La presencia del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la sanción social hacia personas condenadas por corrupción en Colombia. Tras la difusión de imágenes en las que aparece compartiendo en una fiesta privada junto a su esposa, la congresista Saray Robayo, Tapia rompió el silencio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde aseguró que no pretende desafiar a la sociedad y defendió su derecho a reconstruir su vida después de haber pagado sus condenas.“Yo no me robé nada y tampoco he ido a desafiar a nadie”, afirmó Tapia durante la conversación radial, en medio de cuestionamientos por su aparición en un evento social mientras cumple libertad condicional.El excontratista, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y posteriormente por el caso Centros Poblados, insistió en que su presencia en el Festival Vallenato obedeció únicamente a una invitación social hecha a su esposa y negó cualquier intención de provocación.La polémica por las fotografías en ValleduparLa controversia se desató luego de que circularan imágenes de Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más importantes del país. La aparición generó críticas en redes sociales y reabrió el debate sobre si personas condenadas por corrupción deben mantener un perfil bajo tras recuperar su libertad.Según explicó Tapia, asistió acompañado de su esposa, la representante Saray Robayo, quien había sido invitada formalmente al evento. “Yo llegué por una invitación de mi señora y asistimos a la reunión donde estaban los nombres registrados para el ingreso”, aseguró.El empresario sostuvo que durante la reunión compartió con amigos y conocidos de años atrás y que nunca percibió rechazo durante el encuentro. Sin embargo, reconoció que la difusión de las imágenes provocó un fuerte debate público.“Esto es un mal mensaje para todas las personas privadas de la libertad que están saliendo a resocializarse”, afirmó Tapia, quien considera que la reacción social frente a su presencia pública contradice el principio constitucional de resocialización.“Tengo dos condenas, pero no me he robado un peso”Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Tapia defendió su actuación en los procesos judiciales que lo llevaron a prisión. Aunque reconoció sus condenas por corrupción, insistió en que eso no significa que se haya apropiado de recursos públicos.“Yo tengo dos condenas por corrupción. Lo que pasa es que la corrupción y los delitos que uno asume por corrupción no implica que yo haya robado”, sostuvo.Sobre el caso Centros Poblados, Tapia argumentó que asumió responsabilidad “por omisión” y no por acción directa. Además, afirmó que la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal tras concluir que no existió detrimento patrimonial.“Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”, reiteró durante la entrevista.Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de los panelistas de Blu Radio, quienes le recordaron las condenas judiciales y el impacto que los escándalos tuvieron sobre los recursos públicos destinados a proyectos estatales.La defensa de su patrimonio y su vida empresarialTapia también respondió a las críticas sobre su situación económica actual. Durante la entrevista explicó que su patrimonio proviene principalmente de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y urbano, sectores en los que asegura trabajar desde hace más de dos décadas.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado y eso es lo que me ha permitido sostener a mi familia y asumir todos estos procesos judiciales”, afirmó.El excontratista negó que actualmente tenga vínculos con contratos públicos y aseguró que tomó la decisión de alejarse definitivamente del Estado. “No quiero tener un solo negocio público con el Estado”, señaló.Tapia también respondió a las recientes denuncias relacionadas con el uso presuntamente fraudulento de la experiencia de una de sus empresas en procesos de contratación vial. Según dijo, fue él mismo quien denunció ante la Fiscalía el uso irregular de documentación empresarial.Tapia aseguró que ha intentado reconstruir su vida y reparar el daño causado. “Pedí perdón, pagué el tiempo privado de la libertad y sigo colaborando con la justicia”, manifestó.El empresario reveló además que ha cumplido cerca de diez años de prisión y que actualmente busca enfocarse en su familia y en actividades privadas. “Lo peor que me ha pasado en toda mi vida es el dolor que esto le ha generado a mis hijos y a mi familia”, expresó.
La aparición del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato desató una nueva controversia nacional alrededor de la sanción social hacia personas condenadas por corrupción. Las imágenes del empresario en eventos sociales en Valledupar generaron críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites entre la vida privada, la resocialización y la responsabilidad pública de quienes han enfrentado procesos judiciales por corrupción en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tapia defendió su derecho a reconstruir su vida personal y aseguró que actualmente vive de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y negó que su patrimonio provenga de recursos públicos o actos ilícitos.“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el excontratista durante la conversación radial.Emilio Tapia responde por críticas tras el Festival VallenatoLa controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Emilio Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato en Valledupar. Para muchos usuarios en redes sociales, la presencia pública del excontratista representó una provocación, teniendo en cuenta sus condenas por los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y Centros Poblados.Sin embargo, Tapia aseguró que asistió al evento por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo, y rechazó las interpretaciones que califican su presencia como un desafío a la sociedad.Durante la entrevista, Tapia insistió en que se encuentra en un proceso de resocialización y señaló que ya cumplió las sanciones judiciales impuestas en su contra.“He hecho absolutamente de todo para tratar de resarcir no solamente el tema jurídico, porque ya el tema jurídico quedó superado (…) pero la resocialización también lo estoy haciendo”, expresó.“No me he robado un peso”: Tapia defiende su patrimonioUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el equipo periodístico cuestionó directamente el origen de la fortuna del excontratista. Tapia rechazó categóricamente que su patrimonio provenga de corrupción.El empresario aseguró que los procesos judiciales relacionados con contratación pública le generaron pérdidas económicas y defendió que sus ingresos actuales provienen exclusivamente del sector privado.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado, y eso es lo que me ha podido no solamente sostener a mi familia, sino también solventar todos estos procesos judiciales”, explicó.Tapia también señaló que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, actividades que —según dijo— existían antes de los escándalos de corrupción que marcaron su carrera pública.El debate sobre Centros Poblados y las condenas por corrupciónDurante la entrevista, Emilio Tapia reconoció nuevamente las dos condenas judiciales que pesan sobre él, aunque insistió en diferenciar entre delitos cometidos “por acción” y “por omisión”.Respecto al caso Centros Poblados, defendió que no existió apropiación indebida de recursos y aseguró que la Contraloría General lo exoneró de responsabilidad fiscal.“Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, afirmó. No obstante, los periodistas le recordaron que fue condenado por delitos relacionados con corrupción y peculado. Tapia respondió argumentando que aceptó responsabilidad como parte de una estrategia jurídica para evitar un proceso más largo y desgastante para su familia.“Prefería asumir la responsabilidad, pero esto lo más pronto posible”, explicó. Además, confirmó que ha pagado cerca de diez años de cárcel y que actualmente se encuentra en libertad condicional.Niega interés en nuevos contratos públicosOtro de los temas abordados en la entrevista fue la denuncia reciente de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre supuestos intentos de participación de empresas relacionadas con Tapia en procesos contractuales del Estado.El excontratista negó estar buscando nuevos contratos públicos y aseguró que, por el contrario, fue él quien denunció el uso fraudulento de experiencias empresariales vinculadas a compañías de su propiedad. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, aseguró.Tapia sostuvo que actualmente no tiene interés en participar en proyectos estatales y reiteró que toda su actividad económica se desarrolla en el ámbito privado.