La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en varios actos, precisamente, por contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas, pues Tapia habría presentado pólizas falsas y la Fiscalía detectó irregularidades en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.Un fiscal contra la corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades de los colombianos.Sobre el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la presunta responsabilidad de Tapia inicia con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Para quedarse con el negocio, Tapia habría contactado a dos personas para que aportaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de 4.000 millones de pesos.Según la investigación, se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos anticipados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos personales ajenos al cumplimiento de cualquier contrato.Sobre los proyectos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Tapia también estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en licitaciones en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.Le puede interesar: señal en vivo de Blu Radio
El juzgado 40 penal del circuito Bogotá aprobó el preacuerdo de Juan José Laverde, testigo de la Fiscalía en caso Centros Poblados, y fijó para el 10 de Julio la fecha de la decisión donde se conocerá el monto de la condena y si le concede o no la prisión domiciliaria.Juan José Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales.Por estos hechos, podría pagar cuatro años de cárcel, pero eso lo definirá el juez en la próxima diligencia, ya que podrían otorgarle detención domiciliaria. Laverde negoció un preacuerdo con la Fiscalía donde aceptó que cometió los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pero tendrá que seguir delatando a más involucrados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70 mil millones de pesos.Le puede interesar:
Emilio Tapia es uno de los nombres implicados en el escándalo de Centros Poblados, proyecto que buscaba llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional. En los últimos días trascendió que inició un proceso de mediación en su caso.La Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en qué consiste esa figura y dio a conocer que este proceso lo va adelantar el Centro de Conciliación de la Universidad Libre.“El proceso sigue su curso normal. Es más, el lunes 10 de abril está convocada la audiencia de formulación de acusación de Emilio Tapia. Lo que significa que en eln o momento de justicia no hay ningún acuerdo que es lo que erradamente se está diciendo. Lo que sucede es que el Código de Procedimiento Penal establece una justicia restaurativa que es aplicable a todos los procesos cuando, lógicamente, la modalidad delictiva lo permita”, señaló Zamora.La funcionaria indicó que la figura de la mediación se busca una reparación, en este caso al afectado es el Estado. Además, reveló los detalles del particular sistema de mediar con un consultorio jurídico de un claustro universitario y explicó cómo la Universidad Libre llevará a cabo el proceso.“La Universidad Libre dividió el proceso en tres fases. El Consultorio jurídico que manejará el caso está guiado por una directora y un equipo de profesores y están fijando fechas para reunirse con los dos procesados y ver las propuestas que hagan”, manifestó.De acuerdo con Zamora, la mediación es una figura que trae el proceso penal y que permite lograr una reparación a la víctima, la cual hacen los procesados de manera voluntaria.Finalmente, la funcionaria indicó cómo se costeará el proceso de la Universidad Libre al frente del caso de Emilio Tapia y señaló que los consultorios jurídicos de las universidades prestan una labor social.Escuche la entrevista completa:
Después de que pasara un año y unos meses del escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTic) por los 70.000 millones de pesos que desaparecieron en un contrato de Centros Poblados. La exministra Karen Abudinen, quien se vio envuelta en esta polémica, aseguró en El Radar que existió una campaña de desprestigio en su contra por manipulación de cuentas rusas pro-Petro.“Desde que estaba el ministerio y cuando empezó toda esta campaña que descubrí ese desfalco a centros poblados, de inmediato lo denuncié, pero empezaron mis redes a llenarse de una cantidad de información que no entendia y lo que hice fue escribir nombre por nombre de quiénes eran esas personas que todo el tiempo estaban en contra (…) Hay 9 cuentas que revelaron e hicimos la investigación, resulta que estuvieron en este desfalco de Centros Poblados. Ellos hacían 212 tweets por día, 9 tweets por hora y una sola cuenta; se dedicaron a culparme como si yo me hubiera robado los 70.000 millones, como si yo hiciera parte de la corrupción. Esa mentira mediática se convirtió en una verdad e incluso para medios de comunicación”, aseveró.Cabe recordar que el periodista estadounidense Matt Taibb reveló una lista de unos supuestos archivos de cuentas rusas que se encargaban de hacer campañas de desprestigio en redes sociales. En una larga lista aparecen usuario que, presuntamente, hacían parte de una estrategia del Pacto Histórico, la cual Abudinen ya puso en materia de investigación.Abudinen mencionó que este movimiento mediático llevó a que ella se viralizara y se convirtiera en la culpable del desfalco de Centros Poblados; según ella, algo “injusto” y “loco” cuando fue la encargada de denunciar la situación y no entiende si Colombia no está lista para la gente honesta: “Estoy segura de que incluso algunos compañeros pensaron que yo me había robado ese dinero (…) Varios me han llamado a decirme que tenía la razón y era incontrolable. Fui tendencia 10 días”.“Ellos tenían una organización para lograr mantener tendencias e interponer un verbo ante la RAE, quien contesta que abudinear es robar en Colombia. Esto significa que estaba ligado a un solo objetivo: desprestigiar el gobierno de Iván Duque a través de una persona cercana y crearon una narrativa que hasta los medios de comunicación se creyeron (…) Se convirtió en un tema personal contra mí y también buscaron crear esa mentira para que quien cometió el delito quedara como libre. Cada día me queda más claro que las redes sociales hoy pueden matar personas, ya no se mata con un tiro, sino con un trino”, puntualizó.A su vez, la exministra criticó a los políticos que usaron esta campaña de desprestigio para conseguir votos en la recientes elecciones; una de ellas Katherine Miranda, quien para Abudinen uso su nombre para tener un lugar en la mesa del censo en Bogotá.Escuche la entrevista completa de Karen Abudinen en El Radar:
Las autoridades rescataron el cadáver de uno de los tres mineros atrapados en una mina de aluvión en zona rural de Cáceres, Bajo Cauca. Las otras dos personas fueron rescatadas con heridas leves. Este es el segundo caso de mineros muertos en lo corrido del año.Como Iván Darío Díaz Buelvas, de 34 años, fue identificado el minero muerto en el corregimiento Río Man del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.De acuerdo con las autoridades, el hombre junto a otras dos personas se encontraban realizando extracción de oro en una mina de aluvión, ubicada en el sector Mandinga, cuando uno de los barrancos de esta se les vino encima.Gracias a la rápida reacción de la comunidad y de los organismos de rescate se logró sacar con vida y algunas heridas leves a dos de los tres mineros, pero no a Díaz Buelvas.El operativo para dar con el hombre, quien vivía en el municipio de Caucasia, se extendió durante varias horas, hasta que, al final fue encontrado sin vida.Este es el segundo minero que muere en Antioquia en lo corrido del año, el último caso se registró en el municipio de Buriticá el pasado 10 de enero, cuando Jesús Tangarife Puerta, también de 34 años fue encontrado sin vida en un socavón de este municipio del occidente de Antioquia.Le puede interesar: 'Hablemos de Sugar Daddy'
