La recta final del Plan Nacional de Desarrollo deja un balance preocupante para la niñez colombiana. La coalición NiñezYA reveló que apenas el 44 % de las metas relacionadas con niñas, niños y adolescentes fueron cumplidas, mientras que el 40 % no alcanzó los objetivos propuestos, el 13 % registró avances parciales y el 3 % restante no pudo ser evaluado por falta de información. El informe concluye que, pese a algunos avances, el país sigue lejos de garantizar plenamente los derechos de la infancia.El análisis, que evaluó 75 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, identifica los mayores rezagos en la protección contra la violencia y la construcción de una cultura de paz. Según NiñezYA, este resultado coincide con el recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de las afectaciones contra niñas, niños y adolescentes en varias regiones del país. A ello se suma una brecha de financiación estimada en 42,3 billones de pesos para garantizar la atención integral de esta población al año 2030. Con los recursos disponibles actualmente, Colombia solo podría cubrir cerca del 68 % de las necesidades.El informe reconoce avances en áreas como la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, la ampliación de la educación inicial, la implementación de unidades de recuperación nutricional y la aprobación de nuevas leyes de protección para la niñez. Sin embargo, advierte que persisten desafíos críticos, entre ellos la mortalidad por desnutrición, la salud mental infantil, la deserción escolar, el acceso al agua potable en las zonas rurales y las altas tasas de violencia contra menores de edad.Las brechas territoriales también siguen marcando la diferencia. Chocó, La Guajira, Vichada, Caquetá y Cesar presentan los peores indicadores en desnutrición, mortalidad infantil y acceso al agua potable, mientras que departamentos como Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca continúan siendo los más afectados por el conflicto armado y el reclutamiento de menores. Además, el informe advierte que la baja ejecución y el escaso reporte de recursos por parte de las entidades territoriales dificultan el seguimiento a las inversiones destinadas a la infancia.Ante este panorama, NiñezYA hizo un llamado al próximo Gobierno para priorizar a la niñez en la agenda nacional y convertir los avances normativos en resultados concretos que garanticen los derechos de cerca de 14 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia. La coalición aseguró que está dispuesta a acompañar ese proceso y reiteró que cerrar las brechas en la atención a la infancia debe ser una prioridad del Estado.
Las regiones del país le hicieron una petición al Gobierno Nacional: incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un apartado especial dedicado exclusivamente a las vías terciarias. Las gobernaciones buscan que este tema tenga reglas claras y dinero asegurado para arreglar, construir y mantener los caminos rurales que conectan a los campesinos con las ciudades.La necesidad en el sector sigue siendo muy grande, pues Colombia tiene más de 142.000 kilómetros de vías terciarias. Aunque en el Plan de Desarrollo de 2022 a 2026 se puso la meta de intervenir más de 33.000 kilómetros, la realidad es que el avance en el terreno apenas llegó a algo más de 9.000 kilómetros completados.A este problema de avance se suma el reclamo por los recursos invertidos. Según señalaron los voceros regionales, aunque se anunciaron inversiones por más de $8 billones de pesos para estas carreteras del campo, en el terreno no se ejecutó ni el 30 % de las obras planeadas, lo que golpea de manera directa el trabajo de los agricultores."En el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar un capítulo especial para las vías terciarias, con recursos para su rehabilitación, construcción y mantenimiento y una fuente de financiación clara, porque los municipios no tienen la capacidad fiscal para asumir solos esa responsabilidad", señaló Adriana Magaly Matiz, gobernadora del Tolima y vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos.Para conseguir el dinero que se necesita de forma segura, los gobernadores proponen alternativas concretas. Entre ellas están usar el cobro de valorización en los corredores comerciales del país o tomar una parte de los recursos que recauda el impuesto del 4 por 1000.Por último, las gobernaciones pidieron que el Gobierno tenga en cuenta la capacidad productiva y el dinero con el que cuenta cada municipio. De esta manera se busca evitar que las zonas rurales más pobres se queden sin los recursos necesarios para mantener sus caminos en buen estado.
En medio del debate sobre el futuro de la infraestructura vial de la ciudad, el proyecto de empréstito por 500 mil millones de pesos solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga al Concejo Municipal avanza en su discusión y podría definirse esta semana.La iniciativa, impulsada por el alcalde Cristian Portilla, busca financiar una serie de obras viales con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital santandereana, un problema que por años ha sido señalado como uno de los principales retos urbanos.El expresidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y actual asesor de Competitividad de la Alcaldía, Juan Camilo Beltrán, salió en defensa del proyecto, asegurando que la ciudad requiere inversiones urgentes para ponerse al día en materia de infraestructura.“La movilidad es un tema fundamental para la competitividad. Bucaramanga tiene un atraso de muchos años”, afirmó, al respaldar la necesidad de que el Concejo dé vía libre al endeudamiento.Desde la administración municipal han insistido en que Bucaramanga tiene la capacidad financiera para asumir el empréstito sin comprometer su estabilidad fiscal, argumentando que los recursos permitirán ejecutar proyectos estratégicos que impactarán positivamente la calidad de vida de los ciudadanos.No obstante, el proyecto no ha estado exento de controversia. Un grupo minoritario de concejales ha manifestado su oposición, planteando preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento y la priorización de las obras. A pesar de esto, al interior del Concejo existirían las mayorías necesarias para su aprobación.Se espera que en los próximos días se tome una decisión definitiva sobre esta iniciativa, que marcaría el rumbo de la movilidad y el desarrollo urbano de la capital santandereana en los próximos años.
El Gobierno nacional dio luz verde a una de las apuestas de planificación más ambiciosas para el Pacífico colombiano en los últimos años. Se trata del nuevo CONPES de la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico, una estrategia que busca reducir las brechas históricas de desigualdad en esta región a través de una inversión de $12,35 billones durante la próxima década.La iniciativa fue liderada por la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y se presenta como una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales en un territorio que durante décadas ha enfrentado rezagos sociales, económicos e institucionales.En total, el documento contempla 166 acciones que serán ejecutadas por 18 ministerios y 27 entidades del Estado, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del Pacífico desde distintos frentes.Gobierno aprobó el CONPES de la Política para el Desarrollo Integral del PacíficoEl nuevo CONPES busca convertirse en el principal instrumento de planificación estatal para la región. Según el Gobierno, la estrategia articula esfuerzos entre la Nación y los territorios para avanzar en un modelo de desarrollo integral.Entre las áreas que se pretenden fortalecer están:Desarrollo social y acceso a derechos.Crecimiento económico regional.Protección ambiental.Fortalecimiento institucional.La apuesta no solo contempla inversión pública, sino también coordinación entre entidades para que las políticas tengan continuidad durante los próximos diez años.De acuerdo con el Ejecutivo, este documento representa el mayor ejercicio de planificación realizado hasta ahora para el Pacífico colombiano.Inversión de $12,35 billones para cerrar brechas históricas en el PacíficoUno de los pilares de la política es enfrentar las desigualdades estructurales que han marcado a la región. El documento reconoce explícitamente problemáticas como la exclusión histórica y el racismo estructural que han afectado a las comunidades del Pacífico.Para la vicepresidenta Francia Márquez, la aprobación del CONPES representa un paso importante para saldar una deuda histórica con estos territorios.Según explicó, la política busca abrir oportunidades reales para las comunidades mediante una agenda enfocada en derechos, desarrollo territorial y justicia social.El diseño del documento también incluyó un proceso de participación con actores locales. Durante su construcción se realizaron:Espacios de diálogo con comunidades.Mesas técnicas con autoridades territoriales.Ejercicios de concertación con organizaciones sociales.Este proceso permitió incorporar las prioridades y visiones de desarrollo planteadas por líderes comunitarios y autoridades regionales.Pacífico colombiano proyecta inversiones por $60,9 billones en diez añosAunque el CONPES contempla inicialmente $12,35 billones, la estrategia hace parte de un paquete más amplio de inversiones que elevaría la cifra total a $60,9 billones en la próxima década.Ese monto incluye diferentes instrumentos de financiación, entre ellos:$43,5 billones a través de Pactos Territoriales en Nariño, Cauca y Chocó.$12,23 billones destinados a 37 proyectos estratégicos en sectores como transporte, educación, salud, vivienda, ambiente y agua potable.$2,4 billones ejecutados entre 2022 y 2026 para proyectos impulsados desde la Vicepresidencia.Con este conjunto de inversiones, el Gobierno busca acelerar la transformación del Pacífico colombiano y fortalecer el desarrollo de una región clave para el país.La apuesta, según las autoridades, pone en el centro a las comunidades y plantea una ruta para avanzar hacia un territorio con mayores oportunidades, equidad y desarrollo sostenible.
