La Procuraduría General de la Nación revocó los oficios 3571 y 3572 del 10 de julio de 2023 dirigidos al comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, brigadier General, Jaime Eduardo Torres Ramírez, y al comandante del Batallón de Ingenieros No. 2, teniente Coronel, Mauricio Calvo Restrepo, en los que se les solicita cumplir de inmediato con el traslado de Emilio Tapia de la Penitenciaría el Bosque de Barranquilla ubicado en Malambo, Atlántico.El auto deja sin efecto las comunicaciones suscritas por el profesional universitario, Óscar Obeso Hernández, de la procuraduría provincial de instrumentos de Barranquilla, el cual fue dado a conocer por Blu Radio.Así las cosas, el ente de control manifestó que el expediente se trasladará a la Agencia Especial que en calidad de Agente del Ministerio Público viene atendiendo los asuntos relacionados con Emilio Tapia, dentro de la acción de tutela interpuesta por sus familiares para que sea sacado del pabellón donde permanece rodeado por delincuentes comunes.La entidad aseveró que informará a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación las presuntas irregularidades en el manejo de este caso por parte de Obeso Hernández, para las correspondientes investigaciones que se pudieran presentar.Los polémicos oficios a los que tuvo acceso Blu Radio ordenaban no solo el urgente traslado de Emilio Tapia al batallón Militar, sino que también informaba que le sería abierto un proceso disciplinario al coronel Mauricio Calvo, director del Batallón Vergara y Velasco, por incumplir el fallo y permanecer bajo desacato.Vale recordar que en la guarnición militar en Malambo solo tiene disponible una cama y esta es ocupada por Aida Merlano quien fue trasladada por una solicitud que elevó al Ministerio de Defensa.Le puede interesar:
Hasta la Procuraduría recurrió Emilio Tapia para no seguir un día más en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, en un pabellón rodeado por delincuentes comunes, pues insiste en ser recibido en el centro de reclusión militar ubicado en el batallón Vergara y Velasco, de Malambo, Atlántico, luego de que un fallo de tutela así se lo concediera.Por esto, desde la Procuraduría Provincial de Barranquilla fue enviada una notificación al general Jaime Eduardo Torres Ramírez, comandante del comando de personal, para que cumpla cuanto antes con dicha tutela, y para que le sean cobijados los derechos al condenado empresario.Sin embargo, entre Emilio Tapia y el batallón no solo hay 12 kilómetros de distancia, sino también una mujer ocupando la única cama disponible para estar en el sitio. En este caso, la estancia de Aida Merlano en dicho batallón, tras una solicitud que elevó al Ministerio de Defensa, sigue siendo la piedra en el zapato para el cumplimiento de este fallo que ya estaría dando lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias. Al respecto, el procurador provincial Óscar Obeso no solo requirió el urgente traslado al general Torres, sino que también le informó que será adelantado un proceso disciplinario contra el coronel Mauricio Calvo, director del Batallón Vergara y Velasco, por incumplir el fallo y permanecer bajo desacato.A su vez, en dicha comunicación le anuncian que será evaluada la eventual suspensión provisional de los cargos de quienes no han facilitado el traslado del condenado empresario, quien está siendo actualmente procesado por el caso de Centros Poblados.