Durante la audiencia realizada por el juzgado 59 penal, la Fiscalía acusó formalmente a Juan José Laverde y Ottomar Lascarro por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Mientras que a Juan Carlos Cáceres Bayona lo acusó por el delito de peculado por apropiación, por el escándalo de Centros Poblados.Vale la pena recordar que Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, el mismo del anticipo de los 70.000 millones de pesos.En este momento está en trámite un principio de oportunidad de Juan José Laverde, donde él ya ha revelado información a cambio de suspender la acción penal en su contra. Sobre este principio se opone la defensa jurídica del Estado, pues aseguran que Laverde ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia.Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió cuando fue capturado, pues entregó información con la que se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la unión temporal.¿Para dónde va la plata recuperada del escándalo de Centros Poblados? Mintic respondeEn diálogo con Blu Radio, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, explicó que el proceso para recuperar los 70.000 millones de pesos de anticipo del escándalo de Centros Poblados hasta ahora comienza, pero que, de momento, se han conseguido 3.500 millones de pesos.“Se han logrado avances importantes. En relación a lo que hoy se ha recuperado en plata blanca, tenemos cerca de 3.500 millones de pesos que ya están en poder del Estado y las acciones siguen (…) Los implicados están ofreciendo el restablecimiento y entrega de unos bienes como parte de un preacuerdo”, explicó la ministra en Mañanas Blu.Según dijo, al Ministerio de las Tecnologías aún no se le ha entregado parte de esos recursos, pues el dinero “se fue al tesoro nacional porque la afectada” fue directamente la nación. En ese sentido, aseveró que lo importante, por ahora, es intentar recuperar la mayor cantidad de plata que sea posible.El caso, añadió, está en manos de la Agencia Jurídica del Estado, que ha resuelto varios temas “con más agilidad”, permitiendo que los implicados entreguen información y se acojan a preacuerdos para entregar los bienes, como Emilio Tapia, quien es uno de los señalados de ser responsable en la trama de contratación que hubo.Mientras el proceso continúa en los estrados, el Ministerio TIC se limita a entregar documentación y asistir a las audiencias para “proteger los recursos de la nación”, según aclaró la ministra Urrutia en Blu Radio, quien, además, mencionó que ya están empezando a “entregar los centros digitales” a las zonas apartadas del país.Cabe recordar que el proyecto de los centros digitales, que busca llevar conectividad, está divido en regiones. Una de ellas es la zona B que estaba siendo ejecutada por Centros Poblados y terminó con un desfalco de 70.000 millones de pesos. La otra zona, la A, está a cargo de Claro y ha tenido retrasos en el cumplimiento del cronograma pactado.Le puede interesar:
La ministra de las TIC, Sandra Urrutia, asistió a la Comisión VI de la Cámara de Representantes para exponer el avance del proyecto de conectividad en las zonas rurales en 1.100 municipios del país que estuvo salpicado por el escándalo de Centros Poblados y los 70.000 millones de pesos.La jefe de la cartera expuso que el 98 % de los 7.468 centros digitales a cargo de la firma Comcel ya se encuentra instalado y el 64 % está en operación.“No es lo mismo Centros Digitales que lo ocurrido con Centros Poblados. El debate que vamos a dar ahora, la discusión que debemos afrontar, es sobre cómo avanzar con este proyecto que, para mí, no está perdido. Centros Poblados fue un incidente que ya pasó y que tiene unos actores y unas acciones jurídicas”, explicó Urrutia.Y es que, ante los congresistas, la ministra explicó el proyecto de Centros Digitales que está divido en dos regiones. La región A con Centros Digitales en 534 municipios está a cargo de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A y la región B, con puntos de conectividad en 567 municipios.Es justamente esta segunda la que estuvo en manos de la Unión Temporal Centros Poblados y que el pasado mes de mayo, una vez se dio la caducidad y liquidación del contrato, le fue adjudicada a la Unión Temporal Colombia Conecta ETB – Skynet que, a la fecha, reporta 1.557 centros digitales funcionando y en proceso de revisión de la interventoría.“La fase de instalación para Comcel inició el 2 de febrero de 2021, en el caso de ETB empezó el 1 de junio de 2022; lo que llevamos de este contrato es un tiempo muy corto y se deben cumplir todas las fases”, dijo la ministra.La inversión de los Centros Digitales no es menor, supera los 2,1 billones de pesos instalando en las zonas e instituciones educativas rurales del país 14.057 puntos de internet gratuito.Puede ver: Reforma a la salud: ministra Carolina Corcho revela propuesta en Blu Radio, ¿se acaban las EPS?
