Una juez de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato de conectividad rural adjudicado en 2020 por el MinTic vinculado a todo el caso corrupción de Centros Poblados.Según informó la Fiscalía, el empresario intervino en la conformación de la unión temporal que recibió el millonario contrato destinado a llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Por ello, se determinó que era responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.Durante las investigaciones, se evidenció que el hoy condenado aportó información de dos empresas de su propiedad para acreditar requisitos exigidos en el proceso contractual.“Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual”, lo que permitió la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.La Fiscalía agregó que estas actuaciones llevaron a que funcionarios del MinTIC tomaran decisiones basadas en información falsa. “Se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad”, cuyo valor superó el billón de pesos.A cambio de esto, el empresario recibió beneficios económicos por su participación en la operación pues sus actuaciones irregulares llevaron a que ‘Centros Poblados’ se quedara con el proyecto recibiendo cerca de 250.000 dólares, dinero que fue transferido a una cuenta bancaria en Estados Unidos.Además de la condena, Lascarro deberá pagar una multa superior a los $2.452 millones y no podrá ocupar cargos públicos durante poco más de 12 años.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Este viernes, 31 de octubre, Emilio Tapia fue recapturado en la ciudad de Barranquilla por parte de agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, con apoyo de la Fiscalía. La detención es para que cumpla una condena pendiente de 17 años de prisión por hechos relacionados con el escándalo de Centros Poblados y manipulación de pólizas en contratos de Emcali.Esta nueva detención se da semanas después de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional que había sido otorgada al contratista.Cabe recordar que esa decisión judicial, fechada en octubre de 2025, dejó sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025, por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.Así, el reciente fallo ordenaba al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y a las autoridades competentes que Tapia Aldana fuera puesto bajo custodia del Inpec, lo que apenas se está concretando este viernes en horas de la tarde. De acuerdo con el juzgado de Bogotá, el tratamiento penitenciario para Emilio Tapia "debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La condena de Emilio Tapia por corrupciónEn diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).Tapia, quien también era conocido por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, se adjudicó un contrato por 70.000 millones de pesos para llevar internet a colegios de zonas rurales del país.Sin embargo, las investigaciones correspondiente revelaron un entramado que evidenció que los documentos para garantizar dicho proyecto eran falsos.
El pasado mes de abril, una jueza le otorgó el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia tras haber cumplido medida intramural de 48 de los 76 meses de condena que tuvo por el caso de Centros Poblados.La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar el beneficio, en particular los contemplados en el Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995.Esta última obliga a que las entidades estatales afectadas por delitos contra la administración pública se constituyan como parte civil dentro de los procesos.El 22 de abril, la Presidencia de la Comisión Seccional compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria. Luego de esto, en mayo se ordenó la apertura de una indagación preliminar y, el pasado 17 de septiembre, se decidió avanzar hacia una investigación formal.La revisión disciplinaria no solo examina las condiciones en que se concedió la libertad a Tapia, sino también una posible dilación en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.Emilio Tapia es señalado como ‘cerebro’ de la maniobra que mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70.000 millones de pesos, que luego se extraviaron y que hacían parte de un contrato con el Ministerio de las TIC para conectar a internet a poblaciones vulnerables en zonas rurales el país.
Emilio Tapia Aldana se mueve jurídicamente para lograr su libertad, así sea bajo algunas condiciones. De esa forma se pudo ver luego de obtener un fallo a favor por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla en el que recibió una libertad condicional tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, se halló que el polémico empresario había cumplido 48 meses y 10 días en prisión de la pena impuesta, la cual tenía una duración aproximada de 76 meses.“Se le concede por un periodo de prueba de 27 meses y 20 días, que es el tiempo que le falta para cumplir la totalidad de la pena de prisión que le fue impuesta, debiendo previamente prestar caución prendaria consistente en el 50% de un (1) SMLMV a órdenes de este juzgado y suscribir diligencia de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P”, se puede leer en el documento que conoció Blu Radio.En el auto también se puede apreciar que se ordena “expedir el oficio de libertad con destino a la penitenciaría El Bosque de Barranquilla”. Sin embargo, también se advierte a dicha autoridades que la “libertad del sentenciado se materializará, siempre y cuando, no se encuentre requerido por otra autoridad judicial, caso en el cual deberá dejarlo a disposición de la misma”.Por ello, fuentes revelaron a este medio de comunicación que Emilio José Tapia deberá seguir privado de su libertad en la penitenciaría El Bosque para seguir cumpliendo su condena tras presuntos vínculos con el denominado carrusel de contratos de Bogotá.En el caso mencionado de Centros Poblados, Tapia Aldana fue investigado por garantizar con documentos falsos un proyecto de $70.000 millones en el que se buscaba llevar internet a escuelas rurales en las zonas más apartadas del país.
Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla estará ubicada en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, en el norte de la ciudad, donde se adelantan las obras de adecuación.En una inspección que realizó este sábado por las obras que avanzan a toda marcha, Verano verificó el avance de los trabajos junto con el equipo técnico responsable de la obra, revisó la funcionalidad de los espacios y el cronograma de ejecución, con el propósito de garantizar que las adecuaciones avancen y estén listas antes de este 7 de agosto.Sobre el compromiso de la Gobernación del Atlántico, Verano de la Rosa dijo que la Gobernación asumió el compromiso de respaldar este proyecto para garantizar que el presidente electo cuente con una sede adecuada desde donde pueda ejercer sus funciones en la capital del departamento.“Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo De La Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una Presidencia necesita para que pueda despachar desde nuestra ciudad”, afirmó Verano.Agregó Verano que la nueva sede dentro de la Segunda Brigada del Ejército, o el batallón de Paraíso, como la mayoría de barranquilleros lo identifican, ofrece las condiciones logísticas, operativas y de seguridad requeridas para el funcionamiento de la Presidencia de la República.Así mismo, dijo que este proyecto representa una oportunidad para consolidar al Atlántico como un territorio con la capacidad institucional y logística para albergar decisiones estratégicas del más alto nivel del Estado colombiano.“Estamos trabajando para entregar una infraestructura moderna, funcional y segura, que responda a las necesidades de la Presidencia de la República y contribuya a fortalecer el papel de Barranquilla y del Atlántico como escenario de las grandes decisiones nacionales”, puntualizó.
Este sábado 18 de julio de 2026, Travesía Blu invitó a explorar destinos legendarios como Egipto y Jordania, analizó el impacto de los puentes festivos y recorrió los tesoros de Nueva York y Miami. En este episodio se descubrieron las ventajas del té matcha, la historia de Buenos Aires a través del cine y la riqueza ornitológica en la Feria de las Flores de Medellín. Además, los oyentes se relajaron con el sonido de las olas en Nuquí y aprendieron sobre logística de viajes internacionales.Se debatió sobre: ¿Más festivos significan más turismo o menos productividad?. Se concluyó que, aunque impacta otros sectores, los puentes dinamizan el turismo local y favorecen la economía del descanso familiar en el país.Tema central: Adriana Caballero de 'The Gallery Travel' presentó un viaje de inmersión cultural a Egipto y Jordania para noviembre. Destacó experiencias únicas como dormir frente a Abu Simbel y visitar el histórico oasis de Siwa.En ‘Recomendado’: Las ciudades de Miami y Nueva York ofrecen planes permanentes más allá del Mundial, como el arte en Wynwood y el Central Park. Se resaltó la conectividad de Copa Airlines para disfrutar de la gastronomía y cultura de estas sedes.En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película 'La desaparición de Josef Mengele', uno de los personajes más polémicos de la historia, el médico nazi de Ashwish, que después de la Segunda Guerra Mundial desapareció y muchos dicen que buscó refugio en Sudamérica.En ‘Ecosistemas Blu’: Ana María Castaño presentó la exhibición "Colombia, país de las aves" en el centro comercial El Tesoro. El evento integra la ornitología con la Feria de las Flores, destacando que Antioquia posee el 10% de las aves del mundo.En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Nuquí, Chocó, para sumergirse en el relajante sonido de las olas del Pacífico rompiendo en la playa. Esta experiencia de "ruido blanco" natural busca conectar al viajero con la biodiversidad del Golfo de Tribugá.Escuche el programa completo acá:
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Sus diferentes modalidades de apuesta y las alternativas para obtener premios lo mantienen entre los juegos de azar con mayor seguimiento.Además, desde 2025 este chance incorporó la quinta balota, una modalidad complementaria que añade una cifra adicional al resultado principal y brinda más oportunidades de ganar cuando coincide con la apuesta realizada.Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 18 de julio de 2026 fue: (en minutos):Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)La quinta: (en minutos)La entidad recomienda a los participantes verificar cualquier premio utilizando el tiquete original y consultando únicamente los puntos de pago autorizados.¿A qué hora se juega Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor es indispensable acertar el número completo en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta en Paisita NocheEl juego ofrece distintas alternativas para que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.Cuatro cifras directo o superplenoConsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoPremia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad premia a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.Quinta balota: la opción adicional del chanceLa quinta balota se ha convertido en una de las principales novedades del juego desde su implementación en 2025. Esta modalidad incorpora una cifra adicional al sorteo y brinda la posibilidad de aumentar los premios cuando coincide con otros números apostados.Su llegada ha despertado un mayor interés entre los jugadores frecuentes, quienes encuentran una nueva alternativa para potenciar sus posibilidades de obtener ganancias.