Tras encontrón entre Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro por la disyuntiva en sí se deben invertir recursos en obras de infraestructura o en acueductos y el reclamo porque la vía entre Chocó y Antioquia no avanza, el Invías anunció que adjudicó contratos de obra e interventoría para corredores viales por más de 350.000 millones de pesosEl Invías anunció que adjudicó los contratos de obras e interventorías de los corredores viales Quibdó – Medellín y Quibdó - Pereira cuyos recursos superan los $355.296 millones, a propósito de que este fue uno de los puntos de la reciente controversia entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón.El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante el Congreso Internacional de Infraestructura en la ciudad de Cartagena marcó un nuevo encontró con el mandatario antioqueño, pues criticó la rapidez en la construcción de vía al mar en Antioquia, lo que no viene ocurriendo con la vía que lo comunica con el departamento de Chocó.“La carretera Medellín -Chocó, ustedes han hecho la doble calzada Medellín -Mar, y hay un puerto que se está haciendo ahí, Puerto Antioquia, con ayuda nuestra, pero ¿por qué la vía 4G se hace rápido hasta el mar y por qué en Medellín no? 20 años lleva la obra”, reclamó el presidente PetroRendón decidió responder a algunas de las declaraciones del jefe de Estado frente a la priorización de recursos para obras, indicando que debe preguntarle a sus funcionarios, quienes son lo que deberían “rendirle cuenta sobre esos asuntos”.“Y estoy de acuerdo con usted, le había dicho que no se le agote el tiempo en ese mismo lamento y más bien puedan proceder a la acción finalmente de eso se trata gobernar”, aseguró.Sobre el tramo entre la capital antioqueña y la del Chocó, el Invías anunció que el contrato de obra, así como la pavimentación de 10 kilómetros de vía faltante y la atención de 15 puntos críticos, estará a cargo del Consorcio Conexión Medellín - Quibdó y tiene un valor superior a los 155.000 millones de pesos, mientras que la auditoría la adelantará el Consorcio Cordillera Occidental, quien realizó una oferta por valor de 14.800 millones de pesos.A su vez, el contrato de obra para el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y atención de puntos críticos de la Transversal del Pacífico (Quibdó – Pereira) fue adjudicado a través de licitación pública, que comprende la pavimentación de los 6,5 kilómetros restantes del corredor y la atención de nueve puntos críticos entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, los trabajos estarán a cargo del Consorcio San Alfonso, con recursos por más de 170.000 millones de pesos.
En días pasados, la Contraloría emitió un comunicado sobre más de 200 alertas en proyectos de infraestructura, vivienda y acueducto en el que mencionó que la ejecución del proyecto Caminos Comunitarios tiene una ejecución rezagada. Sin embargo, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el director de Invías, Juan Carlos Montenegro, refutó el informe de la Contraloría asegurando que a la fecha hay 800 de 1.100 caminos comunitarios que se tienen previstos.Entre tanto, para la Contraloría no se puede considerar como satisfactorio el proyecto, que las condiciones estén controladas y cubiertas, ya que de los $8 billones previstos, solo se han invertido $525.000 millones que corresponden al 6,56 % de la meta, esto en lo transcurrido de 27 de los 48 meses de Gobierno actual. Así mismo, la Contraloría insiste que al 15 de octubre del 2024 se han terminado 728 de los 2,157 convenios y contratos firmados en 2023 y 2024, afirmando que en varios de estos hubo prórrogas de plazos a un promedio de cinco meses.Por su parte, la Contraloría confirmó que a partir del enero del 2025 se realizará una auditoria de cumplimiento al Invías por el programa caminos comunitarios de la vigencia 2023 y 2024 para la revisión general de la gestión fiscal de los recursos públicos.
El colapso del puente Primero, ubicado en la vía Curos - Málaga en Santander, generó una solicitud de sanción contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Comité de Verificación. Danil Román Velandia Rojas, actor popular en el proceso judicial, advirtió que la estructura presenta fallas desde abril de 2023 y se encuentra en riesgo inminente. La situación amenaza con dejar incomunicada la región y agravar las pérdidas económicas y sociales para las comunidades aledañas.En una acción popular, Velandia denuncia la falta de avances en la pavimentación total de la vía y la atención a puntos críticos como el sector de Canelos. Señala que, pese a sentencias de 2017 y 2019 que ordenan la gestión del riesgo y la ejecución de obras, el Invías no ha cumplido con los cronogramas establecidos, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad constante.Velandia también cuestionó el papel del Comité de Verificación, creado para supervisar el cumplimiento de las providencias judiciales. Sostiene que: “solo el alcalde de Santa Bárbara y su secretaria de Planeación han reportado problemáticas en sus respectivas jurisdicciones, mientras que otros municipios involucrados no han informado sobre las condiciones críticas del corredor vial. La ausencia de seguridad vial y el silencio administrativo del Comité representan un riesgo social y mayor para las comunidades”, subrayó el demandante.Las sentencias de 2017 y 2019 ordenaron al Invías formular proyectos de gestión de riesgo, construir un paso peatonal seguro en el kilómetro 94+940 y garantizar la pavimentación de la vía. Sin embargo, los avances han sido insuficientes, con obras como las ejecutadas entre San Andrés y Guaca que ya muestran daños significativos. Además, el contrato de obra No. 1639 de 2015 y otros convenios vinculados no han logrado concluir las intervenciones necesarias.En el documento dirigido al Tribunal Administrativo de Santander y a la Procuraduría General de la Nación, Velandia solicitó; sanciones contra Invías y exige imponer multas y arrestos al actual director general del Invías por incumplimiento de las providencias judiciales; una convocatoria al Comité de Verificación que comprende una reunión presencial con la participación obligatoria de los alcaldes y sus secretarios de Planeación e Infraestructura.“También la vinculación de expertos. Pido la participación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Sociedad Santandereana de Ingenieros para evaluar el estado real de la vía. También solicito a la presidencia de la República y al Ministerio de Transporte asegurar los recursos necesarios para cumplir con las obras”, señala Danil Velandia, demandante, en la solicitud.El colapso del puente y el retraso en las obras afectan a miles de habitantes y comerciantes de la región. La vía Curos - Málaga es fundamental para la conexión de Santander con el oriente país, y su deterioro incrementa el riesgo de accidentes y perjuicios económicos.
Debido a la emergencia que se registra en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, por el desprendimiento de gigantescas rocas y un movimiento en masa de una montaña que amenaza con desprenderse, la concesión Ruta del Cacao informó sobre restricciones vehiculares.Así las cosas, desde el intercambiador La Paz – La Renta – Intercambiador Lisboa, es decir, la vía antigua a Barrancabermeja, estará habilitada únicamente en horario diurno (6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde); entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana estará con cierre total como medida preventiva.“Los vehículos permitidos para transitan serán los de peso máximo de 5.5 toneladas, según la Resolución 00214 del Invías y la alternativa para tránsito nocturno será la ruta Rionegro – San Alberto – La Lizama”, informó la concesión.Para el caso Intercambiador La Paz – Viaducto Riosucio – Intercambiador Lisboa, es decir la vía nueva, estará con cierre total preventivo hasta culminar las intervenciones que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía.La concesionaria, a su vez, destinó equipos especializados para evaluar y reparar los daños, priorizando la seguridad de los usuarios. Se advierte que, en caso de lluvias, el cierre del tramo del intercambiador La Paz – La Renta – Intercambiador Lisboa será inmediato.Mientras tanto, la única opción de ruta alterna para quienes viajan entre Bucaramanga y Barrancabermeja es tomar el desvío hacia San Alberto, pasando por El Playón.Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal operativo, respetar la señalización y estar atentos a los comunicados oficiales publicados en la página www.rutadelcacao.com y redes sociales, así como a la información proporcionada por el Invías y la Policía Nacional.
Debido a los cierres por desprendimiento de rocas y daños en los corredores viales de los municipios de San Andrés y Málaga, en el departamento de Santander, se reabrió el antiguo paso vehicular, luego de los trabajos adelantados entre la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión de Riesgo y el Instituto Nacional de Vías (Invías).Se instalaron puntos de control antes y después del puente, las 24 horas del día, para que el paso de los vehículos, uno a uno, no se vea afectado y se lleve a cabo de manera ordenada en la zona afectada.Mediante la Resolución 5530, se cerró el paso para todo tipo de vehículos en el puente ‘Primero’, del km 51+175 hasta el km 51+217, en el municipio de San Andrés, debido al movimiento presentado en la superestructura del puente.Por lo tanto, se habilita para los vehículos de carga la vía alterna Málaga – Pamplona – Bucaramanga.Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que “es importante manifestar que ingenieros y especialistas del Instituto ya realizaron un diagnóstico preliminar, que viabiliza obras para la reparación del puente y permitirá dejarlo en las condiciones de diseño para su correcto funcionamiento y operación”.Asimismo, aseguraron que tendrán en cuenta los demás pasos preventivos que se registran hasta la fecha en el departamento de Santander, con el fin de no afectar la movilidad en las vías de la región.
La emergencia se registra en la vía principal que de Piedecuesta conduce a Málaga, Santander, específicamente entre los municipios de San Andrés y Guaca. Las lluvias debilitaron las bases que sostienen el puente vehicular, conocido como ‘Primero’, que empezó a abrirse y a colapsar.Esta situación deja incomunicados a 13 municipios del oriente de Santander con Bucaramanga, por la vía principal Curos - Málaga. Según denuncian las autoridades locales, el puente ya venía presentando problemas estructurales, los cuales no fueron atendidos a tiempo.Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, expresó su preocupación y tristeza ante la situación. "Es otra noticia triste porque nos afecta profundamente. Este puente Primero ya había tenido varias afectaciones previas, especialmente fisuras en la parte estructural y metálica. En su momento, el consorcio contratista de Invías que se encargaba de su mantenimiento decidió colocar costales llenos de arena como solución para estabilizarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa medida, se los manifesté en varias reuniones", explicó Ramírez.El alcalde también destacó que, tras la detección de los primeros daños, se realizaron reuniones con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros alcaldes de la región para alertar sobre la necesidad urgente de reparar el puente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el colapso se produjo a principios de esta semana, cuando los habitantes de la zona escucharon un fuerte estruendo, lo que les hizo temer lo peor."El consorcio nos informó que tenían un presupuesto de $1.200 millones para atender la emergencia. No obstante, los daños eran tan graves que no se pudo evitar el colapso", indicó el mandatario local, quien también reveló que hace una semana se había reunido con el ingeniero del consorcio, quien le había confirmado que las soldaduras del puente se estaban despegando.Las autoridades locales solicitaron a Invías y al Gobierno Nacional una solución inmediata, pues los impactos en el transporte, la economía local y la seguridad de los habitantes son graves.
Lluvias constantes en varias zonas de Antioquia, especialmente en el Oriente antioqueño, llevaron a las autoridades a tomar medidas especiales para prevenir emergencias en la autopista Medellín-Bogotá.Por esto, el Invías autorizó el cierre parcial o total en caso de lluvias o riesgos de deslizamientos en el tramo peaje Cocorná a la altura del cruce del sector Caño Alegre.En caso de algún riesgo para la movilidad el corredor operará a un carril entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que si estas condiciones se registran en horas de la noche habrá un cierre total entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m."La Dirección de Tránsito de la Policía tiene la autorización y el deber de hacer el cierre en este sector si continúan los fuertes aguaceros que se han presentado. Esto con el propósito de mantener y salvaguardar la vida de todos los usuarios que transitan por ese sector de la vía", destacó Mauricio Hoyos, director territorial del Invías en Antioquia.Como vías alternas desde la capital antioqueña hasta Bogotá se recomienda tomar la ruta Medellín - Cisneros - Puerto Berrío - Puerto Boyacá - Caño Alegre o la ruta Medellín - Manizales - Bogotá.De igual manera las autoridades recomendaron consultar en tiempo real el estado de las vías a través de la línea gratuita #767.
El Invías, a través de la resolución Resolución No. 4617 del 1 de octubre de 2024, estableció el procedimiento para acceder al beneficio de tarifa especial en los peajes Río Bogotá y El Corzo. A continuación encontrará el procedimiento para realizarlo. (Información publicada por el Invías)El usuario interesado, radicará a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co del actual Operador del recaudo de peaje, o en la de aquél que a futuro adelante dicha gestión, la solicitud de beneficio de tarifa diferencial siempre que cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo segundo, remitiendo el formato debidamente diligenciado con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo tercero de la presente resolución.El Operador evaluará y notificará al usuario la aprobación de la tarifa especial, indicándole los trámites a seguir para obtención del beneficio, o devolverá aquellas que no con cumplan los requisitos establecidos, acciones que llevará a cabo en un término máximo de tres (3) meses calendarios siguientes a la radicación de la solicitud.Aprobada la solicitud, se deberá adquirir a costo del beneficiario de la tarifa especial, un TAG (dispositivo para pago electrónico vehicular), con cualquiera de los intermediadores acreditados para tal fin por el Ministerio de Transporte. Si en un lapso de 15 días calendario después de haberle notificado la aprobación del beneficio al beneficiario este no adquiere el TAG ni solicita la cita para que le sea asociado, dicho beneficio se perderá.Una vez adquirido el TAG, deberá programar la asociación del TAG a la tarifa especial, para lo cual hará una cita en la misma página web, para presentarse con el vehículo, el documento de identidad, la licencia de tránsito y la tarjeta de operación vigente, para los casos en que este último aplique.¿Quiénes pueden acceder a la tarifa especial en los peajes Río Bogotá y El Corzo?Residentes de alguno de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá y que lo hayan hecho en forma continua e ininterrumpida, como mínimo durante los tres (3) años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de tarifa especial.Vehículos y empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, cuyas rutas tengan origen en Bogotá con destino final a cualquiera de los municipios referidos con anterioridad.Empleados de las entidades públicas o empresas privadas, debidamente certificados por la Entidad o empresa que corresponda, con indicación expresa que el solicitante desempeña sus labores permanentemente en cualquiera de los municipios indicados.Vehículos de las empresas, entidades o instituciones, según sea empresa pública o privada, con asiento jurídico o comercial en alguno de los municipios referenciados.RequisitosPara los vehículos de servicio particular Categorías IE, IIE, IIIE y IVEPresentar una solicitud escrita dirigida a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co, junto con el formulario dispuesto para tal fin en la página indicada con anterioridad, anexando copia de los siguientes documentos:a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante o su equivalente para los casos a los cuales aplique, o certificado de existencia y representación legal tratándose de Persona Jurídica.b) Certificación de residencia expedida por el Alcalde Municipal de los municipios Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, o por quien estos deleguen, según sea el caso, con una vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de radicación de la solicitud, en la cual se haga constar que el solicitante reside en alguno de dichos municipios en forma continua e ininterrumpida, durante los tres (3) años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de tarifa diferencial.c) Certificación expedida por el Alcalde Municipal de los municipios Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, o por quien estos deleguen, según sea el caso, con una vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de radicación de la solicitud, en la cual se haga constar que el solicitante desarrolla su actividad comercial y/o laboral en alguno de dichos municipios.d) Certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no superior a 30 días, copia auténtica del contrato de arrendamiento en la cual conste que el solicitante, su cónyuge o un familiar en el primer grado de consanguinidad es propietario, arrendatario de un inmueble ubicado en los Municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá.e) Certificado de cámara de comercio y el certificado laboral expedido por el propietario del Establecimiento de comercio o empresa en el cual se acredite la condición de empleado o contratista, del propietario del Vehículo.f) Si el solicitante es empleado o contratista de Empresa que tiene su centro de trabajo en los Municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, además de contar con lo indicado en el literal c. deberá acompañar su solicitud de un certificado laboral expedido por su contratante o empleador, tanto en el casco urbano como en el área rural, (mismo comentario que arriba) en el cual se especifique cargo y ubicación del centro de trabajo. (Se sugiere la redacción anterior).g) Copia de la licencia de tránsito del vehículo en la que conste que el mismo es de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.h) Contar con SOAT y certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes, consulta que oficiosamente hará el Operador en la plataforma del RUNT.i) No contar con sanciones vigentes por infracciones a las normas de tránsito, ni haber sido ser reportado como evasor de la tasa de peaje en cualquiera de las estaciones del país, consulta que oficiosamente hará el Operador.II. Vehículos de servicio público de pasajeros Categorías IE y IIEEl representante legal de la empresa de transporte deberá presentar una solicitud escrita dirigida a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co, junto con el formulario dispuesto para tal fin en la página indicada con anterioridad, anexando copia de los siguientes documentos:a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.b) Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte, a la cual está vinculado el vehículo, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días a la presentación de la solicitud.c) Fotocopia de la licencia de tránsito del dueño del vehículo, en la que conste la propiedad del mismo. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.d) Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual está vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para operar en alguna de las rutas autorizadas desde Bogotá a cada uno de dichos municipios y viceversa.e) Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en el que se indique que el vehículo se encuentra vinculado y autorizado para operar en alguna de las rutas desde Bogotá a cada uno de dichos municipios y viceversa.f) Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.g) Contar con SOAT y certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes, consulta que oficiosamente hará el Operador en la plataforma del RUNT.j) No contar con sanciones por infracciones a las normas de tránsito ni ser reportado como evasor de la tasa de peaje en cualquiera de las estaciones del país, consulta que oficiosamente hará el Operador.Además del cumplimiento de todos los requisitos señalados anteriormente, tanto para vehículos particulares como para vehículos de servicio público de pasajeros, el usuario que haya sido autorizado para el beneficio de la tarifa especial deberá adquirir a su costo un TAG (dispositivo para pago electrónico vehicular) ante cualquiera de los intermediadores autorizados por el Ministerio de Transporte, los cuales podrá consultar en link: https://colpass.mintransporte.gov.co/usuarios/. Dicho TAG será de uso exclusivo e intransferible del vehículo beneficiado, debiendo resaltar que el beneficio de la tarifa especial aplica solamente para las estaciones de río Bogotá y El Corzo, ante lo cual, si se hace tránsito por una estación diferente a las mencionadas, el valor a descontar a través del dispositivo TAG será el que aplique en cada estación de peaje.
La Procuraduría abrió investigación por presuntas irregularidades en la contratación con el Invías para construcción de carreteras en el municipio de Necoclí. Indagan relación de empresa seleccionada sin experiencia con el viceministro del DeporteLa construcción de carreteras en el municipio de Necoclí en medio de un contrato por 5.500 millones de pesos con el Invias tiene ahora en el ojo del huracán al viceministro del Deporte, Manuel Palacio Blandón.Y es que la Procuraduría General decidió abrir una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de ese contrato en el Urabá antioqueño.Esto porque, al parecer, la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, a quien se adjudicó la ejecución de la obra de manera directa, no contaba con la idoneidad ni la experiencia necesarias, pues presuntamente su razón social no guardaba relación con la construcción de este tipo de infraestructuras.Precisamente, el viceministro Blandón se desempeñó como presidente de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones durante más de tres años, entre el 2021 y el pasado 2 de mayo y, probablemente, tuvo conocimiento de este proceso de selección.Tras la apertura de la indagación, el ente de control busca recaudar las pruebas necesarias y suficientes para determinar si la conducta configura una falta disciplinaria e iniciar el respectivo proceso que podría derivar tanto en sanciones para el Invias, la empresa contratista y el mismo funcionario del Gobierno nacional.
