Hasta las instancias judiciales debieron recurrir autoridades en el Urabá antioqueño para lograr soluciones prontas a las dificultades que desde hace más de ocho meses se registran para la movilidad entre los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.Un frente frío que azotó esta subregión de Antioquia a inicios de febrero generó graves afectaciones en infraestructuras como el colapso del puente sobre el río San Juan y desde entonces habitantes de la zona y transportadores han estado a la espera de soluciones por parte del Invías.Inicialmente la entidad del Gobierno nacional se comprometió a instalar un puente provisional a más tardar el 31 de julio, sin embargo, la infraestructura no ha entrado en funcionamiento y ahora la medida provisional de una tutela obliga a reactivar las obras.Le puede interesar: Camión cae al río San Juan de Urabá: reclaman el puente prometido por el Gobierno NacionalLa acción legal fue interpuesta por la Personería de San Juan de Urabá apelando a la protección de los derechos e intereses colectivos en medio de los riesgos que afrontan habitantes de la zona y en donde en los últimos meses ya se han registrado al menos dos incidentes con vehículos de carga que intentan cruzar el afluente en planchones.La medida provisional establece 30 días al Invías para que inicie las labores de instalación del puente modular y en caso que no sea posible por condiciones técnicas, informar sobre una medida alternativa para garantizar un tránsito seguro y permanente de peatones y otros usuarios de esta vía nacional.Previo a cumplirse el plazo del 31 de julio para la instalación de la infraestructura, la entidad del Gobierno nacional había explicado que durante las maniobras de montaje habían aparecido dificultades técnicas que no estaban contempladas en la planificación inicial. Según el Invías, esto obligó a modificar el procedimiento constructivo y, por tanto, a reprogramar la habilitación del paso.
Transportadores, comerciantes y comunidad de la zona de Pescadero, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, protagonizan desde esta mañana una protesta por las demoras en las obras de recuperación de un tramo afectado por la socavación del río Chicamocha, que mantiene el paso restringido a un solo carril y con prohibición de tránsito para vehículos pesados.La emergencia se originó en el kilómetro 53 de la vía nacional, en jurisdicción del municipio de Aratoca, donde una creciente súbita del río Chicamocha aceleró la socavación de la banca y comprometió parte de la calzada. La situación se agravó con las lluvias, al punto de que el Invías debió habilitar el paso a un solo carril ante el riesgo de colapso del sector del puente Pescadero. Solo después de ocho días del derrumbe la entidad inició las obras de mitigación, consistentes en la construcción de un enrocado en la base del talud para contener el avance de la erosión.Según la comunidad, el Invías había informado que los trabajos terminarían este 15 de septiembre, pero en un comunicado la entidad señaló que las obras se extenderán al menos dos semanas más. Los manifestantes exigen soluciones para habilitar nuevamente el paso de vehículos de carga y reclaman la presencia de la ministra de Transporte en el lugar."Se manifiesta el incumplimiento del Invías, ya que se había comprometido a que hoy habilitaban la vía y nada, no hay solución. Se exige una solución completa y solicitamos la presencia de la ministra de Transporte", expresó Luis Lozano, uno de los integrantes de la protesta.La situación golpea con fuerza a los transportadores de carga, quienes deben utilizar una vía alterna que incrementa en cinco horas el tiempo de recorrido y eleva considerablemente los costos de operación. Le puede interesar: Congreso exige soluciones inmediatas para la vía Bucaramanga-BogotáLos vehículos pesados deben desviarse por el corredor Tunja, Duitama, Málaga, Pamplona y Bucaramanga, un trayecto que aumenta tiempos de viaje, consumo de combustible y costos logísticos, afectación que termina trasladándose a los precios de los productos que se movilizan por este corredor, uno de los más importantes de Santander.Mientras tanto, Invías aseguró que las obras de mitigación en el kilómetro 53 ya alcanzan un 75 % de avance y que la meta es culminarlas antes del 30 de septiembre, fecha tras la cual, una vez verificadas las condiciones de seguridad, se levantaría la restricción para vehículos de más de tres ejes. La entidad también informó que continúa con los estudios y diseños de la solución definitiva para este sector, que registran un 20 % de ejecución.La protesta se suma a las denuncias de la comunidad sobre el riesgo por la socavación de las bases del puente Pescadero, a lo que se atribuye la pérdida de la banca en el kilómetro 53. Los habitantes insisten en que los plazos anunciados no se han cumplido y advierten que mantendrán la movilización hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades nacionales.
