La empresa de Emilio Tapia del escándalo de Centros Poblados busca nuevos contratos en Invías

La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.