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Bogotá se alista para vivir una jornada llena de actividades en el marco del Mundial 2026 este sábado 27 de junio, cuando la Selección Colombia se enfrente a Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos. Tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final con seis puntos luego de vencer a Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca ratificar su liderato en el grupo K frente a un rival que llega de golear a Uzbekistán. Para este encuentro, que iniciará a las 6:30 p.m., la capital colombiana ha dispuesto múltiples puntos de encuentro para que los aficionados disfruten del evento de forma gratuita y segura.Fanzones oficiales en parquesLa Alcaldía de Bogotá y el IDRD habilitaron fanzones ubicadas en los parques metropolitanos El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba. El parque El Tunal cuenta con un aforo máximo de 15.000 asistentes, mientras que el espacio en Suba recibirá hasta 5.000 personas. Para ingresar a estos lugares, los interesados pueden reclamar boletas gratuitas en puntos CADE y SuperCADE, con un límite de tres entradas por persona. Es importante recordar que el ingreso solo se permite a mayores de ocho años y no se admite la entrada de mascotas.Estos son los puntos donde puede reclamar las entradas:-SuperCADE Suba.-SuperCADE Bosa.-SuperCADE Manitas.-CADE Tunal.-CADE Santa Lucía.-CADE La Gaitana.-CADE Los Luceros.-CADE Muzú.-CADE Toberín.-CADE Servitá.-CADE Santa Helenita.Fútbol desde las alturasUna opción alternativa para seguir el partido de la Selección Colombia contra Portugal es la experiencia programada en la Torre Colpatria. Este espacio ofrece tres zonas diferentes para los asistentes: el helipuerto, el salón de arte y el mirador, cada uno con beneficios y combos especiales que incluyen palomitas de maíz y bonos de bebidas. Además de la transmisión del juego, los fanáticos podrán disfrutar de un DJ en vivo y participar en jornadas de intercambio de láminas del álbum del Mundial.Otras actividades alrededor del MundialLa oferta de entretenimiento en la ciudad se extiende más allá de los estadios y pantallas con iniciativas como "Fanáticos de tu Pasión" de Starbucks, que celebra el vínculo entre el café y el deporte a través de bebidas especiales de temporada.Por otro lado está Casa Estadio, un espacio en Bogotá disponible hasta el 19 de julio que trasciende lo deportivo para integrar cultura, memoria y gastronomía. Su principal atractivo es la exposición “América cumplirá su destino: un viaje a través de la pelota”, desarrollada con el acompañamiento del Museo Nacional, donde se exhiben piezas históricas, balones de torneos mundiales y objetos pertenecientes a leyendas como Pelé, Garrincha, Maradona y Messi.Bogotá ofrece un abanico de experiencias que permiten a la ciudadanía sumergirse por completo en la emoción del Mundial 2026, combinando el fervor deportivo con propuestas culturales y gastronómicas de alto nivel.
Este viernes, 26 de junio, la Lotería de Medellín lleva a cabo el sorteo 4838, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número 6346 - 023.Premios secos de la Lotería de MedellínComo es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.
El grupo del cuerpo de Bomberos de Medellín que se desplazó este viernes a Venezuela para labores de salvamento aún no sabe si podrá cumplir con la misión en el vecino país, ya que llevan varias horas en una sala en un aeropuerto de Caracas sin autorización para hacer las tareas de rescate.A través de un trino, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que a los bomberos de Medellín no los habían dejado entrar a Venezuela.“El pueblo venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los dejan ingresar. Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”, señaló Gutiérrez en su cuenta de X.La razón por la que los bomberos de Medellín llevan varias horas en un aeropuerto de Caracas es porque no contaría con el aval del Gobierno Nacional.A través de un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advierte que toda misión colombiana de búsqueda y rescate en Venezuela debe primero coordinarse a través del Gobierno Nacional.“El envío de equipos colombianos de búsqueda y rescate para atender la emergencia en Venezuela debe realizarse exclusivamente bajo la coordinación del Gobierno nacional, a través de la UNGRD, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Venezolano. Como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la UNGRD representa al Estado colombiano ante los mecanismos internacionales de asistencia humanitaria y mantiene la coordinación permanente con las autoridades venezolanas para atender los requerimientos de apoyo”, dice el comunicado.La UNGRD en el comunicado también resalta que el envío de grupos de manera independiente, sin coordinación entre gobiernos, puede generar dificultades en la organización de la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y limitaciones para su incorporación a las operaciones oficiales de búsqueda y rescate.Así, mientras se resuelve esta situación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, los bomberos de Medellín siguen en una sala en un aeropuerto de Caracas.