Este miércoles se cursó la audiencia sobre el caso de corrupción de Centros Poblados, pero específicamente sobre el preacuerdo que firmó Juan José Laverde, personaje principal de este escándalo porque fue quien habría falsificado las pólizas de seguros para poderse quedar con el contrato y el anticipo de los 70.000 millones de pesos.Durante la audiencia, la juez determinó que sí reconoce como víctima al MinTic, a la aseguradora BBVA, al Banco Itaú y al Fondo Nacional de Garantías. Pero le negó el reconocimiento como víctima a la exministra Karen Abudinen, quien no compartió la decisión y manifestó que a través de su defensa apelará.Esta es la segunda vez que un juez niega el reconocimiento de Karen Abudinen como víctima, la primera vez fue en octubre.Luego de la decisión del juez, la exministra manifestó que en medio de la audiencia de octubre a ella le tocó renunciar a su cargo por ese escándalo, a pesar de haber sido engañada y actualmente no tiene oportunidades laborales.“Mi carrera profesional y mi persona se ha visto truncada, tengo que ir al psicólogo”, dijo.En mayo de este año, Juan José Laverde firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que no solo reconoció que estuvo involucrado en la falsificación de las pólizas, sino que además aceptó su participación en dos delitos: falsedad en documento privado y fraude procesal.Le puede interesar:
En diálogo con Blu Radio, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, explicó que el proceso para recuperar los 70.000 millones de pesos de anticipo del escándalo de Centros Poblados hasta ahora comienza, pero que, de momento, se han conseguido 3.500 millones de pesos.“Se han logrado avances importantes. En relación a lo que hoy se ha recuperado en plata blanca, tenemos cerca de 3.500 millones de pesos que ya están en poder del Estado y las acciones siguen (…) Los implicados están ofreciendo el restablecimiento y entrega de unos bienes como parte de un preacuerdo”, explicó la ministra en Mañanas Blu.Según dijo, al Ministerio de las Tecnologías aún no se le ha entregado parte de esos recursos, pues el dinero “se fue al tesoro nacional porque la afectada” fue directamente la nación. En ese sentido, aseveró que lo importante, por ahora, es intentar recuperar la mayor cantidad de plata que sea posible.El caso, añadió, está en manos de la Agencia Jurídica del Estado, que ha resuelto varios temas “con más agilidad”, permitiendo que los implicados entreguen información y se acojan a preacuerdos para entregar los bienes, como Emilio Tapia, quien es uno de los señalados de ser responsable en la trama de contratación que hubo.Mientras el proceso continúa en los estrados, el Ministerio TIC se limita a entregar documentación y asistir a las audiencias para “proteger los recursos de la nación”, según aclaró la ministra Urrutia en Blu Radio, quien, además, mencionó que ya están empezando a “entregar los centros digitales” a las zonas apartadas del país.Cabe recordar que el proyecto de los centros digitales, que busca llevar conectividad, está divido en regiones. Una de ellas es la zona B que estaba siendo ejecutada por Centros Poblados y terminó con un desfalco de 70.000 millones de pesos. La otra zona, la A, está a cargo de Claro y ha tenido retrasos en el cumplimiento del cronograma pactado.