El controvertido empresario Emilio Tapia, quien fue condenado por el carrusel de contratos en Bogotá y, recientemente, implicado en el escándalo de Centros Poblados, negó cualquier vínculo con los contratos de Santander, Bolívar y Cesar y con las empresas beneficiarias.“Jamás he participado ni actuado a nombre de nadie en procura de alguno de esos contratos, y que tampoco nada me puede relacionar con tales hechos contractuales, por el simple y llano hecho de que jamás he tenido ni tengo participación directa o indirecta en ninguno de ellos”, dijo Tapia.Tapia afirma que, como Juan Carlos Aldana es su primo, de ahí se concluye como consecuencia que todo lo que Aldana realiza lo beneficia a él: “El empresario Aldana, con más de 40 años de experiencia en contratación con el Estado y el sector público, maneja sus actividades profesionales y económicas dentro de su ámbito y no se cruzan con las mías o las de mis empresas”.Esta respuesta se da después de que la revista Cambio revelara que la empresa Global Designs and Buildings, firma que tiene el 85 % de participación en el consorcio Progreso Metropolitano (que ganó una millonaria adjudicación) tiene como socio a Juan Carlos Aldana.Emilia Tapia asegura que es falso que tenga algún interés económico o profesional en los resultados o en los contratos de la sociedad Odeka, y que ninguna persona buscó conocer su versión o la de su equipo jurídico, por lo que solicita rectificación inmediata de lo ya publicado.Puede ver:
Dos de los principales protagonistas de recientes escándalos judiciales y políticos ahora se encuentran enfrentados por cuenta del único espacio de reclusión habilitado en el Batallón Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, en donde ambos quieren permanecer detenidos.La historia es la siguiente: hace una semana fue trasladada a ese batallón la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral y ficha clave de varios escándalos de la política barranquillera y nacional.Merlano fue conducida al Batallón Vergara y Velasco, luego de las denuncias de sus abogados, según las cuales, estaba en marcha un plan para asesinarla en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, tras haber sido deportada desde Venezuela.Las cosas se complican ahora, porque Emilio Tapia, el condenado cabecilla del llamado Cartel de la Contratación y actualmente detenido por el escándalo de “Centros Poblados”, pretende vía judicial, su traslado al mismo batallón, en donde únicamente hay un espacio de reclusión. Que bien puede ser o solo para hombres o solo para mujeres. De acuerdo con el juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Tapia tiene a su favor el fallo de una tutela del 3 de junio de 2022 en la que por arraigo familiar se ordena su reclusión en Barranquilla.Pese a que esto se cumplió con su envío al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque, el excontratista habría quedado en situación de vulnerabilidad a partir del cierre de tal pabellón en semanas anteriores, lo que requirió su envío a otra celda en la que comparte estancia con reclusos de delincuencia común.La situación estaría, según el juez, exponiendo a Tapia, por lo que ordena al Ejército que le brinde protección, vigilancia y custodia en este batallón mediante un auto el pasado 9 de junio, pero en el Vergara y Velasco, como en la canción del Gran Combo, “no hay cama pa´ tanta gente”.Ante esta situación, el Ejército impugnó el fallo el pasado miércoles, pero rápidamente el juez respondió negando el recurso. Ahora a la entidad solo le queda un camino: apelar ante la imposibilidad de cumplimiento de la tutela.Este se convertirá en el segundo desacato de la entidad en menos de una semana, ante fallos que le ordenan recibir en los centros de reclusión militar a civiles asociados a escándalos de corrupción, pues algo similar sucede con el exmagistrado Jorge Pretelt, por quien un juez ordenó su envío a la Brigada 11 de Montería. Por este caso desde Blu Radio conocimos que también apelarán la imposibilidad de cumplimiento de la tutela.Por ahora, Aida Merlano parece que se convirtió en una inquilina tranquila, que evita pedir favores personales y quien, incluso, pasaría varias horas al día en su habitación mientras se recupera de varios problemas emocionales que le habría generado el proceso de su fuga y recaptura de los últimos años.
Nuevamente sobre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, cae un aguacero de críticas y cuestionamientos por dos contratos entregados a familiares del controvertido empresario Emilio Tapia, quien fue condenado por el carrusel de contratos en Bogotá y, recientemente, implicado en el escándalo de Centros Poblados.El primer contrato millonario, cuestionado por la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la veeduría Transparencia por Santander, es el del Anillo Vial Externo Metropolinato.Dicho contrato fue adjudicado el 3 de enero de este 2023 y su costo es de $358.995 millones. Los veedores y expertos en temas de contratación denuncian que este fue entregado de manera exprés y con empresas recién constituidas que no tienen experiencia para una obra tan importante cuyo objetivo es mejorar la movilidad entre el centro y oriente del país.“Presenta una conexión con Emilio Tapias que creo no se conocía. En cuanto a la experiencia esta debe obedecer a la matriz de experiencia del pliego tipo. No toca un tema que personalmente reproché en materia de financiación del proyecto por valorización y el perfil de la vía que mínimo debía tener doble calzada y cuatro carriles con previsión para transporte masivo a futuro. El plazo de ocho años es exagerado”, comentó Rodrigo Fernández, experto en contratación pública de Santander.