Más de 3.700 firmas fueron radicadas ante la Presidencia de la República para solicitar al Gobierno Nacional que priorice y gestione los recursos necesarios para avanzar en la doble calzada de la vía La Virgen–La Cemento, un proyecto estratégico para la movilidad del norte de Bucaramanga, el área metropolitana y Santander.La iniciativa fue impulsada por la Veeduría Ciudadana Doble Calzada Vía La Virgen–La Cemento, que llevó a Bogotá la petición de las comunidades para que se destraben los obstáculos que han impedido concretar esta obra, considerada clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte de productos hacia el interior del país.El proceso también cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, que realizó una tercera mesa de seguimiento con las entidades vinculadas al Comité Directivo del Convenio 1113 de 2016, representantes de la veeduría y líderes ciudadanos.Uno de los principales pendientes es la gestión de 125 predios necesarios para avanzar en el proyecto. Según explicó el representante a la Cámara por Santander, Diego Fran Ariza Pérez, 32 predios están bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que dispone de cerca de $38.000 millones para adelantar el proceso. Los otros 93 corresponden al Instituto Nacional de Vías (Invías).En las mesas de trabajo también se planteó estudiar la incorporación de Rionegro al comité directivo del convenio, buscar alternativas financieras para actualizar los estudios y diseños de los tramos 6A y 6B y convocar al director nacional del Invías para gestionar la priorización de la obra.El representante Ariza anunció, además, que radicó un debate de control político para que Invías, la ANI, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga expliquen el estado del proyecto y los compromisos para superar los retrasos.Por su parte, Jesús Caucil, representante de la veeduría ciudadana, destacó que la recolección de firmas busca que el Gobierno Nacional viabilice y priorice esta infraestructura, cuyo impacto, afirmó, beneficiaría no solo al norte de Bucaramanga, sino también a la competitividad regional.La movilización ciudadana surgió de la mesa de trabajo “Santander Dialoga: Soluciones para la vía La Virgen–La Cemento”, realizada el 13 de mayo de 2026. En ese encuentro se identificaron tres obstáculos principales: la falta de una fuente de financiación disponible para ejecutar las obras, la necesidad de actualizar los estudios y diseños y los trámites prediales pendientes.La radicación de las firmas representa una nueva presión ciudadana para que las entidades nacionales y territoriales definan una ruta concreta, con responsabilidades y plazos verificables, que permita avanzar en una obra reclamada por las comunidades desde hace décadas.
El tránsito de vehículos de carga articulados con mercancía quedó habilitado nuevamente desde este viernes 16 de octubre en el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–San Gil, en el sector de Pescadero, luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) verificara la ejecución de obras prioritarias para reducir el riesgo asociado a la socavación del río Chicamocha.La decisión quedó establecida en la Resolución 4983 del 16 de octubre de 2026, que modificó las restricciones que impedían el paso de vehículos de carga con mercancía por este tramo de la Ruta de los Comuneros. La medida cobija a los vehículos articulados de categorías C4, C5 y superiores, de acuerdo con lo establecido por la entidad.El Representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, celebró el levantamiento de la restricción y señaló que la decisión responde a las solicitudes de los transportadores y de los sectores económicos afectados por las limitaciones en la movilidad.“Celebramos el día de hoy que Invías ha escuchado a Santander, a los transportadores, especialmente a los de carga y a todos los que viven del sector del turismo y hotelería en estas zonas”, manifestó el congresista.Pinto recordó que desde el primero de octubre se había permitido el tránsito de vehículos de carga por este sector, pero sin mercancía, una condición que, según indicó, dificultaba la operación de los transportadores. Con el cambio de la resolución, podrán volver a movilizar productos por este corredor, lo que también permitiría reducir los costos de transporte entre Bucaramanga y Bogotá y disminuir la presión sobre otras vías, como la Transversal del Carare.Aunque se levantó la restricción, el corredor todavía no está completamente recuperado. Según la resolución, se mantiene el cierre parcial del carril izquierdo y el tránsito deberá realizarse de manera controlada y alternada por el carril habilitado, con señalización y seguimiento técnico.El Invías podrá suspender nuevamente la circulación si las condiciones climáticas, hidráulicas o geotécnicas representan un riesgo para los usuarios.El representante Pinto advirtió que estas obras son necesarias para recuperar las condiciones de tránsito, pero no sustituyen las inversiones que requiere la Ruta de los Comuneros para mejorar su capacidad y garantizar su estabilidad a largo plazo.Piden inversiones por $2,7 billones para la Ruta de los ComunerosPinto aseguró que Santander necesita una inversión cercana a los $2,7 billones para atender los principales problemas de este corredor vial. Entre las obras que considera prioritarias mencionó “la construcción de un tercer carril o carril de adelantamiento en Pescadero, el avance de la variante de San Gil y la construcción de una variante en Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad de recursos”.También insistió en la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo al pavimento a lo largo de la vía nacional.“Desde la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros, se han adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y el Invías para gestionar las obras que requiere Santander. Estas necesidades hacen parte de una agenda de nueve ejes viales que los representantes del departamento presentaron para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030”, explicó el Representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto.Dentro de esa agenda también están la terminación de la vía Bucaramanga–Pamplona, las obras pendientes en la conexión Bucaramanga–Barrancabermeja y corredores secundarios como San Gil–Charalá–Ocamonte y San Gil–Mogotes–Onzaga, entre otros.
Las autoridades reportaron el cierre de la vía Central del Norte que comunica a Málaga con Cúcuta, luego de que se registrara una pérdida de banca en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.La emergencia afectó uno de los tramos de esta importante carretera nacional, que comunica a Boyacá y Santander con la frontera con Venezuela, generando restricciones totales al paso de vehículos mientras se evalúan los daños y las condiciones de seguridad en la zona.Conductores y transportadores que se movilizan entre el centro y el nororiente del país han sido llamados a atender las recomendaciones de las autoridades y consultar el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos desde Bogotá hasta la capital de Norte de Santander, por la carretera conocida como Central de Norte. El Invías reportó que también hay problemas de movilidad entre Norte de Santander y Arauca por el cierre parcial en el sector La Lejía – Saravena, entre los kilómetros 36 y 48 por deslizamientos de tierra y hundimiento de la calzada. Se espera que los organismos competentes adelanten las labores de inspección y definan las acciones necesarias para recuperar la movilidad en este corredor estratégico del oriente de Colombia.
En el Atlántico, Camacol pidió al Invías la suspensión definitiva del cobro de valorización de la Vía al mar que comunica a Barranquilla y Cartagena. Señala la agremiación que, con ese cobro que viene desde el Gobierno anterior, se está atropellando a la Región, y aún falta la construcción de 60 kilómetros de la doble calzada que comunica a las dos capitales.En una carta dirigida al director del Invías, Juan Camilo Ostos, Camacol en el Atlántico hizo la solicitud para suspender definitivamente el cobro de Valorización sobre la carretera Cartagena–Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad, comúnmente conocida como la Vía al mar.Afirma Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol, que es un atropello el que se quiere cometer con el Caribe desde el gobierno anterior con el cobro de la valorización desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, en una vía que tiene 40 o 50 años y que no da ninguna valorización.“Nosotros desde el gobierno pasado hemos considerado que es un atropello contra la Región Caribe. Es un laboratorio que quiso hacer el Gobierno del señor Petro con la Costa. Quieren cobrar desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, cuando es una vía que tiene 40 o 50 años, que no nos da ninguna valorización. Le puede interesar: Casi listo otro impuesto en Antioquia: proyecto de obras por valorización pasó segundo debateEl director de Invías habló de una plusvalía, creo que también está equivocado”.Agrega el dirigente gremial que tanto Camacol como otras organizaciones y los residentes de los 248.000 predios que colindan con la Vía al Mar confían en que el actual Gobierno y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que en su momento respaldó su posición, suspendan definitivamente el cobro.“Sabemos que este Gobierno ha tratado muy bien a la Costa y, con base a eso, estamos confiados en que tomen atenta nota de la carta con justificaciones técnicas y jurídicas que les enviamos”.En su comunicación al director del Invías, Camacol señala que si bien el cobro hoy está suspendido temporalmente y ellos interpusieron una demanda contra el mismo por ser inequitativo, comparado con otras regiones del país donde se han dado grandes desarrollos de carreteras, en esta parte de la Costa no se ha podido terminar el corredor vial Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena, por lo que se debe adoptar una decisión institucional que cierre definitivamente la controversia.“Nosotros hemos sido partidarios de que los peajes hay que hacerlos para mantener la vía, pero hay que hacer más inversión y hay que terminar los 60 kilómetros de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. No es posible que Medellín, Cali, Bogotá tengan. y esto no es culpa de este Gobierno, han hecho las grandes autopistas del país ¿y nosotros no hemos podido terminar Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena? De verdad que es algo que es muy complicado”, concluyó el presidente de la junta directiva de Camacol.
A pesar de que el Invías había anunciado transito normal para toda clase de vehículos por el kilómetro 53, sector Pescadero, en la vía entre Bucaramanga y San Gil, a partir de este 1 de octubre, seguirá restringido el paso para vehículos con carga por este punto. Según la entidad, se requieren obras adicionales para estabilizar la vía y evitar nuevas pérdidas de banca.La afectación se originó por la socavación provocada por el río Chicamocha, que ocasionó la pérdida de un tramo de la banca y obligó a restringir el tránsito mientras se adelantan trabajos para estabilizar el terreno.De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, los estudios geotécnicos más recientes determinaron que todavía es necesario avanzar en las obras de refuerzo antes de permitir el paso de vehículos de cuatro o más ejes que circulen cargados.En particular, “se requiere culminar la instalación de pernos de anclaje para fortalecer la estabilidad del terreno”, explicó Invías.Sin embargo, a partir de este jueves 1 de octubre se modifican parcialmente las condiciones de circulación. Los vehículos articulados tipo C4, C5 y superiores que transiten sin carga podrán pasar por el sector, en un solo carril y bajo señalización y control permanente.La restricción continúa para los vehículos C3, C4 y C5 que circulen con carga, así como para los vehículos superiores a C5 en esas mismas condiciones.Invías explicó que entre las obras adelantadas en el sitio se encuentra la construcción de un enrocado para proteger el pie del talud de la corriente del río Chicamocha, el recubrimiento de la ladera con concreto lanzado y la instalación de pernos de anclaje de hasta 12 metros de longitud.Mientras avanzan estos trabajos, el instituto también mantiene un sistema de monitoreo del comportamiento de la vía, con puntos de control topográfico instalados cada cinco metros a lo largo del carril habilitado.“La apertura total del paso para vehículos de carga dependerá de la culminación de las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la zona y reducir los riesgos para quienes transitan por este corredor”, señaló Invías.Como alternativas, los vehículos pueden utilizar la ruta Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga. Para vehículos de hasta tres ejes también está disponible el recorrido por Socorro–Zapatoca–Girón.Invías pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que permanece en el sector, además de planificar los desplazamientos con anticipación mientras continúan las obras de recuperación de la vía.
Santander busca recuperar la conexión vial con la provincia de Soto Norte, integrada por California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, una zona que además sirve como puerta de entrada al páramo de Santurbán.El proyecto contempla 92 kilómetros de intervención y ya cuenta con estudios y diseños de fase III, un avance que ahora permite a las autoridades comenzar la gestión de los recursos necesarios para ejecutar las obras. La Gobernación de Santander confirmó este año que cuenta con los estudios y diseños para avanzar en la pavimentación de estos 92 kilómetros.La importancia del proyecto va más allá de mejorar el desplazamiento de los habitantes. La conexión vial es fundamental para que los productores de la provincia puedan sacar sus cosechas hacia Bucaramanga y otros mercados, además de facilitar el desplazamiento de visitantes hacia una zona con potencial turístico por sus paisajes, pisos térmicos y cercanía al páramo de Santurbán.El ingeniero civil Marco Antonio Solano explicó que en esta región se producen alimentos como papa, cebolla y plátano, entre otros productos agrícolas, y que las dificultades de transporte terminan afectando directamente a los campesinos.“Si un agricultor no tiene un medio de transporte para sacar sus productos, la provincia se deteriora”, señaló Solano.Por eso, el mejoramiento de la conexión vial es visto por las autoridades como una oportunidad para fortalecer la agricultura, dinamizar el turismo, facilitar el transporte y generar mejores condiciones para la inversión en los seis municipios de Soto Norte.Soto Norte tiene además una relación directa con el entorno del páramo de Santurbán, por lo que mejorar las vías también podría facilitar el acceso de turistas a esta zona de alta montaña.Para las autoridades, el potencial turístico de la provincia está relacionado con sus diferentes pisos térmicos y sus paisajes naturales, pero también depende de que existan mejores condiciones de acceso.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que contar con estudios y diseños es precisamente lo que permite avanzar en la búsqueda de recursos para una obra de esta magnitud.“La falta de estudios y diseños es la gran limitante de los alcaldes y gobernadores para obtener recursos”, afirmó Díaz.Otro de los argumentos de la Gobernación es la importancia de Soto Norte para el abastecimiento de agua de Bucaramanga.El gobernador ha planteado que los habitantes de esta provincia han cumplido durante décadas un papel fundamental en el cuidado de las fuentes hídricas que abastecen a la capital santandereana y que ese aporte debe estar acompañado de inversión en el territorio. La Gobernación ha señalado a los habitantes de Soto Norte como “guardianes del agua” y ha defendido una mayor retribución para la provincia.Para las autoridades, mejorar la conexión vial permitiría que esa zona tenga mejores condiciones para desarrollar su economía sin perder de vista su importancia ambiental.De acuerdo con el ingeniero Marco Antonio Solano, el costo estimado del proyecto asciende a $933.000 millones.El gobernador Juvenal Díaz reconoció que Santander no cuenta con los recursos suficientes para asumir por sí solo una inversión de esta magnitud, por lo que el departamento tendrá que gestionar el respaldo del Gobierno nacional.La apuesta es que los estudios y diseños de fase III permitan presentar el proyecto ante la Nación con una estructuración técnica que facilite la búsqueda de financiación.Para Soto Norte, el objetivo es que la falta de vías no siga limitando la salida de los productos del campo, el crecimiento del turismo y las oportunidades económicas de sus habitantes.Los 92 kilómetros de intervención representan así una apuesta por mejorar la conexión de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas con Bucaramanga y fortalecer una provincia que tiene importancia agrícola, turística y ambiental para Santander.
Hasta las instancias judiciales debieron recurrir autoridades en el Urabá antioqueño para lograr soluciones prontas a las dificultades que desde hace más de ocho meses se registran para la movilidad entre los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.Un frente frío que azotó esta subregión de Antioquia a inicios de febrero generó graves afectaciones en infraestructuras como el colapso del puente sobre el río San Juan y desde entonces habitantes de la zona y transportadores han estado a la espera de soluciones por parte del Invías.Inicialmente la entidad del Gobierno nacional se comprometió a instalar un puente provisional a más tardar el 31 de julio, sin embargo, la infraestructura no ha entrado en funcionamiento y ahora la medida provisional de una tutela obliga a reactivar las obras.Le puede interesar: Camión cae al río San Juan de Urabá: reclaman el puente prometido por el Gobierno NacionalLa acción legal fue interpuesta por la Personería de San Juan de Urabá apelando a la protección de los derechos e intereses colectivos en medio de los riesgos que afrontan habitantes de la zona y en donde en los últimos meses ya se han registrado al menos dos incidentes con vehículos de carga que intentan cruzar el afluente en planchones.La medida provisional establece 30 días al Invías para que inicie las labores de instalación del puente modular y en caso que no sea posible por condiciones técnicas, informar sobre una medida alternativa para garantizar un tránsito seguro y permanente de peatones y otros usuarios de esta vía nacional.Previo a cumplirse el plazo del 31 de julio para la instalación de la infraestructura, la entidad del Gobierno nacional había explicado que durante las maniobras de montaje habían aparecido dificultades técnicas que no estaban contempladas en la planificación inicial. Según el Invías, esto obligó a modificar el procedimiento constructivo y, por tanto, a reprogramar la habilitación del paso.
Transportadores, comerciantes y comunidad de la zona de Pescadero, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil, protagonizan desde esta mañana una protesta por las demoras en las obras de recuperación de un tramo afectado por la socavación del río Chicamocha, que mantiene el paso restringido a un solo carril y con prohibición de tránsito para vehículos pesados.La emergencia se originó en el kilómetro 53 de la vía nacional, en jurisdicción del municipio de Aratoca, donde una creciente súbita del río Chicamocha aceleró la socavación de la banca y comprometió parte de la calzada. La situación se agravó con las lluvias, al punto de que el Invías debió habilitar el paso a un solo carril ante el riesgo de colapso del sector del puente Pescadero. Solo después de ocho días del derrumbe la entidad inició las obras de mitigación, consistentes en la construcción de un enrocado en la base del talud para contener el avance de la erosión.Según la comunidad, el Invías había informado que los trabajos terminarían este 15 de septiembre, pero en un comunicado la entidad señaló que las obras se extenderán al menos dos semanas más. Los manifestantes exigen soluciones para habilitar nuevamente el paso de vehículos de carga y reclaman la presencia de la ministra de Transporte en el lugar."Se manifiesta el incumplimiento del Invías, ya que se había comprometido a que hoy habilitaban la vía y nada, no hay solución. Se exige una solución completa y solicitamos la presencia de la ministra de Transporte", expresó Luis Lozano, uno de los integrantes de la protesta.La situación golpea con fuerza a los transportadores de carga, quienes deben utilizar una vía alterna que incrementa en cinco horas el tiempo de recorrido y eleva considerablemente los costos de operación. Le puede interesar: Congreso exige soluciones inmediatas para la vía Bucaramanga-BogotáLos vehículos pesados deben desviarse por el corredor Tunja, Duitama, Málaga, Pamplona y Bucaramanga, un trayecto que aumenta tiempos de viaje, consumo de combustible y costos logísticos, afectación que termina trasladándose a los precios de los productos que se movilizan por este corredor, uno de los más importantes de Santander.Mientras tanto, Invías aseguró que las obras de mitigación en el kilómetro 53 ya alcanzan un 75 % de avance y que la meta es culminarlas antes del 30 de septiembre, fecha tras la cual, una vez verificadas las condiciones de seguridad, se levantaría la restricción para vehículos de más de tres ejes. La entidad también informó que continúa con los estudios y diseños de la solución definitiva para este sector, que registran un 20 % de ejecución.La protesta se suma a las denuncias de la comunidad sobre el riesgo por la socavación de las bases del puente Pescadero, a lo que se atribuye la pérdida de la banca en el kilómetro 53. Los habitantes insisten en que los plazos anunciados no se han cumplido y advierten que mantendrán la movilización hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades nacionales.
Las obras de mitigación que se ejecutan en el sector Pescadero, en el kilómetro 53 de la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, alcanzaron un avance del 75% y, según el Instituto Nacional de Vías, Invías, la intervención estaría terminada antes del próximo 30 de septiembre.Los trabajos se realizan para atender las afectaciones ocasionadas por la socavación del río Chicamocha, que comprometió la banca de este corredor. Actualmente, las labores incluyen la instalación de enrocados y el reforzamiento de las estructuras de contención para proteger la vía.Mientras se completan estas intervenciones, el tránsito continúa habilitado a un solo carril y se mantiene la restricción para vehículos de más de tres ejes como medida preventiva. Invías indicó que, una vez finalicen las obras y sean verificadas las condiciones de seguridad, se evaluará el levantamiento de esta limitación y el regreso a la movilidad normal.La situación ha generado mayores tiempos de desplazamiento y costos para los transportadores y usuarios de la vía, especialmente para quienes deben utilizar recorridos alternos. Entre las rutas habilitadas se encuentran Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga y, para vehículos de hasta tres ejes, Socorro–Zapatoca–Girón.Además de las obras que se ejecutan actualmente, el Invías avanza en los estudios y diseños de una solución definitiva para el sector. Este proceso tiene un avance del 20% y está previsto que concluya en diciembre de 2026, con el propósito de definir las obras necesarias para atender de manera permanente las condiciones que afectan este tramo.
Los conductores que tengan previsto movilizarse por la vía Málaga–Los Curos, en Santander, deberán ajustar sus recorridos durante los próximos meses por los cierres autorizados en este corredor vial.La medida comenzó a aplicarse este viernes, 4 de septiembre, y estará vigente hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con la autorización otorgada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante la Resolución 4255 del 31 de agosto de 2026. La información fue divulgada por el Consorcio Vías Colombia 066, encargado de las obras en este sector.La restricción se concentra en la Ruta Nacional 55ST02, entre los PR 35+000 y PR 41+000, en el sector de la vereda Pangua, municipio de San Andrés.Por la ejecución de los trabajos, el tránsito tendrá interrupciones programadas durante diferentes momentos del día y la noche.El Consorcio recomendó a los viajeros que necesiten desplazarse entre esta zona y Bucaramanga considerar como alternativa la ruta Málaga–Pamplona–Bucaramanga, en ambos sentidos.Durante estos días, la vía permanecerá cerrada en cuatro franjas principales de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y en horas de la tarde de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente habrá cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.En consecuencia, las ventanas de paso durante el día serán de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., de 12:00 del mediodía a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.Los domingos también habrá restricciones. El cierre se programó desde las 7:00 a. m. a 9:00 a. m. de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.Durante esta última franja se realizarán cierres intermitentes cada 40 minutos, con aperturas de 20 minutos.Ante esta programación, las autoridades y el consorcio encargado de las obras recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos, especialmente quienes deban recorrer el corredor entre Málaga, San Andrés, Los Curos y Bucaramanga.Quienes necesiten información sobre los cierres pueden comunicarse con el Consorcio Vías Colombia 066 al número 317 369 2086 o a través del correo notificacionescvc066@casahidalgo.com.co.La recomendación principal para quienes no puedan ajustar sus horarios es utilizar la ruta alterna Málaga–Pamplona–Bucaramanga, teniendo en cuenta las condiciones y restricciones que puedan presentarse en el corredor.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.
