encuestados considera confiable el uso de inteligencia artificial para la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito, mientras que un 31 % mantiene una postura neutral frente al tema.Con la actualización de este asistente, la plataforma busca facilitar el acceso a la información crediticia y orientar a las personas en la toma de decisiones sobre su bolsillo.
Los ataques con drones explosivos ya dejan 124 víctimas en Norte de Santander entre enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, según un consolidado de Corporeddeh. La cifra incluye 25 personas muertas y 99 heridas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.El reporte muestra un aumento durante 2026. Mientras en todo 2025 fueron registradas 55 víctimas, en lo corrido de este año la cifra llegó a 69. Tibú y El Tarra concentran buena parte de los hechos, aunque también aparecen registros en Teorama, Convención, Sardinata, El Carmen, Ábrego, El Zulia y Ocaña.Entre los sectores con mayor recurrencia está Filo Gringo, en El Tarra. En Tibú, la vereda 20 de Julio acumula 16 personas afectadas. Los ataques también han dejado daños en viviendas, vehículos, cultivos, animales e infraestructura militar, policial, educativa y religiosa, además de provocar desplazamientos y confinamientos.Para Enrique Pertuz, de Corporeddeh, el escenario resulta especialmente preocupante por la manera en que esta tecnología está siendo incorporada a la confrontación. El defensor de derechos humanos advierte que “todos los indicadores nos señalan que la situación en regiones como el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta se va a complicar mucho más”.Pertuz también llama la atención sobre el impacto que estos ataques están teniendo en la Fuerza Pública. Según explicó, “en el Catatumbo, el uso de los drones, que han sido armas mortales de una u otra forma, han golpeado duramente a las fuerzas militares”.Corporeddeh atribuye el empleo de estos dispositivos a estructuras armadas ilegales como el ELN y el Frente 33, que estarían utilizando drones comerciales modificados para lanzar explosivos y atacar posiciones de la Fuerza Pública. Para Pertuz, la incorporación de esta tecnología hace parte de una transformación de las dinámicas del conflicto que exige una respuesta diferente por parte de las autoridades.El defensor también advierte sobre las consecuencias que una mayor intensidad de los enfrentamientos podría tener para las comunidades. “Estos elementos combinados van a generar no solamente temor, miedo en la población civil, sino que va a generar un desplazamiento en aras de salvaguardar la vida”, señaló.La preocupación se extiende a Cúcuta y su área metropolitana, que podrían convertirse en receptores de nuevas familias desplazadas si se intensifica la confrontación en el Catatumbo. Pertuz insiste además en que la salida al conflicto no puede depender exclusivamente de la respuesta militar y señala que “el conflicto no se va a resolver por la vía de las armas”.La organización aclara que su consolidado solo incluye casos que pudieron ser documentados y verificados, por lo que no incorpora posibles bajas de integrantes de grupos armados.
Una distracción con el celular terminó en un aparatoso accidente para un hombre que se encontraba supervisando los avances de una construcción. Mientras recorría el lugar, permaneció atento a la pantalla de su teléfono y no habría visto una abertura en el piso.El momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el sitio y muestra cómo, en cuestión de segundos, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde el segundo nivel.Así ocurrió la caída del hombre en la construcciónDe acuerdo con la información preliminar, el hombre había llegado a la obra para supervisar los trabajos. Al subir por las escaleras hacia el segundo nivel y comenzar a recorrer una de las áreas de la construcción, permanecía mirando su celular, por lo que no logró ver una abertura en el piso ubicada a pocos metros de las escaleras.En las imágenes se observa al hombre avanzar por el segundo piso mientras sostiene el teléfono. De repente, pisa sobre la zona donde se encuentra el vacío y cae hacia el nivel inferior.La secuencia también muestra el momento posterior a la caída, varias personas que ven lo ocurrido corren a mirar hacía el interior del hueco en el piso para ver si el sujeto que cayó se encuentra bien, otras corren a auxiliarlo, se les ve bajando las escaleras.Frente a lo ocurrido, algunos internautas comentaron que ir mirando el celular puede llegar a ser peligroso. Caminar mientras se mira el celular puede ser peligroso porque la atención se concentra en la pantalla y se reduce la capacidad de identificar obstáculos o reaccionar a tiempo. Entre los principales riesgos están:Tropezar o caer: puede no advertir huecos, desniveles, escaleras, obstáculos u objetos en el camino.Chocar con personas u objetos: al no mirar hacia adelante, aumenta la posibilidad de golpearse con paredes, puertas, postes o personas.Caer desde una altura: en lugares como obras, escaleras, puentes o plataformas, no detectar una abertura o el borde puede provocar una caída grave.Entrar a zonas de riesgo: la distracción puede hacer que una persona cruce una calle, se acerque a maquinaria o ingrese a un área peligrosa sin darse cuenta.Reaccionar más tarde: incluso si el obstáculo aparece de repente, la atención dividida puede retrasar la respuesta.
Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. La comunidad está denunciando que, luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomó lo que quedaba de la subestación.Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.