El proyecto de Centros Digitales, que busca llevar conectividad a zonas apartadas del país, está divido en regiones, una de ellas es la zona B que estaba siendo ejecutada por Centros Poblados y terminó con un desfalco de 70.000 millones de pesos. La otra zona, la A, está a cargo de Claro y ha tenido retrasos en el cumplimiento del cronograma pactado.Esto último llevó a que ayer el Ministerio de las TIC impusiera una sanción por $3.500 millones contra Claro por estos retrasos.En el contrato está estipulado que Claro debe cumplir con la instalación de 7.468 centros digitales, de los cuales se la empresa ha informado que se han instalado 7.266 y en el proceso de interventoría se han certificado 4.400 centros.La defensa de Claro se basa en que este retraso se da por cuenta de motivos externos como la pandemia y que podrán presentar un recurso de reposición que, en dado caso de ser fallado a favor, tumbaría la sanción del Ministerio.Le puede interesar:
La legislatura culmina su primer año el próximo 20 de junio y faltan pocos días para que algunas de las reformas sociales que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro avancen en el Congreso en medio del plan tortuga que se lleva por estos días.Uno de los proyectos que más avanzado es la reforma a la salud en la Cámara de representantes, ya que paso de la Comisión Séptima a la Plenaria de esta corporación; sin embargo, cuando se botaban los impedimentos las mayorías no se consolidaron y la discusión tuvo que suspenderse, por lo que una de sus coordinadoras ponentes espera que esta semana avance.“Hay una estrategia dilatoria de la oposición y de sectores que se les han sumado desafortunadamente, que no cumplen con su responsabilidad y deber como congresistas que es venir a debatir las leyes para Colombia, sino que están dilatando a través de convocar reuniones de bancada paralelas a la plenaria, ausentismo, entre muchas otras estrategias dilatorias. Esperamos que el martes eso se supere, que entiendan que su responsabilidad es el debate y que vengan y den la cara para debatir, si tienen argumentos en contra que digan cuáles son y que en franca lid podamos avanzar en una reforma que está esperando el pueblo colombiano”, según expresó la representante Marta Alfonso de la Alianza Verde.Otra de las reformas empantanadas y que no se pudo discutir en su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, es la reforma laboral, porque durante dos días consecutivos, miércoles y jueves, no hubo quórum y una de sus ponentes teme que esta se pueda hundir sin ser debatida por el Congreso.“Me preocupa un poco los tiempos, porque hay una cantidad de estrategias dilatorias, y me preocupa porque al final no tienen que rendirnos cuentas a nosotros, les tenemos más bien que rendir cuentas a los trabajadores y trabajadoras que buscan una respuesta desde hace más de 30 años; incluso hace 70 años, el código sustantivo del trabajo no se ha modificado de una manera pues profunda y necesaria para dar respuesta a los cambios del mundo del trabajo y a los trabajadores y trabajadoras en su dignidad. Entonces lo que me preocupa es eso; sin embargo, yo creo que alcanzamos a darle por lo menos primer debate antes de irnos al receso legislativo”, señaló la representante María Fernanda Carrascal.La ponencia de la reforma pensional fue radicada hace unos días en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado; sin embargo, esta semana este proyecto no fue agendado por la mesa directiva y aún no se tiene una fecha para que inicie su trámite en esta célula del Congreso.A lo anterior se le suma que por el momento no se está agendando el proyecto de humanización de cárceles, aunque tienen ponencia lista desde hace un mes en la Comisión I de la Cámara y esta semana tampoco será debatido ya que se priorizara el código electoral.“Esperemos que sea antes de extras, pero yo no voy a dejar a un lado la agenda de los congresistas, por el interés del Gobierno nacional por no quererle dar trámite con tranquilidad a este proyecto de humanización”, señaló el presidente de la comisión primera de la cámara de representantes Juan Carlos Wills del partido Conservador.La reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto y que presento el representante liberal Juan Carlos Losada quedó para mañana y si no se aprueba se puede estar hundiendo por falta de tiempos en el congreso.Aunque son un total de 19 proyectos que viene defendiendo el Gobierno y que son de su interés, lo único que tienen claro es que se convocara al congreso a unas sesiones extras para tratar de sacar la reforma a la salud, pensional y laboral.“La disposición y seguramente habrá algunos temas diferentes a los actos legislativos y las leyes estatutarias que quedan reservados para estas últimas dos semanas del mes de junio”, según dijo el viceministro del Interior, Gustavo García.Se estima que son 10 los proyectos que serían aprobados por el legislativo en este primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de este plan tortuga que lleva el Congreso.Le puede interesar: Sin grandes cambios, se radicó la ponencia de reforma pensional