Las obras de mitigación que se ejecutan en el sector Pescadero, en el kilómetro 53 de la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, alcanzaron un avance del 75% y, según el Instituto Nacional de Vías, Invías, la intervención estaría terminada antes del próximo 30 de septiembre.Los trabajos se realizan para atender las afectaciones ocasionadas por la socavación del río Chicamocha, que comprometió la banca de este corredor. Actualmente, las labores incluyen la instalación de enrocados y el reforzamiento de las estructuras de contención para proteger la vía.Mientras se completan estas intervenciones, el tránsito continúa habilitado a un solo carril y se mantiene la restricción para vehículos de más de tres ejes como medida preventiva. Invías indicó que, una vez finalicen las obras y sean verificadas las condiciones de seguridad, se evaluará el levantamiento de esta limitación y el regreso a la movilidad normal.La situación ha generado mayores tiempos de desplazamiento y costos para los transportadores y usuarios de la vía, especialmente para quienes deben utilizar recorridos alternos. Entre las rutas habilitadas se encuentran Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga y, para vehículos de hasta tres ejes, Socorro–Zapatoca–Girón.Además de las obras que se ejecutan actualmente, el Invías avanza en los estudios y diseños de una solución definitiva para el sector. Este proceso tiene un avance del 20% y está previsto que concluya en diciembre de 2026, con el propósito de definir las obras necesarias para atender de manera permanente las condiciones que afectan este tramo.
Los conductores que tengan previsto movilizarse por la vía Málaga–Los Curos, en Santander, deberán ajustar sus recorridos durante los próximos meses por los cierres autorizados en este corredor vial.La medida comenzó a aplicarse este viernes, 4 de septiembre, y estará vigente hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con la autorización otorgada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante la Resolución 4255 del 31 de agosto de 2026. La información fue divulgada por el Consorcio Vías Colombia 066, encargado de las obras en este sector.La restricción se concentra en la Ruta Nacional 55ST02, entre los PR 35+000 y PR 41+000, en el sector de la vereda Pangua, municipio de San Andrés.Por la ejecución de los trabajos, el tránsito tendrá interrupciones programadas durante diferentes momentos del día y la noche.El Consorcio recomendó a los viajeros que necesiten desplazarse entre esta zona y Bucaramanga considerar como alternativa la ruta Málaga–Pamplona–Bucaramanga, en ambos sentidos.Durante estos días, la vía permanecerá cerrada en cuatro franjas principales de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y en horas de la tarde de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente habrá cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.En consecuencia, las ventanas de paso durante el día serán de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., de 12:00 del mediodía a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.Los domingos también habrá restricciones. El cierre se programó desde las 7:00 a. m. a 9:00 a. m. de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.Durante esta última franja se realizarán cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.Ante esta programación, las autoridades y el consorcio encargado de las obras recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos, especialmente quienes deban recorrer el corredor entre Málaga, San Andrés, Los Curos y Bucaramanga.Quienes necesiten información sobre los cierres pueden comunicarse con el Consorcio Vías Colombia 066 al número 317 369 2086 o a través del correo notificacionescvc066@casahidalgo.com.co.La recomendación principal para quienes no puedan ajustar sus horarios es utilizar la ruta alterna Málaga–Pamplona–Bucaramanga, teniendo en cuenta las condiciones y restricciones que puedan presentarse en el corredor.
La crisis que atraviesa el corredor vial Bogotá–Bucaramanga, Ruta de los Comuneros, será objeto de una mesa de trabajo con el Invías, manifestantes, veedores y otros actores, en la que se buscará definir acciones inmediatas para atender las dificultades que presenta esta conexión estratégica para Santander y el nororiente del país.El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto Rueda, coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento al corredor Bogotá–Bucaramanga, anunció que en el encuentro se planteará al Invías la necesidad de ejecutar obras urgentes y conocer de primera mano los avances y cronogramas previstos para recuperar la movilidad."Entre las propuestas está el mantenimiento correctivo y preventivo de algunos tramos, la construcción de un tercer carril o zona de adelantamiento en el sector de Pescadero y la terminación de la variante de San Gil", dijo el congresista. También se solicitará avanzar en la construcción de una segunda variante en el corredor, que podría corresponder a Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.Desde esta instancia, afirmó, se exigirá al Ministerio de Transporte, Invías y la ANI información clara sobre los contratos, las obras y los cronogramas relacionados con Pescadero, además del manejo de los recursos de los peajes en Santander.“Bucaramanga no puede darse el lujo de perder esta conexión con el centro del país”, manifestó el congresista, quien anunció un seguimiento permanente a la situación de la carretera.Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo el sector de Pescadero, donde las afectaciones asociadas a la erosión en el Cañón del Chicamocha han generado restricciones y dificultades para el transporte.Pinto Rueda cuestionó los retrasos en las soluciones anunciadas y aseguró que el plazo establecido por Invías para avanzar en el restablecimiento del paso de carga pesada ya se cumplió.Ante esta situación, se anunció la presentación de un derecho de petición ante Invías para conocer las medidas preventivas adoptadas, el diagnóstico técnico de la zona y los cronogramas de las acciones previstas.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también ha cuestionado el manejo de los recursos provenientes de los peajes instalados en el departamento.“Es una vía nacional, los peajes los recauda el Gobierno nacional. Nosotros firmamos el convenio Los Comuneros para que esos peajes se inviertan en esa vía, no se ha cumplido”, señaló el mandatario.Díaz Mateus indicó que se encuentra pendiente una reunión con el Ministerio de Transporte para exigir que se dé cumplimiento al convenio y que los recursos sean destinados a las necesidades del corredor vial.El ingeniero y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, también se pronunció sobre la situación y aseguró que se espera que las inversiones anunciadas para Santander permitan solucionar de manera definitiva las dificultades de infraestructura que afectan al departamento.La discusión sobre la Ruta de los Comuneros vuelve así al centro de la agenda regional, en medio de las afectaciones que genera el estado del corredor para transportadores, comunidades, comerciantes y el sector turístico.El desafío ahora será que las entidades nacionales definan recursos, responsables y fechas concretas para las intervenciones, especialmente en Pescadero, mientras Santander reclama el cumplimiento de los compromisos relacionados con los peajes y la modernización de esta conexión estratégica con el centro del país.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Instituto Nacional de Vías solucionar con carácter prioritario las dificultades técnicas que han impedido culminar la instalación del puente provisional sobre el río San Juan, estructura fundamental para la conexión del Urabá antioqueño.Hay que recordar que el puente original colapsó el pasado 3 de febrero, generando importantes afectaciones para la movilidad y las actividades económicas de la zona. Desde entonces, la instalación de una estructura provisional se convirtió en una de las principales alternativas para restablecer la conexión entre los municipios, no obstante, hoy no hay soluciones.La solicitud del Ministerio Público fue realizada por la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y la Provincial de Apartadó durante una reunión en la que Invías informó a la comunidad sobre la decisión de reprogramar la puesta en servicio del puente, que inicialmente estaba prevista para el pasado 31 de julio.Ante este nuevo retraso, la Procuraduría le pidió al Instituto Nacional de Vías avanzar de manera inmediata en las verificaciones técnicas y de seguridad necesarias para garantizar que la estructura pueda entrar en operación bajo condiciones adecuadas.El Ministerio Público también solicitó que Invías informe con prontitud una nueva fecha para la puesta en servicio, debido a las consecuencias que la falta de conexión está generando en la región.Precisamente una de las consecuencias es que ante los retrasos, la misma comunidad ha buscado pasar el río con planchones, situación que ha provocado que vehículos caigan al río San Juan como ocurrió la semana pasada en esta zona del Urabá antioqueño.La Procuraduría reiteró la necesidad de que las autoridades competentes prioricen la solución de las dificultades técnicas y mantengan informada a la comunidad sobre los avances y las condiciones requeridas para habilitar nuevamente el paso sobre el río San Juan.
