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La Contraloría General de la República anunció la imputación de responsabilidad fiscal por 69.000 millones de pesos por cuenta del escándalo Centros Poblados.
El escándalo ocurrió cuando se descubrió que, el consorcio Centros Poblados 2020, embolató el anticipo que le dio el Gobierno para llevar internet a zonas rurales del país. La empresa presuntamente habría falsificado los documentos de pólizas de garantías por lo cual no hubo nadie que le respondiera al Gobierno por los recursos en el momento en que se incumplieron los compromisos.
Según la Contraloría, tendrán que responder el exrepresentante legal del consorcio, los miembros de la firma de interventoría de este contrato y algunos funcionarios del Fondo de las TIC (que firmó el contrato).
"De igual forma, se desvincula y archiva a 15 presuntos responsables fiscales en tanto que su actuar no comportó gestión fiscal”, señaló la entidad.
Según la Contraloría, los interventores dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, como la totalidad de los equipos para la instalación del grupo 1ª.
El consorcio tampoco solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el Gobierno hubiera evitado el giro de los recursos, en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato.
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