Se trata de Luis Jorge Collazos y Juan Esteban García Arango, las personas que fueron judicializadas por la Fiscalía por estar realizando procedimientos quirúrgicos a animales sin tener los respectivos permisos.Collazos fue imputado por el delito de maltrato animal, luego de que se conociera que el 22 de abril de 2022, en Guamo, Tolima, le habría realizado una esterilización a una canina llamada ‘Milú’, sin ser profesional acreditado en la materia.De acuerdo al informe de la Fiscalía, se logró constatar que en el lugar donde este sujeto operaba no contaba con los implementos adecuados: "En inspección realizada al establecimiento de comercio de Collazos Vega fueron constatadas varias posibles inconsistencias en su funcionamiento, entre estas la ausencia de título del propietario. En ese sentido, fue imputado por el delito de maltrato animal”, señaló el fiscal coordinador de Gelma Alejandro Gaviria.´Milú´ tuvo que ser sometida a una nueva cirugía por las graves afectaciones detectadas en la zona uterina.Por otro lado, en Sabaneta, Antioquia, Juan Esteban García Arango, fue condenado a seis meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo y una multa de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes luego de que se conociera, con pruebas contundentes, que es el responsable de causar sufrimiento injustificado a un perro llamado Tommy, al practicarle una eutanasia el 13 de abril de 2022, situación que terminó empeorando más su estado de salud.Tommy presentaba fuertes dolores y fue llevado por sus cuidadores a un negocio que funcionaba como veterinaria. García Arango atendió al canino y recomendó practicarle la eutanasia humanitaria. Posteriormente, le aplicó varias inyecciones intracardiacas que prolongaron el sufrimiento del animal. según indicó el fiscal Gaviria.Le puede interesar: Emergencia ambiental: disidencias instalaron 52 válvulas para robar crudo en Nariño
Hasta las 4:00 de la tarde se desarrollaron las consultas interpartidistas en la que participaron movimientos y partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Liberal y de La U, en la que se definirán una serie de candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.En total fueron habilitados, para ejercer su derecho al voto, un total de 5.667.889 en los comicios que solo se realizaron en la ciudad de Bogotá, San Francisco, Simijaca y Sativasur.Al final de la contienda se proyecta recoger el material en vehículos de las alcaldías municipales, con acompañamiento de la Policía, para trasladarlo a las registradurías donde se realizarán las consolidaciones.“En el marco de las consultas populares e interpartidistas de los partidos y movimientos políticos del 4 de junio, es importante aclarar, que no habrá el habitual preconteo, transmisión de resultados vía telefónica; según lo acordado con las agrupaciones políticas lo que se hará es consolidar los resultados en las sedes de la Registraduría y allí en una plataforma junto con los testigos electorales de los partidos y movimientos políticos, se cargará la información que podrá ser conocida por la ciudadanía, los partidos y los medios de comunicación a través de la página web de la Registraduría nacional del Estado”, según dijo el registrador delegado Nicolás Farfán.Para este proceso democrático los puestos de Corferias no fueron activados por la Registraduría nacional del estado civil, ya que la consolidación de los resultados se llevará a cabo en las registradurías municipales donde se realizaron las consultasLe puede interesar:
Se trata de John Fernando Delgado quien fue ubicado por investigadores del CTI en la Terminal de Transportes de Bogotá, en atención a un requerimiento con fines de extradición elevado por la Corte Distrital para Columbia, Estados Unidos, que lo solicita para que responda en juicio por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.“Presuntamente, cumplía un rol importante en la negociación de los estupefacientes, la definición de las rutas utilizadas para mover los cargamentos y la recepción de los dineros enviados por los contactos internacionales por el envío de los alijos”, aseguró Alberto Acevedo, director del CTI de la FiscalíaDe acuerdo con la investigación, estas actividades eran coordinadas desde Nariño y se extendían hasta Ecuador y Venezuela.Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición.
Este viernes, 2 de junio, en El Andén se debatió la implosión del Gobierno: ¿qué camino le queda al presidente para salir del escándalo de Sarabia y Benedetti?Para debatir sobre esta polémica se subieron a El Andén Paulina Pastrana, Liliana Castañeda, Nicolás Ordoñez y Felipe González.Escuche el programa completo:
