Este martes se conoció el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026-2030, redactado por el gobierno de Abelardo De la Espriella.
El documento lleva por título “Colombia, la Patria Milagro” y propone una transformación económica, social e institucional sustentada en cuatro principios: “la vida, la familia, la libertad y la seguridad”, valores que, además, quiere convertir en decisiones de gobierno.
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En materia económica, el plan fija una de sus metas más ambiciosas: llevar al país a un crecimiento cercano al 6 % anual. Para lograrlo, propone elevar la inversión pública y privada hasta el 25 % del PIB en 2030 y reducir la pobreza monetaria al 20 %.
El documento apuesta por impulsar la productividad, las exportaciones y el empleo formal, con sectores como energía, infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia y tecnología y bioeconomía como motores de expansión.
Además, bajo el lema “Colombia desde las Regiones”, el borrador organiza la planeación alrededor de trece regiones estratégicas y busca romper con el centralismo en la definición de las grandes inversiones.
Para acelerar los proyectos introduce el concepto de “decisiones habilitantes”: en lugar de esperar indefinidamente a que aparezcan las condiciones para invertir, el Estado deberá identificar los obstáculos y convertirlos en responsabilidades, trámites y decisiones concretas.
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Los megaproyectos, según el texto, deberán atraer capital y generar empleo en los territorios.
En el frente social, el Gobierno plantea pasar de las ayudas permanentes a mecanismos que faciliten la generación de ingresos, la formalización y la acumulación de patrimonio.
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El horizonte que propone es un “capitalismo popular”, en el que trabajadores, productores y ciudadanos puedan convertirse en accionistas de empresas y participar en los beneficios de la actividad productiva.
La apuesta incluye ampliar el acceso al crédito, fortalecer pequeños negocios y conectar la creación de riqueza con oportunidades de movilidad social.
El documento sostiene además que el Gobierno “romperá con la falsa paz que presenta la negociación con la ilegalidad como único camino para la convivencia”.
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Su enfoque prioriza el fortalecimiento de la justicia, la investigación penal y la acción contra las organizaciones criminales, a las que el texto atribuye un propósito delictivo y económico.
En la reforma institucional, el borrador propone la “Operación Destrabe”, una estrategia para revisar normas, simplificar trámites y reducir barreras que, a juicio del Gobierno, frenan la actividad económica y la gestión pública.
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Su principio rector es: “lo que no tiene propósito se elimina; lo que lo tiene se modifica u optimiza”.
La iniciativa contempla herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más ágiles los procedimientos estatales.
El plan dedica un capítulo a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cual dejó daños valorados en $38,66 billones y pérdidas económicas estimadas en $5,99 billones.
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La respuesta contempla recuperar viviendas, servicios esenciales y corredores de transporte, además de fortalecer la resiliencia de los territorios afectados.
Para articular la reconstrucción y las demás apuestas económicas, el plan contempla instrumentos de financiación y coordinación entre entidades. Entre ellos, está el Fondo Milagro, concebido para apoyar la recuperación de las zonas afectadas, y la Misión Crecer, coordinada por la Vicepresidencia de la República.
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Esta última deberá facilitar la inversión y coordinar iniciativas en financiación, talento, energía y modernización del Estado, sin reemplazar las competencias de los ministerios y demás entidades.