La presencia del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la sanción social hacia personas condenadas por corrupción en Colombia. Tras la difusión de imágenes en las que aparece compartiendo en una fiesta privada junto a su esposa, la congresista Saray Robayo, Tapia rompió el silencio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde aseguró que no pretende desafiar a la sociedad y defendió su derecho a reconstruir su vida después de haber pagado sus condenas.“Yo no me robé nada y tampoco he ido a desafiar a nadie”, afirmó Tapia durante la conversación radial, en medio de cuestionamientos por su aparición en un evento social mientras cumple libertad condicional.El excontratista, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y posteriormente por el caso Centros Poblados, insistió en que su presencia en el Festival Vallenato obedeció únicamente a una invitación social hecha a su esposa y negó cualquier intención de provocación.La polémica por las fotografías en ValleduparLa controversia se desató luego de que circularan imágenes de Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más importantes del país. La aparición generó críticas en redes sociales y reabrió el debate sobre si personas condenadas por corrupción deben mantener un perfil bajo tras recuperar su libertad.Según explicó Tapia, asistió acompañado de su esposa, la representante Saray Robayo, quien había sido invitada formalmente al evento. “Yo llegué por una invitación de mi señora y asistimos a la reunión donde estaban los nombres registrados para el ingreso”, aseguró.El empresario sostuvo que durante la reunión compartió con amigos y conocidos de años atrás y que nunca percibió rechazo durante el encuentro. Sin embargo, reconoció que la difusión de las imágenes provocó un fuerte debate público.“Esto es un mal mensaje para todas las personas privadas de la libertad que están saliendo a resocializarse”, afirmó Tapia, quien considera que la reacción social frente a su presencia pública contradice el principio constitucional de resocialización.“Tengo dos condenas, pero no me he robado un peso”Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Tapia defendió su actuación en los procesos judiciales que lo llevaron a prisión. Aunque reconoció sus condenas por corrupción, insistió en que eso no significa que se haya apropiado de recursos públicos.“Yo tengo dos condenas por corrupción. Lo que pasa es que la corrupción y los delitos que uno asume por corrupción no implica que yo haya robado”, sostuvo.Sobre el caso Centros Poblados, Tapia argumentó que asumió responsabilidad “por omisión” y no por acción directa. Además, afirmó que la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal tras concluir que no existió detrimento patrimonial.“Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”, reiteró durante la entrevista.Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de los panelistas de Blu Radio, quienes le recordaron las condenas judiciales y el impacto que los escándalos tuvieron sobre los recursos públicos destinados a proyectos estatales.La defensa de su patrimonio y su vida empresarialTapia también respondió a las críticas sobre su situación económica actual. Durante la entrevista explicó que su patrimonio proviene principalmente de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y urbano, sectores en los que asegura trabajar desde hace más de dos décadas.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado y eso es lo que me ha permitido sostener a mi familia y asumir todos estos procesos judiciales”, afirmó.El excontratista negó que actualmente tenga vínculos con contratos públicos y aseguró que tomó la decisión de alejarse definitivamente del Estado. “No quiero tener un solo negocio público con el Estado”, señaló.Tapia también respondió a las recientes denuncias relacionadas con el uso presuntamente fraudulento de la experiencia de una de sus empresas en procesos de contratación vial. Según dijo, fue él mismo quien denunció ante la Fiscalía el uso irregular de documentación empresarial.Tapia aseguró que ha intentado reconstruir su vida y reparar el daño causado. “Pedí perdón, pagué el tiempo privado de la libertad y sigo colaborando con la justicia”, manifestó.El empresario reveló además que ha cumplido cerca de diez años de prisión y que actualmente busca enfocarse en su familia y en actividades privadas. “Lo peor que me ha pasado en toda mi vida es el dolor que esto le ha generado a mis hijos y a mi familia”, expresó.
La aparición del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato desató una nueva controversia nacional alrededor de la sanción social hacia personas condenadas por corrupción. Las imágenes del empresario en eventos sociales en Valledupar generaron críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites entre la vida privada, la resocialización y la responsabilidad pública de quienes han enfrentado procesos judiciales por corrupción en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tapia defendió su derecho a reconstruir su vida personal y aseguró que actualmente vive de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y negó que su patrimonio provenga de recursos públicos o actos ilícitos.“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el excontratista durante la conversación radial.Emilio Tapia responde por críticas tras el Festival VallenatoLa controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Emilio Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato en Valledupar. Para muchos usuarios en redes sociales, la presencia pública del excontratista representó una provocación, teniendo en cuenta sus condenas por los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y Centros Poblados.Sin embargo, Tapia aseguró que asistió al evento por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo, y rechazó las interpretaciones que califican su presencia como un desafío a la sociedad.Durante la entrevista, Tapia insistió en que se encuentra en un proceso de resocialización y señaló que ya cumplió las sanciones judiciales impuestas en su contra.“He hecho absolutamente de todo para tratar de resarcir no solamente el tema jurídico, porque ya el tema jurídico quedó superado (…) pero la resocialización también lo estoy haciendo”, expresó.“No me he robado un peso”: Tapia defiende su patrimonioUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el equipo periodístico cuestionó directamente el origen de la fortuna del excontratista. Tapia rechazó categóricamente que su patrimonio provenga de corrupción.El empresario aseguró que los procesos judiciales relacionados con contratación pública le generaron pérdidas económicas y defendió que sus ingresos actuales provienen exclusivamente del sector privado.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado, y eso es lo que me ha podido no solamente sostener a mi familia, sino también solventar todos estos procesos judiciales”, explicó.Tapia también señaló que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, actividades que —según dijo— existían antes de los escándalos de corrupción que marcaron su carrera pública.El debate sobre Centros Poblados y las condenas por corrupciónDurante la entrevista, Emilio Tapia reconoció nuevamente las dos condenas judiciales que pesan sobre él, aunque insistió en diferenciar entre delitos cometidos “por acción” y “por omisión”.Respecto al caso Centros Poblados, defendió que no existió apropiación indebida de recursos y aseguró que la Contraloría General lo exoneró de responsabilidad fiscal.“Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, afirmó. No obstante, los periodistas le recordaron que fue condenado por delitos relacionados con corrupción y peculado. Tapia respondió argumentando que aceptó responsabilidad como parte de una estrategia jurídica para evitar un proceso más largo y desgastante para su familia.“Prefería asumir la responsabilidad, pero esto lo más pronto posible”, explicó. Además, confirmó que ha pagado cerca de diez años de cárcel y que actualmente se encuentra en libertad condicional.Niega interés en nuevos contratos públicosOtro de los temas abordados en la entrevista fue la denuncia reciente de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre supuestos intentos de participación de empresas relacionadas con Tapia en procesos contractuales del Estado.El excontratista negó estar buscando nuevos contratos públicos y aseguró que, por el contrario, fue él quien denunció el uso fraudulento de experiencias empresariales vinculadas a compañías de su propiedad. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, aseguró.Tapia sostuvo que actualmente no tiene interés en participar en proyectos estatales y reiteró que toda su actividad económica se desarrolla en el ámbito privado.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
En un giro radical hacia una política de seguridad de "mano dura", el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una ambiciosa agenda de trabajo al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Tras el encuentro, el mandatario departamental no solo confirmó que Medellín será sede alterna del Gobierno Nacional, sino que solicitó acciones militares contundentes para recuperar el orden público en la región. El fin de la "Paz Total" y el regreso de los bombardeosLa prioridad absoluta de la nueva alianza es el desmantelamiento de las estructuras criminales que, según Rendón, se fortalecieron durante la administración anterior. El gobernador fue enfático al proponer que el primer acto de autoridad sea contra alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias de las Farc.“Bombardear a 'Calarcá' va a ser la mejor forma de estrenar la política de seguridad del presidente Abelardo y no solo a él, sino a sus secuaces aquí en Antioquia”, afirmó Rendón, subrayando que este criminal "le pisó la cola a Petro en estos 4 años" y gozó de salvoconductos tras su liberación.Para el gobernador, Antioquia será el modelo de seguridad en los primeros 100 días de gobierno, retomando medidas como la aspersión con drones y glifosato para combatir las más de 20.000 hectáreas de coca que hoy tiene el departamento.Recategorización de grupos armadosUno de los puntos clave discutidos fue la necesidad de reclasificar a bandas delincuenciales que han crecido en poder de fuego. Rendón entregó una lista de 19 objetivos de alto valor, que incluye no solo al Clan del Golfo y al ELN, sino a grupos como 'El Mesa'. Sobre esta última organización, el gobernador advirtió que actualmente es vista erróneamente como un grupo menor: “El Mesa necesita ser recategorizado como un grupo armado organizado para que pueda ser atacado no solo por la policía, sino por las fuerzas militares, incluso ser bombardeado”.Explicó que este grupo utiliza armas de largo alcance y actúa en alianza con otras guerrillas para disputar rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal. Medellín: Sede del "Escudo de las Américas"En un hecho histórico, el presidente De la Espriella anunció que Medellín, al igual que Barranquilla, será una sede alterna de la Presidencia de la República. Rendón ofreció para este fin el icónico Palacio Rafael Uribe Uribe, antiguo despacho de la gobernación.“Estamos muy complacidos que en esa nueva tónica que él quiere de llevar el gobierno de Colombia a todos los rincones del país, pues haya elegido al Palacio Rafael Uribe como sede de gobierno aquí para Antioquia”, señaló el mandatario. En esta sede también se coordinará la alianza con Estados Unidos denominada "Escudo de las Américas" y se mantendrá la sede definitiva de ProColombia.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación advirtió posibles irregularidades en un proceso contractual adelantado por Colombia Compra Eficiente para la implementación de herramientas de ciberseguridad en entidades públicas del país, cuyo valor se acerca a los 300.000 millones de pesos. Ante las presuntas inconsistencias detectadas, el Ministerio Público requirió explicaciones sobre varios aspectos considerados críticos dentro de la contratación.Según informó el ente de control, la actuación preventiva busca verificar que el proceso garantice condiciones reales de competencia y transparencia. Por ello, solicitó información relacionada con la pluralidad efectiva de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos de distribución, la selección de marcas durante la operación secundaria, la metodología utilizada para la evaluación económica y el manejo del riesgo.La Procuraduría también pidió explicaciones sobre los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes, las condiciones relacionadas con el personal requerido, los factores técnicos de calificación y las posibles inconsistencias encontradas entre el pliego de condiciones, los anexos, los formatos y la minuta del proceso contractual.La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia dentro de este tipo de procesos no puede limitarse al cumplimiento formal de los requisitos, sino que debe garantizar una participación amplia de los interesados. En ese sentido, señaló que las reglas del instrumento contractual deben evitar que la selección de una determinada marca reduzca la competencia a uno o pocos proveedores.El órgano de control precisó que la actuación tiene carácter estrictamente preventivo, por lo que no implica la suspensión del proceso de contratación.De acuerdo con la Procuraduría, el propósito de la intervención es anticipar posibles riesgos, fortalecer la transparencia del proceso y asegurar que existan condiciones objetivas de participación para todos los eventuales oferentes.Finalmente, el Ministerio Público exhortó a Colombia Compra Eficiente a evaluar la realización de mesas técnicas antes de continuar con las etapas definitivas del proceso. La recomendación incluye la participación de fabricantes, proveedores, integradores tecnológicos, expertos en ciberseguridad, agremiaciones y entidades compradoras, con el fin de fortalecer las condiciones de competencia y garantizar que la contratación se desarrolle bajo criterios de objetividad, pluralidad y transparencia.
Dos estudios científicos recientes han marcado hitos significativos en la medicina molecular, al identificar nuevos mecanismos para modular la respuesta inmunológica humana. Investigadores han logrado avances paralelos en el tratamiento de la inflamación crónica del asma y en la reactivación del sistema inmune frente a uno de los tumores más agresivos: el cáncer de páncreas.Un péptido sintético frena la inflamación asmáticaEn el ámbito de las enfermedades respiratorias, un equipo de la Universidad de Bonn y del Centro de Investigación Borstel (Leibniz Lung Center, FZB) ha descubierto un mecanismo de acción hasta ahora desconocido para un péptido sintético capaz de mitigar las respuestas inflamatorias excesivas características del asma alérgica.Según reportó Medical Xpress, este péptido actúa bloqueando un "interruptor" clave que desencadena la cascada inflamatoria en las células. Las pruebas realizadas en modelos de laboratorio y ratones demostraron que la administración de esta molécula sintética logra reducir significativamente la hiperactividad del sistema inmunológico que, en pacientes asmáticos, conduce a la dificultad respiratoria y al daño en las vías aéreas.Rompiendo el camuflaje del cáncer de páncreasSimultáneamente, un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota ha identificado por qué el cáncer de páncreas logra evadir el ataque del sistema inmunológico, un hallazgo que podría redefinir las estrategias de inmunoterapia actuales.La investigación, publicada en la revista Science Immunology, revela que este tipo de tumor utiliza mecanismos moleculares específicos para volverse "invisible" ante las células defensoras del organismo. Al comprender esta barrera de evasión, los científicos han diseñado un nuevo enfoque terapéutico destinado a "revelar" la presencia del tumor al sistema inmune, facilitando así una respuesta defensiva más eficaz, según detalló Medical Xpress.La inmunoterapia se ha consolidado en la última década como una de las herramientas más prometedoras de la medicina moderna; sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos distintos según la patología.En el caso del cáncer de páncreas, la dificultad radica en el microambiente tumoral, que a menudo bloquea el acceso de las células T, las encargadas de eliminar agentes malignos. Por otro lado, en el asma alérgica, el desafío es inverso: el sistema inmunitario reacciona de manera desproporcionada ante alérgenos inofensivos. La capacidad de utilizar péptidos —cadenas cortas de aminoácidos— para "reprogramar" o "bloquear" estas respuestas específicas representa una vía de tratamiento altamente dirigida.Aunque ambos hallazgos se encuentran todavía en etapas de estudio en modelos experimentales y de laboratorio, representan pasos fundamentales hacia terapias más seguras y menos invasivas para condiciones que, hasta la fecha, presentan opciones de tratamiento limitadas o con efectos secundarios significativos. La comunidad científica ahora se encamina a evaluar cómo trasladar estos péptidos sintéticos y estrategias inmunológicas a ensayos clínicos con pacientes.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas por la comercialización de un supuesto desodorante natural que no cuenta con la autorización requerida para su venta. La entidad emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 y señaló que el producto "Desodorante Natural Marca Alufresh" sería fraudulento.Este anuncio surgió luego de varias denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima.De acuerdo con la entidad de control, el producto estaría siendo ofrecido por medio de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, sin cumplir con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida en Colombia.“El producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, indicó el Invima en la alerta publicada.Invima advierte riesgos por uso de desodorante AlufreshAnte la alerta, la entidad explicó que los productos cosméticos sin NSO representan un posible riesgo para los consumidores, debido a que no existen garantías sobre su composición, fabricación, calidad, seguridad o eficacia.Adicionalmente, el Invima señaló que, debido a que se desconoce la cadena de comercialización del producto, no es posible verificar aspectos fundamentales como las condiciones de almacenamiento, transporte y conservación. Es decir, no se puede establecer si el desodorante llegó al consumidor en condiciones adecuadas.La autoridad sanitaria insistió en que los usuarios deben desconfiar de productos ofrecidos por canales no autorizados o que no permitan comprobar su respaldo legal.¿Qué deben hacer quienes compraron el desodorante?Como medida preventiva, el Invima recomendó a las personas que tengan este producto suspender inmediatamente su uso y evitar adquirirlo nuevamente.Asimismo, pidió denunciar a quienes estén distribuyendo o comercializando el producto por medio de los canales oficiales de la entidad, con el objetivo de avanzar en las acciones de vigilancia y control.La entidad también recordó que los consumidores pueden consultar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria a través de sus servicios en línea, donde es posible verificar los registros autorizados.De igual manera, solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar inspecciones en establecimientos donde pueda encontrarse este producto y reportar cualquier hallazgo.Bloque de preguntas y respuestas¿Por qué el Invima emitió una alerta sanitaria sobre el desodorante Alufresh?El Invima emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 debido a que el "Desodorante Natural Marca Alufresh" se comercializa de forma ilegal en Colombia. El producto no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida, por lo cual es clasificado como un producto fraudulento.¿Cuáles son los riesgos de usar el desodorante natural Alufresh?Al carecer de NSO, no existen garantías sobre la seguridad, calidad, composición o eficacia del producto. Además, se desconocen sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. ¿Qué hacer si compré el desodorante Alufresh no autorizado por el Invima?El Invima recomienda suspender su uso de inmediato, evitar comprarlo nuevamente y denunciar los puntos de venta o perfiles de redes sociales que lo distribuyan a través de los canales oficiales de la entidad.
A través del decreto 0769 del 16 de julio de 2026, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) y del Ministerio de Educación Nacional, expidieron la regulación de la Ley 2489 de 2025 y fija las reglas para promover entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes.La norma establece obligaciones para las plataformas digitales y los prestadores de servicios en internet con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso de redes sociales, aplicaciones y otros servicios digitales. Entre las medidas técnicas más destacadas que deberán implementar las empresas se encuentran:Verificación de edad: Implementación de mecanismos proporcionales al riesgo para asegurar que los menores accedan a contenidos adecuadosBloqueo y reporte inmediato: Obligación de eliminar y denunciar ante las autoridades cualquier material relacionado con la explotación o el abuso sexual infantilHerramientas de control parental: Oferta de soluciones técnicas flexibles que permitan a los padres ajustar los niveles de restricción según la autonomía progresiva y la edad de sus hijos.Sin embargo, el decreto aclara que estas acciones no podrán traducirse en censura previa, monitoreo generalizado de contenidos ni afectar el cifrado de extremo a extremo o la privacidad de las comunicaciones. El decreto también fortalece la coordinación entre entidades del Estado, asigna responsabilidades al Ministerio TIC y promueve campañas de alfabetización y educación digital dirigidas a familias, docentes y estudiantes, con el fin de fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.El Ministerio de Educación Nacional diseñará y administrará un Repositorio de Buenas Prácticas que estará alojado en el Portal Colombia Aprende. Este espacio virtual ofrecerá recursos didácticos y guías para que docentes, padres y menores desarrollen competencias en alfabetización mediática y digitalAsimismo, las instituciones educativas del país deberán actualizar obligatoriamente sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Manuales de Convivencia para incluir protocolos de prevención frente a riesgos digitales como el ciberbullying y exposición a contenidos nocivos.La reglamentación desarrolla la Ley 2489 de 2025 bajo el principio del interés superior del menor y recoge estándares previstos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa colombiana de protección de datos personales. Con estas disposiciones, el Gobierno busca que el entorno digital ofrezca mayores garantías de seguridad, privacidad y protección para la población infantil y adolescente.
