La presencia del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la sanción social hacia personas condenadas por corrupción en Colombia. Tras la difusión de imágenes en las que aparece compartiendo en una fiesta privada junto a su esposa, la congresista Saray Robayo, Tapia rompió el silencio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde aseguró que no pretende desafiar a la sociedad y defendió su derecho a reconstruir su vida después de haber pagado sus condenas.“Yo no me robé nada y tampoco he ido a desafiar a nadie”, afirmó Tapia durante la conversación radial, en medio de cuestionamientos por su aparición en un evento social mientras cumple libertad condicional.El excontratista, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y posteriormente por el caso Centros Poblados, insistió en que su presencia en el Festival Vallenato obedeció únicamente a una invitación social hecha a su esposa y negó cualquier intención de provocación.La polémica por las fotografías en ValleduparLa controversia se desató luego de que circularan imágenes de Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más importantes del país. La aparición generó críticas en redes sociales y reabrió el debate sobre si personas condenadas por corrupción deben mantener un perfil bajo tras recuperar su libertad.Según explicó Tapia, asistió acompañado de su esposa, la representante Saray Robayo, quien había sido invitada formalmente al evento. “Yo llegué por una invitación de mi señora y asistimos a la reunión donde estaban los nombres registrados para el ingreso”, aseguró.El empresario sostuvo que durante la reunión compartió con amigos y conocidos de años atrás y que nunca percibió rechazo durante el encuentro. Sin embargo, reconoció que la difusión de las imágenes provocó un fuerte debate público.“Esto es un mal mensaje para todas las personas privadas de la libertad que están saliendo a resocializarse”, afirmó Tapia, quien considera que la reacción social frente a su presencia pública contradice el principio constitucional de resocialización.“Tengo dos condenas, pero no me he robado un peso”Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Tapia defendió su actuación en los procesos judiciales que lo llevaron a prisión. Aunque reconoció sus condenas por corrupción, insistió en que eso no significa que se haya apropiado de recursos públicos.“Yo tengo dos condenas por corrupción. Lo que pasa es que la corrupción y los delitos que uno asume por corrupción no implica que yo haya robado”, sostuvo.Sobre el caso Centros Poblados, Tapia argumentó que asumió responsabilidad “por omisión” y no por acción directa. Además, afirmó que la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal tras concluir que no existió detrimento patrimonial.“Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”, reiteró durante la entrevista.Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de los panelistas de Blu Radio, quienes le recordaron las condenas judiciales y el impacto que los escándalos tuvieron sobre los recursos públicos destinados a proyectos estatales.La defensa de su patrimonio y su vida empresarialTapia también respondió a las críticas sobre su situación económica actual. Durante la entrevista explicó que su patrimonio proviene principalmente de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y urbano, sectores en los que asegura trabajar desde hace más de dos décadas.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado y eso es lo que me ha permitido sostener a mi familia y asumir todos estos procesos judiciales”, afirmó.El excontratista negó que actualmente tenga vínculos con contratos públicos y aseguró que tomó la decisión de alejarse definitivamente del Estado. “No quiero tener un solo negocio público con el Estado”, señaló.Tapia también respondió a las recientes denuncias relacionadas con el uso presuntamente fraudulento de la experiencia de una de sus empresas en procesos de contratación vial. Según dijo, fue él mismo quien denunció ante la Fiscalía el uso irregular de documentación empresarial.Tapia aseguró que ha intentado reconstruir su vida y reparar el daño causado. “Pedí perdón, pagué el tiempo privado de la libertad y sigo colaborando con la justicia”, manifestó.El empresario reveló además que ha cumplido cerca de diez años de prisión y que actualmente busca enfocarse en su familia y en actividades privadas. “Lo peor que me ha pasado en toda mi vida es el dolor que esto le ha generado a mis hijos y a mi familia”, expresó.
La aparición del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato desató una nueva controversia nacional alrededor de la sanción social hacia personas condenadas por corrupción. Las imágenes del empresario en eventos sociales en Valledupar generaron críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites entre la vida privada, la resocialización y la responsabilidad pública de quienes han enfrentado procesos judiciales por corrupción en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tapia defendió su derecho a reconstruir su vida personal y aseguró que actualmente vive de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y negó que su patrimonio provenga de recursos públicos o actos ilícitos.“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el excontratista durante la conversación radial.Emilio Tapia responde por críticas tras el Festival VallenatoLa controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Emilio Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato en Valledupar. Para muchos usuarios en redes sociales, la presencia pública del excontratista representó una provocación, teniendo en cuenta sus condenas por los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y Centros Poblados.Sin embargo, Tapia aseguró que asistió al evento por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo, y rechazó las interpretaciones que califican su presencia como un desafío a la sociedad.Durante la entrevista, Tapia insistió en que se encuentra en un proceso de resocialización y señaló que ya cumplió las sanciones judiciales impuestas en su contra.“He hecho absolutamente de todo para tratar de resarcir no solamente el tema jurídico, porque ya el tema jurídico quedó superado (…) pero la resocialización también lo estoy haciendo”, expresó.“No me he robado un peso”: Tapia defiende su patrimonioUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el equipo periodístico cuestionó directamente el origen de la fortuna del excontratista. Tapia rechazó categóricamente que su patrimonio provenga de corrupción.El empresario aseguró que los procesos judiciales relacionados con contratación pública le generaron pérdidas económicas y defendió que sus ingresos actuales provienen exclusivamente del sector privado.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado, y eso es lo que me ha podido no solamente sostener a mi familia, sino también solventar todos estos procesos judiciales”, explicó.Tapia también señaló que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, actividades que —según dijo— existían antes de los escándalos de corrupción que marcaron su carrera pública.El debate sobre Centros Poblados y las condenas por corrupciónDurante la entrevista, Emilio Tapia reconoció nuevamente las dos condenas judiciales que pesan sobre él, aunque insistió en diferenciar entre delitos cometidos “por acción” y “por omisión”.Respecto al caso Centros Poblados, defendió que no existió apropiación indebida de recursos y aseguró que la Contraloría General lo exoneró de responsabilidad fiscal.“Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, afirmó. No obstante, los periodistas le recordaron que fue condenado por delitos relacionados con corrupción y peculado. Tapia respondió argumentando que aceptó responsabilidad como parte de una estrategia jurídica para evitar un proceso más largo y desgastante para su familia.“Prefería asumir la responsabilidad, pero esto lo más pronto posible”, explicó. Además, confirmó que ha pagado cerca de diez años de cárcel y que actualmente se encuentra en libertad condicional.Niega interés en nuevos contratos públicosOtro de los temas abordados en la entrevista fue la denuncia reciente de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre supuestos intentos de participación de empresas relacionadas con Tapia en procesos contractuales del Estado.El excontratista negó estar buscando nuevos contratos públicos y aseguró que, por el contrario, fue él quien denunció el uso fraudulento de experiencias empresariales vinculadas a compañías de su propiedad. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, aseguró.Tapia sostuvo que actualmente no tiene interés en participar en proyectos estatales y reiteró que toda su actividad económica se desarrolla en el ámbito privado.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El señor Libardo Brochero Gutiérrez, de 70 años de edad, hoy es la cara de la alegría y la esperanza en el distrito de Buenaventura. Este hombre fue rescatado entre los escombros de su vivienda en el barrio Rockefeller, casi 30 horas después de su colapso por el terremoto de este lunes.En el momento de la emergencia, don Libardo se encontraba con su esposa Dilia Góngora, quien aún no ha podido ser sacada de los restos de su casa, así lo indicó el comandante de los Bomberos de Buenaventura, el capitán Javier Grijalba."Primeramente, y para la comunidad en general darles gracias y también al Altísimo, porque ha seguido colocando su mano aquí en Buenaventura. Verdaderamente hoy logramos rescatar. Hoy estamos aquí en Roquefeller y es un trabajo arduo. También tengo que reconocer el apoyo de la comunidad de este sector, de la administración distrital, porque han hecho un trabajo también significativo, ayudando a conseguir herramientas maquinarias. Hemos tenido y el apoyo de la empresa privada. En verdad que es digno de reconocer que en estos momentos de mucho dolor y de mucha angustia, Buenaventura se ha unido. Tenemos un pueblo que, frente a estas situaciones, es solidario", expresó.Afectaciones en BuenaventuraSon más de 2.100 viviendas completamente destruidas en el distrito de Buenaventura y otras 5.000 casas tienen varias afectaciones. La alcaldesa del distrito, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó que iglesias, casetas comunales y colegios, se han acondicionado como albergues para que las víctimas tengan un lugar de refugio.Una de las situaciones más complejas ocurridas en este Distrito se vive en el Centro de Detención Transitorio Marte, pues horas después del terremoto, en este lugar, se registró un incendio en el que murieron cuatro internos."Hoy hay más de 300 personas privadas de la libertad que deben ser trasladados con urgencia", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.La vía de acceso a Buenaventura ya fue completamente habilitada, permitiendo así el paso de la ayuda humanitaria vía terrestre.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,2 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales, informó este miércoles el Gobierno."El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.
La presencia de un hipopótamo en el barrio Cincuentenario y Limonar, en la comuna 4 de Barrancabermeja, generó alerta y preocupación entre los habitantes de este sector, luego de que el animal fuera visto desplazándose por una de las calles, muy cerca de una vivienda.El hecho fue advertido por un habitante de la zona, quien logró grabar un video en el que se observa al hipopótamo por el barrio. De acuerdo con las primeras verificaciones, el animal habría ingresado al sector a través de un humedal cercano.Tras conocerse el caso, funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja se desplazaron hasta la zona para verificar el recorrido del animal y encontraron rastros que permitirían establecer por dónde se movilizó.Leonardo Granados, secretario de Ambiente, explicó que veterinarios, biólogos y unidades de la Policía Ambiental adelantan la revisión del área para determinar la ubicación y trayectoria del hipopótamo.“Con nuestros veterinarios, la Policía Ambiental y los biólogos estamos haciendo precisamente el análisis del área para revisar las huellas que tenemos”, señaló Granados.El funcionario agregó que, desde el Distrito, se solicitará la aplicación de los protocolos de prevención del riesgo relacionados con la presencia de especies invasoras que pueden representar un peligro para la comunidad.La preocupación de las autoridades y habitantes no es nueva. Desde enero, la Alcaldía de Barrancabermeja ha realizado más de 20 solicitudes al Ministerio de Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales para que se adopten medidas urgentes frente a la presencia de hipopótamos en diferentes sectores del distrito.Sin embargo, hasta ahora no se han adelantado acciones concretas para la captura y reubicación de estos animales. La nueva aparición en una zona residencial manitnene en alerta a los habitantes del barrio Cincuentenario cercano a humedales donde habita esta especie.