Treinta y ocho líderes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se darán cita en Barranquilla el próximo 9 y 10 de julio para el foro de desarrollo local 2025, el cual se hará bajo el lema “Inspiraciones globales, transformaciones locales”. Este encuentro se realizará por primera vez en un país fuera del continente europeo, lo que referencia a la capital del Atlántico como la primera ciudad anfitriona en América Latina para la reunión de representantes de países que concentran el 68 % del PIB Mundial, junto a más de 40 expertos globales y formuladores de políticas. Es importante mencionar que Barranquilla fue tenida en cuenta, en medio de un proceso de selección del que también hizo parte Oporto, Cali, Florencia y Melbourne. Para esto fue clave la experiencia que tiene la ciudad en la realización de eventos internacional, como lo fue el Congreso Mundial de Juristas en 2021. "Este foro no solo posicionará a la ciudad como referente en América Latina, sino que nos permitirá seguir construyendo un futuro de desarrollo sostenible e inclusión", señaló el alcalde Alejandro Char. Se proyecta que al rededor de 500 asistentes participarán en este encuentro, lo que no solo generará ingresos para la ciudad, sino que también fortalecerá relaciones diplomáticas para el país y podrá atraer inversión extranjera ante las redes de negocio que se puedan generar en este espacio. Entre los temas que serán tenidos en cuenta en la agenda prevista, se encuentra la inclusión de más jóvenes y mujeres en el mercado laboral, el impacto social de las empresas en sus comunidades, la transición de las economías costeras hacia un futuro más verde y sostenible, entre otros. Colombia hace parte de la OCDE desde abril de 2020, luego de haber participado en un proceso de adhesión desde 2013. En aquel momento se convirtió en el país número 37 en sumarse a esta organización.
Otro artículo se cae del Plan Nacional de Desarrollo, el cual modifica el régimen de extinción de dominio de los bienes administrados por el llamado Frisco, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, que se financia con los bienes incautados a la mafia.En este artículo se establecía que dichos bienes en poder del Estado colombiano eran imprescriptibles, es decir, que no vencían los términos para que el Estado los mantuviera. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló por unanimidad que esta norma introduce cambios estructurales al régimen de extinción de dominio, sin que guarde relación con el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida".>>> Lea también: Presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete gobernarán desde Cali durante la COP16La Corte Constitucional indicó que se trata de medidas ajenas a la función de planeación y que, por lo tanto, no pueden ser adoptadas mediante el procedimiento de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública.Según la ley, lo que se buscaba en ese momento era la protección de los bienes que son objeto de extinción de dominio, impidiendo que durante el trámite de dicha actuación terceros pudieran adquirirlos a través de procesos paralelos, como el de la declaración de pertenencia por prescripción administrativa.Así las cosas, se trata de otro artículo que se cae de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González, se pronunció sobre la preocupación que hay por el presupuesto general del 2025. La Contraloría y otras entidades han alertado sobre el desfinanciamiento y el Comité de la Regla Fiscal expresó su inquietud por los ingresos inciertos y los límites del gasto público.González explicó que el Gobierno actual ha tenido que asumir los costos de la pandemia, lo cual ha generado una situación fiscal complicada. Se refirió a cuatro elementos importantes que contribuyen a esta problemática: las deudas de corto plazo, el Fondo de Estabilización de los Combustibles, la opción tarifaria y el riesgo de demanda en las concesiones viales.El exdirector del DNP también mencionó que la situación fiscal es una consecuencia de las decisiones tomadas para paliar la pandemia y no una mala planificación del Gobierno. Destacó que el servicio de la deuda será muy alto en el presupuesto del 2025, lo que implicará una reducción significativa en la inversión."Creo que, desde el punto de vista fiscal, sí estamos viviendo una situación complicada que ya más o menos se sabía. Este Gobierno tuvo que asumir los costes de la pandemia. Nosotros, desde Planeación, estábamos diciendo: hay una pandemia fiscal. La pandemia, pues se trabajó o se trató de resolver o en el 20220, 2021, pero las consecuencias fiscales de la pandemia las estamos viviendo ahora", subrayó.González reconoció la necesidad de mayor eficiencia en el gasto público y resaltó la importancia de combinar la participación en las rentas derivadas de las dinámicas urbanas. Además, comentó que el Gobierno ha perdido la brújula en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual ha afectado la articulación con los municipios y gobernaciones. También hizo referencia al papel de la tecnocracia y la importancia de la administración pública en la ejecución de recursos.En cuanto al tema de la valorización, González resaltó la importancia de distribuir los recursos en función de la capacidad de pago de las personas y destacó que es una fuente de ingresos importante. Sin embargo, reconoció que existen debates y desafíos en cuanto a cómo se manejan los casos de desvalorización de predios por obras públicas.En relación con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, González consideró que se ha desviado la atención de los puntos estructurales del plan y que se necesita mayor respeto por la técnica en la administración pública. También mencionó la importancia de realizar proyectos articulados con las alcaldías y gobernaciones, reconociendo la necesidad de mejorar la coordinación.El exdirector del DNP dejó claro que el tema del presupuesto y la ejecución no son una cuestión de retaliación política, sino de restricciones fiscales y articulación con las ciudades. Asimismo, destacó que no se puede modificar las vigencias futuras y que es importante cumplir los compromisos adquiridos.
