Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal de Centros Poblados, fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados que, recordemos implicó el desvío de más de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a proporcionar internet a las zonas más apartadas del país.Duque enfrentaba cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Esto se da como parte del preacuerdo que habia adelantado con la Fiscalía en el que había aceptado su culpabilidad en estos delitos, lo que permitía la reducción de la pena.En el preacuerdo había quedado estipulado que Duque no tendrá que devolver dinero al Estado, ya que no hay evidencia de que se haya beneficiado financieramente del anticipo.Hay que recordar que Luis Fernando Duque, fue junto a Juan José Laverde y Emilio Tapia, responsable de la gestión de las pólizas falsas que se presentaron en el Secop II para engañar al MinTIC y asegurar el anticipo de 70,000 millones de pesos. El exrepresentante confesó ante el juez durante las audiencias que estaba al tanto de la falsedad de estos documentos.Ahora deberá pagar una multa equivalente a más de 7.000 millones de pesos.
Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Este lunes se tenía programada una audiencia preparatoria de juicio contra Emilio Tapia por el delito de peculado, pero se pospuso debido a que Tapia está tratando de alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía. En ese contexto, se comprometió a restituir la parte del dinero que debe en relación con el caso de Centros Poblados.El director Anticorrupción de la Fiscalía sostiene que la cantidad por peculado por apropiación asciende a 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 6.000 millones corresponden a Emilio Tapia. Lo cierto es que el juez, en la audiencia de este lunes, le concedió plazo hasta enero a Tapia para reintegrar la mitad de la deuda, motivo por el cual devolverá 2,500 millones de pesos.La próxima audiencia se llevará a cabo en enero, y si Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos para esa fecha, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser avalado por un juez, permitiendo a Tapia obtener dicho beneficio.Cabe recordar que Emilio Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en graves hechos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país.Emilio Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue desembolsado, exactamente 6,182 millones de los 70.000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados, y con ese dinero habría adquirido obras de arte, apartamentos y automóviles de lujo. Esta suma deberá ser restituida para compensar a las víctimas.Puede ver:
La Contraloría General de la República anunció la imputación de responsabilidad fiscal por 69.000 millones de pesos por cuenta del escándalo Centros Poblados.El escándalo ocurrió cuando se descubrió que, el consorcio Centros Poblados 2020, embolató el anticipo que le dio el Gobierno para llevar internet a zonas rurales del país. La empresa presuntamente habría falsificado los documentos de pólizas de garantías por lo cual no hubo nadie que le respondiera al Gobierno por los recursos en el momento en que se incumplieron los compromisos.Según la Contraloría, tendrán que responder el exrepresentante legal del consorcio, los miembros de la firma de interventoría de este contrato y algunos funcionarios del Fondo de las TIC (que firmó el contrato)."De igual forma, se desvincula y archiva a 15 presuntos responsables fiscales en tanto que su actuar no comportó gestión fiscal”, señaló la entidad.Según la Contraloría, los interventores dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, como la totalidad de los equipos para la instalación del grupo 1ª. El consorcio tampoco solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el Gobierno hubiera evitado el giro de los recursos, en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato.Le puede interesar
Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía con el cual se suspenderá la acción penal y este martes, 29 de agosto, se conocerá si un juez avala esta negociación. Recordemos que Laverde fue condenado por un juez a 48 meses, pero en libertad condicional, es decir no irá a la cárcel por dos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.Laverde, el corredor de seguros, habría participado en la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Juan José Laverde, según la Fiscalía, habría incrementado su patrimonio de manera ilegal en 187 millones de pesos. La principal opositora de que se firme un principio se oportunidad siempre ha sido la agencia jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia.Con la firma de este principio de oportunidad, Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque, Jorge Alfonso Molina García, además de delatar a las demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.El principio de oportunidad fijó un año como termino de suspensión de la acción penal, tiempo en el cual Juan José Laverde deberá colaborar con la justicia.Le puede interesar:
Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y este lunes, 10 de julio, se conoció el monto de la condena que debe cumplir, pues, según el juez, fue condenado a 48 meses, pero en libertad condicional. Asimismo, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará inhabilitado para cargos públicos por dos años y seis meses.Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Recordemos que Juan José Laverde Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente, participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, del anticipo donde se perdieron 70.000 millones de pesos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn este momento está en trámite un principio de oportunidad de Juan José Laverde, donde él ya ha revelado información a cambio de suspender la acción penal en su contra. Sobre este principio se opone la defensa jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia. Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió cuando fue capturado, pues entregó información con la que se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la unión temporal.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en varios actos, precisamente, por contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas, pues Tapia habría presentado pólizas falsas y la Fiscalía detectó irregularidades en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.Un fiscal contra la corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades de los colombianos.Sobre el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la presunta responsabilidad de Tapia inicia con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Para quedarse con el negocio, Tapia habría contactado a dos personas para que aportaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de 4.000 millones de pesos.Según la investigación, se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos anticipados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos personales ajenos al cumplimiento de cualquier contrato.Sobre los proyectos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Tapia también estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en licitaciones en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.Le puede interesar: señal en vivo de Blu Radio
El juzgado 40 penal del circuito Bogotá aprobó el preacuerdo de Juan José Laverde, testigo de la Fiscalía en caso Centros Poblados, y fijó para el 10 de Julio la fecha de la decisión donde se conocerá el monto de la condena y si le concede o no la prisión domiciliaria.Juan José Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales.Por estos hechos, podría pagar cuatro años de cárcel, pero eso lo definirá el juez en la próxima diligencia, ya que podrían otorgarle detención domiciliaria. Laverde negoció un preacuerdo con la Fiscalía donde aceptó que cometió los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pero tendrá que seguir delatando a más involucrados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70 mil millones de pesos.Le puede interesar:
Emilio Tapia es uno de los nombres implicados en el escándalo de Centros Poblados, proyecto que buscaba llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional. En los últimos días trascendió que inició un proceso de mediación en su caso.La Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en qué consiste esa figura y dio a conocer que este proceso lo va adelantar el Centro de Conciliación de la Universidad Libre.“El proceso sigue su curso normal. Es más, el lunes 10 de abril está convocada la audiencia de formulación de acusación de Emilio Tapia. Lo que significa que en eln o momento de justicia no hay ningún acuerdo que es lo que erradamente se está diciendo. Lo que sucede es que el Código de Procedimiento Penal establece una justicia restaurativa que es aplicable a todos los procesos cuando, lógicamente, la modalidad delictiva lo permita”, señaló Zamora.La funcionaria indicó que la figura de la mediación se busca una reparación, en este caso al afectado es el Estado. Además, reveló los detalles del particular sistema de mediar con un consultorio jurídico de un claustro universitario y explicó cómo la Universidad Libre llevará a cabo el proceso.“La Universidad Libre dividió el proceso en tres fases. El Consultorio jurídico que manejará el caso está guiado por una directora y un equipo de profesores y están fijando fechas para reunirse con los dos procesados y ver las propuestas que hagan”, manifestó.De acuerdo con Zamora, la mediación es una figura que trae el proceso penal y que permite lograr una reparación a la víctima, la cual hacen los procesados de manera voluntaria.Finalmente, la funcionaria indicó cómo se costeará el proceso de la Universidad Libre al frente del caso de Emilio Tapia y señaló que los consultorios jurídicos de las universidades prestan una labor social.Escuche la entrevista completa:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.