El Ministerio de Defensa confirmó los resultados de la Operación Beta, el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra el ELN en el Catatumbo.La operación se adelantó en zona rural de Tibú y San Calixto, donde dos integrantes del ELN fueron neutralizados, 1,5 toneladas de explosivos fueron incautadas y cinco campamentos fueron destruidos.En la noche del lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron la acción contra la estructura criminal que delinque en esa región del Catatumbo, con un resultado de dos presuntos integrantes del ELN neutralizados durante el desarrollo de las operaciones.Durante la intervención fueron incautadas aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y diverso material de guerra, entre ellos 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de material de comunicaciones e intendencia. También fueron ubicados y destruidos dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, según la cartera, eran utilizadas por la estructura armada.El Ministerio de Defensa enfatizó el marco legal de la operación y aseguró que fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción.El Ministerio de Defensa hizo una precisión: la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto y no específicamente en la vereda El Sinaí, como se ha señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales.Esa aclaración cobra relevancia frente a lo que ya había denunciado horas antes la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, que reportó que la operación habría afectado a población civil, señalando que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos precisamente en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto.Se trata de la primera acción aérea del nuevo Gobierno, ejecutada con el apoyo de aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de que unidades del Comando de Operaciones Especiales sostuvieran combates previos en tierra con integrantes de la estructura. El operativo llega semanas después de que, en julio, De La Espriella lanzara un ultimátum a los cabecillas del ELN y del Frente 33 durante su primer empalme regional en Cúcuta.El Catatumbo atraviesa desde enero de 2025 una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33: más de 120.000 personas han sido desplazadas, cerca de 50.000 familias permanecen confinadas y alrededor de 120 personas han muerto en medio de esos enfrentamientos, según cifras recogidas por la Defensoría del Pueblo.
Las labores de búsqueda continúan en Pereira y otros municipios de Risaralda luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el lunes y dejó una emergencia de grandes proporciones, especialmente en el occidente del país.En medio de las operaciones de rescate y la atención a las familias afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de personas cuyo paradero todavía no ha podido ser establecido. Medicina Legal en Pereira reportó que ha recibido 67 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 33 están confirmadas.El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también se reportaron graves daños en Caldas y Quindío.¿Quiénes son las personas desaparecidas en Pereira?La lista entregada para apoyar las labores de búsqueda está conformada por las siguientes personas:Lina Marcela Rodas CuadrosJulián Andrés Mejía MorenoSandra Patricia Chica MontoyaGilberto de Jesús Giraldo LópezPilar Jiménez ToquicaMoncada AguirreMaría Araengoza González GutiérrezPaola Andrea Franco BustamanteDargui González GuerreroÁngela María Acosta GonzálezJuan Manuel Toro SánchezWilson Largo TrejosLuis Fernando Hernández OssaPedro Nell Díaz DíazAracelly DazaRoyer David Ramírez QuirozDerly Angélica MartínezVanessa Gómez MolinaDeici Zulkernhe Rodríguez MejíaKevin Estiven Álvarez MosqueraRosa Angélica Maya MayaMaría Mariela Granada EcheverryGuillermo Orrego FlórezBlanca Libia Hincapié LondoñoJosé Fernando Valencia CañasSorley Aracely Villa GuevaraAleyda Campiña TrujilloMariana Santa GómezPaulo Andrés Rivera AviramaMaría Dalila Moncada AguirreJosé Fernando GranadoPaula Milena Villaneda FrancoJuan Carlos Urquijo¿Cómo avanzan las labores de búsqueda tras el terremoto?Los organismos de socorro continúan concentrando esfuerzos en las zonas donde se presentaron colapsos estructurales y existen reportes de personas que podrían permanecer atrapadas.Uno de los casos que ha generado esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, en Cali, donde los rescatistas encontraron con vida a Diana Troncoso, una mujer de 31 años que permaneció atrapada durante varias horas tras el colapso de un edificio de cuatro pisos.En Pereira, además de las labores de rescate, las autoridades adelantan la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. El aeropuerto internacional Matecaña mantiene suspendidas sus operaciones comerciales mientras se revisan la pista, los sistemas de comunicación y la torre de control.El presidente Abelardo De La Espriella recorrió Pereira, Manizales y Dosquebradas para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales. En Manizales anunció subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas y señaló que se contemplan ayudas similares para los damnificados de Risaralda.