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicosPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVT: Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVT:Además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados.Premios superiores a 182 UVT:Los ganadores deben presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 24 horas, tres ataques sicariales registrados en la capital santandereana y en Piedecuesta dejaron un saldo de tres personas asesinadas y una más herida, según los reportes preliminares de las autoridades.El primer caso ocurrió hacia las 7:38 de la noche del viernes 17 de julio en el barrio Andalucía, en Piedecuesta. La comunidad alertó a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en una placa huella que comunica este sector con el barrio La Feria.Al llegar al lugar, uniformados de la Policía encontraron tendido sobre la vía a Edwin Jesús Loza Castillo, de 35 años, conocido con el alias de “Pollo”, quien presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, la víctima falleció en el sitio.Durante las labores de vecindario, habitantes del sector manifestaron a las autoridades que Loza Castillo era reconocido por el presunto expendio de estupefacientes. No obstante, los móviles del homicidio son materia de investigación.Horas más tarde, sobre las 11:16 de la noche, un nuevo ataque armado se registró en el barrio Altos del Cacique, en Bucaramanga. Según el reporte oficial, una patrulla de la Policía escuchó varios disparos y al verificar la situación encontró a un hombre herido y el cuerpo de otra víctima en vía pública.Se trata de Keinner Duarte García, de 19 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. Un segundo hombre resultó lesionado y permanece bajo atención médica.Las primeras versiones entregadas por testigos señalan que el agresor vestía prendas negras y portaba un tapabocas. El hombre habría disparado indiscriminadamente contra las víctimas antes de huir del lugar a pie.El más reciente hecho ocurrió hacia las 11:00 de la mañana de este sábado 18 de julio en el barrio Villas del Rosario, en Piedecuesta. La víctima fue identificada como Jhon David García Rico, de 21 años, quien se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que también se desplazaban en otra motocicleta.De acuerdo con la información preliminar, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido. Inicialmente, el caso fue reportado como un atentado sicarial ocurrido en el sector de La Pesa y la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de Jhon David García Rico, quien falleció a causa de la gravedad de las heridas.Unidades de la Policía Nacional y de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos e identificar a los responsables.Las autoridades no han establecido si existe alguna relación entre los tres ataques armados registrados en el área metropolitana de Bucaramanga.
Los combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio Jericó no sólo dejaron dos presuntos ilegales muertos como se informó inicialmente, sino también el hallazgo de una caleta con armas y material de guerra que, según las autoridades, pertenecía a esa organización ilegal.Los hechos se registraron en la vereda Palenque, zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño, donde los enfrentamientos generaron zozobra entre las comunidades aledañas.Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantaron una ofensiva contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, que dejó a dos presuntos miembros de ese grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares.Tras los enfrentamientos, las tropas continuaron con la operación y ubicaron una caleta que, según el Ejército, pertenecía a esa misma estructura criminal. En el depósito ilegal fueron encontrados cuatro fusiles, dos subametralladoras, 15 proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, varios chalecos multipropósito y otro material de uso privativo de las Fuerzas Militares.Frente a la situación, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, alertó por el recrudecimiento de la violencia en el municipio. Por su parte, el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, aseguró que las operaciones militares continuarán en la zona para afectar la capacidad armada del grupo ilegal."Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño", manifestó.Durante la operación también fueron incautados dos fusiles adicionales, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos.Este operativo se suma a otras acciones recientes de la Fuerza Pública contra el Clan del Golfo, como la desarrollada el pasado fin de semana en Amalfi, nordeste de Antioquia, una subregión donde esa organización criminal disputa el control del territorio con las disidencias de las Farc y el ELN.