La transición en la administración de varios corredores viales del Oriente antioqueño que quedan en manos del Instituto Nacional de Vías, sigue generando preocupación entre autoridades locales por la respuesta ante emergencias, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las intervenciones pendientes en una de las redes viales más transitadas del departamento y el país.La inquietud se concentra especialmente en la autopista Medellín-Bogotá, eje estratégico para la movilidad de pasajeros y carga. Ante este panorama, el municipio de Guarne decidió anticiparse a posibles dificultades y anunció la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el Comité de Seguridad Vial con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en los tramos de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio, incluyendo el que conecta al aeropuerto José María Córdova.El alcalde Mauricio Grisales informó que Guarne ya cuenta con un protocolo para atender incidentes de tránsito, el cual incluye la disponibilidad de ambulancias, personal de emergencias y la capacidad instalada de los centros asistenciales de la localidad para recibir a las personas que puedan resultar lesionadas en diversas situaciones sobre las vías."En el momento no se ha definido, digamos, algo concreto con respecto a este tema, pero, entonces, desde el municipio para poder actuar, para brindar ese apoyo en todo lo que tiene que ver nuestra jurisdicción con la autopista Medellín-Bogotá y la vía al aeropuerto", indicó. El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno nacional para acelerar los trámites que permitan ejecutar las obras de movilidad priorizadas por administraciones locales y que requieren aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura.Los proyectos serán financiados con cerca de 121.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes generados por el recaudo de peajes durante más de dos décadas de operación de Devimed, pero están a la espera de autorizaciones finales por parte de dicha entidad.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las obras para la atención de la emergencia para estabilizar el tramo de la vía Bucaramanga – San Gil, en el sector de Pescadero, kilómetro 53, donde la fuerza del río Chicamocha socavó la banca de la carretera y obligó a mantener el tránsito restringido a un solo carril.Según explicó William Molano, director operativo de Invías, las labores iniciales buscan controlar el cauce del río para evitar que continúe erosionando la base de la vía. Para ello, maquinaria amarilla trabaja en la remoción de rocas y en el encauzamiento de las aguas hacia la parte central del afluente.Como parte de las medidas de mitigación también se instalarán rocas de gran tamaño en la base del talud para conformar una barrera de protección que reduzca el impacto del río sobre la carretera. Adicionalmente, el talud será recubierto para disminuir la erosión provocada por las lluvias y se construirá un jarillón que impida que el agua continúe afectando la zona inestable.Estas intervenciones temporales, que se espera concluyan en aproximadamente dos semanas, permitirán dar paso a los estudios y diseños de la solución definitiva para recuperar este corredor vial, uno de los principales ejes de conexión entre Bucaramanga y el sur de Santander.Invías estudia dos alternativas para la reconstrucción del tramo afectado. La primera consiste en construir una calzada en voladizo, soportada sobre pilares con cimentación profunda ubicados en la ladera, lo que permitiría restablecer el tránsito en ambos sentidos sin depender del terreno que resultó comprometido.La segunda opción contempla la construcción de un muro de contención en concreto con anclajes y cimentación profunda. Esta estructura permitiría estabilizar el talud, rellenar el sector afectado y recuperar la vía sobre su trazado original.Mientras se define la alternativa más conveniente, continúa vigente la restricción de tránsito para vehículos de carga pesada. En el sector solo está permitido el paso de automotores dentro del tonelaje autorizado, por lo que permanecen prohibidos los tractocamiones y los vehículos tipo doble troque.El director operativo de Invías indicó que, una vez concluyan los estudios y diseños, la entidad gestionará los recursos necesarios para ejecutar la solución definitiva y garantizar la estabilidad de este importante corredor nacional.
A pocos días del cambio de Gobierno, la adjudicación de contratos por cerca de $3,2 billones para la construcción de vías terciarias en La Guajira desató una controversia entre la administración saliente y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De la Espriella, que se mostró preocupado por la adjudicación de 10 contratos de obra y seis de interventoría, que comprometen recursos con vigencias futuras hasta 2035.El equipo de transición considera que la firma de estos contratos multimillonarios condiciona la gestión del Gobierno entrante. Por ello, solicitó a la administración del presidente Gustavo Petro abstenerse de suscribir, a través del Invías, los contratos adjudicados el pasado 27 de julio.La ministra de transporte designada, Elsa Noguera, cuestionó el hecho de que “a pocos días de terminar su mandato, el gobierno saliente adjudicara contratos del Invías”, por lo que anunció que “cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero como corresponde”.Las obras corresponden a siete contratos para Uribia por cerca de $2 billones y tres para Riohacha, Maicao y Manaure, por aproximadamente $1,1 billones. A estos se suman seis contratos de interventoría por $204.000 millones.Ha dicho el equipo de empalme que “revisará la participación de varias empresas en diferentes consorcios adjudicatarios, así como la estructuración de los lotes y el nivel real de competencia”.“No nos oponemos a construir vías terciarias; cuestionamos qué decisiones billonarias se adopten cuando un Gobierno está haciendo maletas para dejar el poder”, escribieron en un comunicado.Gobierno saliente defiende la contrataciónLas críticas no demoraron en ser respondidas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien afirmó que “son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”."Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan. Las concesiones, por ejemplo, también pueden emplear vigencias", afirmó la ministra.Detalló que, para la adjudicación de los multimillonarios contratos, se realizó una licitación pública con todas las garantías y que estas obras corresponden al cumplimiento de una sentencia mediante la cual la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para atender la crisis humanitaria en La Guajira, y aseguró que el proceso también atiende los compromisos establecidos por la Mesa Especial de Seguimiento (MESSEP).
Lo que comenzó como una medida preventiva por la emergencia en el corredor vial hoy tiene al borde del colapso a los negocios que dependen del tránsito de tractocamiones y vehículos de carga.Los comerciantes aseguran que, desde que Invías restringió el paso de vehículos pesados por el sector de Pescadero, la economía de la zona prácticamente se paralizó.Luis Romario Beltrán, administrador de un lavadero de tractomulas, afirmó "las pérdidas van en un 90 % lo que mueve la economía aquí es el transporte pesado, antes recibíamos uno o dos carros diariamente y ahora no llega ninguno. Por eso este lunes vamos a un plantón. No podemos esperar diez meses para una solución mientras nuestros negocios quiebran", aseguró.Por ello, una de las principales solicitudes al Gobierno Nacional e Invías es la instalación de un puente militar que permita restablecer el paso de vehículos de carga mientras se ejecutan las obras definitivas."Lo que pedimos como afectados restaurantes, lavaderos y demás comerciantes, es un puente militar que habilite nuevamente el tránsito de carga pesada", insistió Beltrán.La preocupación también fue expresada por Adrián Antonio Moreno Mancilla, comerciante del sector, quien aseguró que cientos de familias dependen de la actividad económica que genera esta carretera "estamos totalmente damnificados, vivimos de lo que trabajamos y todos tenemos pérdidas, solo le echaron unos viajes de piedra y si vuelve a llover, el río se las lleva otra vez, además, los sábados retiraron el personal que estaba trabajando en el corredor y eso genera más incertidumbre", manifestó.Gonzalo Arenas aseguró que antes de la emergencia llegaban hasta 120 tractomulas diarias, mientras que hoy la actividad desapareció. "Los carros pequeños pasan, pero no se detienen, quienes realmente sostenían nuestros negocios eran los conductores de tractomulas, antes se lavaban cerca de 120 mulas al día y hoy no llega ninguna, pagamos arriendos, servicios y empleados, pero las ventas están por el piso", afirmó.Los comerciantes confirmaron que este lunes 3 de agosto realizarán un paro con bloqueo de la vía Bucaramanga-San Gil, en el punto conocido como el Buey, con el propósito de exigir una respuesta inmediata del Gobierno Nacional e Invías.La afectación en este importante corredor vial, que comunica a Santander con el centro del país, ya completa tres semanas, periodo durante el cual las restricciones al transporte pesado han impactado no solo a los comerciantes de Pescadero, sino también a transportadores de carga y empresas que utilizan esta vía para movilizar mercancías.
Los trabajos para estabilizar la vía Bucaramanga–Bogotá en el sector de Pescadero, donde la socavación del río Chicamocha provocó la pérdida de banca en el kilómetro 53, mantendrán restringido durante varios meses el paso de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas. Mientras avanza la atención de la emergencia, Invías recomendó utilizar la Transversal del Carare como corredor alterno para conectar el centro del país con Santander, Norte de Santander y la Costa Atlántica. La decisión fue socializada durante una reunión entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías, transportadores, comunidades, y la Gobernación de Santander, en la que se informó que la recuperación definitiva del tramo podría tomar cerca de 10 meses, debido a la complejidad de la intervención. Oscar Hernández secretario del interior del deparamento afirmó: "Se advierte del compromiso del Invías de los trabajos en este corredor y toda la constitucionalidad hacemos el debido acompañamiento".En el sitio ya se ejecutan obras de mitigación por parte del contratista Mario Huertas, mientras se adelantarán estudios técnicos que definirán la solución definitiva para recuperar la movilidad por este corredor estratégico entre Santander y el centro del país. De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, los estudios tardarán aproximadamente dos meses y permitirán escoger entre dos alternativas: instalar un puente militar provisional para habilitar el paso mientras se desarrollan las obras de fondo, o estabilizar el terreno mediante la ampliación de la ladera para reconstruir la banca afectada. Con la restricción vigente para el transporte pesado, los vehículos de carga deberán desplazarse por la Transversal del Carare (Ruta Nacional 62).El recorrido inicia en Bogotá y continúa por Tunja, Barbosa, Vélez, Landázuri y Puerto Araujo, donde conecta con la Troncal del Magdalena para seguir hacia Aguachica y desde allí continuar hacia la Costa Caribe o enlazar con Norte de Santander.Este corredor absorberá buena parte del tráfico de tractocamiones mientras permanezcan las restricciones en el sector de Pescadero. La utilización de esta ruta implica un recorrido considerablemente mayor para el transporte de carga.Mientras la vía habitual entre Bucaramanga y Bogotá tiene una longitud cercana a 620 kilómetros, el trayecto por la Transversal del Carare alcanza aproximadamente 1.200 kilómetros, lo que representa un incremento en tiempos de operación, consumo de combustible y costos logísticos para el sector transportador.Pese a ello, las autoridades consideran que es el corredor más seguro para garantizar la movilidad de carga mientras avanzan las obras que buscan restablecer completamente el tránsito por el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–Bogotá.
Aún sin fecha específica para su entrada en funcionamiento, Invías anunció el aplazamiento de la instalación del puente provisional sobre el río San Juan, en Urabá. La entidad aseguró que continúan los trabajos sobre la estructura, que ya se encuentra totalmente ensamblada.A un día de cumplirse la fecha inicialmente anunciada por Invías para poner en funcionamiento el puente provisional sobre el río San Juan, en Urabá, afectado por el reciente frente frío en la región, la entidad aseguró que las labores tardarán varios días más.En las últimas horas, a través de un comunicado, la entidad destacó que, si bien la estructura destinada a garantizar la movilidad en la zona ya se encuentra totalmente ensamblada, “la etapa de instalación demanda maniobras especializadas que deben realizarse bajo condiciones que garanticen la estabilidad de la estructura y la seguridad de quienes transitarán por ella”.El pronunciamiento de Invías se conoce pocas horas después de que la Gobernación de Antioquia exigiera acciones oportunas para habilitar el tramo afectado desde hace más de cinco meses y sobre el cual la administración departamental ya había cumplido con la adecuación de los estribos, para lo que invirtió unos 700 millones de pesos, incluyendo la estructura también afectada sobre el río Mulatos.Así lo indicó el secretario de Infraestructura del departamento, Sebastián Castaño: "Desde la Gobernación de Antioquia seguimos muy pendientes en todo lo que pueda necesitar la comunidad para para la conclusión de esta vía, pero estamos en manos del Instituto Nacional de Vías. Hacemos un llamado para que el Instituto Nacional de Vía honre sus compromisos y termine la construcción de este puente para no exponer la vía de los antioqueños", señaló.La necesidad de instalar pronto este paso provisional sobre esta vía nacional resurgió tras el accidente ocurrido en los últimos días en la zona, donde el planchón que movilizaba un vehículo de carga cedió y el automotor terminó sumergido casi por completo en el afluente.Sobre las graves emergencias ocurridas en Urabá por las fuertes lluvias registradas durante febrero, la Gobernación recordó que las ha atendido desde distintos frentes, como la entrega de ayudas humanitarias, kits a productores agrícolas, rehabilitación de vías secundarias y terciarias, intervención en infraestructura educativa y atención en salud.
El peaje de Curos, ubicado en la vía entres Piedecuesta y San Gil, permaneció nueve meses con las talanqueras levantadas por protestas de comunidades que reclamaban mayor inversión en el corredor vial que conduce a San Gil, tras una mesa de concertación que se realizó en la Procuraduría de Santander, las comunidades accedieron a levantar la manifestación y este jueves 30 de julio se reanudó el cobro.Así las cosas, el Instituto Nacional de Vías (Invías) definió las condiciones que deberán cumplir los usuarios para acceder a las tarifas diferenciales del peaje Los Curos. Los requisitos quedaron establecidos en la Resolución 3259 de 2026, que también fija el procedimiento para solicitar el beneficio y las causales por las cuales este podrá ser suspendido.La medida cobija a las categorías especiales IE, IIE y IIIE y está dirigida a los residentes de los municipios de Cepitá y Jordán, así como del corregimiento de Pescadero, en Piedecuesta. También podrán acceder las personas que desarrollen actividades laborales o comerciales en estas jurisdicciones y los vehículos tipo volqueta que transporten arena para empresas ubicadas en el área de influencia del peaje.Para los propietarios de vehículos particulares, el trámite exige presentar copia de la cédula, la licencia de tránsito del vehículo, certificado de residencia expedido por la Alcaldía, certificado de tradición del inmueble o, en caso de no ser propietario, un documento que acredite la tenencia legal de la vivienda. Además, deberán tener vigente el SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando aplique, y no registrar multas, comparendos ni reportes por evasión de peajes. El beneficio solo podrá otorgarse para un máximo de dos vehículos por grupo familiar.Le puede interesar: Transportadores y gremios, en incertidumbre por operación de Invías en peajes del OrienteEn el caso de quienes trabajan o desarrollan actividades comerciales en la zona, además de la documentación del vehículo, deberán acreditar su vínculo con el territorio mediante un certificado de Cámara de Comercio, una certificación laboral o una constancia expedida por la Alcaldía para los trabajadores independientes, según corresponda.Los propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros y de carga deberán anexar, entre otros documentos, los certificados de existencia y representación legal de la empresa transportadora, la resolución de habilitación de rutas, la tarjeta de operación vigente y una certificación que demuestre que el vehículo presta servicio dentro del área de influencia del peaje.Para las volquetas que transportan arena, clasificadas en la categoría IIIE, se exigirá acreditar que el vehículo está vinculado a una empresa autorizada para prestar este servicio en la zona de influencia de Los Curos, además de cumplir con los demás requisitos relacionados con la documentación del vehículo y su estado legal.Los interesados deberán radicar una solicitud ante el Invías, ya sea por correo electrónico, de manera presencial o mediante el aplicativo que habilite la entidad. Una vez recibida la documentación, el Instituto tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles para evaluar la solicitud y comunicar su decisión.Si la petición es aprobada, el usuario deberá adquirir, por su cuenta, un dispositivo electrónico de recaudo (TAG) y posteriormente acudir al peaje Los Curos para asociarlo al vehículo. El beneficio será activado por Invías dentro de los tres días siguientes.Causales para perder la tarifa diferencialLa resolución también establece que el beneficio podrá ser cancelado si el usuario deja de residir o trabajar en la zona de influencia, vende el vehículo sin informar a Invías, desvincula el automotor de la empresa transportadora autorizada, presenta documentos falsos o inconsistentes, comercializa el beneficio, evade el pago de peajes o utiliza el TAG en un vehículo diferente al autorizado.En la mayoría de estos casos, la pérdida de la tarifa diferencial será por un período de seis meses y, si el usuario reincide, la suspensión se extenderá a doce meses. Además, una vez cancelado el beneficio, el interesado deberá volver a cumplir todo el proceso para solicitar nuevamente su acceso.
A pocas horas de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asuma la administración de los peajes y corredores viales del Oriente antioqueño, crece la preocupación entre transportadores, gremios económicos y autoridades locales por la capacidad de la entidad para operar una de las vías más importantes del departamento.Desde las 00:00 del 1 de agosto, Invías recibirá la concesión que durante más de dos décadas estuvo en manos de Devimed. Uno de los principales cambios durante la transición será el sistema de recaudo, pues el pago en los peajes se realizará únicamente en efectivo mientras se completa la migración de la plataforma tecnológica hacia los sistemas del Estado.Aunque Invías aseguró que esta medida será temporal y solo se extenderá durante algunas horas, representantes del sector transporte advierten que la eliminación momentánea del pago electrónico afectará la movilidad y reducirá la competitividad del Oriente antioqueño, al incrementar los tiempos de paso en las estaciones de peaje."Desde la Asociación de Transportes de Pasajeros hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que garantice una transición responsable antes de la reversión de la concesión Devimed. No estamos defendiendo al concesionario; estamos defendiendo la seguridad vial, la movilidad y miles de usuarios que hacen uso de este importante corredor vial del oriente antioqueño", expresó Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA).Le puede interesar: Confirman reactivación de dos peajes en Santander; gobernación concilia con Oiba y CuritíEl dirigente agregó que "el mismo Invías ha manifestado no tener los recursos suficientes para poder asumir integralmente esta operación", por lo que solicitó que "ninguna reversión se realice antes de garantizar la ejecución de las obras que el Oriente necesita".Las inquietudes también fueron compartidas por Fenalco Antioquia. Su directora, María José Bernal, aseguró que "el Invías ya ha expresado públicamente que no tiene recursos para asumir esta vía, que es transversal para la competitividad no solo del Oriente antioqueño, sino de todo nuestro departamento. Es momento de tomar decisiones y entender cuáles son las mejores para el futuro de la infraestructura de nuestro departamento".En la misma línea se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió al Gobierno Nacional que la infraestructura vial sea entregada al departamento para garantizar la continuidad de los estándares de mantenimiento y conservación alcanzados durante la concesión. Además, señaló que "el Instituto, que se ha comprometido para una transición ágil en el pago de los peajes, debe actuar con prontitud".La medida impactará los peajes de Copacabana, ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Guarne, y el de Las Palmas, entre Medellín y el Oriente antioqueño, donde durante las primeras horas de operación únicamente se recibirá dinero en efectivo.
Hay incertidumbre en el Oriente de Antioquia tras el final de las operaciones de la concesión Devimed a cargo de varias vías en la subregión que pasarían a manos del Invias. La administración departamental pidió al nuevo Gobierno nacional ceder al departamento todos los corredores a cargo de la entidad.Más que el final de un contrato, lo que está a punto de ocurrir en varias vías del Oriente antioqueño es un relevo que tiene en alerta a toda la subregión.El próximo 31 de julio finaliza la operación de Devimed, la concesión que durante más de dos décadas administró algunos de los corredores más importantes, entre ellos amplios tramos de la autopista Medellín - Bogotá, y en su lugar llegará el Invías, una entidad cuya capacidad para asumir este reto ha generado dudas entre transportadores, empresarios y autoridades.La principal inquietud radica en los antecedentes de esa entidad del Gobierno nacional a cargo de otros tramos del mismo corredor, especialmente el de Santuario - Caño Alegre, donde transportadores y usuarios han denunciado reiteradamente dificultades en el mantenimiento, atención de emergencias y ejecución de intervenciones.En medio de este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró la petición al nuevo Gobierno nacional, encabezado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que entregue al departamento la administración de las vías que están bajo su tutela.“Entidad que se ha comprometido también con una transición ágil para el pago electrónico de los peajes debe actuar con prontitud. Además al nuevo gobierno le hemos pedido que nos ceda los tramos viales a cargo del Invías en Antioquia para ser nosotros los que tengamos ocasión de responderle a nuestros paisanos”, aseguró.La preocupación también sigue latente por el futuro de los recursos que deja en excedentes Devimed producto del cobro de peajes.Tras más de 20 años de operación, la concesión culmina su contrato generando recursos por 121 mil millones de pesos que, según lo previsto, deberían destinarse a nuevos desarrollos viales en la región.Sin embargo, los proyectos permanecen en vilo por decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura para dar luz verde a las obras, especialmente unas ya acordadas por autoridades regionales y con importantes avances en etapas legales y de planeación.Entre ellas se encuentra la construcción de un viaducto en Marinilla que servirá como conexión hacia la zona de embalses, el intercambiador Somer en Rionegro, el retorno en San Vicente Ferrer para facilitar un nuevo acceso, y al menos tres pasos peatonales y retornos sobre la autopista Medellín - Bogotá.
El anuncio del Invías sobre un acuerdo para reactivar el cobro en tres peajes de la Ruta 45A fue rechazado por el líder del comité de Transportadores de ese corredor vial. Su vocero, Deiby Cárdenas, aseguró que no existe ningún compromiso firmado con la entidad y afirmó que las talanqueras permanecerán levantadas mientras no haya soluciones al deterioro de la carretera.Cárdenas señaló que, como principal representante del comité, nunca suscribió un acta o acuerdo con el Instituto Nacional de Vías para restablecer el recaudo en los peajes. "Para mí eso es falso. En ningún momento he firmado algún acuerdo con Invías o con algún ente público de que vamos a bajar talanqueras", manifestó.Según el Invías, de acuerdo con lo concertado durante una mesa de diálogo realizada en la Procuraduría Regional de Santander, los peajes de Curití y Los Curos volverán a operar el próximo 30 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, mientras que el peaje de Río Blanco retomará el cobro el 31 de julio, también desde el mediodía.El líder recordó que la protesta comenzó el 6 de octubre de 2025 y ya supera los nueve meses. Según explicó, la manifestación se mantiene por el mal estado del corredor entre Zipaquirá y San Alberto y por la exigencia de que los recursos recaudados en los peajes se reflejen en obras de mantenimiento e intervención de los puntos críticos de la vía.Frente a la reunión realizada el pasado 24 de julio en Bucaramanga, convocada por la Gobernación de Santander y desarrollada en la Procuraduría, Cárdenas indicó que no asistió al encuentro y negó que allí se hubiera alcanzado un acuerdo con los transportadores para restablecer el cobro. Aseguró que el propósito de esa mesa era retomar el diálogo con Invías, luego de que, según dijo, la entidad suspendiera las conversaciones el pasado 5 de junio.El dirigente sostuvo que Invías no ha cumplido los compromisos adquiridos para intervenir los puntos más afectados del corredor y citó como ejemplo la emergencia en el sector de Pescadero, donde la pérdida de banca mantiene restringido el paso de tractocamiones desde hace varias semanas."Lo único que hicieron fue restringir el paso de carga pesada y eso terminó afectando la economía de restaurantes, hoteles, lavaderos y otros negocios que dependen del transporte. No han solucionado el problema ni han llevado la maquinaria necesaria", afirmó.El vocero también respondió a las cifras entregadas por Invías sobre las pérdidas por la suspensión del recaudo. Señaló que, si la entidad asegura haber dejado de percibir cerca de 98.000 millones de pesos durante la protesta, también debe explicar en qué fueron invertidos los recursos obtenidos durante los años anteriores en que sí operaron los peajes.Finalmente, Deiby Cárdenas convocó a transportadores, comerciantes y habitantes de la zona a participar en una concentración programada para el próximo jueves, a las 9:00 de la mañana, en el peaje de Curití. Allí, aseguró, reiterarán que las talanqueras continuarán levantadas hasta que el Gobierno Nacional ejecute obras que garanticen la recuperación del corredor vial y anunció que esperan discutir soluciones con el gobierno entrante, al considerar que la actual administración no atendió las necesidades de la Ruta 45A.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.
Naciones Unidas por ahora no ha recibido por parte de las autoridades colombianas una solicitud de ayuda tras el terremoto que sacudió el lunes zonas del oeste del país, aunque se prepara para esa posibilidad, señaló un portavoz humanitario de la ONU."Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos", indicó en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.La fuente añadió que todo el equipo de Naciones Unidas en el país está movilizado y mantiene contacto con sus oficinas regionales y con las sedes centrales."Lo primero que debe hacerse es una evaluación adecuada de qué ha ocurrido exactamente, dónde están exactamente las necesidades y qué es lo que necesita", agregó Laerke.De modo preliminar, las principales necesidades podrían ser agua potable segura, kits de higiene y para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria, afirmó.El terremoto, que ha causado al menos 132 muertos según las cifras provisionales de las autoridades colombianas, ha dañado casi 5.000 viviendas y al menos 387 quedaron destruidas, detalló el portavoz."Un total de 61 edificios se han derrumbado y más de 550 instituciones educativas, 24 centros de salud y más de 350 centros comunitarios se han visto afectados", agregó.En zonas afectadas hay acceso limitado a servicios esenciales como electricidad, suministro de agua, atención sanitaria y comunicaciones, además de las 53 carreteras que se han visto afectadas en distintas zonas del país.El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tarik Jasarevic agregó en la rueda de prensa que la oficina en el país del organismo ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia.Equipos sobre el terreno han sido desplegados en las zonas afectadas, entre ellas la ciudad de Cali y el departamento de Chocó, para apoyar la evaluación de daños y la coordinación del sector sanitario.
