Una juez de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato de conectividad rural adjudicado en 2020 por el MinTic vinculado a todo el caso corrupción de Centros Poblados.Según informó la Fiscalía, el empresario intervino en la conformación de la unión temporal que recibió el millonario contrato destinado a llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Por ello, se determinó que era responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.Durante las investigaciones, se evidenció que el hoy condenado aportó información de dos empresas de su propiedad para acreditar requisitos exigidos en el proceso contractual.“Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual”, lo que permitió la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.La Fiscalía agregó que estas actuaciones llevaron a que funcionarios del MinTIC tomaran decisiones basadas en información falsa. “Se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad”, cuyo valor superó el billón de pesos.A cambio de esto, el empresario recibió beneficios económicos por su participación en la operación pues sus actuaciones irregulares llevaron a que ‘Centros Poblados’ se quedara con el proyecto recibiendo cerca de 250.000 dólares, dinero que fue transferido a una cuenta bancaria en Estados Unidos.Además de la condena, Lascarro deberá pagar una multa superior a los $2.452 millones y no podrá ocupar cargos públicos durante poco más de 12 años.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Este viernes, 31 de octubre, Emilio Tapia fue recapturado en la ciudad de Barranquilla por parte de agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, con apoyo de la Fiscalía. La detención es para que cumpla una condena pendiente de 17 años de prisión por hechos relacionados con el escándalo de Centros Poblados y manipulación de pólizas en contratos de Emcali.Esta nueva detención se da semanas después de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional que había sido otorgada al contratista.Cabe recordar que esa decisión judicial, fechada en octubre de 2025, dejó sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025, por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.Así, el reciente fallo ordenaba al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y a las autoridades competentes que Tapia Aldana fuera puesto bajo custodia del Inpec, lo que apenas se está concretando este viernes en horas de la tarde. De acuerdo con el juzgado de Bogotá, el tratamiento penitenciario para Emilio Tapia "debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La condena de Emilio Tapia por corrupciónEn diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).Tapia, quien también era conocido por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, se adjudicó un contrato por 70.000 millones de pesos para llevar internet a colegios de zonas rurales del país.Sin embargo, las investigaciones correspondiente revelaron un entramado que evidenció que los documentos para garantizar dicho proyecto eran falsos.
El pasado mes de abril, una jueza le otorgó el beneficio de libertad condicional a Emilio Tapia tras haber cumplido medida intramural de 48 de los 76 meses de condena que tuvo por el caso de Centros Poblados.La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar el beneficio, en particular los contemplados en el Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995.Esta última obliga a que las entidades estatales afectadas por delitos contra la administración pública se constituyan como parte civil dentro de los procesos.El 22 de abril, la Presidencia de la Comisión Seccional compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria. Luego de esto, en mayo se ordenó la apertura de una indagación preliminar y, el pasado 17 de septiembre, se decidió avanzar hacia una investigación formal.La revisión disciplinaria no solo examina las condiciones en que se concedió la libertad a Tapia, sino también una posible dilación en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.Emilio Tapia es señalado como ‘cerebro’ de la maniobra que mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70.000 millones de pesos, que luego se extraviaron y que hacían parte de un contrato con el Ministerio de las TIC para conectar a internet a poblaciones vulnerables en zonas rurales el país.
Emilio Tapia Aldana se mueve jurídicamente para lograr su libertad, así sea bajo algunas condiciones. De esa forma se pudo ver luego de obtener un fallo a favor por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla en el que recibió una libertad condicional tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, se halló que el polémico empresario había cumplido 48 meses y 10 días en prisión de la pena impuesta, la cual tenía una duración aproximada de 76 meses.“Se le concede por un periodo de prueba de 27 meses y 20 días, que es el tiempo que le falta para cumplir la totalidad de la pena de prisión que le fue impuesta, debiendo previamente prestar caución prendaria consistente en el 50% de un (1) SMLMV a órdenes de este juzgado y suscribir diligencia de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P”, se puede leer en el documento que conoció Blu Radio.En el auto también se puede apreciar que se ordena “expedir el oficio de libertad con destino a la penitenciaría El Bosque de Barranquilla”. Sin embargo, también se advierte a dicha autoridades que la “libertad del sentenciado se materializará, siempre y cuando, no se encuentre requerido por otra autoridad judicial, caso en el cual deberá dejarlo a disposición de la misma”.Por ello, fuentes revelaron a este medio de comunicación que Emilio José Tapia deberá seguir privado de su libertad en la penitenciaría El Bosque para seguir cumpliendo su condena tras presuntos vínculos con el denominado carrusel de contratos de Bogotá.En el caso mencionado de Centros Poblados, Tapia Aldana fue investigado por garantizar con documentos falsos un proyecto de $70.000 millones en el que se buscaba llevar internet a escuelas rurales en las zonas más apartadas del país.
Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí: