La presencia del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la sanción social hacia personas condenadas por corrupción en Colombia. Tras la difusión de imágenes en las que aparece compartiendo en una fiesta privada junto a su esposa, la congresista Saray Robayo, Tapia rompió el silencio en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde aseguró que no pretende desafiar a la sociedad y defendió su derecho a reconstruir su vida después de haber pagado sus condenas.“Yo no me robé nada y tampoco he ido a desafiar a nadie”, afirmó Tapia durante la conversación radial, en medio de cuestionamientos por su aparición en un evento social mientras cumple libertad condicional.El excontratista, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y posteriormente por el caso Centros Poblados, insistió en que su presencia en el Festival Vallenato obedeció únicamente a una invitación social hecha a su esposa y negó cualquier intención de provocación.La polémica por las fotografías en ValleduparLa controversia se desató luego de que circularan imágenes de Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más importantes del país. La aparición generó críticas en redes sociales y reabrió el debate sobre si personas condenadas por corrupción deben mantener un perfil bajo tras recuperar su libertad.Según explicó Tapia, asistió acompañado de su esposa, la representante Saray Robayo, quien había sido invitada formalmente al evento. “Yo llegué por una invitación de mi señora y asistimos a la reunión donde estaban los nombres registrados para el ingreso”, aseguró.El empresario sostuvo que durante la reunión compartió con amigos y conocidos de años atrás y que nunca percibió rechazo durante el encuentro. Sin embargo, reconoció que la difusión de las imágenes provocó un fuerte debate público.“Esto es un mal mensaje para todas las personas privadas de la libertad que están saliendo a resocializarse”, afirmó Tapia, quien considera que la reacción social frente a su presencia pública contradice el principio constitucional de resocialización.“Tengo dos condenas, pero no me he robado un peso”Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Tapia defendió su actuación en los procesos judiciales que lo llevaron a prisión. Aunque reconoció sus condenas por corrupción, insistió en que eso no significa que se haya apropiado de recursos públicos.“Yo tengo dos condenas por corrupción. Lo que pasa es que la corrupción y los delitos que uno asume por corrupción no implica que yo haya robado”, sostuvo.Sobre el caso Centros Poblados, Tapia argumentó que asumió responsabilidad “por omisión” y no por acción directa. Además, afirmó que la Contraloría General de la República lo exoneró de responsabilidad fiscal tras concluir que no existió detrimento patrimonial.“Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”, reiteró durante la entrevista.Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de los panelistas de Blu Radio, quienes le recordaron las condenas judiciales y el impacto que los escándalos tuvieron sobre los recursos públicos destinados a proyectos estatales.La defensa de su patrimonio y su vida empresarialTapia también respondió a las críticas sobre su situación económica actual. Durante la entrevista explicó que su patrimonio proviene principalmente de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y urbano, sectores en los que asegura trabajar desde hace más de dos décadas.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado y eso es lo que me ha permitido sostener a mi familia y asumir todos estos procesos judiciales”, afirmó.El excontratista negó que actualmente tenga vínculos con contratos públicos y aseguró que tomó la decisión de alejarse definitivamente del Estado. “No quiero tener un solo negocio público con el Estado”, señaló.Tapia también respondió a las recientes denuncias relacionadas con el uso presuntamente fraudulento de la experiencia de una de sus empresas en procesos de contratación vial. Según dijo, fue él mismo quien denunció ante la Fiscalía el uso irregular de documentación empresarial.Tapia aseguró que ha intentado reconstruir su vida y reparar el daño causado. “Pedí perdón, pagué el tiempo privado de la libertad y sigo colaborando con la justicia”, manifestó.El empresario reveló además que ha cumplido cerca de diez años de prisión y que actualmente busca enfocarse en su familia y en actividades privadas. “Lo peor que me ha pasado en toda mi vida es el dolor que esto le ha generado a mis hijos y a mi familia”, expresó.