La construcción de la doble calzada La Virgen-La Cemento, una obra que lleva décadas siendo esperada en Santander, vuelve a estar en el centro del seguimiento institucional. En una nueva mesa convocada por la Contraloría General de la República se establecieron cuatro compromisos para intentar destrabar el proyecto, entre ellos, avanzar en la adquisición de los predios pendientes y llevar la discusión directamente ante la dirección nacional del Invías.Uno de los principales obstáculos identificados es la gestión predial. De acuerdo con lo revisado durante la reunión, actualmente hay 125 predios pendientes para avanzar en el proyecto. De estos, 32 están bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que cuenta con cerca de $38.000 millones para adelantar el proceso de adquisición y transferencia de los terrenos al municipio de Bucaramanga.Los otros 93 predios están a cargo del Invías, por lo que se espera que la entidad avance en las gestiones necesarias para resolver este componente.El representante a la Cámara por Santander, Diego Fran Ariza Pérez, señaló que resolver la situación predial es fundamental para que el proyecto pueda avanzar hacia su ejecución.“Resolver el componente predial es una condición clave para que el proyecto pueda pasar de los compromisos a la ejecución”, manifestó el congresista, quien agregó que el objetivo es acelerar la gestión de los 32 predios a cargo de la ANI y mantener el seguimiento a las entidades responsables.Otro de los compromisos establecidos en la mesa es buscar los recursos necesarios para actualizar los estudios y diseños de los tramos 6A y 6B, que datan de 2018. Para esta consultoría y su respectiva interventoría se estima una inversión de $5.600 millones.La actualización de estos estudios es considerada necesaria, debido a los cambios que ha tenido la movilidad en el norte de Bucaramanga durante los últimos años. Juan Manuel Álvarez, gerente de Lógica Urbana, advirtió que antes de continuar con la adquisición de predios es necesario revisar si los diseños actuales responden a las condiciones de movilidad de la zona y si están articulados con el Plan de Movilidad Metropolitano y el Sistema Integrado de Transporte.Uno de los anuncios más importantes de la mesa de seguimiento es la convocatoria del director nacional del INVÍAS, Juan Camilo Ostos, a la próxima reunión. El propósito es elevar el nivel de interlocución y buscar que desde la dirección nacional se priorice el proyecto.Para el representante Diego Fran Ariza, la presencia del funcionario permitirá abordar directamente los avances, pendientes y decisiones que se requieren para impulsar la obra.El congresista insistió en que las mesas de seguimiento deben traducirse en decisiones concretas, con responsables, fechas y cronogramas, para evitar que La Virgen-La Cemento continúe acumulando compromisos sin llegar a la etapa de ejecución.La obra hace parte del proyecto Vías de Las Cigarras y ha sido reclamada durante años por habitantes y autoridades de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro, debido a los problemas de movilidad, accidentalidad y seguridad vial que se presentan en este corredor.
Otro camión terminó hundido en el río San Juan del municipio de Urabá mientras intentaba cruzar en un planchón, debido a la falta del puente Jalisco. Hartos de las promesas incumplidas, los habitantes del municipio iniciaron obras por su propia cuenta.El hecho se registró cuando un furgón que transportaba plátanos intentó realizar el cruce utilizando un planchón, recurso que los pobladores se han visto obligados a adoptar tras el colapso del puente Jalisco y, presuntamente por una falla en los frenos, terminó cayendo al rio. Este nuevo episodio revive la emergencia ocurrida el pasado mes de julio, cuando otro vehículo de alimentos corrió con la misma suerte, visibilizando las precarias condiciones de movilidad en la zona.La molestia ciudadana apunta directamente al Instituto Nacional de Vías (Invías). Según los habitantes, la entidad había prometido recuperar el puente principal a más tardar el pasado 31 de julio; sin embargo, el lento avance de las obras no permite ver su culminación, alimentando el descontento y la preocupación de agricultores y transportadores que ponen en riesgo sus vidas y sus cargas todos los días.Ante la inoperancia y los constantes riesgos en este corredor económico del Urabá antioqueño, las comunidades exigen acciones urgentes y definitivas por parte del Gobierno Nacional para restablecer un cruce seguro.
La transición en la administración de varios corredores viales del Oriente antioqueño que quedan en manos del Instituto Nacional de Vías, sigue generando preocupación entre autoridades locales por la respuesta ante emergencias, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las intervenciones pendientes en una de las redes viales más transitadas del departamento y el país.La inquietud se concentra especialmente en la autopista Medellín-Bogotá, eje estratégico para la movilidad de pasajeros y carga. Ante este panorama, el municipio de Guarne decidió anticiparse a posibles dificultades y anunció la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el Comité de Seguridad Vial con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en los tramos de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio, incluyendo el que conecta al aeropuerto José María Córdova.El alcalde Mauricio Grisales informó que Guarne ya cuenta con un protocolo para atender incidentes de tránsito, el cual incluye la disponibilidad de ambulancias, personal de emergencias y la capacidad instalada de los centros asistenciales de la localidad para recibir a las personas que puedan resultar lesionadas en diversas situaciones sobre las vías."En el momento no se ha definido, digamos, algo concreto con respecto a este tema, pero, entonces, desde el municipio para poder actuar, para brindar ese apoyo en todo lo que tiene que ver nuestra jurisdicción con la autopista Medellín-Bogotá y la vía al aeropuerto", indicó. El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno nacional para acelerar los trámites que permitan ejecutar las obras de movilidad priorizadas por administraciones locales y que requieren aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura.Los proyectos serán financiados con cerca de 121.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes generados por el recaudo de peajes durante más de dos décadas de operación de Devimed, pero están a la espera de autorizaciones finales por parte de dicha entidad.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las obras para la atención de la emergencia para estabilizar el tramo de la vía Bucaramanga – San Gil, en el sector de Pescadero, kilómetro 53, donde la fuerza del río Chicamocha socavó la banca de la carretera y obligó a mantener el tránsito restringido a un solo carril.Según explicó William Molano, director operativo de Invías, las labores iniciales buscan controlar el cauce del río para evitar que continúe erosionando la base de la vía. Para ello, maquinaria amarilla trabaja en la remoción de rocas y en el encauzamiento de las aguas hacia la parte central del afluente.Como parte de las medidas de mitigación también se instalarán rocas de gran tamaño en la base del talud para conformar una barrera de protección que reduzca el impacto del río sobre la carretera. Adicionalmente, el talud será recubierto para disminuir la erosión provocada por las lluvias y se construirá un jarillón que impida que el agua continúe afectando la zona inestable.Estas intervenciones temporales, que se espera concluyan en aproximadamente dos semanas, permitirán dar paso a los estudios y diseños de la solución definitiva para recuperar este corredor vial, uno de los principales ejes de conexión entre Bucaramanga y el sur de Santander.Invías estudia dos alternativas para la reconstrucción del tramo afectado. La primera consiste en construir una calzada en voladizo, soportada sobre pilares con cimentación profunda ubicados en la ladera, lo que permitiría restablecer el tránsito en ambos sentidos sin depender del terreno que resultó comprometido.La segunda opción contempla la construcción de un muro de contención en concreto con anclajes y cimentación profunda. Esta estructura permitiría estabilizar el talud, rellenar el sector afectado y recuperar la vía sobre su trazado original.Mientras se define la alternativa más conveniente, continúa vigente la restricción de tránsito para vehículos de carga pesada. En el sector solo está permitido el paso de automotores dentro del tonelaje autorizado, por lo que permanecen prohibidos los tractocamiones y los vehículos tipo doble troque.El director operativo de Invías indicó que, una vez concluyan los estudios y diseños, la entidad gestionará los recursos necesarios para ejecutar la solución definitiva y garantizar la estabilidad de este importante corredor nacional.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.