“Rechazamos cualquier asomo de corrupción en los procesos de selección de contratista y por ello, exhortamos a los organismos de control a verificar y, de encontrar irregularidades, se adelanten las acciones necesarias para establecer responsables y sancionarlos ejemplarmente. Igualmente espera celeridad en el estudio de las denuncias presentadas ante los organismos de control por presuntas irregularidades en el proceso de selección, realizadas por activistas y líderes cívicos defensores de los recursos públicos”, indicó la Sociedad Santandereana de Ingenieros en un comunicado.La controversia se desató tras conocerse la denuncia hecha por el periodista Yohir Akerman, de la revista Cambio, quien reveló que la empresa Global Designs and Buildings, firma que tiene el 85% de participación en el consorcio Progreso Metropolitano (que ganó la millonaria adjudicación), tiene como socio a Juan Carlos Aldana, primo de Emilio Tapia y salpicado en el escándalo de Centros Poblados.Pero los cuestionamientos no paran ahí. En un segundo contrato para la “construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del corredor vial Barichara – Zapatoca”, que tiene un costo de 143 mil millones de pesos, también fue adjudicado por la Gobernación de Santander a Global Designs and Buildings.La respuesta de Mauricio Aguilar“Ahora quieren ensuciar y opacar esta gran gestión. Una gestión que se ha hecho de manera transparente y donde se han venido generando todas las grandes expectativas y se ha venido desarrollando todo a través de la plataforma Secop II. Ahora comenzaron las campañas electorales, entonces lo único que tienen como caballito de batalla es hablar mal de la administración, les duele que saquemos adelante las obras que no fueron capaz de sacar adelante en administraciones anteriores, les duele el progreso y la transformación de nuestra área metropolitana, les duele que este gobierno de Mauricio Aguilar haya trabajado con compromiso con responsabilidad”, dijo.“Les duele que nosotros trabajemos con corazón sin hablar mal de nadie, lo único que tienen como propuesta es hablar mal de la administración”, agregó.
El diálogo con Blu Radio, el director del Inpec, coronel Daniel Ramírez, manifestó que por ahora está descartada la posibilidad de que se remueva al director de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, luego de la decisión de cerrar el pabellón de funcionarios públicos de este establecimiento penitenciario.Las medidas se tomaron tras una semana de escándalos dentro de la cárcel donde periodistas y víctimas denunciaron todo tipo de irregularidades dentro de este penal en Barranquilla. Uno de los casos que más rodea dudas es el de ‘Kiko Gómez’, condenado por homicidio, en el que el director del Inpec señaló que fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas, y que no va a permitir que Gómez continúe su actuar delictivo.Sobre los constantes escándalos que involucran al Inpec, Ramírez aseguró que asumió una entidad retadora y dijo que está dispuesto a trasladar las veces que sean necesarias a los detenidos de alta peligrosidad que están generando irregularidades.Además, la periodista Diana López Zuleta, hija de una de las víctimas de ‘Kiko Gómez’, había denunciado los traslados injustificados de ese detenido de la cárcel de Barranquilla. Junto a Gómez otros detenidos como Emilio Tapia, quien también ha estado involucrado en denuncias, fueron trasladados de esta cárcelCon el cierre del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel el bosque de Barranquilla, 14 personas fueron trasladadas de las 16 que estaban recluidas en este lugar.Le puede interesar:
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel el Bosque de Barranquilla, fue cerrado. Con esta decisión se dio a conocer que el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Carlos Mattos y Emilio Tapia serán trasladados a otras cárceles del país. En ese pabellón estaban recluidos 15 presos, que cometieron delitos contra la administración pública.Esta medida la tomó el Inpec para prevenir que se presenten los supuestos privilegios para los funcionarios públicos en ese pabellón de este centro penitenciario ubicado en Barranquilla.‘Kiko Gómez’, condenado por homicidio , fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas; Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y, quien enfrenta un proceso de corrupción por falsificar pólizas para quedarse con contratos como el de Centros Poblados y Emcali, sigue en la cárcel el Bosque de Barranquilla, pero será próximamente trasladado y Carlos Mattos, quien fue condenado por sobornar jueces en el caso Hyundai, seguirá en casa hospitalaria, mienras mejora su condición de salud y pueda ser trasladado a una cárcel.El director del instituto, añadió que es falso que ‘Kiko’ Gómez haya recibido privilegios como el de poder entrar y salir de la cárcel como ‘Pedro por su casa’, pero para erradicar cualquier suspicacia, indicó que se tomó la decisión de cerrar este pabellón de funcionarios públicos donde, por mucho tiempo, salieron a la luz pública situaciones donde reclusos gozaban de privilegios dentro del centro de reclusión.Le puede interesa:
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en varios actos, precisamente, por contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas, pues Tapia habría presentado pólizas falsas y la Fiscalía detectó irregularidades en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.Un fiscal contra la corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades de los colombianos.Sobre el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la presunta responsabilidad de Tapia inicia con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Para quedarse con el negocio, Tapia habría contactado a dos personas para que aportaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de 4.000 millones de pesos.Según la investigación, se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos anticipados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos personales ajenos al cumplimiento de cualquier contrato.Sobre los proyectos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Tapia también estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en licitaciones en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.Le puede interesar: señal en vivo de Blu Radio