En un esfuerzo conjunto para mejorar la conectividad y seguridad vial en la Troncal Central de Santander, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Gobernación de Santander anunciaron un nuevo plan de financiamiento para el corredor vial que conecta Zipaquirá, Bucaramanga y San Alberto. Este proyecto busca recaudar 2,4 billones de pesos en un periodo de 20 años mediante la inversión de los peajes de Oiba, Curití y Los Curos, fondos que serán destinados a la ejecución de obras de infraestructura claves en la región.El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destacó la importancia de que los recursos recaudados en estos peajes se queden en el departamento: “El recurso obtenido mediante los tres peajes en Santander era una necesidad latente de la comunidad, ya que ellos venían manifestando por años que lo recolectado en los peajes de la región se invirtiera en la región. Esta es una gran noticia para nosotros”.La iniciativa, denominada ‘Vías de Los Comuneros’, contempla proyectos específicos que mejorarán significativamente el tránsito en la región. Entre las obras proyectadas se incluyen la rehabilitación y mejoramiento de 50 kilómetros de vía, la construcción de puentes peatonales, y la atención a puntos críticos. También se destinarán recursos para completar la Variante de San Gil, la Variante del Socorro y el Intercambiador del Buey, en Bucaramanga, infraestructura prioritaria que, según Díaz, permitirá resolver problemas de movilidad en esta vía, históricamente abandonada.Para la gestión de estos fondos, la Gobernación planea estructurar un convenio con entidades de banca multilateral, como Findeter, que permitiría asegurar el financiamiento a través de la pignoración de los peajes.El gobernador explicó que “la idea es que estos peajes se pignoren y se puedan hacer las obras. Hay que estructurar el convenio y esperamos que en diciembre se esté firmando. En el primer semestre hacer los trámites con Findeter o con la entidad que se escoja”.Con la participación del Ministerio de Transporte y la colaboración de líderes de la región, alcaldes y veedores de proyectos de infraestructura, el plan ‘Vías de Los Comuneros’ marca un paso hacia el fortalecimiento de la infraestructura vial de Santander, que beneficiará la economía, la seguridad y la calidad de vida de miles de habitantes.Según confirmó el director del Invías, Juan Carlos Montenegro, habrá inversiones en otras vías como “Vías de la Cigarra por $102.194 millones; Troncal Central del Norte; Málaga – Los Curos; Duiama – Charalá- San Gil; transversal del Carare y Variante San Gil”, señaló el funcionario.
El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo que firmó un indulto a favor de su hijo Hunter Biden, que en junio fue hallado culpable de tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adición a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos."Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal", indicó Biden en un comunicado, en el que asegura que su hijo fue "imputado de manera selectiva e injusta".El presidente Biden había reiterado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su único hijo vivo, que también se había declarado culpable de evasión fiscal en un tribunal federal de California.Hunter Biden había sido declarado culpable de haber mentido en un formulario para obtener un arma en el estado de Delaware al asegurar que no era consumidor de drogas y haber poseído ese arma durante solo 11 días y sin que fuera usada en un delito, algo que el mandatario dijo hoy que "casi nunca es llevado a juicio con cargos penales"."Los cargos en su caso solo surgieron después de varios de mis oponentes políticos en el Congreso instigaran ataques contra mí y en oposición a mi elección", indicó el presidente Biden."Ha sido un intento de romper a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso enfrentándose a ataques sin descanso y persecución selectiva. Al intentar quebrar a Hunter también intentaban romperme a mí", lamentó el mandatario estadounidense.El caso más serio para Hunter Biden era el de los nueve cargos de los que se declaró culpable en septiembre por evasión fiscal, ya que al tener antecedentes penales por su caso de tenencia de armas en Delaware podía enfrentar hasta 17 años en prisión.Los problemas legales de Hunter Biden pusieron ante la opinión pública un oscuro período de la vida del hijo del presidente por su profunda adicción a las drogas, sobre todo tras la muerte en 2015 de su hermano y primogénito del presidente por un cáncer.Esa tragedia afectó profundamente también a Joe Biden, que ya había pasado por otro episodio duro tras la muerte de su primera mujer y de su hija de tan solo un año en un accidente de tráfico en 1972, en el que resultaron heridos Beau y Hunter Biden.El perdón llega en un momento sin riesgo político para el presidente, que tras renunciar a su reelección este verano y a sus 82 años de edad abandonará la vida política el 20 de enero, cuando asuma el presidente electo Donald Trump.
El sector inmobiliario colombiano enfrenta un desafío importante: la digitalización de sus procesos. Según datos de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el 57 % de los contratos de arrendamiento son verbales, lo que incrementa los costos y prolonga los tiempos de gestión. Esta situación no solo afecta la eficiencia del sector, sino que también genera inseguridad y riesgos para las partes involucradas.Solución para disminuir contratos verbalesEn respuesta a esta situación, AutenTIC y Fedelonjas han unido esfuerzos para implementar la firma digital en los trámites inmobiliarios. Este acuerdo tiene como objetivo modernizar y optimizar las operaciones del sector, reduciendo hasta en un 40 % los tiempos de gestión y mejorando la seguridad jurídica de las transacciones. La implementación de la firma digital permitirá que trámites como contratos de arrendamiento y compraventas puedan realizarse completamente en línea, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos y asegurando la integridad de los documentos en cada etapa.La alianza entre AutenTIC y Fedelonjas responde a la necesidad de innovar y transformar el sector inmobiliario colombiano. La firma digital se proyecta como un elemento clave para mejorar la competitividad y la confianza en el mercado. Además, representa un gran paso hacia la sostenibilidad del sector, ya que reduce el uso de papeles para contratos y otros trámites. Con este acuerdo, AutenTIC y Fedelonjas reafirman su compromiso con la innovación tecnológica y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.