El recién aprobado Plan de Desarrollo de Bogotá ha desatado controversia con la inclusión del artículo 181, que permite el estacionamiento gratuito cerca de iglesias durante los servicios religiosos. Esta medida, según defensores, busca facilitar el acceso de los fieles a sus lugares de culto sin temor a multas por infracciones de tránsito.En una entrevista en Mañanas Blu, el concejal Emel Rojas explicó que este artículo permitirá que los vehículos que transporten fieles hacia los lugares de culto puedan estacionarse en zonas adyacentes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de tráfico y seguridad vial determinadas por la Secretaría de Movilidad. Esta disposición, que afecta a todas las confesiones religiosas en Bogotá, pretende mejorar la movilidad y evitar el estacionamiento irregular que congestiona las vías durante los servicios religiosos."Cada denominación, cada iglesia, cada confesión debe tramitar ante la Secretaría de Movilidad, la cual llevará a cabo un estudio específico para cada zona, no un estudio general para toda Bogotá", dijo. Rojas resaltó que el proceso requerirá certificación por parte de las autoridades eclesiásticas, asegurando que el estacionamiento gratuito estará limitado al horario del servicio religioso y no podrá ser utilizado para otros fines. Además, enfatizó que la implementación será gradual y específica para cada zona, evitando así posibles abusos.La medida ha generado debate sobre cómo se verificará el uso adecuado de estos espacios y si podría contravenir normativas nacionales de tránsito. Sin embargo, Rojas aseguró que el plan está alineado con el marco legal vigente, incluyendo los decretos nacionales sobre derecho al culto y regulaciones de tráfico.El próximo paso será la realización de estudios detallados por parte de la Secretaría de Movilidad para definir las zonas específicas de estacionamiento autorizado, lo cual deberá estar implementado a partir del 1 de julio, según lo establece el Plan de Desarrollo recién aprobado.La medida, aunque busca facilitar el acceso a los lugares de culto, plantea desafíos en cuanto a su aplicación práctica y la vigilancia efectiva del cumplimiento de las condiciones establecidas.Este artículo continuará siendo objeto de debate y seguimiento por parte de la comunidad y las autoridades locales, especialmente en cuanto a su impacto en la movilidad urbana y el uso adecuado del espacio público en Bogotá.