Como hace tres años y medio en Catar 2022, cuando consumó su eliminación pese a su triunfo final sobre Ghana, la selección de Uruguay volvió a fallar en el acceso a las eliminatorias del Mundial por segunda edición seguida; un hecho nunca visto a lo largo de su historia, cuando jamás fracasó consecutivamente.No le había ocurrido nunca a lo largo de sus quince participaciones, incluida la actual, en el torneo de los torneos. Sí había caído en la primera fase hasta en cuatro ocasiones, cinco con Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero nunca de forma sucesiva. Un síntoma del momento del campeón del mundo original, el ganador de la primera edición.Si Catar 2022, eliminada por la derrota de Portugal ante Corea del Sur en la última cita, pese a vencer ella a Ghana, entre las reclamaciones de dos penaltis a su favor, ya fue un golpe duro, inasumible entonces para el conjunto dirigido por Diego Alonso, el adiós al Mundial 2026 incide en la misma línea, con el agravante de que no ha ganado a nadie.Ni a Arabia Saudí, con la que empató a uno en la primera jornada; ni a Cabo Verde, con la que igualó a dos en la segunda; ni a España, con la que perdió 0-1 en el último y decisivo capítulo, en el que debía superar a su rival para lograr la clasificación. No le valía ni el equilibrio ni la derrota. Está fuera del Mundial el equipo de Marcelo Bielsa.Hasta el episodio de Catar en 2022, Uruguay había alcanzado todas las eliminatorias desde la eliminación también en esta instancia en Japón y Corea 2002. Entonces tampoco ganó ninguno de sus encuentros, como ahora, con dos empates y una derrota y tan solo dos puntos. Marcó cuatro goles y encajó cinco. Fue derrotada por Dinamarca (1-2) y niveló tanto con Francia (0-0) como con Senegal (3-3). Fue insuficiente. Acabó tercera.No fue más allá de esa ronda, igualmente, en Alemania 1974. Ubicada en el fondo de la tabla de su grupo, no venció tampoco a nadie. Ni a Países Bajos, cuando fue doblegada por 0-2; ni a Bulgaria, con un 1-1; ni a Suecia, que la superó por 3-0. Un punto. Y un gol.El Mundial de Chile 1962 completan la lista de cinco eliminaciones en la fase de grupos del conjunto celeste. Aquel torneo lo comenzó con un triunfo frente a Colombia (2-1), que después no le sirvió para nada porque cayó con las entonces Yugoslavia, por 3-1, y Unión Soviética, por 2-1. La tercera posición del grupo lo dejó fuera de la siguiente ronda.Por el contrario, Uruguay sí fue más allá hasta en diez de sus quince participaciones en las fases finales de los Mundiales. Fue campeona en 1930 y 1950; cuarta en 1954, 1970 y 2010, su último gran éxito en este torneo; llegó a cuartos tanto en 1966 como en 2018; y su límite fueron los octavos de final en 2014, 1990 y 1986.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, continúa recibiendo mensajes de reconocimiento y estableciendo contactos con líderes internacionales de cara a su posesión el próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el mandatario electo recibió una carta de felicitación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y sostuvo conversaciones telefónicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.En el mensaje difundido por la Embajada de Rusia en Colombia, Putin felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales y destacó que las relaciones entre Rusia y Colombia "tradicionalmente tienen un carácter amistoso".Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno contribuya al fortalecimiento de la cooperación bilateral en distintos ámbitos y le deseó éxitos, salud y bienestar durante su mandato.Tras conocer la carta de felicitación, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió a través de su cuenta de X, donde agradeció el mensaje enviado por Vladímir Putin y expresó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países. De la Espriella aseguró que Colombia y Rusia trabajarán para reforzar una comunicación fluida y avanzar en decisiones bilaterales que contribuyan a la reciprocidad, el progreso y el crecimiento de ambas naciones.Por otra parte, el equipo del presidente electo informó que De la Espriella conversó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien coincidió en la importancia de fortalecer los vínculos entre Colombia y España en esta nueva etapa política. La llamada se produjo pocos días después de que la dirigente española felicitara públicamente al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.Asimismo, De La Espriella dialogó con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, como parte de los acercamientos internacionales que adelanta antes de asumir el cargo.