La inseguridad parece no tener límites en Bogotá. La Policía y la Secretaría de Seguridad de la capital dieron a conocer la nueva modalidad de hurto contra los conductores de vehículos.En esta oportunidad, en San Victorino, quedó captado en cámaras de seguridad cómo un hombre usa una piedra para robar un celular.Con una piedra, la nueva forma de robar en BogotáEn las imágenes se puede observar cómo el hombre fijó su objetivo para cometer el delito, aprovechando que el tráfico se detuvo por el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, corre hacia un taxi para arrojarle una piedra y así romper una de las ventajas del vehículo de transporte público.Después, se mete al carro para robarse un celular que estaba en el mismo y se retira caminando de la vía con tranquilidad.Capturan al responsable del hurtoPor fortuna, las autoridades estaban siguiendo a través de las cámaras C4 lo que sucedía en el centro de la ciudad. Una vez identificaron al delincuente, avisaron a los policías del CAI San Victoriano que estaban realizando patrullajes en el sector. Estos miembros de la institución lo interceptaron y, tras realizarle la requisa, recuperaron el dispositivo hurtadoDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hurtos de celulares en Bogotá ha disminuido 33 % en lo que va del 2024.Tiroteo en reconocida panadería de BogotáUn intento de robo en la panadería Masa, ubicada en el barrio Nogal de Bogotá, generó pánico entre los comensales y empleados el sábado 30 de noviembre. Dos sujetos ingresaron al establecimiento con la intención de despojar a una víctima de un reloj de alta gama.Según informes preliminares, los delincuentes habían seguido a su objetivo desde otro punto de la ciudad y aprovecharon el momento para intentar el atraco. Sin embargo, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien estaba presente en el lugar, reaccionó rápidamente y utilizó su arma de dotación para frustrar el robo.El funcionario disparó en cinco oportunidades, forzando a los delincuentes a huir del lugar en una motocicleta. Aunque no se reportaron heridos entre los clientes ni empleados del establecimiento, se presume que uno de los asaltantes podría haber resultado lesionado. Los delincuentes lograron llevarse dos celulares antes de escapar.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 1 de diciembre de 2024:María Paula Rodríguez, escritora colombiana, se refirió a su nuevo libro, con el que pretende enseñar a las personas de qué manera gestionar las emociones.Adriana Lizcano, directora de Afidi, se refirió a que se dedica en la inmobiliaria a la que hace parte. Además, explicó de qué se trata el sector inmobiliario.Miriam, directora de la asociación colombiana de bipolaridad, habló sobre cómo se le debe dar manejo a este trastorno y cómo entenderlo.Carolina Chacón, colaboradora del Parque Explora, se refirió sobre la curaduría en museos, y explicó en qué consiste.Escuche programa completo:
En las últimas horas, la Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de uso del cepo en la ciudad. Esta vez el hecho se produjo en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentra alojada la comunidad emberá.Según afirma la denuncia, el castigo del cepo fue implementado a seis menores de edad, que se encuentran entre los 11 y 14 años y que también hacen parte de ese grupo indígena. El Distrito afirmó que el vaso fue reportado el pasado 28 de noviembre, tras la ausencia de uno de los jóvenes en el Centro Amar.“Uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo”, afirman desde la Secretaría de Integración Social.Tras lo anterior, y de manera inmediata, la entidad procedió a verificar la identidad de los niños y a denunciar ante la Fiscalía los delitos de violencia intrafamiliar y/o maltrato mediante restricción de libertad física. El caso también fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados y ya se encontraban en sus instituciones educativas.“Exhortamos a la población emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional (...) dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena”, continúan desde el Distrito.Por último, la entidad rechazó estos hechos que ya son materia de investigación y aseguró que continuará denunciando ante la Fiscalía los hechos de violencia que ocurran contra los menores de edad.