La aparición del excontratista Emilio Tapia en el Festival Vallenato desató una nueva controversia nacional alrededor de la sanción social hacia personas condenadas por corrupción. Las imágenes del empresario en eventos sociales en Valledupar generaron críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites entre la vida privada, la resocialización y la responsabilidad pública de quienes han enfrentado procesos judiciales por corrupción en Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tapia defendió su derecho a reconstruir su vida personal y aseguró que actualmente vive de actividades privadas relacionadas con el desarrollo inmobiliario y negó que su patrimonio provenga de recursos públicos o actos ilícitos.“Yo tengo una vida tranquila, gracias a Dios, y tengo que seguir trabajando, y lo hago desde el sector privado”, afirmó el excontratista durante la conversación radial.Emilio Tapia responde por críticas tras el Festival VallenatoLa controversia comenzó luego de que circularan fotografías de Emilio Tapia en una fiesta durante el Festival Vallenato en Valledupar. Para muchos usuarios en redes sociales, la presencia pública del excontratista representó una provocación, teniendo en cuenta sus condenas por los escándalos del carrusel de la contratación en Bogotá y Centros Poblados.Sin embargo, Tapia aseguró que asistió al evento por invitación de su esposa, la congresista Saray Robayo, y rechazó las interpretaciones que califican su presencia como un desafío a la sociedad.Durante la entrevista, Tapia insistió en que se encuentra en un proceso de resocialización y señaló que ya cumplió las sanciones judiciales impuestas en su contra.“He hecho absolutamente de todo para tratar de resarcir no solamente el tema jurídico, porque ya el tema jurídico quedó superado (…) pero la resocialización también lo estoy haciendo”, expresó.“No me he robado un peso”: Tapia defiende su patrimonioUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando el equipo periodístico cuestionó directamente el origen de la fortuna del excontratista. Tapia rechazó categóricamente que su patrimonio provenga de corrupción.El empresario aseguró que los procesos judiciales relacionados con contratación pública le generaron pérdidas económicas y defendió que sus ingresos actuales provienen exclusivamente del sector privado.“Afortunadamente yo desarrollo negocios en el sector privado, y eso es lo que me ha podido no solamente sostener a mi familia, sino también solventar todos estos procesos judiciales”, explicó.Tapia también señaló que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de desarrollo inmobiliario y urbano, actividades que —según dijo— existían antes de los escándalos de corrupción que marcaron su carrera pública.El debate sobre Centros Poblados y las condenas por corrupciónDurante la entrevista, Emilio Tapia reconoció nuevamente las dos condenas judiciales que pesan sobre él, aunque insistió en diferenciar entre delitos cometidos “por acción” y “por omisión”.Respecto al caso Centros Poblados, defendió que no existió apropiación indebida de recursos y aseguró que la Contraloría General lo exoneró de responsabilidad fiscal.“Yo no me robé 70 mil millones de pesos”, afirmó. No obstante, los periodistas le recordaron que fue condenado por delitos relacionados con corrupción y peculado. Tapia respondió argumentando que aceptó responsabilidad como parte de una estrategia jurídica para evitar un proceso más largo y desgastante para su familia.“Prefería asumir la responsabilidad, pero esto lo más pronto posible”, explicó. Además, confirmó que ha pagado cerca de diez años de cárcel y que actualmente se encuentra en libertad condicional.Niega interés en nuevos contratos públicosOtro de los temas abordados en la entrevista fue la denuncia reciente de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre supuestos intentos de participación de empresas relacionadas con Tapia en procesos contractuales del Estado.El excontratista negó estar buscando nuevos contratos públicos y aseguró que, por el contrario, fue él quien denunció el uso fraudulento de experiencias empresariales vinculadas a compañías de su propiedad. “Tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio público con el Estado”, aseguró.Tapia sostuvo que actualmente no tiene interés en participar en proyectos estatales y reiteró que toda su actividad económica se desarrolla en el ámbito privado.
La empresa ICM Ingenieros S.A.S., sancionada por su participación en el escándalo de Centros Poblados, estaría teniendo presencia indirecta en procesos de licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco del programa “Vías para la Paz”.La situación genera preocupación debido a que, aunque la firma no aparece directamente como proponente, sí tendría vínculos dentro de la estructura empresarial de compañías que actualmente compiten por contratos públicos.Participación en licitación en AraucaEl primer caso corresponde al proceso LP-DEO-SVR-045-2025, para la vía Arauquita – Saravena.En esta licitación participa el Consorcio Provías Arauquita – Saravena, donde figura ING Construguajira S.A.S. (20 %), empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S.Participación en licitación en NariñoEl segundo proceso, LP-DEO-SVR-043-2025, corresponde a la vía Samaniego – La Llanada – Sotomayor.Allí participa el Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que ING Construguajira S.A.S. tiene el 90 % de participación, y que también mantiene vínculos accionarios con ICM Ingenieros S.A.S.La respuesta de Emilio TapiaFrente a estas revelaciones, Emilio Tapia negó cualquier relación directa con estos procesos contractuales.Según Tapia, se trata de terceros que estarían utilizando estructuras empresariales sin su participación Esta situación, asegura, se viene presentando desde hace al menos tres años, por lo que ya interpuso una denuncia formal, la cual incluso amplió meses después al conocer nuevos hechos relacionados.María del Carmen Ortega Arroyo es la persona frente a la que amplió la denuncia de manera más reciente, pues es la representante legal deConstruguajira S.A.S., empresa que tiene dentro de su estructura accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en las dos licitaciones mencionadas.Invías suspende los procesosAnte las alertas, el Invías decidió suspender de manera preventiva las licitaciones mencionadas, mientras se revisan posibles irregularidades en la conformación de los proponentes y sus vínculos empresariales.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
La Comisión de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández tras haberle otorgado nuevamente la libertad al polémico contratista Emilio Tapia condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionado con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias para que se investigue a la juez primera de ejecución de penas Claribel Onisa Fernández por otorgarle nuevamente la libertad a Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.Y es que Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional. La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.No es la primera vez que la Seccional del Atlántico compulsa copias para que se investigue a la jueza Claribel Onisa Fernández, pues en la actualidad tiene abiertos otros dos procesos también relacionados con el contratista.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional; sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.
Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, quedó en libertad en las últimas horas. Tapia, implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el caso de Centros Poblados, salió de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras una decisión judicial que le concedió la libertad condicional.La decisión se hizo efectiva por orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. De acuerdo con el documento judicial, Tapia cumplió 90 meses y 10 días de la condena impuesta en su contra, motivo por el cual se le otorgó la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.Cabe recordar que Emilio Tapia Aldana es esposo de la representante a la Cámara Saray Robayo y ha sido condenado en procesos relacionados con graves hechos de corrupción que afectaron recursos públicos destinados a infraestructura y conectividad para comunidades vulnerables del país.El pasado 11 de abril de 2025, Tapia había obtenido libertad condicional, sin embargo, el 31 de octubre fue recapturado luego de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional.Además, en diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Este martes se conoció el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026-2030, redactado por el gobierno de Abelardo De la Espriella. El documento lleva por título “Colombia, la Patria Milagro” y propone una transformación económica, social e institucional sustentada en cuatro principios: “la vida, la familia, la libertad y la seguridad”, valores que, además, quiere convertir en decisiones de gobierno.En materia económica, el plan fija una de sus metas más ambiciosas: llevar al país a un crecimiento cercano al 6 % anual. Para lograrlo, propone elevar la inversión pública y privada hasta el 25 % del PIB en 2030 y reducir la pobreza monetaria al 20 %. El documento apuesta por impulsar la productividad, las exportaciones y el empleo formal, con sectores como energía, infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia y tecnología y bioeconomía como motores de expansión.Además, bajo el lema “Colombia desde las Regiones”, el borrador organiza la planeación alrededor de trece regiones estratégicas y busca romper con el centralismo en la definición de las grandes inversiones. Para acelerar los proyectos introduce el concepto de “decisiones habilitantes”: en lugar de esperar indefinidamente a que aparezcan las condiciones para invertir, el Estado deberá identificar los obstáculos y convertirlos en responsabilidades, trámites y decisiones concretas. Los megaproyectos, según el texto, deberán atraer capital y generar empleo en los territorios.En el frente social, el Gobierno plantea pasar de las ayudas permanentes a mecanismos que faciliten la generación de ingresos, la formalización y la acumulación de patrimonio. El horizonte que propone es un “capitalismo popular”, en el que trabajadores, productores y ciudadanos puedan convertirse en accionistas de empresas y participar en los beneficios de la actividad productiva. La apuesta incluye ampliar el acceso al crédito, fortalecer pequeños negocios y conectar la creación de riqueza con oportunidades de movilidad social.El documento sostiene además que el Gobierno “romperá con la falsa paz que presenta la negociación con la ilegalidad como único camino para la convivencia”. Su enfoque prioriza el fortalecimiento de la justicia, la investigación penal y la acción contra las organizaciones criminales, a las que el texto atribuye un propósito delictivo y económico.En la reforma institucional, el borrador propone la “Operación Destrabe”, una estrategia para revisar normas, simplificar trámites y reducir barreras que, a juicio del Gobierno, frenan la actividad económica y la gestión pública. Su principio rector es: “lo que no tiene propósito se elimina; lo que lo tiene se modifica u optimiza”. La iniciativa contempla herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más ágiles los procedimientos estatales.El plan dedica un capítulo a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cual dejó daños valorados en $38,66 billones y pérdidas económicas estimadas en $5,99 billones. La respuesta contempla recuperar viviendas, servicios esenciales y corredores de transporte, además de fortalecer la resiliencia de los territorios afectados.Para articular la reconstrucción y las demás apuestas económicas, el plan contempla instrumentos de financiación y coordinación entre entidades. Entre ellos, está el Fondo Milagro, concebido para apoyar la recuperación de las zonas afectadas, y la Misión Crecer, coordinada por la Vicepresidencia de la República. Esta última deberá facilitar la inversión y coordinar iniciativas en financiación, talento, energía y modernización del Estado, sin reemplazar las competencias de los ministerios y demás entidades.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo acá:
Los amantes del regional mexicano en Colombia tendrán su propio espacio este 2025 con el regreso del Orale Wey Fest, un evento que, en 2025, llevó a cabo su primera edición en El Campín con Grupo Firme como la cabeza principal del mismo.En esta ocasión, Christian Nodal y Tito Double P serán los encargados de liderar la fiesta de este evento que, hasta ahora, ha sido un éxito en Colombia gracias a la estrecha relación entre ambas culturas, en especial a través de la música.“El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana. Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos”, expresaron desde la organización.¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Orale Wey Fest en Bogotá?Esta edición 2026 se llevará a cabo en el Vive Claro el próximo 12 de diciembre, en donde se espera la llegada de miles de fanáticos del regional mexicano para disfrutar de un día lleno de artistas de este género.Un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.Precios y localidades del Orale Wey Fest 2026Gradería 117 - 124 (Numerado): Precio $139.500 + Servicio $29.000 = Precio Full $168.500Gradería 125 - 132 (Numerado): Precio $180.000 + Servicio $37.000 = Precio Full $217.000Gradería 109 - 116 (Numerado): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Preferencial (De pie): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Gradería 101 - 108 (Numerado): Precio $495.000 + Servicio $101.000 = Precio Full $596.000Palco Bronce (x10 personas): Precio $9.000.000 + Servicio $1.400.000 = Precio Full $10.400.000Palco Plata (x10 personas): Precio $13.500.000 + Servicio $2.090.000 = Precio Full $15.590.000Palco Oro (x10 personas): Precio $18.000.000 + Servicio $2.790.000 = Precio Full $20.790.000Palco Patrocinadores (x10 personas): Precio $22.500.000 + Servicio $3.490.000 = Precio Full $25.990.000