Un debate relámpago tuvo el Plan de Desarrollo para el Atlántico, el cual incluirá inversiones por $4,7 billones, en medio de un trabajo que será enfocado en el desarrollo integral y sostenible del departamento.Este plan contó con la participación de más de 20.000 atlanticenses, quienes se reunieron en los diferentes encuentros convocados para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad.Entre el paquete de inversiones destaca la destinación de $1,4 billones para asuntos de vivienda, es decir, el 14% del presupuesto. También para gobierno territorial fueron asignados $937.000 millones y otros $832.000 millones para asuntos de vías y transporte.“Son 7.3 billones de pesos que proyecta el gobernador con un gran enfoque social y un concepto de sostenibilidad que es transversal a sus cuatro ejes principales. Con la aprobación del plan, esta Asamblea acompaña al gobernador Eduardo Verano en el desarrollo del Atlántico”, enfatizó Camilo Torres Villalba, diputado del partido Liberal, quien estuvo como ponente del proyecto de ordenanza.Este Plan de Desarrollo había sido denunciado por las organizaciones feministas, debido a que incluía un bajo presupuesto para las intervenciones con enfoque de género, las cuales no alcanzaban ni al 1% de las mujeres del departamento. Sin embargo, en medio del segundo debate, se logró una aprobación por unanimidad para la inclusión de un capítulo especial de género para ampliar las inversiones a este rubro, a partir de las solicitudes realizadas por la diputada Alejandra Moreno. "Solicitamos a la gobernación de que el plan tuviera un capítulo especial de la mujer y hoy lo tiene. Esto va a permitir la construcción de una agenda continua con los movimientos, la red de mujeres que permita desarrollar acciones importantes y contundentes. Asimismo logra este capítulo que se busquen los recursos para fortalecer la política publica en equidad de género", indicó la diputada.
Una evaluación realizada por la Procuraduría en su función preventiva reveló una preocupante realidad: varios ministerios presentan deficiencias significativas en la ejecución del presupuesto de inversión para el año fiscal 2023.Entre los ministerios señalados, se destaca el Ministerio del Deporte, el cual exhibe un remanente de más de 241.000 millones de pesos sin comprometer, es decir, sin haber sido destinados a contratación alguna.Pasa lo mismo con los ministerios de Comercio, Ambiente y Vivienda, con más del 66 % de los valores contratados que no fueron desembolsados.Esto se evidenció gracias a un análisis hecho por el Departamento Nacional de Planeación, el cual aborda la ejecución presupuestaria, el cumplimiento y los rezagos del Plan Nacional de Desarrollo, así como los convenios interadministrativos suscritos por entidades del orden nacional con ejecutoras de proyectos.Para la Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la actuación de estas entidades podría implicar una posible infracción a los principios de planificación y anualidad establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.A pesar de que algunos ministerios, como MinVivienda y MinInterior, manifestaron voluntad para ejecutar los presupuestos asignados, fracasaron en materializar los objetivos de los convenios con entidades como Findeter y Enterritorio, al no recibir los bienes o servicios proyectados para culminar su ejercicio fiscal 2023.El informe que fue evaluado por el Ministerio Público revela además otros sectores mal posicionados, como Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Deporte y Recreación, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía, y Transporte, que acumulan $7.034.170.717.436,08 sin contratar, correspondientes al 84.44 % de los recursos totales de inversión no comprometidos de los 30 sectores del Presupuesto General de la Nación.La Procuradora Delegada no descarta la posibilidad de iniciar acciones disciplinarias en contra de los responsables.
El Hospital San Vicente Fundación de Medellín lanzó una alerta por la alta ocupación que actualmente tiene su servicio de urgencias, cuya capacidad se encuentra en un 268 % de saturación, situación que genera presión y demoras en la atención de pacientes.La institución médica explicó que su servicio de urgencias está destinado principalmente a la atención de pacientes con condiciones de alta complejidad, entre ellas patologías graves, traumas severos y emergencias que pueden comprometer de manera inmediata un órgano o incluso la vida.Ante este panorama, recomendaron desde el centro asistencial que las personas cuya condición médica no representa una urgencia vital consulten inicialmente en su IPS básica o en la red de atención primaria asignada por su EPS.No obstante, la saturación se suma a las dificultades financieras que atraviesan diferentes instituciones de salud del departamento, pues a junio de 2026 la cartera de las IPS de Antioquia alcanzaba los $16,77 billones, además, hospitales públicos tienen deudas de 2.5 billones en la actualidad. "Se ve un incremento importante de los pacientes en estado crítico en el servicio de urgencias adultos, actualmente registra un 268 por 100 de saturación. Es importante recordar que este servicio de urgencias es de alta complejidad. Está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata la vida o un órgano", sostuvo Alejandro Marín, jefe de Urgencias del centro asistencial.Sin embargo, la problemática no sería exclusiva del San Vicente Fundación, ya que la red hospitalaria de Medellín y el Valle de Aburrá también ha registrado altos niveles de ocupación en sus servicios de urgencias durante los últimos meses con servicios de urgencias por encima del 100 % de ocupación.
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.