El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le tiene la lupa puesta a los movimientos de tres reclusos que han sido compañeros de patio en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Se trata de 'Kiko' Gómez, Carlos Mattos y Emilio Tapias, por quienes solicitaron informes detallados con "motivo, destino y fecha" de cada salida que estos han realizado fuera de sus sitios de cumplimiento de condena. A su vez, el director nacional de la institución solicitó apoyo de la Unidad de Policía Judicial para que a estos reclusos les realicen registros fotográficos diarios, una de actividades fuera de la celda y otra al momento de ser devueltos a la misma, para así verificar que estos no estén realizando salidas no autorizadas. Según se expone en el documento, que fue enviado el pasado 23 de mayo a Jim Nelson Muñoz, director de la penitenciaría El Bosque, el coronel Daniel Gutiérrez recibió información sobre supuestas salidas que estarían generándole inquietudes. Ese mismo día respondió Muñoz, quien certificó que el recluso Juan Francisco Gómez Cerchar "solo sale a cumplimiento de diligencias médicas y/o requerimientos judiciales" y que este, a su vez, solo sale custodiado por la fuerza pública. En una segunda comunicación, el coronel Daniel Gutiérrez también pidió reforzar la seguridad de las rejas, programar operativos de control para hacer requisas, con el fin de decomisas objetos no permitidos dentro del establecimiento y cumplir con los horarios del reglamento. Al respecto vale la pena señalar que, desde hace varias semanas, el condenado empresario Carlos Mattos cuenta con hospitalización en casa, debido a los problemas de salud que presenta derivados de presión arterial alta, entre otras patologías. Le puede interesar:
Emilio Tapia es uno de los nombres implicados en el escándalo de Centros Poblados, proyecto que buscaba llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional. En los últimos días trascendió que inició un proceso de mediación en su caso.La Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en qué consiste esa figura y dio a conocer que este proceso lo va adelantar el Centro de Conciliación de la Universidad Libre.“El proceso sigue su curso normal. Es más, el lunes 10 de abril está convocada la audiencia de formulación de acusación de Emilio Tapia. Lo que significa que en eln o momento de justicia no hay ningún acuerdo que es lo que erradamente se está diciendo. Lo que sucede es que el Código de Procedimiento Penal establece una justicia restaurativa que es aplicable a todos los procesos cuando, lógicamente, la modalidad delictiva lo permita”, señaló Zamora.La funcionaria indicó que la figura de la mediación se busca una reparación, en este caso al afectado es el Estado. Además, reveló los detalles del particular sistema de mediar con un consultorio jurídico de un claustro universitario y explicó cómo la Universidad Libre llevará a cabo el proceso.“La Universidad Libre dividió el proceso en tres fases. El Consultorio jurídico que manejará el caso está guiado por una directora y un equipo de profesores y están fijando fechas para reunirse con los dos procesados y ver las propuestas que hagan”, manifestó.De acuerdo con Zamora, la mediación es una figura que trae el proceso penal y que permite lograr una reparación a la víctima, la cual hacen los procesados de manera voluntaria.Finalmente, la funcionaria indicó cómo se costeará el proceso de la Universidad Libre al frente del caso de Emilio Tapia y señaló que los consultorios jurídicos de las universidades prestan una labor social.Escuche la entrevista completa:
Un hecho curioso se registró en inmediaciones de los estadios más históricos del fútbol de Alemania. Cerca al escenario MEWA Arena, casa del Mainz 05 en la Bundesliga, se encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial que nunca alcanzó a detonarse.¿Cómo encontraron la bomba?De acuerdo con medios internacionales, en medio de las obras de ampliación de la universidad que está contigua al estadio del Mainz, se encontró esta bomba que sería, aproximadamente, de 500 kilogramos. Además, aparentemente, este artefacto habría pertenecido al Ejército Nacional de los Estados Unidos en medio de la Segunda Guerra Mundial.Esta no es la primera bomba que encuentran cerca al estadio. A inicios de abril de 2024 también hallaron otra, pero era más pequeña.Millonarios, el equipo favorito de Néstor Lorenzo en Colombia: "Son buenos"Desactivación controladaDespués de este hallazgo los organismos de defensa de Alemania tomaron decisiones para proteger a las personas que están cerca de esa universidad y, por su puesto, a todos los fanáticos e integrantes del club Mainz 05.Las autoridades programaron una desactivación controlada de esta bomba para el viernes, 25 de abril. Por este motivo, se evacuarán a 4.500 residentes de la sede universitaria para evitar alguna afectación a las personas que estén cerca del recinto.Asimismo, la tienda oficial del club que opera en el estadio no estará abierta al público.¿Afectará algún partido?El Mainz tiene programa para este domingo, 28 de mayo, un partido por la liga alemana. Es por la fecha 31 ante el Colonia desde las 10:30 de la mañana. Por eso, se espera cómo seguirá la desactivación de esta bomba para determinar si se puede jugar este compromiso sin ningún inconveniente, pues son cerca de 33.000 aficionados los que pueden llenar el estadio MEWA Arena.En la liga el Mainz ocupa la casilla 15 con 27 unidades y el Colonia está en la posición 17 con 22. Este partido es de suma importancia para evitar el descenso a la Bundesliga 2 de cara a la temporada 2024-2025.