China avanza en el desarrollo de una tecnología que podría introducir una nueva alternativa para el tratamiento de la obesidad. La compañía de neurotecnología BrainCo trabaja en un dispositivo portátil capaz de estimular determinadas regiones del cerebro con el propósito de reducir el apetito, una propuesta que ha comenzado a describirse como un «Ozempic electrónico» por su posible aplicación en el control del peso sin necesidad de recurrir a medicamentos.La iniciativa busca trasladar los avances de las interfaces cerebro-computadora al ámbito de la salud metabólica. De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la empresa pretende desarrollar un sistema que intervenga sobre los mecanismos cerebrales relacionados con la sensación de hambre y la regulación de la ingesta de alimentos.El proyecto representa una nueva línea de investigación comercial para BrainCo, compañía establecida en Hangzhou, China, que busca ampliar las aplicaciones de su tecnología de estimulación cerebral. Su propuesta apunta a un mercado en el que actualmente tienen presencia tratamientos farmacológicos como Wegovy y Zepbound, utilizados para el control del peso.BrainCo apuesta por la estimulación cerebral para controlar el apetitoLa tecnología que desarrolla la compañía se basa en las interfaces cerebro-computadora, conocidas internacionalmente por las siglas BCI. Estos sistemas permiten establecer una conexión entre determinados procesos cerebrales y dispositivos tecnológicos, mediante mecanismos diseñados para registrar o intervenir sobre señales relacionadas con la actividad neuronal.En el caso del proyecto de BrainCo, la finalidad sería utilizar la estimulación cerebral para modificar las señales asociadas con el apetito. De esta manera, el dispositivo intentaría influir en los mecanismos que participan en la sensación de hambre, con el objetivo de disminuir la necesidad de consumir alimentos.La diferencia frente a los tratamientos farmacológicos existentes estaría en el método empleado. Mientras algunos medicamentos actúan sobre procesos hormonales y metabólicos vinculados con la regulación del apetito, la propuesta de la empresa china pretende alcanzar un efecto relacionado mediante tecnología de estimulación cerebral.Esta característica permitiría explorar una modalidad de intervención distinta a la administración de sustancias farmacológicas. Sin embargo, el dispositivo todavía se encuentra en fase de desarrollo y no se han presentado resultados que permitan establecer su eficacia o compararlo directamente con los tratamientos disponibles.Cuándo podría llegar al mercado el Ozempic electrónicoBrainCo contempla introducir el dispositivo comercialmente dentro de un plazo aproximado de dos a tres años. Según explicó Nyx He, socia fundadora de la compañía, el lanzamiento inicial estaría previsto para China, con una posible expansión posterior hacia Estados Unidos.El calendario anunciado sitúa el proyecto en una etapa de desarrollo tecnológico y planificación comercial. Por ahora, la empresa no ha comunicado una fecha concreta de lanzamiento ni ha detallado todas las características que tendrá el producto definitivo.La estrategia de comercialización también contempla diferentes posibilidades para llegar a los consumidores. Entre las alternativas que estudia BrainCo figura la creación de versiones diferenciadas para aplicaciones médicas y para el mercado de consumo.Esta separación permitiría atender distintos segmentos, dependiendo del uso previsto para cada dispositivo. Una presentación orientada al ámbito médico tendría un enfoque diferente al de un producto diseñado para consumidores que buscan herramientas tecnológicas relacionadas con el control del apetito.No obstante, la compañía todavía debe definir cómo estructurará su oferta y cuáles serán las condiciones de acceso a cada versión.
A escasas tres semanas de la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, las autoridades electorales y departamentales continúan afinando los aspectos logísticos y operativos para garantizar el desarrollo de la jornada en los ocho municipios del Oriente antioqueño convocados a las urnas.Los avances se conocieron durante un nuevo comité departamental de garantías electorales, que contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Al término del encuentro, las autoridades señalaron que siguen dadas las condiciones para llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana el próximo 29 de noviembre.De acuerdo con las cifras entregadas por Penagos, el censo electoral ya está conformado por 383.952 personas habilitadas para votar. De ellas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres. Para atender a los votantes se dispondrán 87 puestos, distribuidos en 51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario, con un total de 501 mesas."La convocatoria está llevada a cabo y se ha cumplido todos los requisitos que la ley determina para este tipo de convocatorias. En segundo lugar, que los recursos también están absolutamente dispuestos y ya la parte operativa desplegada", informó el funcionario.Uno de los aspectos determinantes de la jornada será la verificación del umbral de participación. El registrador explicó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se comprobará que en cada municipio haya acudido a las urnas al menos el 5% de su respectivo censo electoral. Solo después de cumplir esa condición se procederá a establecer el resultado de la consulta."Se hace la verificación del umbral y no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo", dijo el registrador.La organización también contempla la participación de más de 3.600 jurados de votación. Su designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre, mientras que las jornadas de capacitación están previstas para los días 26 y 27 del mismo mes.