De cara a mejorar la seguridad de los comerciantes en Barranquilla, y desde ahí en el país, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Lizcano, propuso este jueves la creación de una aplicación para luchar contra la extorsión.De esta manera la capital del Atlántico se convertiría en la ciudad piloto para desarrollar las primeras pruebas de este sistema de seguridad para hacer frente a la delincuencia.Lea también: ¡Quedan prohibidos los pagadiarios! Alcalde Char tras oficializar programa de créditosLizcano señaló que esta aplicación podría costar unos 5.000 millones de pesos y que ya se cuenta con los recursos. Dijo además que esperaría que se ponga en marcha dentro de los próximos 5 meses.“Le he propuesto a Barranquilla, hoy, que es una de las ciudades donde hay mayor extorsión y problemas de inseguridad, que creemos una aplicación para contrarrestar la extorsión, para que tengamos herramientas tecnológicas de denuncia, de seguimiento y vamos a construir esa propuesta tecnológicas. No podemos tener un policía en cada esquina, por eso esta aplicación que vamos a hacer y el acuerdo que hemos hecho con el general Salamanca de la Policía Nacional”, informó el ministro.Dijo además que es necesario aumentar en el país las cámaras de centros de reconocimiento facial, que en Colombia no llegan ni a las 500 mil si se quiere resolver el problema de la inseguridad de las ciudades.Mintic dio a conocer que, en lo corrido del 2024, la Policía Nacional ha logrado bloquear 13.330 páginas asociadas a actividades criminales, así mismo, ha llevado ante la justicia a 113 personas por delitos informáticos y ha atendido 3.147 incidentes reportados al CAI Virtual.
Desde la llegada de Alberto Gamero, Millonarios ha mejorado mucho su juego y se ha convertido en uno de los equipos más protagonistas del país al disputar finales y estancias finales de diversas competencias a las cuales han llegado hasta la fecha, además sumando jugadores a la Selección Colombia.Tanto así que el propio técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció que “es el equipo que mejor juega”, pues es el que mejor nival ha mostrado en el último año y medio disputando muchos logros y llegando a diversas finales.“Más allá de que después algunos no vienen del fútbol local, es bueno conocerlos, seguir el proceso y algún joven. Fui a ver a Millonarios, que, para mí, es el mejor equipo en el último año y medio desde que estamos en la selección. Tienen una identidad de juego, con muchos logros y de llegar a muchas finales”, confesó el técnico argentino en diálogo con el periodista Jaime Dinas.“Dios dirá”, el objetivo en la Copa AméricaNéstor Lorenzo también habló sobre los objetivos que tiene la Selección Colombia, que, sin duda, saldrán en busca de la victoria, pero son conscientes que será la vida y es el fuerzo el que determine las posibilidades del título.“Vamos a jugar para ganar, por supuesto cada partido; Dios dirá, el fútbol tiene esas cosas que lo hacen lindo, que no hay lógica. Dependerá de en qué momento llegan los jugadores en esa época del año, después de las temporadas en Europa y venir de vacaciones; ojalá que lleguemos hasta el último día con chances de ganar”, dijo.Resaltó también el nivel que ha demostrado James, que, poco a poco, se ha reencontrado con su fútbol. Dice Lorenzo que todo fue virtud del propio cucuteño que logró superarse así mismo para llegar a sus objetivos personales y en su equipo.
Tras conocer un documento que indica la supuesta intención de secuestrar a diputados en el departamento del Valle y Cauca, por parte del GAOr Carlos Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA) del Estado Mayor Central, se genera todo tipo de alertas en la región.La carta es enviada por las fuerzas militares, firmada por el Mayor General, Erik Rodríguez Aparicio, comandante del comando conjunto N.2 Sur Occidente al coronel Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía del departamento del Valle, donde se informa sobre posibles planes de ejecución para secuestrar a los diputados.Lea también: Al menos 15 disidentes muertos y 12 heridos deja operación del Ejército en Cauca"Es una información que estamos constatando y verificando con nuestras fuentes de inteligencia humana, y hasta el momento estamos trabajando sobre esas informaciones, pero hasta el momento no tenemos la verificación o una amenaza fuerte", dijo el comandante del Valle del Cauca.El mismo documento refiere a que por los hechos acontecidos años atrás en el departamento del Valle con el secuestro de 12 diputados, se requiere un reforzamiento de las medidas de seguridad para los actuales diputados, en aras de proteger su vida e incluso el recinto donde llevan a cabo las sesiones.Esta situación generó preocupación en los diputados del departamento del Valle, quienes piden una mayor atención a los posibles intentos de secuestro a los que se refiere el documento."Hemos hecho un llamado a las autoridades a raíz de este documento que se conoció a que se haga un acompañamiento en los desplazamientos de nosotros los diputados, y nuestros esquemas de seguridad están muy alerta, pero si le pedimos al Gobierno Nacional que tome medida extremas, no solo con los diputados del Valle, sino con los concejales y los alcaldes. El departamento del Valle requiere presencia urgente del Gobierno para contrarrestar estos hechos", señaló, Rafael Rodríguez, diputado y presidente de la comisión accidental de seguridad de la asamblea.
Los residentes del barrio El Jardín, en la comuna 11 de Cali, se unieron para defender a Inocencia Amaya, una mujer de 80 años que estuvo a punto de ser desalojada de su casa por un inspector de Policía en cumplimiento de una orden judicial.Con un palo en la mano, doña Inocencia, como la llaman sus vecinos, intentó evitar la diligencia. Finalmente, la acción fue suspendida cuando funcionarios de la Alcaldía de Cali y la Personería de la ciudad intervinieron para garantizar que, antes del desalojo, se le ofreciera a la adulta mayor un lugar donde pudiera vivir con dignidad.Sobre este caso se conocen más detalles, como que dentro de la vivienda el día del desalojo solo se encontraba esta adulta mayor que no cuenta con nadie más para subsistir. Lea también: Al menos 15 disidentes muertos y 12 heridos deja operación del Ejército en Cauca"Le ofrecimos la posibilidad de un cupo en un lugar de larga estancia para este tipo de población, sin embargo, la persona no quiere salir de la vivienda porque ella dice que lleva viviendo muchos años allí y que la expropietaria de ese bien le había dicho que ella era la dueña actual", relató María Isabel Barón, secretaria de Bienestar de Cali. Según contó la misma Inocencia, la casa era de una amiga suya. Ella llegó ahí hace muchos años para acompañarla y finalmente murió. Los familiares de esa mujer son quienes reclaman el predio y desde 2022 intentan que la adulta mayor se vaya, pero ella no tiene otro lugar donde vivir. La mujer, quien se niega a salir de la vivienda, ya está recibiendo el apoyo de la Alcaldía para que esté tranquila y se suspendió la orden de desalojo mientras se resuelve su futuro. Los mismos vecinos no quieren que la adulta mayor sea desalojada de este inmueble y el día del desalojo fueron ellos quienes ayudaron a doña Inocencia para permanecer en su casa. También, hacen recolectas para ayudarle de alguna forma económicamente. Ministerio de Vivienda ya se reunió con InocenciaLuego de conocerse el dramático caso, el presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Vivienda ponerse a la cabeza de la situación. Y funcionarios de esa entidad ya visitaron a la adulta mayor."En Minvivienda hemos respondido de inmediato el requerimiento del Presidente de atender a la señora Inocencia Amaya. Hemos trabajado de la mano con el gobierno municipal, he conversado personalmente con el alcalde y ya estamos atendiendo el caso de doña Inocencia", informó la ministra Catalina Velasco.